RD: ¿vertedero migratorio de EE.UU.?

POR EDWIN PINEDA CARRASCO

La República Dominicana atraviesa uno de los momentos más delicados de su soberanía moderna. Mientras el pueblo enfrenta inseguridad, crisis económica y deterioro institucional, el gobierno del PRM parece dispuesto a aceptar cualquier exigencia de Washington para mantener relaciones privilegiadas con Estados Unidos.

La reciente aceptación de ciudadanos deportados desde territorio estadounidense, provenientes incluso de terceros países, representa un precedente extremadamente peligroso para la seguridad nacional y la estabilidad del país. Lo más preocupante es el silencio de amplios sectores políticos frente a una decisión que compromete el futuro dominicano.

República Dominicana solamente debe recibir dominicanos deportados. Ese debe ser el principio básico de cualquier política migratoria seria y soberana. Ningún gobierno responsable puede aceptar convertirse en receptor de extranjeros expulsados por otra nación.

Pregunta

La pregunta que muchos dominicanos se hacen es sencilla: ¿por qué otros países no aceptan este tipo de acuerdos? La respuesta es clara. Porque entienden que asumir problemas migratorios ajenos puede convertirse en una amenaza permanente para la estabilidad social y la seguridad interna.

Sin embargo, el PRM parece actuar desde la subordinación política. Un partido que prometió transparencia y renovación hoy aparece golpeado por denuncias de corrupción y una creciente percepción de deterioro institucional.

En medio de esa fragilidad, el gobierno busca conservar el respaldo de Washington aceptando decisiones que afectan directamente la soberanía nacional. La política exterior dominicana no puede convertirse en una política de obediencia automática.

Esto no es un simple acuerdo diplomático. Es una cesión peligrosa de control migratorio y de seguridad. Cada extranjero deportado llega con antecedentes y realidades que el pueblo dominicano desconoce completamente.

Nadie explica con claridad quién supervisará esos procesos ni cuáles serán las consecuencias futuras para el país. La población tiene derecho a saber qué compromisos se están asumiendo en nombre de la República Dominicana.

El país ya enfrenta enormes desafíos sociales. Los hospitales están saturados, la inseguridad preocupa a millones de ciudadanos y el costo de vida continúa golpeando a las familias dominicanas.

En ese contexto, aceptar nuevas cargas impuestas desde el exterior resulta irresponsable. Muchos dominicanos perciben además una creciente influencia estadounidense en áreas sensibles de la política y la seguridad nacional.

Lo más preocupante es el precedente que se crea. Hoy son deportados de terceros países; mañana podrían llegar nuevas exigencias internacionales bajo presión diplomática y económica.

Cuando una nación renuncia a poner límites, termina perdiendo capacidad de decisión sobre su propio destino. La soberanía no puede negociarse por conveniencia política ni por intereses partidarios.

La República Dominicana merece una política exterior basada en dignidad, equilibrio y defensa de los intereses nacionales. El pueblo dominicano no puede aceptar convertirse en depósito migratorio de problemas ajenos mientras sus propias necesidades siguen sin resolverse.

Esta decisión constituye uno de los precedentes más peligrosos de las últimas décadas y será recordada como una grave traición a los intereses nacionales y a la seguridad del pueblo dominicano.

eepinedacarrasco@gmail.com

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