Tal como lo define Wenceslao Vega en su libro Historia del Derecho Dominicano: “El derecho, como superestructura impuesta por la clase que detenta el poder, sirve solo a los intereses de esa clase, por más democrática y humanitaria que parezca la legislación.”

 

“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”. Emiliano Zapata

 

En múltiples ocasiones hemos hecho la afirmación que vivimos en un Estado al revés a razón de que los papeles o misiones de los principales funcionarios públicos sirven a intereses propios o de particulares, contrario a lo que mandan la Constitución y demás leyes. Nuestros servicios públicos viven en la miseria ética y moral y están preñados de corrupción e impunidad.

 

La verdad siempre será la verdad y nunca dejará de ser la verdad, por más que se cubra, se manipule, se esconda, se distorsione, se niegue o que no se quiera ver, la verdad estará ahí y seguirá siendo siempre la verdad, hasta la eternidad.

 

La justicia y la ley son el fundamento de la institucionalidad. Cuando se ausentan o se corrompen la justicia y la ley el mal gobierna, reina el crimen y colapsa la institucionalidad. A razón República Dominicana vive la peor crisis institucional sin esperanza de acabar. En tales circunstancias es difícil avanzar, medrar y mucho menos competir con suciedades de vanguardia.

 

La principal amenaza al estado de derecho y la paz social es el gobierno central o Poder Ejecutivo, el cual, junto a los demás poderes del estado y sus asociados de los sectores privados, protagonizan el reinado de corrupción e impunidad impuesto, como sofisticada mafia de crimen organizado, quienes para cubrir los grandes crímenes de Estado como son el robo público, el despilfarro de los recursos públicos, los contratos leoninos, el clientelismo político; la explotación y destrucción del medioambiente y los recursos naturales; las sobrevaluaciones, las mafias de importaciones y violaciones de impuestos; el tráfico de combustible, de armas y de drogas, de personas, de inmigrantes indocumentados (entre los que se encuentran criminales internacionales). Promueven e incentivan como convenio a los antisociales para que se incremente el accionar criminal, la violencia y delincuencia común provocando la crisis de inseguridad y consecuentemente el miedo generalizado, como chivo expiatorio de disuasión y encubrimiento de todos esos males que engendra la corrupción con impunidad.

 

Todos estos males sustentados en la corrupción y en la impunidad a razón del secuestro institucional por la mafia gobernante y sus asociados, los convierten en los peores delincuentes de la República Dominicana. Quienes impiden la independencia de poderes y mantienen la ineficacia e inoperancia de la justicia que está obligada a ejercer régimen de consecuencias o sanciones para todas estas violaciones criminales que son ignoradas por complicidad, participación u omisión en los mismos males o crímenes citados. De igual manera pasa con el congreso quienes son parte, serviles o subordinados a dicha mafia.

 

Esos crímenes y violaciones al estado de derecho, a la constitución y las leyes convierten a las autoridades de los diferentes poderes del estado con sus funcionarios públicos y representantes principales de los sectores privados, empresarios, intelectuales, comunicadores  y religiosos, repetimos,  en los peores criminales y promotores del crimen común y la inseguridad que tiene atemorizada a la sociedad dominicana. Esto se agrava con la falta o deterioro de los principios éticos y morales en las familias y por ende en toda la sociedad, dificultando el rescate de la soberanía del pueblo, que al parecer, está siendo insuficiente con la lucha de Marcha Verde, lo que obliga a repensar, fortalecer y establecer nuevas estrategias más inteligentes de parte de Marcha Verde para poder derrotar este monstruo de siete cabezas que es la corrupción y su impunidad.

 

Nuestra justicia y los defensores públicos que debe hallarse en la procuraduría o el Ministerio de Justicia del poder ejecutivo para nada cumplen con su función, por el contrario se convierten en abusadores y generadores de injusticias a los sectores más vulnerables, que son por lo general los más trabajadores y productores de la sociedad, siendo simuladores de protección al estado de derecho cuando instrumentan expedientes con demandas de sentencias drásticas para los que roban una gallina, una cartera, un celular o un racimo de plátanos y sin embargo evaden o archivan en su gran mayoría los grandes casos de corrupción. No hay que ser sociólogo, criminólogo o antropólogo para poder afirmar o visualizar que la inseguridad y violencia generalizada que impera en la República Dominicana es una consecuencia del reino de corrupción e impunidad generando el deterioro institucional que dirigen, protagonizan las autoridades gubernamentales en integralidad con los poderes públicos y fácticos.

