RIO DE JANEIRO.- El general en la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal (STF) ser el autor del documento conocido como ‘Puñal Verde y Amarillo’, un texto que contemplaba el asesinato de autoridades como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.

Durante una declaración el jueves como parte de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en enero de 2023, y que recoge G1, Fernandes alegó que el contenido del documento era solo una «idea digitalizada» sobre el escenario posterior a las elecciones de 2022, cuando Lula fue elegido presidente.

Según su versión, el archivo fue creado e impreso en el Palacio del Planalto —donde él trabajaba en ese momento—, pero fue destruido inmediatamente y nunca compartido con nadie.

«Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado», declaró.

DINERO EN BOLSA DE VINO 

La Policía Federal sostiene que el plan fue redactado en noviembre de 2022, poco después del resultado electoral, y que fue discutido por militares en la residencia del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y su compañero de fórmula en la campaña presidencial.

Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. «Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?», contó.

El plan salió a la luz tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado.

La semana pasada, De Moraes ordenó imponer medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica. El magistrado llamó la atención el jueves al expresidente por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la Justicia, pero consideró que se trató de un hecho «aislado» que no merece endurecer las sanciones que ya pesan en su contra.

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este jueves que la petrolera estadounidense Chevron recibió una licencia para seguir operando en Venezuela después de que Washington y Caracas acordaran la semana pasada un intercambio de ciudadanos encarcelados.

«Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela, ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez», aseguró el mandatario venezolano en una entrevista especial con el canal multiestatal Telesur.

El Gobierno de Donald Trump suspendió las operaciones de bombeo de crudo de Chevron en Venezuela a finales del pasado mayo.

Al ser consultado sobre si la concesión de esta licencia guarda relación con la liberación de los 252 migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, el mandatario respondió: «no comment».

Maduro sostuvo que en todo este tiempo, Venezuela «ha crecido un 12 % en la producción petrolera, con esfuerzos propios».

«Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir, hemos aprendido nuestro propio camino, poquito a poquito se va lejitos», añadió.

Dijo que su Gobierno ha ido encaminando la economía en general, «pero en específico la industria de los hidrocarburos».

«Así que hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones, los felicito, me parece muy bien, Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años (más) y trabajar sin problemas», apostilló.

Maduro invitó a los inversionistas estadounidenses a hacer negocios con el Gobierno venezolano.

«Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de la legalidad, venga a Venezuela, Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etc», agregó.

Previamente, el diario económico The Wall Street Journal adelantó que Trump parece abierto a permitir que Chevron pueda volver a operar en Venezuela.

El propio Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han tratado el asunto tras acordarse que 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela fueran repatriados y 252 venezolanos fueran transferidos a su país tras ser expulsados por Washington a El Salvador, donde fueron encarcelados, según el rotativo, que indica que muchos los detalles de la posible decisión no están claros.

Dos fuentes cercanas al asunto indicaron al Wall Street Journal que para un posible reinicio del bombeo de crudo se exigiría que Chevron no pagara ni derechos de explotación ni impuestos al Gobierno de Venezuela.

«Pese a que no podemos hablar de licencias específicas, podemos afirmar que el Gobierno de los Estados Unidos no permitirá que el régimen de Maduro se beneficie de la venta de crudo», se limitó a responder a EFE un funcionario del Departamento de Estado al ser preguntado sobre el asunto.

En noviembre de 2022, la Administración de Joe Biden (2021-2025) había otorgado licencias petroleras coincidiendo con el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición para la convocatoria de elecciones presidenciales en el país.

Tras su retorno al poder en enero, Trump había anunciado en marzo pasado la retirada de la licencia de Chevron para el 3 de abril, pero posteriormente concedió una prórroga que expiró el 27 de mayo.

Actualmente Chevron dispone de una licencia de operación mínima en Venezuela, que solo permite operaciones esenciales de mantenimiento, como la que tenía antes de 2022.

QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías, y adicionalmente la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según anunció la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo.

«Las desvinculaciones tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia. El Gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, de calidad», aseguró Jaramillo, quien aseguró que las salidas responden a un proceso de análisis que ha hecho cada institución pública y no a criterios políticos.

La portavoz señaló que con las fusiones de ministerios se reduce en un 41 % el número de carteras de Estado y aclaró que en las desvinculaciones no incluyen a médicos, profesores, maestros, policías, militares ni personas de grupos vulnerables.

Estos recortes se realizan en el marco de las metas planteadas por Noboa para reducir el déficit estatal y cumplir con las metas del programa crediticio que su administración firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendente a 5.000 millones de dólares.

Fusión de ministerios y secretarías

Esta medida contempla principalmente la fusión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; que los ministerios de Cultura y Deporte y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación pasen al Ministerio de Educación; que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusione con el de Gobierno, y que el de Ambiente vaya a la cartera de Energía y Minas.

Además, el Ministerio de Turismo se fusionará con el de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca irá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros cambios.

En el ámbito de la seguridad, Noboa ha ordenado también que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que antes rendían cuentas directamente a la Presidencia, ahora lo hagan al Ministerio del Interior.

La portavoz señaló que en los próximos días se anunciará con más detalle cómo serán las fusiones entre las carteras de Estado, ya que algunas pasarán a ser viceministerios y otras «tendrán otras figuras».

«Hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente»

Jaramillo aclaró que los 5.000 despidos no corresponden a la fusión de los ministerios y secretarías, donde también se registrarán salidas adicionales cuando el proceso se complete, sino que responden a un tema de «eficiencia administrativa».

«El resultado de esta mirada de eficiencia ha sido detectar que hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas carteras del Estado», dijo la portavoz.

«No se puede mantener a funcionarios que impiden que se lleve a cabo el trabajo de forma excelente y transparente. No se puede tolerar que haya hombres y mujeres que cuando uno se acerca a un servicio público le contesten: ‘No hay sistema’ y no le den una solución», añadió.

Aseguró también que dentro de estos despidos habrá personas vinculadas con «mafias» que se han enquistado en diversas instituciones del Estado, aunque no mencionó de qué manera las han detectado.

«Una de las visiones y prioridades que tiene este Gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando», mencionó.

Y añadió que todo el proceso de despidos, que será «inmediato», se llevará a cabo respetando las leyes laborales vigentes y la Constitución. «Hay montos que se pagarán por liquidaciones e indemnizaciones y eso está financiado», aseguró.

Tras la salida de los 5.000 funcionarios, el Gobierno abrirá nuevos puestos, aunque en menor número, destinados a jóvenes que quieran ingresar al servicio público, dijo Jaramillo.

Este recorte es el más grande que ha realizado el presidente Daniel Noboa desde que llegó al poder por primera vez, en noviembre de 2023.