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Coalición de juristas interpondrá un recurso contra sistema de pensiones
Santo Domingo, 2 feb (EFE).- Una coalición de juristas y organizaciones de la sociedad civil, encabezado por la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, el Consejo Dominicano de los Derechos Humanos y la Fundación Prensa y Derecho, interpondrán mañana un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de pensiones de la Seguridad social.
La acción directa de inconstitucionalidad la suscriben los juristas Domingo Porfirio Rojas Nina, Namphi Rodríguez y Julián Serulle, informó la Fundación Prensa y Derecho y la Alianza Ciudadana para los derechos fundamentales.
Rodríguez anunció que la reglamentación para la prestación del servicio de pensiones por discapacidad y sobrevivencia está «plagada de cláusulas inconstitucionales que desconocen los derechos de los afiliados del Sistema Nacional de la Seguridad Social (CNSS)».
Afirmó que el CNSS y los órganos del sistema han adoptado disposiciones reglamentarias que contravienen la Ley de la Seguridad Social, y la Constitución de la República.
Como ejemplo citó el «Contrato Póliza» para la prestación de pensiones por discapacidad.
Definió como una injusticia que el cónyuge o el menor sobreviviente de una persona que se suicide estando activo en la seguridad social no puedan recibir la pensión que manda la ley porque así lo dispone un reglamento del CNSS «como si el suicidio fuera una causa de exclusión de derechos».
«Esa es una injusticia, puesto que nadie se va a suicidar para resolver sus problemas o para quebrar la seguridad social; una disposición como esa no existe en ninguna parte del mundo», dijo el abogado, quien ejerció de portavoz de los juristas y las organizaciones.
Agregó que en el sistema hay «serias debilidades» para informar a los afiliados y beneficiarios de cuáles son sus derechos, lo cual es causa frecuente de retrasos en los trámites.
Sostuvo que la mayor parte de los reglamentos han sido aprobados por el CNSS sin cumplir con el mandato del artículo 49 de la Constitución y de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que manda a ofrecer información a los afiliados previo a la adopción de los reglamentos de aplicación general. EFE
