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Derechos del Consumidor critica deterioro órganismos de control
SANTO DOMINGO.- La Directora Ejecutiva de la Fundación para la Defensa de los Derechos del consumidor, (FUNDECOM), Cándida A. Gil Mateo, criticó el manejo que el Estado dominicano da a la política de oferta y demanda y el desequilibrio existente entre el sector empresarial y los consumidores.
En un documento de prensa, la FUNDECOM señala que todavía los organismos institucionales encargados de mantener la equidad entre ambos sectores sigue viendo al empresariado como el sector a proteger y a los consumidores como al que hay que ignorar.
En ese sentido, puso de ejemplo la diversidad de productos y servicios existentes en el país sin que haya un organismo legítimo encargado de verificar la calidad y procedencia de los mismos, que pueda servir de orientación a los consumidores.
Citó el caso de Pro Consumidor, organismo que dijo es ilegítimo y acéfalo, pues su Consejo Directivo perimió y no ha sido reemplazado hasta la fecha, “porque la Directora Ejecutiva secuestró las actas de la asamblea y se ha negado a tramitar la decisión libérrima de las organizaciones de consumidores en violación flagrante a las reglas democráticas”.
Dijo que esta situación ha ocasionado el que no exista política de prevención ni de protección al consumidor, solo contingencia y golpeo a sectores como los de comida china pero nada más.
Aquí el documento de FUNDECOM:
EL CONSUMIDOR DOMINICANO EN 2019
2019 no fue un buen año para los consumidores dominicanos, continúo el deterioro de los órganos institucionales encargados de proteger a los consumidores, la política neoliberal siguió viendo al sector empresarial como el sector a proteger y a los consumidores como el sector a ignorar, cuando se ha de mantener la equidad entre ambos. Esto es apreciable desde Pro Consumidor hasta los denominados órganos sectoriales. Las políticas públicas en materia de consumo brillaron por su ausencia. Una razón es la falta de legitimidad que acompaña al Consejo de Pro Consumidor y a los consejos de los órganos sectoriales donde la representación orgánica de los consumidores se encuentra ausente. Se requiere armonizar postura y trabajo conjunto de lo contrario se continuara violando la Constitución de la República en este plano.
2019 transcurrió con Pro Consumidor acéfalo, su Consejo Directivo perimió y no fue reemplazado ni lo ha sido a la fecha. De modo que existe el órgano operativo, más no así el órgano diseñador de políticas públicas de consumo porque la Directora Ejecutiva secuestro las actas de la asamblea y se ha negado a tramitar la decisión libérrima de las organizaciones de consumidores y en violación flagrante a las reglas de la democrática. Esta situación ha ocasionado el que no exista política de prevención ni de protección al consumidor, solo contingencia y golpeo a sectores como los de comida china pero nada más. Estos comerciantes fueron objeto de abusos que antes que beneficiar perjudicó a los consumidores, pues las medidas draconianas tomadas contra estos no implican resultados positivos sino a la inversa.
La población sigue consumiendo agua en fundas y botellas plásticas en calles, avenidas y barrios sin que se conozca su procedencia ni su potabilidad; no existe una política de concienciación sobre el consumo y venta de edulcorantes, por tanto, las gaseosas y todas las golosinas súper azucaradas sigue siendo la merienda y hasta el desayuno en colegios y escuelas ante la mirada indiferente de Pro Consumidor. No se ha establecido si los frecuentes problemas digestivos de los escolares es por la comida que le provén la tanda extendida o si es por el brutal consumo de golosinas azucaradas. En los supermercados, por ejemplo, las ventas de carnes: roja, blanca y pescado acusa grandes estafas pues los paquetes reflejan nitidez del producto pero una vez el consumidor abre el paquete se percata de que ha sido estafado pues la presentación difiere mucho del contenido real.
El consumidor de energía eléctrica sufrió mucho en 2019 porque el servicio fue cada vez más precario, se anunció la entrada de la termoeléctrica Punta Catalina, pero esto no ocurrió. De modo que amplias regiones del país debieron pagar por un servicio que no les fue suministrado en violación flagrante de la ley sobre energía eléctrica 125-01 y sus modificaciones. El sector comercial tuvo mejor desempeño pues de más en más, continua presentando al consumidor electrodomésticos y bombillas de bajo consumo es decir el mercado presento al consumidor la posibilidad de ahorrar energía pero la misma no le fue suministrada con eficiencia. Aquí continúan malas prácticas comerciales que inician desde las edes, empresas que, por ejemplo, han instalados paneles donde se permite que los consumidores se roben la energía entre sí, pero no a las edes, pues han colocados dispositivos con transfer que controlan la entrada de energía no así la distribución generando conflictos entre vecinos que golpean a los usuarios honestos y benefician a los trúhanes.
Las telecomunicaciones, sector en expansión, debido a los agiles avances y cambios tecnológicos han tenido buen desempeño frente a los consumidores, no así el INDOTEL, órgano que sigue gozando de ilegitimidad frente a los consumidores, pues carece de representación orgánica del sector consumo lo que ocasiona que no exista política pro consumus a pesar de los frecuentes reglamentos que nunca se aplican que allí se aprueban y de la supuesta existencia del inoperante Centro de Asistencia al Usuario (CAU).
