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BRASIL.- La gobernante brasileña, Dilma Rousseff, ha designado este miércoles a su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, salpicado en las últimas semanas por corrupción por el caso Petrobras, como nuevo titular del Ministerio de la Presidencia.
Al entrar en el gabinete las causas que el expresidente tiene pendientes pasarán de la justicia común al ámbito de la Corte Suprema. Las acusaciones contra Lula van desde enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero hasta falsificación de documentos.
La decisión, el jefe del grupo del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, fue tomada después de una rueda de consultas que Rousseff tuvo durante los últimos dos días con el expresidente en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en la que Lula vivió entre 2003 y 2011, período en que ejerció como jefe del Estado de Brasil.
El blindaje ante los tribunales
Según fuentes oficiales, una de las principales tareas de Lula en el Gobierno será aglutinar a la fragmentada base parlamentaria del oficialismo, con vistas al eventual juicio político que el Congreso puede retomar contra la mandataria en los próximos días. Lula asumirá un ministerio desde el que se controlan todos los resortes del poder, lo cual le permitirá influir en cada una de las decisiones de su sucesora y también en las de su base parlamentaria.
Lo hará bajo la sombra de las causas abiertas en su contra, en las que es sospechoso de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, cargos por los que la justicia aún no se ha pronunciado pero que llevaron a la Fiscalía de Sao Paulo a pedir su detención preventiva, que todavía no ha sido decidida.
Sin embargo, con su incorporación al gabinete de Rousseff, Lula pasará a tener foro privilegiado y todas las causas en su contra deberán pasar a manos de la Corte Suprema, lo cual deberá dilatar todos los procesos.
Un expresidente en la cuerda floja
La oposición ha considerado su nombramiento como una tentativa de Rousseff de ayudarle a «escapar» de la acción de la justicia, y este mismo miércoles ha presentado una demanda ante un tribunal de Brasilia, al que solicita que impida el posible nombramiento como ministro del expresidente. La demanda fue presentada por los partidos Popular Socialista (PPS), de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), que califican la eventual designación de Lula como ministro de «afrenta al estado democrático de derecho».
El documento acusa a la presidenta Dilma Rousseff, antecesora de Lula, de «usar su prerrogativa de escoger libremente a los miembros de su Gobierno para privilegiar con la prerrogativa de foro» a su padrino político.
«Es un claro intento de obstruir a la justicia y caracteriza un desvío de finalidad, pues el único objetivo de esa maniobra es garantizarle a Lula un foro privilegiado», ha declarado el jefe del grupo del PPS en la Cámara de Diputados, Rubens Bueno, al presentar la demanda.
