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Si se cumpliera
El pasado 19 de agosto el Gobierno Dominicano a través de la Dirección General de Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda, remitió una circular a todos los ministerios, organismos autónomos y descentralizados no financieros y a las entidades de la seguridad social mediante la cual dispone que los gastos corrientes a ser presupuestados para el próximo año no deberán superar lo programado para el presente año 2016.
Asimismo se incluye en dicha comunicación el control de los gastos de capital que no estén asociados a proyectos de inversión. Una de las principales partidas del gasto corriente es el de las remuneraciones del personal.
Para el año 2016 se consignaron RD$139,851.4 millones para el pago de remuneraciones lo que representa el 31.7% del gasto corriente total presupuestado para el presente año el cual asciende a RD$438,400 millones.
En otras ocasiones se ha hecho lo mismo e inclusive se ha llegado hasta disponer que se aplique por ley un plan de austeridad del gasto pero todo ha quedado en el papel.
Ahora como parte de los lineamientos para la formulación del presupuesto del año 2017 se dispone que haya un control en ese rubro pero a medida que transcurre la ejecución del mismo se viola por la política clientelista que aplican las actuales autoridades.
No es un secreto que los gastos operativos del Gobierno Central son excesivos debido a la existencia de duplicidad de funciones institucionales, nóminas parasitarias o las famosas botellas, gastos de representación, refrigerios, viajes, celulares, combustibles, transferencias a muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales que no resisten la más mínima auditoria, que esta no revele deficiencia en la ejecución de los fondos transferidos.
Lo mismo sucede con el exceso de solicitudes de fondos para cubrir gastos de planes, programas y proyectos que no cuentan con unidades ejecutoras que dispongan de la capacidad en la ejecución de sus presupuestos.
Inclusive de gastos que no pueden justificar y que engrosan el presupuesto de forma innecesaria a los fines de justificar los mismos o indicar de que se está trabajando o que se he muy eficiente o con el fin de disponer al final de más recursos disponibles para gastar discrecionalmente.
Pero el presupuesto si se respeta es una herramienta que coadyuva con el desarrollo económico y social de un país y revela el verdadero trabajo de un ejecutivo en particular.
Mientras se dispone un congelamiento en un solo renglón de los gastos corrientes como es la nómina, que todo el mundo sabe que no se cumple, se aumentan otras partidas tal el caso de los gastos financieros.
Hay mucha preocupación por la deuda pública de la nación dominicana al extremo de que el sector empresarial de la Republica Dominicana ha expresado que el país ya no resiste más endeudamiento pués se sabe que el costo de capital de la deuda se cubre con más deuda.
Esta deuda en solo seis meses ha crecido en US$1,516.7 millones, pues solo en emisión de bonos soberanos se colocó la friolera suma de US$1,500.0 millones en el primer semestre del presente año.
La deuda pública no financiera alcanzó a junio de 2016 los US$25,716.2 millones o el 37% del PIB de los cuales se identifican US$16,769.6 millones de deuda externa y US$8,946.6 millones de deuda interna.
Mientras eso pasa vuelve a perimir el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal en el Congreso Nacional pero no así el aumento salarial que anuncian se harán diputados y senadores para el próximo año.
De manera que por un lado se habla de controlar el gasto corriente pero sin reseñar las penalidades de las cuales hablan los artículos Nos: 77, 78, 79 y 80 de la Ley 423-06 del Presupuesto Público, en caso de que se violen las obligaciones o disposiciones estipuladas en dicha ley.
De ser así la disposición contenida en la comunicación señalada en el primer párrafo de estas reflexiones caerían una vez más en el simple enunciado o en una poesía, de no tomarse en cuenta las debidas acciones debido a las infracciones cometidas en la violación de lo dispuesto, las cuales van desde amonestaciones orales hasta la destitución del funcionario público, a los fines de que no se violen los lineamientos establecidos.
Si se cumplieran las leyes se tendría un mejor país donde se haría honor a la institucionalidad y se tendría menores sobresaltos y burlas al ciudadano de la calle.
felix.felixsantan.santanagarc@gmail.com
