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OPINION: Torpeza gerencial en Punta Catalina
El Administrador de la termoeléctrica de Punta Catalina fue recién entrevistado en el programa Revista 110 y, lejos de validar con sus respuestas la estrategia gerencial seguida hasta la fecha, confirmó la percepción de que el manejo del proyecto ha sido nada menos que desastroso. Sin importar el denunciado dolo en la adjudicación de la obra, su rentabilidad social ha resultado seriamente comprometida. Así lo revela el recuento que sigue de algunos de los más gravosos aspectos.
Costo total
El costo fijado en el contrato fue de US$1,945 millones y la Comisión Especialdesignada para revisar la licitación y adjudicación concluyó que estuvo en un 6% por debajo de plantas similares, recomendando también no pagar un centavo mas sobre lo estipulado en el contrato. Estimó que cada mes de atraso contrae un costo adicional de US$25 millones, lo cual significa hasta la fecha un costo adicional de US$575 millones por los 23 meses de atraso. Así el costo total ascendería a US$2,520. (Un reputado analista reportó que para septiembre del 2018 ya el gobierno había pagado US$2,300 millones.) Y cuando se añaden los llamados “costos del dueño” (diseños ingenieriles, asesoría económica, asistencia jurídica, terrenos, licencias, permisos, imprevistos o intangibles, financieros, líneas de conexión, etc.), el costo total de la planta podría sobrepasar los US$3,500 millones. ¿Qué tasa de retorno justificaría esa tremenda inversión?
La información disponible no permite calcular el costo exacto porque las autoridades no proveen toda la información o se han encargado de crear más confusión. Han dicho que no se pagará más de los US$1,945 millones contratados, pero por otro lado dicen que han creado un fondo de contingencia de US$336 para garantizar la terminación de los trabajos. Esto último se pagaría o no dependiendo del resultado del arbitraje a que ha sido sometido el Estado por un reclamo del contratista por US$708 millones adicionales (de los cuales US$543 millones se deben a los atrasos de pagos y US$165 millones a obras adicionales). Obviamente, ha habido una mayúscula negligencia de parte de los manejadores del proyecto –incluyendo una pésima supervisión de Stanley Consultants—en materia de control de costos. Los sobrecostos son consistentes con los de todas las otras obras ejecutadas por Odebrecht, los cuales esperan todavía una auditoria.
Atrasos
Múltiples veces los responsables del proyecto han pronosticado fechas sucesivas para la entrada en operación de la planta. Según el Art. 7.2.1 del contrato EPC “la fecha de entrega de la primera unidad será el 7 de agosto del 2017 y la segunda el 7 de octubre del 2017, fechas éstas a partir de las cuales el contratista quedará en mora de cumplimiento sin necesidad de requerimiento o notificación adicionalmente por parte de la Empresa o la Corporación”. El Informe Santaella añade que por atrasos el Consorcio estará obligado a pagar hasta un 10% del valor del contrato: “En caso de retraso por más de 200 días en la entrega de la central el Consorcio debía pagar al Estado dominicano una compensación por la suma de US$194.5 millones.” Por su parte, los atrasos asociados al contrato del fondo de contingencia pagaran US$220,000 diarios, y otro reputado analista estimó que: “De aplicarse el acuerdo de contingencia la unidad 1 le debe a la CDEEE la suma aproximada de US$39.6 millones y la unidad 2 debe US$33 millones, para un total de US$72.6 millones, equivalentes a RD$3,630 millones”. Hasta entonces el total a pagar por atrasos ascendería a US$267.1 millones, lo cual se asume que se ventilaría en el arbitraje.
Financiamiento
El Consorcio debió ayudar al Estado obtener un financiamiento del 80% del valor del contrato EPC. Inicialmente se habían contratado US$650 millones con el BNDES de Brasil, otros US$847.3 con el Eximbank de EU y US$632.5 millones de un pool de bancos europeos. Los dos primeros prestamos no se materializaron por diversas razones y del último se ha recibido solamente US$291 millones, habiéndose descartado su complemento porque los bancos retiraron su oferta por las disposiciones europeas contra las plantas a carbón.El Informe Santaella dice: “Al principal de US$ 550 se le agregó, de entrada, un 15% adicional, o sea, US$82.5 Millones pagaderos en el primer desembolso a la Sociedad Anónima de Crédito a la Exportación (SACE) de Italia. Esto no incluye comisiones, costo de administración del préstamo, intereses durante la vigencia del préstamo, etc. Es decir, que en un proyecto de US$1,945 Millones se pagaron US$82.5 Millones sólo como seguro de un préstamo equivalente a una cuarta parte del monto del proyecto. El muy elogiado primer desembolso Europeo de Diciembre del 2015, ascendente a US$200 Millones se desembolsó así: US$82.5 Millones para la SACE y solo US$117.5Millones para la CDEEE, que en ese momento proclamó que se trataba de un préstamo “blando”.” ¿Se debe reclamar una devolución de una parte de lo pagado por el seguro, ya que no se prestó la totalidad prevista?
