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Es increíble que, en medio de tanta precariedad económica, el Semma firme un contrato con Farmacard por más de $16 millones para agilizar las autorizaciones de los afiliados, pensando mas en beneficiar a la empresa y a la Directora Jurídica que a la ARS.
Esta empresa desde enero del 2018 a los 158, 458 maestros afiliados les cobra $3.00 igual a $ 475, 374 mensual. Y por el monto de las ventas de medicamentos solo en junio que fue de $ 44, 194,426 les cobro un 2% o $ 850,029 lo que representa $ 1, 325,403 mensual.
Ciertamente, se logró el ahorro que se había propuesto en los primeros seis meses de Enero a Junio del 2018 al reducir la compra de medicamentos en $ 18 millones pero este se cayó a partir de junio y junto al costo del contrato hicieron incrementar los gastos.
Aunque ha agilizado este servicio, hubo un mal manejo legal y ético. El seguro sabía que este contrato viola el artículo 14.5 de la ley 340-06 pues el esposo de una funcionaria del estado no puede ser contratista de la misma entidad donde ella presta servicios.
Pero no importo el llamado ético de la procuradora Yokasta Guzmán, ni las prohibiciones de los técnicos de la Dirección de Compras. Tampoco preocupo que la jurídica sea juez y parte del proceso ni las denuncias de favoritismo de la Red Dominicana de Farmacias.
Tres funcionarios miembros del Comité de Compras extrañamente se prestaron para no acatar la ley y apoyaron la jurídica y su conyugue de participar en la licitación. En cambio, otros tres miembros, se opusieron a farmacard y pidieron consultar el órgano regulador.
La ARS excluyo las dos ofertas, una por dinero y otra por llegar tarde, declaro la licitación desierta y convoco un nuevo proceso. Pero también sanciono a dos de los tres que se opusieron al contrato.
Trasladaron al Hospital a dos de ellos y al otro lo intimidaron con despedirlo. Nombraron dos del hospital como miembros del Comité. Escogieron la otra asistente de la jurídica. Y crearon mayoría absoluta con la hermana del funcionario que propuso la licitación.
Aun así, alteraron el registro al proveedor y adecuaron los términos de referencias y el pliego de condiciones para que Farmacard ganara. Y el 14 de Noviembre 2017, luego de excluir la otra oferente por inconsistencia económica, se adjudicó el contrato a Farmacard.
Este contrato vence ahora en noviembre y puede reactivarse automáticamente si no hay objeción de la empresa. Mientras Farmacard agiliza, audita y cobra, quien paga más de 30 millones para pagar la nómina de los 40 empleados del centro de autorizaciones y los 40 auditores médicos es la ARS.
Luego que se filtrara la firma de un adenda del 18 de Noviembre 2018 para exonerar el itbis a la empresa y la denuncia de la marrulla que se hizo en este contrato en vez de sancionar a la jurídica la privilegiaron: La desvincularon de su cargo, le pagaron sus prestaciones y la nombraron asesora para camuflar la infracción
Tanto el Minerd como la ADP deben investigar este caso. No debe quedar impune la violación de la ley. Debe resolverse el traslado de funcionarios. No es legal que dos hermanos sean funcionarios del Semma. Y hay que anular de oficio el contrato por no respetar la libre competencia, la igualdad, la legalidad y la transparencia.
Los organismos de supervisión y fiscalización deben cumplir con su deber. El Semma no puede seguir violando la ley y sancionando a los empleados honestos y protegiendo a los servidores deshonestos. Su papel es garantizar la salud del docente y cumplir la ley.