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OPINION: Pro consumidor y sus parches de defensa
Para defender al consumidor se creó pro consumidor a través de la ley 358-05 con el objetivo de reglamentar las políticas, normas y procedimiento de protección al consumidor. Eso es en teoría. En la práctica, esta institución ha creado una red de servicios al cliente para recibir vía la red, vías directas o por llamadas las denuncias puntuales por malos servicios y productos inadecuados de empleadores a los cuales se les ponen parches y el problema sigue igual o peor.
Aunque esta institución creada por decreto está cumpliendo con muchas de sus atribuciones, junto con el Indocal e industria y comercio de investigar peso, calidad y medidas, así como también de educar, de conciliar, de representar, y de multar. Estas funciones chocan y se desmoronan cuando enfrentan a sectores de poder. Además, la falta de sometimiento a los infractores y la falta de castigos hacen que vuelvan a reincidir y que se sigan burlando del consumidor.
Veamos lo que paso cuando pro consumidor en la dirección de Altagracia Paulino intervino las estaciones de gas por fraude en el sistema de medición. El mismo año del 2016, surgieron cientos de denuncias que llevo a la institución a descontinuar los operativos y solo atender denuncias puntuales y ahí están todas las estaciones funcionando sin pesar los cilindros para comprobar las libras del GLP.
Con la intervención del mercado nuevo de la avenida Duarte en marzo del 2019, y el hallazgo de una serie de problemas. Y con las recomendaciones y los cursos de capacitación pasara lo mismo. Y más aún que pro consumidor se niega a publicar el hallazgo dejando a los consumidores sin herramientas para vigilar los descuidos.
Las quejas de 121 ciudadanos contra el servicio del sistema 911, de 31 contra Salud Pública, de 28 contra Edesur, de 23 contra la ADSS, de 16 contra Digesset, de 16 contra Edeste, de 15 contra la CASSD y 14 contra la Policía Nacional se quedara en un registro estadístico para que estas instituciones mejoren servicios pero no habrán sanciones.
Le puedo aportar a Pro consumidor pruebas diarias de que algunos supermercados venden cebollas podridas. Venden guineos maduros por verdes. Venden leche con embalses más pequeño y más agua. Venden pollo al horno recalentado y panes y quesos a un día de vencerse. Cabe preguntar. ¿Tiene el poder pro consumidor de sancionar o cerrar uno de esos supermercados? no, no lo tiene.
Una institución con 200 empleados fijos y 83 contratados, con un solo local en el DN, con un presupuesto de $ 250 millones, en un país donde un empresario rico vale más que el presidente, que los congresista o que los jueces, es absurdo hablar de aplicar políticas de protección para favorecer a más de 10 millones de consumidores y regular a miles de vendedores fijos e independientes.
Lo que si debemos valorar es el esfuerzo de tratar de proteger al consumidor de los abusos de los empleadores pero al mismo tiempo lamentar que su labor no responda a satisfacer la impotencia generalizada con los abusos de empleadores que no solo nos engañan con salarios de miserias sino con aumentos excesivos de precio y la poca calidad de sus productos y servicios que violentan nuestros derechos fundamentales.
En los países modernos y desarrollados se hacen visitas y operativos rutinarios y se reciban quejas de consumidores contra proveedores pero lo que más vale es que si en un centro comercial venden comidas podridas o dan servicios inapropiados aparte de cualquier sanción, el consumidor tiene derecho a demandas civil y penal y se castiga sin importar su condición de ser parte de una clase empresarial adinerada.
La constitución del 2010 en su artículo 53 párrafo único establece que las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas e indemnizadas conforme a la ley. Lo malo de las regulaciones incluyendo la ley de pro consumidor es que en la práctica no se cumple a cavalidad y es mejor conciliar y subsanar que demandar.
Es más creo que pro consumidor fue creado para conciliar los conflictos entre empleadores y consumidores de tal manera que sean resueltos con advertencias, multas y condenas administrativas e impida una estampida de demandas penales en los tribunales y la aparición de jueces valientes que bajen el mallete para sancionar a los empleadores a pagos millonarios por daños y perjuicios.
La creación de Pro consumidor, Pro competencia, Inaipi, Digepep, Cai, index, Banca Solidaria, Digeig, Indocal, Inaipi, Onapi no es parte de la descentralización del estado sino del reparto burocrático que aunque muestra su trabajo está lejos de la eficiencia y la eficacia.