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Finalmente, se ha consumado en Brasil el programado golpe de Estado Parlamentario en contra de la Presidenta electa Dilma Rousseff que habíamos previsto en un artículo publicado en este medio el día 6 de mayo del año en curso.
No valieron los contundentes, certeros e irrefutables argumentos legales y jurídicos de la defensa, ni la valiente y extraordinaria intervención, que por más de 14 horas, hizo la Presidenta Dilma Rousseff en el Parlamento. No, todo había sido previamente decidido, los “honorables Senadores” no escucharon, ni valoraron los argumentos de la defensa, ni los juicios y explicaciones de la acusada. 61 senadores decidieron, de manera mecánica, la destitución de la Presidenta Dilma que había sido Constitucionalmente elegida por alrededor de 54 millones de brasileños.
Los “honorables e impolutos” diputados y senadores que impulsaron el impeachment (Juicio Político) en contra de la Presidenta Dilma Rousseff, votaron por su destitución sin haberla acusado de corrupción, ninguno les imputó haber sustraído fondos públicos y nadie la acusó de haber recibido sobornos, ni de tener ninguna relación con el escándalo de Petrobras, pero necesitaban garantizar detener las acusaciones y procesos judiciales abiertos en su contra y en contra del señor Michael Temer.
Tanto los juzgadores como los distinguidos jueces y fiscales, al servicio siempre de las elites económicas, están consciente que Dilma Rousseff no posee cuentas bancarias en el exterior, nunca ha ocultado la existencia de bienes personales, estos señores saben muy bien que Dilma Rousseff siempre ha actuado con apego a la Constitución y las leyes, en defensa de la democracia y los mejores intereses de la mayoría del Pueblo Brasileño.
Lo ocurrido en Brasil, es la continuación del proceso de descredito y posterior golpe de estado, dirigido y financiado por Estados Unidos en países de la Región Latinoamericana como: Honduras (Manuel Zelaya), Paraguay (Fernando Lugo), Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela; donde utilizando los mismos pretextos y aplicando la misma metodología; que se sustenta en la utilización del poder de los medios de información para desacreditar los gobiernos progresistas y sus líderes, para en nombre de la libertad, la democracia, la paz y la justicia, destituir los gobiernos soberanos y sustituir sus dirigentes por personas comprometidas con los intereses de las elites locales y los intereses de las grandes Corporaciones extranjeras. Además, con estas acciones, estos senadores pretenden debilitar el proceso de integración de los gobiernos progresistas Latinoamericano, expresado en UNASUR, MERCOSUR, LA CELAC y desintegrar el BRISC, para garantizar a las grandes empresas locales y sus socios extranjeros, volver a disfrutar de las ganancias que tenían con las políticas Neoliberales aplicadas anterior a Lula y poner fin al modelo de democracia social e incluyente, implementado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores.
Todo esto ha sido posible llevarlo a cabo; entre otras cosas: por la capacidad que mantienen las elites económicas en Brasil para influir, de manera determinante en la elaboración y aplicación de leyes favorables a sus intereses, mediante el lobby y el financiamiento de campañas electorales que les permite decidir quién es legislador, Juez, Fiscal y hasta Ministro. Además, por el poder omnipotente de los medios de información, controlado en más de un 80% por 5 familias, y la complicidad de un Poder Judicial comprometidos con sus patrocinadores, cuyo único interés es mantener en Brasil una soberanía de caricaturas, que les permita disponer, sin ningún control o mecanismo regulador, de las inmensas riquezas naturales que alberga el país.
La prueba más evidente de que el proceso de impeachment (Juicio Político) a la Presidenta Dilma Rousseff fue un pretexto para justificar la salida del poder del Partido de los Trabajadores la constituye el hecho de haber tenido el Parlamento la obligación de mantener intacto los derechos civiles y políticos a la Presidenta Dilma Rousseff a pesar de haber sido “condenada” y sustituida por el “venerable” de Michael Temer.
Ha quedado evidenciado, antes, durante y después del impeachment (Juicio Político) que la señora Presidenta Dilma Rousseff no cometió ningún delito y que el trasfondo fue eminentemente político y económico, ahora el pueblo Brasileño sabrá cómo responder para defender la soberanía y las conquistas sociales alcanzadas en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Hoy Estados Unidos y sus socios, la derecha conservadora Regional han dado un paso al frente en la reconquista de la Región Latinoamericana. En Argentina y Brasil se ha perdido una batalla en la lucha por la soberanía y la paz, pero no la guerra.
jpm