El país sigue con un sistema de salud privatista que beneficia a las intermediarias de riesgos de salud (ARS) y perjudica a los consumidores mientras rompe las buenas relaciones médico- pacientes. En cambio, las pensiones nunca llegan o llegan deficientemente, no existe un mecanismo adecuado para que quien deba recibir compensación las reciba. En cuanto al cambio del IDSS, el sector privado logro, por fin, deshacerse de esta estructura histórica de la seguridad laboral dominicana para crear un engendro cuya única finalidad es repartirse los dineros que pertenecen a la clase obrera en tanto y cuanto ahorrista. Los tribunales serán testigos, en el nuevo aňo, de la lucha por apropiarse el dinero de los ahorristas con absoluta impunidad en nombre de una seguridad social que no es ni social ni universalista, sino expropiatoria en beneficio de la banca, el gobierno y el sector privado involucrado.
La banca continúa su política libre de golpeo a los ahorristas, los pequeños ahorrantes ven desaparecer sus ahorros debido a políticas de expropiación indirectas autorizadas por la Superintendencia de Bancos (SB), cuyo consejo opera sin la participación orgánica del sector consumo. Las tarjetas de créditos son abusivas y los préstamos hipotecarios. Si bien el legislador ha promulgado leyes favorables como es el caso de las leyes de fideicomiso, de reestructuración comercial, de regulación de otorgamiento de fuerza pública en caso de embargos arbitrarios, no han sido aplicadas por los operadores judiciales más que para favorecer a la banca, la cual sigue sin entender su rol en un Estado Social y Democrático.
La calidad del servicio de transporte sigue siendo deficiente para los usuarios quienes no pueden desarrollar con eficiencia su desempeño laboral por esta causa. No se ha comprendido que la solución es la creación de nuevas líneas del metro. El resultado ha sido que la calidad del propio servicio del metro se ha visto lesionada por la falta de vagones y de nuevas líneas.
El sector comercial formado por detallistas, supermercados, tiendas de ropas, etc., observa un gran esfuerzo por servir cada vez mejor a su clientela pero las directrices sobre las cuales deben hacerlo no quedan claras desde Pro Consumidor, situación que ocasiona algunas dificultades que involucran tanto al derecho de consumo como al derecho de competencia.
El INDOCAL sigue siendo un órgano prácticamente clandestino. A Pro Competencia la salva en el aňo su desempeño judicial con respecto al monopolio de la cerveza, mas no así en el caso de las bebidas alcohólicas, pues como pudo observarse, la actividad turístico hotelera tuvo graves aprietos en 2019 producto de intoxicaciones por bebidas alcohólicas ilegales. Es lamentable que estos órganos encargados de proteger la competencia como a los consumidores nacionales y extranjeros que nos visitan en calidad de turistas, no actúen conforme a la responsabilidad social con que deben hacerlo ni conforme a las habilitaciones legales para procurar calidad, cantidad y precio justo para el consumidor.
En materia de salud ambiental y del derecho del consumidor a un medio ambiente sano, la situación es crítica: los ayuntamientos continúan la vieja práctica de vertederos a cielo abierto que franquean las entradas a ciudades y municipios importantes del país como Puerto Plata, Haina, Jarabacoa, etc., sin que se vea próxima una política ambiental dirigida a corregir esa situación, por el contrario, existe una desidia oficial desde el Ministerio de Medio Ambiente hasta Pro Consumidor, que deja a la ciudadanía sin opciones. Fundecom espera que 2020 traiga cambio en cuanto a esta deplorable situación.
La fundación para la Defensa de los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) espera que para el Nuevo Aňo, estas falencias sean corregidas, pues el país no puede prescindir del turismo, ni el consumidor puede permitirse la existencia de órganos disfuncionales.
FUNDECOM espera que el consumidor electoral, en tanto y cuanto ciudadano, pueda ejercer su derecho al voto sin incertidumbre en su conteo por ineficiencias e irresponsabilidades del órgano que la Constitución de la República encarga de su organización y conteo. Tal y como ocurrió en 2019 donde la diafanidad estuvo ausente para aquellos que decidieron ejercer este derecho y deber, y que lo hicieron masivamente, siendo apenas unas elecciones primarias que ahora eran abiertas, que antes no participan todos ciudadanos o consumidores electorales, solo los inscriptos en el partido de su preferencia; es decir los consumidores electorales respondieron al llamado a cumplir su deber, y esperaban y esperan siempre que esté presente la transparencia en el proceso de conteo de sus votos; de los cuales dependerá todas las demás políticas que afectaran sus derechos como consumidores en cualquier sector.
Lo anterior plantea al movimiento consumerista, un año de luchas sociales hasta que en las esferas de poder se comprenda que el contenido de la Constitución de la República no es poesía sino normas vinculantes para los poderes públicos y los poderes facticos.
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los seis (6) días del mes de enero de 2020.
Lcda. Cándida A. Gil Mateo
Directora Ejecutiva de la Fundación para la Defensa de los Derechos del consumidor, (FUNDECOM), en nombre de su consejo Directivo FUNDECOM, teléfono: 809 518 2440, correo electrónico: fundecom2020gmail.com,