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Políticas fiscales (OPINION)
Se han convertido en temas recurrentes, tópicos económicos y financieros de los ámbitos: nacional e internacional, secuelas de las mismas causas u orígenes que por igual, hoy afectan el concierto de naciones que conforman el planeta.
En su acostumbrada publicación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulada Panorámica Fiscal de América Latina y el Caribe, Desafíos de la política fiscal para un desarrollo sostenible e inclusivo, destaca que América Latina y el Caribe, enfrentan una compleja coyuntura económica, que se ha agudizado debido a choques externos que repercuten en el crecimiento y el manejo de la política macroeconómica.
La trayectoria creciente de la inflación refleja el alza de los precios del petróleo y de los alimentos, así como los efectos de las persistentes interrupciones de cadenas de suministro global.
Frente a este contexto, los principales bancos centrales de los países desarrollados, así como los de la región, están llevando adelante un manejo más restrictivo de la política monetaria, mediante aumentos de las tasas de interés que tienen implicaciones sobre la actividad económica, la volatilidad de los mercados financieros y los flujos de capital hacia economías emergentes.
En su más reciente proyección, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima un crecimiento promedio regional del 1,8% para 2022, revisable.
El actual contexto de bajo crecimiento económico y mayor inflación, sumado a las crecientes demandas de las necesidades por atender, de bienestar, inversión y sostenibilidad ambiental, imponen considerables desafíos al manejo de la política fiscal en la región.
Por un lado, la desaceleración del crecimiento afectaría negativamente la recaudación tributaria.
Por otro, la inflación está presionando las finanzas públicas en el sentido de financiar subsidios y desgravaciones para la compra de productos de la canasta básica y combustibles, que limitan la erosión del poder adquisitivo de los hogares, lo que se suma a las crecientes demandas por gasto social e inversión.
A su vez, el alza de las tasas de interés y el bajo crecimiento económico podrían generar demandas adicionales de apoyo a sectores productivos que no se han recuperado de los impactos de la pandemia COVID-19. Adicionalmente, riesgos financieros como posibles rebajas de las calificaciones crediticias y depreciaciones de las monedas locales implican mayores costos de financiamiento y servicio de la deuda soberana.
Reconociendo esta realidad, en la presente edición del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, se propone el diseño de una política fiscal en que se fortalezca la recaudación y se mejore la progresividad de la estructura tributaria, a la vez que se oriente de forma estratégica el gasto público, para convertirlo en instrumento de desarrollo y se impulsen fuentes innovadoras de financiamiento ligadas al desarrollo sostenible.
De esta forma, se podría plantear un cambio de paradigma en la política fiscal para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo en la región.
Entre las principales tendencias, destaca el fuerte aumento de los ingresos públicos, en concordancia con la reactivación de la actividad económica, y el retiro progresivo del impulso fiscal en el transcurso del año.
Aunque el nivel del gasto público se redujo, se mantuvo por encima de los niveles observados, antes del inicio de la pandemia.
Esta combinación de mayores ingresos y menor gasto permitió la reducción de los déficits fiscales.
Por su parte, la deuda pública bruta se redujo de forma moderada, aunque su nivel sigue siendo superior a los valores observados en los 20 años anteriores a la pandemia.
En dicha publicación se analiza el conjunto de reglas fiscales que se aplicaron en la región, destacándose los mecanismos, como las cláusulas de escape, que los países emplearon para flexibilizar dichas reglas y permitir la expansión fiscal que fue necesaria a fin de hacer frente a la pandemia.
En el contexto actual, resulta oportuno revisar las reglas fiscales existentes y considerar reformas para crear una institucionalidad fiscal que contribuya no solo a la estabilidad macroeconómica, sino también a la superación de choques macroeconómicos y a la protección del gasto social y la inversión pública.
Los desafíos que enfrenta la política fiscal, llaman a establecer nuevos pactos sociales y fiscales que den viabilidad a una política fiscal pro crecimiento.
Las necesidades de desarrollo de la región, así como la urgencia de avanzar en el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacen que esta sea una labor impostergable
En 2021, los ingresos públicos aumentaron en gran medida en un contexto caracterizado por el repunte de la actividad económica y las importaciones.
A esto se sumó en algunos países el alza de los principales precios referenciales del petróleo crudo —un 67% en el caso del petróleo Brent y un 73% en el del West Texas Intermediate (WTI.
En este contexto, los ingresos totales de los gobiernos centrales de América Latina representaron un 19,2% del PIB, frente a un 17,7% del PIB en 2020, con lo que se ubicaron en el nivel más alto de las últimas tres décadas.
Destaca en particular el dinamismo de la recaudación tributaria como factor que explica el incremento del ingreso total en la mayoría de los países.
En algunos casos, el aumento de los ingresos tributarios derivó del cese de las medidas de alivio tributario que se habían adoptado en 2020 y a determinados ingresos extraordinarios que se recaudaron en 2021.
Por su parte, los otros ingresos —no tributarios, de capital y donaciones externas— se mantuvieron estables, aunque aumentaron de forma significativa en algunos países de América del Sur, sobre todo en el Brasil, Chile y el Ecuador, gracias a los mayores ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables.
El gasto tributario en América Latina y el Caribe: avances en la calidad de la medición los gastos tributarios son recursos que el Estado deja de percibir debido a la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados contribuyentes en relación con un sistema tributario de referencia, a fin de alcanzar ciertos objetivos de la política económica y social (CIAT, 2011).
Estas renuncias recaudatorias incluyen diversos tipos de tratamientos tributarios, desde exenciones, deducciones, créditos y tasas reducidas hasta diferimientos impositivos y sistemas de depreciación acelerada.
La política de expansión del gasto que se aplicó en varios países de América Latina durante 2020 empezó a desacelerarse en 2021, principalmente en los países en que se había incrementado de forma más pronunciada el año anterior.
No es de sorprender que ante este panorama, el Presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, expresara recientemente que gran parte del aumento de los ingresos están siendo absorbidos por los subsidios a los combustibles, la agropecuaria y ayudas sociales focalizadas, pero que dicha política es necesaria a los fines de contrarrestar el aumento de los precios, los que día por día aumentan a nivel internacional afectando el comportamiento de los mismos en el plano local.
Entre las reglas y reformas que propone la CEPAL dentro de un marco resiliente se citan: delimitar y balancear los objetivos de las múltiples reglas fiscales, definir con precisión el agregado fiscal a ser regulado, priorizar la simplicidad, claridad y transparencia de las reglas, especificar las cláusulas de escape y los senderos de restablecimiento de las reglas, considerar las rigideces fiscales preexistentes.
Asimismo, cuidar la coherencia entre las reglas fiscales y la utilización de fondos soberanos, articular las reglas fiscales con la programación de mediano plazo, cuidar la transición y apuntalar las reglas a partir del consenso y el compromiso político.
Finalmente, complementar con reformas para fortalecer el nivel y la estructura de los ingresos fiscales, retomar y compatibilizar con los lineamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
felix.felixsantana.santana.
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