Publicidad estatal: derroche revestido de institucionalidad

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

Por REDACCION
Fecha: 10/07/2026
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POR CARLOS SALCEDO

El Mundial de Fútbol tiene la virtud de revelar muchas cosas que no pertenecen al fútbol. En estos días, mientras millones de personas siguen los partidos, también se hace visible una práctica que he venido denunciando desde hace años: el uso expansivo, innecesario y conceptualmente desviado de la publicidad estatal.

La pantalla se llena de anuncios de instituciones públicas -Aduanas, Punta Catalina y otras dependencias- que no siempre informan, no educan, no previenen, no orientan y no explican una política pública. Simplemente aparecen. Y esa simple aparición, pagada con fondos públicos, ya plantea un problema democrático.

Comunicar no es autopromocionarse

La publicidad estatal no es mala en sí misma. Un Estado democrático necesita comunicar. Debe informar sobre servicios públicos, campañas de vacunación, seguridad vial, prevención del delito, derechos ciudadanos, obligaciones tributarias, protección ambiental, emergencias, educación, salud pública o acceso a programas institucionales.

Allí la publicidad cumple una función constitucionalmente legítima: sirve al ciudadano, no al funcionario; promueve una conducta socialmente útil, no una imagen personal; comunica una política pública, no una vanidad administrativa.

El problema comienza cuando la publicidad deja de ser información pública y se convierte en propaganda institucional vacía. Una cosa es que Aduanas informe sobre procesos, derechos, deberes, controles, facilidades o mecanismos de transparencia. Otra muy distinta es que utilice espacios masivos de audiencia para proyectar una narrativa de autosatisfacción burocrática.

Una cosa es que Punta Catalina explique datos relevantes sobre generación, costos, mantenimiento, seguridad energética o impacto en el sistema eléctrico. Otra es que se presente como pieza de exaltación de un proyecto que antes fue satanizado por muchos de los que hoy se benefician políticamente de su existencia.

Cuatro pruebas para legitimar el gasto

El criterio debe ser dogmático, no emocional. La publicidad estatal legítima debe superar, al menos, cuatro pruebas: finalidad pública, necesidad comunicacional, proporcionalidad del gasto y neutralidad institucional. Si no hay finalidad pública identificable, el anuncio es sospechoso. Si la información podía transmitirse por canales institucionales ordinarios sin necesidad de comprar espacios de alto costo, el gasto es discutible. Si el mensaje no produce beneficio educativo, cultural, preventivo o ciudadano, la comunicación se vuelve vacua.

Y si la pieza termina exaltando al titular de la institución, al gobierno o a una obra como emblema de poder, deja de ser publicidad estatal y se aproxima peligrosamente a la propaganda política financiada por todos.

Ya el Decreto núm. 1-24 intentó ordenar esta materia al disponer que la publicidad oficial debe cumplir objetivos operativos y estratégicos, facilitar el acceso oportuno a información pública y ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Ese lenguaje es correcto. Pero el problema dominicano no suele estar en la declaración normativa, sino en la disciplina de cumplimiento.

Participación Ciudadana ha advertido que el gasto en publicidad gubernamental alcanzó cifras históricas en el primer cuatrimestre de 2024, al pasar de RD$491 millones en 2023 a RD$3,121 millones en igual período de 2024, y aunque en 2025 se redujo a RD$2,445 millones, siguió muy por encima del nivel de 2023.

El Estado no es una marca comercial

El Mundial agrava la tentación. Como concentra audiencia, emociones y conversación pública, se convierte en vitrina perfecta para que la Administración compre presencia simbólica. Pero el Estado no puede comportarse como una marca comercial ordinaria. Su legitimidad comunicacional no nace de su capacidad de ocupar pantallas, sino de la utilidad pública de lo que comunica. Cuando una institución anuncia sin informar, gasta sin justificar y se celebra a sí misma sin aportar conocimiento ciudadano, el mensaje no fortalece al Estado: lo empobrece moralmente.

La publicidad estatal debe dejar de ser un instrumento de prestigio gubernamental y convertirse en una herramienta de servicio público. No se trata de silenciar al Estado, sino de obligarlo a hablar con sentido, sobriedad y responsabilidad. El dinero público no existe para fabricar admiración. Existe para satisfacer necesidades colectivas.

Por eso, cada anuncio estatal debe responder una pregunta elemental: ¿qué gana el ciudadano con esto? Si la respuesta es nada, entonces no estamos ante comunicación pública, sino ante derroche revestido de institucionalidad.

JPM

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