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Por JUAN MOJICA
En la RD, la justicia ha sido un instrumento de las clases dominantes o sea de los ricos y de la burguesía quienes a través de los políticos la han utilizado a su antojo para garantizar su estabilidad económica y sus privilegios.
En ese camino y para cumplir sus objetivos estos grupos empresariales, a través de recursos, han sometido a los políticos a su dominio quienes a su vez han politizado la justicia la cual desde hace tiempo se ha convertido en una compra y venta de sentencia en beneficio propio y de los que más tienen.
Sin embargo, hoy hemos llegado a una situación de deterioro judicial tal que no solo asquea a los propios empresarios que históricamente se han privilegiado sino también al pueblo dominicano porque ha puesto en riesgo la estabilidad democrática, el desarrollo económico y la esperanza social.
Con excepción del gobierno de Juan Bosch en 1962, todos los gobiernos que hemos tenidos han controlado la justicia. El poder político usa la justicia para que no caigan presos ni los empresarios ni los políticos corruptos pero se asegura de que los pobres que violan la ley sean castigados.
Balaguer en sus 22 años de gobierno lo mismo que el PRD en sus 12 años y el PLD en sus 14 años han utilizado la justicia a su beneficio y conveniencia. En las reformas de 1996 los congresistas del PLD auspiciado desde el ejecutivo nombraron a muchos políticos en la Suprema Corte de Justicia SCJ.
Aunque hubo una rebelión en la cúpula judicial de ese periodo, al final terminó entregada a los intereses políticos. Léase las denuncias hechas por el presidente de la SCJ Jorge Subero Issa después de ser engañado para repetir en el cargo quien admitió la manipulación política en el caso de la Sun Land.
En la aprobación de la Nueva Constitución del 2010 también del PLD se le quitó al Congreso la atribución de elegir a los jueces de la SCJ y se le dio esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pero esta figura constitucional lejos de hacer la justicia más institucional y transparente le ha dado mayor control a los políticos para manipular el sistema judicial.
No es verdad que con tanto escándalos de corrupción, tanta complicidad de la narco política y tanta impunidad de decenas de políticos corruptos de hoy y de ayer, se iba a escoger un CNM institucional y una justicia de carrera.
Basta ver la composición del CNM de nuestro país y compararla con el CNM de la mayoría de los países latino para uno darse cuenta del manejo político. Mientras aquí la mayoría de los miembros del CNM son políticos en Latinoamérica este instrumento judicial está compuesto por jueces de carreras, representantes de Colegio de Abogados y de Universidades.
Hay que eliminar el consenso político como practica para escoger a los jueces porque no está estipulada ni en la ley 138-11 ni en la constitución. De lo contrario, la justicia no podrá distanciarse del poder ejecutivo ni va a experimentar cambios significativos en beneficio de la población.
Tenemos la misma Suprema Corte de Justicia y los mismos jueces vulnerables y con miedo para hacerle frente a la corrupción política. No solo están sometidos al sistema de impunidad sino también presionado por el gobierno.
Hemos creados un nuevo Tribunal Constitucional y reformado al Tribunal Superior Electoral para tomar las mismas decisiones en nombre de la constitución y las leyes, sin poder desafiar los intereses del ejecutivo.
Quienes aspiramos a tener una justicia donde los jueces estén sometidos al imperio de la ley. Los magistrados fiscales sean independientes. Y la justicia este fuera del alcance de otro poder. Tendremos que esperar.
Mientras tantos, debemos rechazar las pretensiones de los políticos en el gobierno de sacar a los políticos que tienen Leonel y Miguel en la justicia para meter a sus adeptos mediante la convocatoria del CNM en el 2016.
Ya nadie confía en las vistas públicas ni en el proceso de evaluación y selección de jueces porque lo han convertido en una burla. En la escogencia del CNM y de los jueces ni hay transparencia ni se tiene el menor interés como órgano constitucional de garantizar la libre participación.
El CNM debe ser reformulado en una nueva reforma constitucional para despolitizar su composición vía la constituyente. Solo saneando este instrumento podríamos liberar la justicia y enfrentar la corrupción y la impunidad que ha generado tanta desigualdad e injusticia social.