 

De igual manera de ese reinado de corrupción se desprende la falta de transporte público y alimentación asequible, la escasa oportunidad de empleo y de desarrollar talentos para la juventud, la ausencia de control de natalidad y educación sexual para menores y adolescentes, la falla de medicinas y salud pública (epidemias, incremento de enfermedades y muertes que pueden ser prevenibles), el desorden vial, la inseguridad y la violencia generalizada, con incremento de víctimas fatales que pueden ser evitadas; el deterioro de la justicia, el incremento de la pobreza, la mala calidad de educación y la deficiencia del sistema educativo, principalmente la docencia; la inmigración extremada, el deterioro del agua potable y del medio ambiente; el festival de la deuda externa, el deterioro del sistema de partidos, la anomia y el desorden generalizado.

 

Apreciados lectores que siguen mis escritos, ¿no hay razones suficientes para afirmar que estamos gobernados por delincuentes?

 

Se viola la Constitución en el congreso, en el gobierno central, por los funcionarios que encabezan las principales carteras y por cada poderoso que así le plazca sin ninguna consecuencia o sanción. La mayoría de incumbentes que manejan presupuestos violentan las mismas leyes que los crean y los regulan como instituciones de servicios, tal es el caso de la Ley Institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de reciente aplicación, la ley de seguridad social, la ley de presupuesto, la ley sobre declaración jurada de bienes o patrimonio, la ley que crea Código de Ética del Servidor Público y el Código de Ética de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (jueces, fiscales y policías), la ley de compra y contrataciones, la ley de competitividad, la ley de trabajo o Código laboral, la ley de aduana e importaciones, la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, la ley de telecomunicaciones, la ley de medioambiente, la ley de las alcaldías o gobiernos locales, la ley de agua, la ley de catastro o bienes inmuebles, la ley de ordenamiento territorial y suelos, la ley minería, la ley de propiedad industrial, intelectual y de derecho de autor, entre otras leyes que son violentadas de manera constantes lo que nos convierte en una sociedad anómica y que explica por si solo el deterioro institucional y desorden social que fortalece cada vez más la corrupción e impunidad.

 

«Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.» Cayo Tácito Se hace urgente establecer el imperio de la ley, constitucionalidad e institucionalidad con sanciones drásticas a los corruptos  violadores.

 

Cuando una persona común o un ciudadano de a pie viola una norma en la mayoría de las veces no afecta a otros o a muy pocos. Pero, cuando un funcionario o un dirigente de poder de cualquier organización social lo hace, nos afecta a todos; y el daño es cada vez mayor, cuanto más poder tiene el delincuente o violador de la ley.

 

La sociopatía o trastorno de personalidad antisocial (TPA), “es una patología de índole psíquico que deriva en que las personas que la padecen pierden la noción de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales.” Theodore Millon

 

Y si pudiésemos tener los recursos a mano para investigar los actos dolosos que hacen cada día los funcionarios públicos y privados podríamos afirmar que la mayoría de ellos violentan las leyes. Una muestra de que los poderes del Estado no son independientes o autónomos es que cuando la justicia como supuesto poder independiente del Estado y sancionador no cumple su función frente a estas violaciones. Por otra parte cuando se dicta una sentencia con ganancia de causa a favor de una persona humilde o de escasos recursos, tal es el caso, para citar ejemplos, de lo que ha pasado con los cañeros, con los policías y militares pensionados y activos de menores rangos y que condena a un representante de un ministerio cualquiera o a un poderoso del sector privado, casi siempre hay desacato de esa sentencia.

 

Mientras nuestras instituciones estén secuestradas para servicio exclusivo de los grupos de poder, la anomia, la corrupción y la impunidad seguirán reinando. La corrupción y la impunidad son nuestros principales males, y, sin un sistema de justicia que establezca régimen de consecuencias para los violadores de la ley y muy especialmente con los funcionarios públicos y directivos poderosos del sector privado, no habrá espacio para el desarrollo sano e integral de la sociedad dominicana.

 

El Estado dominicano reivindica a Platón cuando decía: “No hay peor justicia, que la justicia simulada”.

 

“Reconozco que existe algo en la vida más molesto y degradante que un gobierno o político corrupto, es aquel que lo defiende…” Despertar Ciudadano. AC.

JPM