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SANTO DOMINGO.- Un grupo de organizaciones solicitó este miércoles a República Dominicana que respete y proteja las decisiones de la Corte Interamericana (CorteIDH) tras una resolución aprobada este año por este organismo sobre la normativa de la nacionalidad.
En un comunicado difundido en Santo Domingo, las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expresaron «preocupación «ante el rechazo estatal» a la resolución de la CorteIDH respecto a la República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados con dicho país.
El Estado dominicano no envió representación a la audiencia sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano, celebrada en febrero por la CorteIDH.
El organismo de derechos humanos reiteró entonces mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que afecta especialmente a hijos de haitianos nacidos en el país.
En dicho dictamen, el TC declaró inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la CorteIDH, órgano que ahora falla que, bajo el derecho internacional, la decisión desarrollada por el Tribunal dominicano «no es válida».
En una rueda de prensa el pasado 26 de abril el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que la ausencia se debió a un acatamiento del Gobierno a una sentencia emitida en 2014 por el TC, cuyas decisiones «son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado».
Asimismo, señaló, que la nacionalidad es «un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano».
Sin embargo, en el comunicado emitido este miércoles las organizaciones expresaron preocupación por «la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado por limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en la República Dominicana» .
A la vez, destacaron que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) existen más de 86 casos «de violaciones» a derechos humanos respecto de la República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres y participación política, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la CorteIDH.
«Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas», señalaron.
wj/am