Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Cuestionan ganancias de ARS por más de RD$20 mil millones
Cotizantes mayores de 64 años en la Rep. Dom. aumentan 33%
Trump descarta vía diplomática para abrir estrecho de Ormuz
Advierte no permitirá intereses particulares influyan en gestión
El dólar subió 15 cts. en la Rep. Dominicana; el euro bajó 14 cts.
Exportaciones de R. Dominicana hacia Haití aumentan 22,5 %
COLOMBIA: Petro presenta una demanda para anular comicios
Daniel Ortega: Jamás volverán los partidos impuestos por EU
Cifra de muertos por terremotos en Venezuela alcanza los 5,300
El PRM dice realizó asambleas en 379 organismos partidarios
SANTO DOMINGO.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituyó una obligación legal del Estado dominicano y fue una operación estrictamente interinstitucional que no implicó transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos del ámbito estatal.
El abogado Eduardo Núñez explicó que ese desembolso se realizó desde el Ministerio de Hacienda al Banreservas en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual esta entidad bancaria adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
“El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
OPERACION AUTORIZADA POR LA JUNTA MONETARIA
Núñez señaló que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional.
Aclaró que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Según explicó, lejos de generar una pérdida al Estado, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados.
“El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, señaló el jurista.
an/am
