En la República Dominicana, la escuela no es solo un espacio de aprendizaje académico. Es, muchas veces, el primer lugar donde se manifiestan los conflictos emocionales que niños y adolescentes no saben, o no pueden, expresar de otra manera.  Sin embargo, mientras esas señales se repiten a diario en las aulas, la salud mental sigue ocupando un lugar secundario en la agenda educativa nacional.

Los datos oficiales confirman que no se trata de una percepción subjetiva. Las cifras del Ministerio de Salud Pública muestran que aproximadamente el 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes entre quienes buscan atención sanitaria.

Además, el suicidio figura como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 20 a 29 años, con un promedio anual que ronda los 600 decesos en los últimos años. Pero cuando se trata de niños y adolescentes, las estadísticas apuntan también hacia una realidad preocupante.

Un estudio especializado en una comunidad del país encontró que casi el 17 % de jóvenes entre 11 y 19 años mostraba problemas de salud mental, con más de una cuarta parte con síntomas emocionales significativos.

En este contexto, el profesor dominicano convive con estudiantes atravesados por realidades complejas: violencia intrafamiliar, hogares fragmentados por la migración, estrés económico, sobreexposición a redes sociales y consumo temprano de sustancias.

Todo eso entra al aula y se refleja en la conducta, el rendimiento académico y las relaciones entre pares. Aun así, el sistema suele responder con sanción antes que con comprensión.

Uno de los primeros signos de alerta que un docente puede identificar es el cambio brusco o persistente en el comportamiento. El estudiante que antes participaba y ahora guarda silencio; el que era tranquilo y se vuelve agresivo; el que se aísla, se muestra irritable o llora sin causa aparente.

En muchas escuelas del país, estos comportamientos se etiquetan rápidamente como “indisciplina” o “falta de valores”, sin considerar que pueden ser manifestaciones de depresión, ansiedad o experiencias traumáticas. El deterioro del rendimiento académico es otra señal frecuente.

En aulas sobrepobladas, con recursos limitados, el estudiante que deja de concentrarse, olvida tareas o parece desconectado suele ser señalado como perezoso o irresponsable.

Rara vez se analiza que detrás puede haber un trastorno de ansiedad, un déficit de atención no diagnosticado o un estado depresivo. En un sistema donde el acompañamiento psicológico escolar es escaso, estos alumnos pasan desapercibidos hasta que fracasan o abandonan.

Las alteraciones emocionales también son visibles para quien sabe mirar. Ansiedad intensa ante evaluaciones, miedo a hablar en público, reacciones desproporcionadas ante correcciones mínimas, baja autoestima expresada en frases como “yo no sirvo” o “yo no puedo”.

En el contexto dominicano, donde aún persiste el estigma hacia la salud mental, estas señales suelen minimizarse con frases como “eso es una etapa” o “eso se le quita”. Más preocupantes aún son las conductas disruptivas o de riesgo. Agresividad constante, impulsividad, desafío permanente a la autoridad, comentarios sobre la muerte o el deseo de no existir.

En una sociedad donde la violencia se ha normalizado y la respuesta institucional suele ser punitiva, estas señales rara vez activan protocolos de atención. Se suspende, se expulsa, se llama a los padres, pero no se interviene emocionalmente. Castigar sin escuchar no corrige, agrava.

La salud mental también se expresa en el cuerpo. Dolores de cabeza o estómago recurrentes, cansancio extremo, somnolencia en clase, descuido del aspecto personal son síntomas comunes en las escuelas dominicanas.

En contextos de vulnerabilidad social, estos signos se confunden con desinterés o falta de hábitos, cuando en realidad pueden estar asociados a estrés crónico, ansiedad o depresión.

Otro indicador clave son las dificultades en la interacción social. Estudiantes aislados, envueltos constantemente en conflictos, víctimas o perpetradores de bullying, o excesivamente dependientes del adulto. En un país donde la convivencia escolar aún no se trabaja de forma sistemática, estas situaciones se prolongan sin intervención, profundizando el daño psicológico.

El lenguaje del estudiante tampoco debe ignorarse. Frases cargadas de culpa, desesperanza o miedo constante no son simples “dramas adolescentes”. Son señales de alerta. En un contexto nacional donde los problemas de salud mental en jóvenes van en aumento, minimizar estas expresiones es una irresponsabilidad colectiva.

