Corrupción e impunidad: una deuda histórica pendiente

El autor es político y comunicador. Reside en Santo Domingo

Por FRANK LITHGOW
Fecha: 13/09/2025
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El flagelo de la corrupción y la impunidad ha sido, durante décadas, una de las enfermedades más destructivas de la vida institucional de la República Dominicana, y no es un fenómeno aislado: es parte de una crisis global que erosiona la confianza de los pueblos en sus Estados y en la democracia misma.

En este contexto, resultó para mí reconfortante encontrar en mi librero una copia de los Estatutos fundacionales de la entidad “Acción contra la Corrupción”, creada el 8 de junio de 1998 en Santo Domingo. En ella participaron personalidades que representaban lo mejor de nuestra sociedad: empresarios de gran visión, líderes de la Iglesia Católica, destacados periodistas y profesionales de reconocido prestigio. Entre los fundadores figuran nombres como:

José Manuel Paliza, Dr. César Estrella Sadhala, Rvdo. Manuel Estrella, Rvdo. Braulio Portes, Monseñor Francisco José Arnaiz, Dra. Josefina Padilla, Freddy Beras Goico, Sr. Manuel Arsenio Ureña, Dr. Ramón Antonio Veras, Sr. Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Dr. Rafael Molina Morillo, José Joaquín Puello, Lic. Celso José Marranzini, Don José Vitienes, Sra. Norma de Vargas, Dr. Edilberto Cabral, Padre Ramón Alonso, Don José León Asencio, Ing. Abraham Hazoury, Padre Jorge Cela, Doña Mary Marranzini, Dr. Frank Castillo, Sr. Huchi Lora, Dr. César Mella, Lic. Aida Consuelo Hernández, Lic. Elena Viyella de Paliza, Lic. Rafael Toribio, Don George Arzeno Brugal, Sr. Enrique Fernández, Lic. Carlos Despradel y Sr. Juan Manuel García.

Una nómina que, por sí sola, daba a la iniciativa una autoridad moral indiscutible.

La sola lectura de estos nombres nos recuerda que la lucha contra la corrupción no es un tema nuevo, ni mucho menos una moda pasajera. Desde hace más de un cuarto de siglo, las conciencias más lúcidas del país han levantado su voz contra este mal que carcome la vida nacional. Sin embargo, lo dramático es que, pese a esos esfuerzos, la corrupción y la impunidad no solo han persistido, sino que han alcanzado niveles escandalosos y casi insoportables.

La pregunta, entonces, se impone: ¿En qué hemos fallado?

• Fallamos en construir un sistema judicial blindado contra la manipulación política.

• Fallamos en impedir que los partidos se convirtieran en maquinarias de negocios, alimentadas por clientelismo y dinero sucio.

• Fallamos como ciudadanos, al no ser suficientemente exigentes ni consecuentes con nuestro voto.

• Y fallamos al permitir que el Estado se deslizara hacia una cultura de impunidad, donde el delito deja de tener consecuencias.

Hoy, el pueblo dominicano está agobiado, anonadado y hasta aterrorizado, porque ve cómo los mismos vicios se repiten sin castigo: desfalcos que quedan en la sombra, funcionarios que se enriquecen sin rendir cuentas, y mafias enquistadas en instituciones que deberían servir al ciudadano.

Hay un aspecto adicional que resulta especialmente preocupante: una parte de la clase empresarial terminó sustituyendo al propio Estado, controlando sectores estratégicos, usufructuando privilegios y normalizando la corrupción como mecanismo de acumulación. La clase política, lejos de poner freno, se convirtió en cómplice al entregarle parcelas de poder a cambio de financiamiento electoral y respaldo económico.

Pero no todo está perdido. La historia enseña que los pueblos pueden rectificar el rumbo cuando despiertan y reclaman su derecho a vivir con dignidad y justicia. Lo hicieron los fundadores de la República, lo hicieron quienes enfrentaron dictaduras, y lo podemos hacer ahora frente a la dictadura invisible de la corrupción.

La corrupción y la impunidad son una amenaza tan seria como cualquier invasión extranjera. Frente a ellas, el deber es claro: no callar, no claudicar y no transigir jamás con el robo al erario público ni con la burla a la justicia.

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