WASHINGTON.- El presidente Donald Trump usó el ataque en Nueva York, perpetrado por un joven bangladeshí, para pedir al Congreso que sustituya el actual sistema migratorio basado en la reagrupación familiar por otro que seleccione a los extranjeros en función de sus méritos.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump pidió al Congreso que «inmediatamente» acabe con lo que llamó «cadena migratoria» que permite a los estadounidenses reclamar a su familia en el extranjero y también con la lotería de visados, a la que se postulan los nacionales de países con pocos inmigrantes en EE.UU.

Trump hizo esas declaraciones tras el atentado del lunes en Nueva York, perpetrado por Akayed Ullah, un bangladeshí que había llegado a EE.UU. en 2011 gracias a un visado de reagrupación familiar.

Su ataque sigue a otro que se produjo también en Nueva York en octubre, cuando ocho personas murieron tras ser atropelladas por la furgoneta que conducía Sayfullo Saipov, un uzbeko que había llegado a Estados Unidos gracias a la lotería de visados.

Los dos pudieron acceder a las llamadas «tarjetas verdes» («green cards»), que permiten a extranjeros vivir y trabajar en EE.UU.

«Ha habido dos ataques terroristas en la ciudad de Nueva York en las semanas recientes llevados a cabo por extranjeros que tenían ‘tarjetas verdes’. El primer atacante vino con una lotería de visados y el segundo a través de una ‘cadena migratoria’. Vamos a acabar con ambos», se comprometió hoy Trump.

«Vamos a acabar con ambos, rápido. El Congreso debe involucrarse inmediatamente», aseguró el presidente, que dijo tener un «tremendo apoyo» entre los legisladores.

Ya en octubre, Trump envió al Congreso su plan de principios migratorios, en el que pedía a los legisladores la aprobación de una reforma migratoria que incluyera fondos para el muro en la frontera con México, así como disposiciones que permitieran limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

El plan despertó la oposición frontal de los demócratas, pero posteriormente quedó sepultado por los planes de Trump para sacar adelante su reforma fiscal.

jt/am

 

QUITO. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en prisión preventiva por el caso Odebrecht, fue condenado el miércoles a seis años de cárcel por beneficiarse de millonarios sobornos de la constructora brasileña, según sentencia de la suprema Corte de Justicia.

Glas, de 48 años, pasó a ser el funcionario en activo de mayor rango en América Latina en ser sancionado por la trama de coimas de Odebrecht, que golpeó los círculos del poder y la política al salpicar a exmandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

También hay señalamientos contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el peruano Pedro Pablo Kuczynski en la región.

Glas, quien asistió a la audiencia en la que un tribunal penal de la Corte con sede en Quito dictó sentencia en primera instancia, fue juzgado como autor de asociación ilícita al igual que otras cuatro personas, incluido su tío Ricardo Rivera, quien hizo de enlace para que el funcionario reciba coimas por 13,5 millones de dólares.

Otros tres involucrados fueron condenados a 14 meses de prisión por su “cooperación eficaz” con la justicia, de acuerdo con la lectura de la sentencia a cargo del magistrado Edgar Flores.

La Fiscalía, que impulsa la querella instaurada el 24 de noviembre, había solicitado la pena máxima de seis años de prisión para Glas por ese delito, considerado menor.

La condena por asociación ilícita abriría el camino a demandas adicionales contra Glas como de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles y con sanciones de hasta 13 años de cárcel, y por otros delitos como lavado de activos para poder procesar a la misma Odebrecht, de acuerdo con penalistas.

La ley ecuatoriana establece que las penas son acumulables hasta un máximo del doble de la más grave, sin que exceda los 40 años.

La condena por el caso Odebrecht, firma que entregó en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en coimas para obtener contratos según la Fiscalía, puede ser apelada por Glas, quien estuvo a cargo de sectores estratégicos desde 2007 y es vicepresidente a partir de 2013, siendo reelegido este año.

La impugnación dejará en suspenso el fallo judicial hasta que sea resuelta por el tribunal y Glas -a quien el Congreso le retiró la inmunidad por pedido de él para ser enjuiciado- está en arresto preventivo desde el 2 de octubre, condición en la que se mantendrá sin perder aún el cargo.

Caracas, 13 dic (EFE).- La alianza opositora Soy Venezuela, del exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y la exdiputada María Corina Machado, pidió al Grupo de Lima no permitir que «se convalide» en el diálogo entre el Gobierno y la oposición un nuevo «fraude a las expectativas de libertad» que tienen los venezolanos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acreditó como “un hecho judicialmente no controvertido” que el ministro Administrativo de la Presidencia no forma parte de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias.

La información la  dio a conocer el jurista Julio Cury, quien ostentó la representación legal de la referida dependencia y del ministro José Ramón Peralta, tras señalar que la disposición está contenida en  sentencia número 0300-2017.

“Son sectores interesados los que afirman que el Ministerio Administrativo de la Presidencia forma parte de la referida comisión”, sostuvo.

Citó la sentencia que señala que “luego de estudiar reflexivamente las conclusiones vertidas por las partes y cotejar las mismas con las pruebas ofrecidas al proceso, este tribunal tuvo a bien fijar como un hecho no controvertido que en fecha 11/09/2012, el Poder Ejecutivo emitió el decreto No. 569-12, en el cual se establece, entre otras cosas, que la Comisión para las Importaciones Agropecuarias está integrada por el ministro de Agricultura, quien la preside; el ministro de Industria y Comercio, y el director general de Aduanas”.

Refirió que a  Peralta, en su condición de ministro Administrativo de la Presidencia, se le ha exigido el cumplimiento del  decreto No. 705-10, que pone a cargo de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias la aplicación de la política relativa a la metodología de importación de las toneladas métricas o contingentes arancelarios de ocho rubros agropecuarios.

“Para poder reprochar la conducta que con perversa imprecisión ciertas empresas le han endilgado al funcionario, es indispensable que le corresponda el cumplimiento de la norma legal que ha dado lugar a las acciones de amparo interpuestas”, declaró Cury.

Agregó que “la verdad, la única verdad, es que no ha sido, tal como lo exige el artículo 104 de la Ley No. 137-11, la autoridad obligada para haberlo puesto válidamente en causa”.

Dijo que independientemente de las razones que se ocultan detrás de esa “estéril obsesión, Peralta no cederá a la temeridad judicial y como hasta ahora seguirá saliendo por la puerta ancha y con su dignidad robustecida”.