Por una democracia representativa inclusiva

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EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Ha habido varios intentos de crear una nueva teoría sobre el funcionamiento de la democracia en América Latina y El Caribe y el Profesor juan Bosch es uno de los que abordaba el tema y proponía en el seno del PRD del 05 de mayo de 1969 los fundamentos de su Tesis de La DICTADURA CON RESPALDO POPULAR, que consistía en la ejecución de un gobierno basado en una nueva democracia. Entendía que la democracia representativa no brindaba al pueblo las auténticas reivindicaciones requeridas por este. Don Juan fundamenta su tesis en que el gobierno que se derivará de ella (a través del partido), tendría base en las organizaciones sociales tales como clubes deportivos y culturales, grupos religiosos, sindicatos y demás entidades que trabajan por el bien común.

Han pasado 53 años de la Tesis de Don Juan y por más cambios que haya habido en el tren gubernamental ha sido imposible implementarlo. Se trata de que la sociedad no había alcanzado el nivel de desarrollo necesario para asimilar tan ambiciosa propuesta y la mayoría del pueblo dominicano lo asociaba con su teoría Marxista Leninista que había predicado con posterioridad y, a sabiendas que la clase política de la época tenía miedo de que se instaurara un régimen comunista en el país, de ahí el fracaso de su tesis.

Hace un tiempo vengo analizando los intereses que unen la sociedad dominicana y algunos pueblos de América Latina, como son Venezuela y Nicaragua con influencias socialistas a través de Cuba, con el antinorteamericanismo en su frente y otros que gozan de una democracia representativa, como son Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile. Estos últimos han logrado establecer una democracia inclusiva y muchos gobernantes dominicanos han tratado de emularlos. Pero ¿qué es la democracia representativa? Se dice que es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto.

Siempre he tenido la idea de que la democracia representativa que tenemos debiera evolucionar a una Nueva Democracia Representativa Inclusiva, pero esta debe lograrse en base al poder del ciudadano expresado a través del voto. Eso quiere decir, que los partidos políticos son los que reciben el poder político a través del voto y que ese voto representa la voluntad ciudadana y que el mismo debe respetarse, asignándole la cuota (proporción) de poder del voto que ha conquistado su partido, en los diferentes estamentos del estado.

Se sabe que el estado está compuesto por tres poderes que emanan del voto de la gente, sufragado en las urnas cada cuatro años y con este voto delegan su poder de decisión en los tres poderes del estado que son: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Municipal. Con el voto, los ciudadanos eligen sus alcaldes, sus diputados y senadores. Los demás poderes del estado elegidos directamente por los ciudadanos son: La Junta Central Electoral, La Suprema Corte de Justicia, El Tribunal Constitucional, El Defensor del Pueblo, El Contralor General de la República, La Cámara de Cuentas y otras instituciones estatales y no gubernamentales.

Sabemos que los partidos políticos son organizaciones legales y legítimas que congregan a las personas de acuerdo con su preferencia y que de ahí salen los candidatos a las diferentes posiciones electivas y esos ciudadanos elegidos son los que representan el poder político, delegado a través del voto del pueblo. Si se toma en cuenta que cada uno de ellos (los elegidos), debe representar una cuota de poder delegada por el ciudadano, entonces el poder del estado donde esté representado deberá entregar esa cuota al partido del representante, en proporción al poder conquistado por el voto.

Es aquí donde llega el alcance de la nueva democracia representativa inclusiva.

Ponemos, por ejemplo, el poder legislativo. Si existen 10 partidos que tienen representación en el congreso con el poder político del voto ciudadano, debería recibir en proporción de ese poder, la participación en la toma de decisiones y en la distribución de los puestos de trabajo de manera equitativa; si así se hiciere, se estaría cumpliendo con el poder del voto de los ciudadanos y contribuiría a crear una sociedad justa, equitativa, participativa y progresista.

Dicho y hecho así, con el reconocimiento del poder del voto, si un partido obtuviera el 50% le tocaría el 50% de los cargos públicos, incluyendo ministerios y direcciones generales. El partido que obtenga 35% le tocará el 35% de los cargos públicos, y así en ese orden se distribuirán los cargos públicos por el poder de representación de cada partido. La fórmula se aplicaría para todos los poderes del estado.

En el mismo tenor, si ocurriera igual en el poder ejecutivo, podríamos ver a los partidos de oposición dirigiendo ministerios por la cuota que le corresponde en proporción de los votos que sacaron los candidatos a la presidencia de la república y una vez funcionaria una democracia representativa más inclusiva y el país mantendría más control social, político; mayor eficiencia administrativa de los recursos del estado, estabilidad económica y social y un desarrollo sostenible de los mejores valores de la sociedad porque se tendría la oportunidad de elegir los candidatos a los puestos en base al mérito, sin pérdida de talento y posibilitará un mayor desarrollo económico y social.

Con la nueva democracia representativa inclusiva, los municipios y los distritos municipales darían mayor participación a los ciudadanos y muchos de los que están haciendo una buena labor por su capacidad y experiencia, permanecerán en sus puestos de trabajo, garantizando la continuidad de las labores institucionales con eficiencia, eficacia y economía; pues distribuyendo los puestos de trabajo de manera proporcional entre los partidos con representación de regidoras y regidores, la democracia se fortalece, y se logra una participación en la resolución de problemas más comprometida.

La nueva democracia representativa inclusiva podría formar parte de un nuevo pacto político entre los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los empresarios de nuestro país, trayendo como consecuencia una merma en la confrontación política; la continuidad de los grandes proyectos iniciados por los diferentes gobiernos y la creación de una nueva forma de convivencia humana.

of-am

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