El Estado está pagando los costos financieros por los US$291 millones desde que los recibió y todavía no ha recuperado los US$6.5 millones de comisión de compromiso que pagó a BNDES (y que debió reclamar según recomendó la Comisión Especial). En el 2017 el Informe Santaella vislumbraba un costo total de financiamiento de US$350 millones, pero ese estimado tiene dos años. En octubre del 2018 el propio gobierno declaró: “El Gobierno ha invertido US$2,117 millones en la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, de los cuales US$1,231 millones provienen de recursos propios, US$291 millones de financiamiento europeo de SACE y US$595 millones de bonos soberanos.” Lo anterior no incluye, por supuesto, el costo de oportunidad del dinero invertido por el propio gobierno.
Costo de generación y precio de venta
El citado Administrador sorprendió con la noticia acerca del precio de venta de la energía a las edes. Ofreció diferentes cifras: 9, 9.5 y 10 centavos de dólar por el kilovatio hora. Esto difiere de lo anunciado por Ruben Bichara en su declaración del 9/5/19 donde dijo que la energía se vendería a las edes a 11, asumiendo una producción anual de 5.5 millones de mega. Sin embargo, el Administrador de la CDEEE había declarado que el costo de generación estaría por debajo de los 9 centavos, especificando al finalizar el 2018 que el costo estaría entre 7.5 y 8 centavos, mientras en septiembre del 2017 el Ministro Administrativo había declarado que seria 7.5.
La calificadora de riesgo Fitch, una fuente independiente, estimó que el costo de generación estaría entre 6 y 8 centavos. Sin embargo, el Informe Santaella señala: “Con el panorama antes descrito habría que revisar la predicción hecha por el Presidente Danilo Medina de que Punta Catalina suplirá electricidad a 7.5 centavos de dólar el kwh, máxime que los expertos energéticos, económicos y jurídicos que presentaron el Proyecto a la Comisión de Hacienda del Senado en Mayo del 2014 predijeron “….un precio nomónico de venta de 9.8 centavos de dólar por kilovatio hora” .Sería muy interesante poder averiguar el tipo de proceso de Ingeniería de Valor que se ha aplicado para lograr un abatimiento de precios estimados que eran de US$ 9.8 centavos en Mayo del 2014 hasta US$7.5 centavos el kilovatio hora en Febrero del 2017.”
Aunque mucho dependerá del precio del carbón, lo que se desprende de las citadas declaraciones es que el gobierno no venderá la energía al costo de generación. De hecho, el Administrador de PC declaró que esperan tener un beneficio de entre US$200 y US$250 millones anuales para reinvertirlo en el sistema eléctrico. Queda por verse si eso inducirá una inversión privada en parte del accionariado de Punta Catalina y, además, en que medida ese margen de intermediación contribuirá a bajar los precios en el mercado spot de energía. Da la impresión de que, o han cambiado el objetivo original de la planta o la gerencia realmente no sabe cuál será la decisión final sobre el precio de venta a las edes.
Perdidas y Sanciones
Estos gazapos gerenciales sugieren una garrafal incompetencia en el manejo del mas grande proyecto de inversión pública jamás emprendido por el Estado dominicano. Las perdidas consecuentes no podrán cuantificarse hasta tanto haya terminado el arbitraje por el reclamo de los US$708 millones que ha interpuesto el contratista. Ahora que ha salido a la luz que hubo sobornos para conseguir el contrato, los resultados deben favorecer al Estado. Esto así porque, según el Informe Santaella, “lo establecido sobre los sobornos en las Bases del Concurso, en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y, además, de manera específica, la transgresión del Artículo 19.10 del Contrato EPC que condena los delitos de sobornos tipificados en ese artículo como “Cohecho, Obsequios, Incentivos o Recompensa”, se trata de un contrato afectado por dolo. De cualquier modo, hace tiempo que el presidente Medina debió reemplazar a los responsables, incluyendo la costosa supervisión técnica por US$25 millones de Stanley Consultants. Al no hacerlo el proyecto se perfila como el más oprobioso baldón de su gestión, opacando los indiscutibles méritos de otras exitosas iniciativas gubernativas.
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