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Punta Catalina ¿Por qué venderla?
La cultura popular dominicana enraizada ancestralmente nos enseña el precepto de la tenencia de bienes como un elemento de realización individual y fundamental. De igual forma, los pueblos defienden ese derecho a la preservación de la cosa pública, como un elemento de desarrollo y fortaleza como nación.
Durante meses, ha perdurado en la palestra pública la opción que tiene el Estado Dominicano de colocar en venta el 49% de los activos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina de 740MW, ubicada en la provincia Peravia. El Ministerio de Hacienda anunció a principios de año, la contratación de la empresa Guggenheim Securities, de reconocido accionar en Estados Unidos, para el diseño del proceso asignado que incluye la elaboración de estrategias para la venta de acciones, diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra y recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa.
Entre las ofertas recibidas de inversionistas norteamericanos para la compra existen varias modalidades como la de disponer del 80% de los activos de la empresa a un monto de 2,000 millones de dólares, hasta la del 49% que se estila en unos 1,225 millones. Entre los costos de construcción de la central se tienen los 1,945 millones del contrato inicial, 336 millones como fondo de contingencia para la terminación, otros 708 en litis con el Consorcio Odebretch-Technimont-Estrella por incumplimiento de contrato y otros costos asociados a la contratación de las firmas de abogados, costo de financiamiento, auditorias, publicidad, sumados a otros costos del dueño hasta ahora no detallados por la administración estatal. Por igual, falta la evaluación de las inversiones pendientes en la red de transmisión para viabilizar la operación segura, con la entrada de la central.
¿Para qué venderla? Si una de las excusas es asumir al Estado ineficiente en la operación de las empresas públicas. Prueba de lo contrario es que, a partir del proceso de capitalización de finales del siglo pasado, las actividades de generación hidroeléctrica de energía y transmisión son sumamente rentables, siendo las ganancias de las empresas estatales que se dedican a estas actividades parte subsidiarias del déficit continuo que presentan las Empresas de Distribución, reflejándose una deuda impagable a razón de unos 150 millones de dólares al año.
¿Por qué venderla? Si la mayor excusa para la inversión en Punta Catalina batida en los medios de opinión pública, era la baja inversión privada realizada en generación de energía de bajo costo, por lo que aumentaba el costo de generación indexado a las tarifas finales que utilizan las Empresas de Distribución, llegando incluso a catalogar de “Cartel” al grupo de generadores que maximizan sus rentas con los altos costos. ¿Por qué ahora, entregar Punta Catalina a ese “Cartel”?
¿Realmente debemos venderla? Si las mismas empresas de distribución, propietarias del 100% de las acciones de la central, anuncian la reducción del déficit en unos 35 millones de dólares, solo con la energía inyectada por una de sus unidades durante los períodos de prueba a la que esta sometida entre febrero y octubre de 2019. ¿Cuál sería esa reducción con la entrada en operación comercial de la central completa?
¿queremos venderla? Si en 2014 aprobamos la ley 394 que permite a la CDEEE operar una central termoeléctrica de 100% inversión estatal, con el objetivo de que las Empresas de Distribución accedan al 100% de la energía a un precio de costo, sin licitación y que impacte de manera positiva en sus finanzas. Yéndose el 49% de las acciones a manos privadas, toda la energía de Punta Catalina entraría al mercado de contratos y obligaría a las EDES a competir por esa energía “barata” con empresas mineras, metalúrgicas e industria pesada, o conminarlas a comprar energía “cara” remanente de otras centrales disponibles.
¿Debe venderse? Si la propia administración de la central ha declarado que por concepto de comercialización de la energía puede presentar ingresos por encima de los 500 millones de dólares al año y beneficios netos sobre los 200 millones, que retornan la inversión en tiempo récord. Una prueba de ello lo fue, tras el primer saldo acreedor en el mercado mayorista por la inyección de energía en calidad de pruebas, el anuncio realizado de pagar un bono a quienes hayan laborado en la central durante su construcción, como una forma de mitigar los reclamos laborales de estos al consorcio constructor, que salieron a todas luces en los medios de prensa.
Vender el 49% de los activos de la central, colocaría una tercera componente en el precio monómico de contrato por cada kWh, sumando la rentabilidad de los inversionistas y elevándolo al precio promedio de compra actual que tienen las EDES, reduciendo drásticamente los beneficios que tendría la contraparte estatal propietaria de la central.
En fin y aterrizando a un ejemplo popular, imagine a “Bani” el dueño de la pulpería de la esquina, pierde una apuesta y vende el colmado para saldar su deuda. Al día siguiente se le ve del otro lado del mostrador, comprando tres pesos de aceite y dos de salsa.
JPM