Es importante decirlo con claridad: el rol del docente no es diagnosticar. Pero sí es observar, registrar y canalizar. Para ello, el sistema educativo dominicano debe asumir una verdad incómoda, no se puede exigir a los profesores que detecten problemas de salud mental si no se les forma para ello, ni se puede derivar si no existen servicios de apoyo suficientes dentro de las escuelas.

Hablar de salud mental en el aula dominicana no es una moda ni un lujo importado. Es una urgencia social. Porque cada estudiante ignorado hoy es un adulto vulnerable mañana. Y porque, muchas veces, el profesor es el único adulto que ve lo que nadie más quiere ver.

jpm-am

El final de la Era de Trujillo marcó un período de convulsa transición, que afectó tanto a los médicos como al sistema sanitario. Además de la destitución de personal médico y directivo, provocó que la Asociación Médica Dominicana resurgiera con fuerza para convertirse en el gremio de los médicos. Esa agrupación profesional, fundada en 1891, había estado relegada debido a las situaciones de la ocupación militar norteamericana o a la dictadura que no permitían el surgimiento de una agrupación que tuviera como objetivo la protección de los derechos de los profesionales de la medicina.

Figuras como los doctores Marcelino Vélez o Jordi Brossa, marcaron el resurgimiento del hoy Colegio Médico Dominicano. En esos años se producen huelgas médicas buscando mejores condiciones de trabajo y vida para los médicos.  En 1962, el Consejo de Estado aplicó medidas de austeridad que impactaron fuertemente en la situación sanitaria. La reducción de salarios en la administración pública afectó los hospitales. Pero también la falta de liquidez del gobierno produjo una escasez de insumos que afectaba el día a día de los hospitales.

En 1962 se celebraron en el mes de diciembre elecciones con un real talante democrático en las que triunfó Juan Bosh, líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien había retornado al país en 1961.  La concepción de Bosh sobre la salud era totalmente opuesta a la existente. De una sanidad interpretada casi como de caridad se postulaba una salud pública como un derecho humano fundamental y que debería estar garantizada por el Estado.

Entre sus artículos establecía por ejemplo que el servicio era universal, eliminando el concepto de beneficencia y asumiendo todo como una salud de la que el Estado era responsable.  Eso cambiaba el enfoque clientelar y sesgado que regía hasta entonces.  En el artículo 51 vinculaba la seguridad alimentaria a la salud pública. Reconocía el profesor Bosh el dicho de que la salud entra por la boca.

En otro artículo igualaba los derechos de los hijos naturales y legítimos, lo que permitía acceso al sistema de salud a madres solteras.  Esa constitución también establecía el derecho a una vivienda propia e higiénica.  En otro de sus artículos priorizaba la salud sobre la recaudación fiscal, proponiendo medidas que controlaran los precios de los alimentos y la eliminación de aranceles. Esta última medida provocó enfrentamientos con grupos de importadores de medicinas o de farmacéuticos locales que interpretaron esas medidas como prácticas comunistas.

Pero también hubo oposición a muchas de esas medidas desde la Asociación Médica Dominicana, en cuyo seno, figuras conservadoras de la Unión Cívica, entendían esas medidas como un peligro al ejercicio privado y libre de la profesión.  Como vemos, la tensión política, influenciada por diversos grupos, afectaba el desarrollo y progreso de la profesión médica y afectaba la salud pública. Hay que agregar el miedo en sectores sociales a que se estableciera en el país un régimen comunista como el de Castro en Cuba.

Esos años, marcados por los conflictos, marcaron, sin embargo, el camino a nuestro desarrollo médico, con la aparición de las sociedades médicas especializadas.  Se pasó de la salud como dádiva del dictador (1961) a la salud como derecho constitucional (1963), para luego caer en la salud como emergencia de guerra (1965).

El legado más duradero de este lustro no fueron los edificios (que ya estaban ahí) ni las leyes (que fueron derogadas), sino la transformación del capital humano: una clase médica que despertó a la realidad social del país y una ciudadanía que, por primera vez, entendió que la salud era un derecho por el cual valía la pena luchar.

JPM