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SANTO DOMINGO.- El Gobierno afirmó que realiza su gestión migratoria dentro de los límites de la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Respondió así a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se cuestionan las políticas migratorias del Estado dominicano.
La Cancillería destacó en una nota que la situación migratoria debe analizarse desde una dimensión regional. Esto debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití, lo que ha generado una presión migratoria «sostenida y excepcional» sobre territorio dominicano.
CARGA DESPROPORCIONADA
Las autoridades destacaron que, durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras. También actuando con solidaridad y responsabilidad humana.
«El Estado dominicano», dijo la Cancillería, «en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, facultad que, según indicó, está reconocida por el propio sistema interamericano.
En ese sentido, rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular, al considerar que esto implicaría una aceptación indiscriminada de migrantes irregulares, sin control ni regulación.
IMPACTO DEL FLUJO MIGRATORIO
El Gobierno advirtió que el flujo migratorio extraordinario tiene un impacto directo sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Además, señaló que ningún Estado puede ser obligado a asumir la provisión de servicios de otro país ante el colapso institucional del mismo.
SP-AM
