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POR WANDRY MENDEZ
El hallazgo de un cargamento de armas y municiones con destino final a Haití no puede quedar reducido a una cifra en un expediente ni convertirse en una noticia que desaparezca entre titulares.
En marzo de 2025, las autoridades ocuparon en el puerto de Haina un contenedor que transportaba 36,000 cartuchos, 23 armas de fuego, cargadores y otros pertrechos militares, presuntamente destinados a las pandillas haitianas.
La gravedad del caso aumenta porque se suma a otros hallazgos de municiones vinculadas a las reservas de instituciones dominicanas y detectadas en poder de grupos terroristas haitianos. El propio Ministerio de Defensa informó que mantiene investigaciones para establecer cómo llegaron esas municiones a Haití.
Conviene decirlo con claridad: la aparición de municiones de origen dominicano en manos de delincuentes no demuestra, por sí sola, que una institución del Estado las haya suministrado. Sin embargo, plantea interrogantes urgentes sobre su custodia, trazabilidad y las redes que pudieron facilitar su desvío. Esas preguntas no se responden con declaraciones generales ni con la presentación de unos cuantos nombres de menor jerarquía.
La ciudadanía necesita conocer cómo operaba esa red, quién obtuvo el material, quién lo empacó, quién gestionó su transporte, quién recibió el dinero y quién facilitó que el cargamento avanzara hacia su destino. Si hubo funcionarios, militares, policías, empresarios o intermediarios involucrados, cada responsabilidad debe establecerse mediante pruebas y someterse al escrutinio de la justicia.
La presunción de inocencia debe respetarse, pero la exigencia de una investigación exhaustiva también.
El país no pide un espectáculo mediático ni condenas anticipadas. Exige una investigación seria, ágil y transparente, capaz de llegar desde quienes ejecutaron las operaciones hasta quienes las organizaron o financiaron. Si las pesquisas conducen a un cabecilla, su identidad y su papel deberán conocerse cuando el proceso judicial lo permita.
La justicia no puede detenerse en el eslabón más débil de la cadena. El país no quiere eso; reclama transparencia y firmeza por parte de las autoridades.
INVESTIGACIÓN SIN PRIVILEGIOS NI ENCUBRIMIENTOS
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ha declarado recientemente que los casos señalados están judicializados y que las investigaciones continúan abiertas para identificar a los implicados. Esa afirmación debe traducirse en resultados comprobables: avances procesales, información sobre las rutas del material y una explicación clara de las medidas adoptadas para impedir nuevos desvíos. La seguridad nacional exige respuestas concretas.
El presidente Luis Abinader tiene ante sí la oportunidad de demostrar que su Gobierno no tolera la corrupción ni protege a nadie por su rango, cargo o influencia. Los ciudadanos que lo eligieron para dos períodos presidenciales esperan que ejerza el liderazgo y la firmeza que ha proyectado y exija a las instituciones una investigación completa, sin privilegios ni encubrimientos.
Este caso toca una fibra especialmente sensible: la soberanía nacional. Mientras miles de dominicanos observan con preocupación la violencia de las bandas haitianas y el peligro que representa el tráfico de armas, la posibilidad de que municiones vinculadas al país hayan terminado en manos de esos grupos exige una respuesta institucional a la altura de las circunstancias. No basta con hablar de vigilancia fronteriza; también es necesario cerrar las brechas que permiten que ese material llegue a la frontera y pase a manos criminales.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La transparencia no obliga a divulgar información que pueda entorpecer una investigación o poner en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, tampoco puede convertirse en una excusa indefinida para mantener al país sin conocer si las pesquisas avanzan, qué responsabilidades se han establecido y cuáles controles se están reforzando. Las autoridades deben explicar lo que sea posible comunicar y rendir cuentas sobre sus actuaciones.
No se trata de lanzar acusaciones sin fundamento ni de desacreditar instituciones enteras por las acciones de individuos deshonestos. Se trata de protegerlas mediante la identificación y sanción, conforme a la ley, de quienes hayan traicionado la confianza pública.
Cuando municiones vinculadas a las reservas nacionales aparecen relacionadas con bandas criminales, el silencio prolongado debilita la credibilidad de las instituciones y alimenta las sospechas. Por eso, resulta indispensable que las autoridades ofrezcan información verificable sobre el curso de las investigaciones, sin comprometer las diligencias judiciales.
EL PAÍS MERECE CONOCER LA VERDAD
La República Dominicana espera que esta investigación llegue hasta el final: desde quienes establecieron el primer contacto hasta quienes dirigieron la operación; desde los intermediarios hasta los eventuales cabecillas. Si hubo responsables, deben responder ante la justicia. Si se produjeron fallas en los mecanismos de control, estas deben explicarse y corregirse. Y si no existió participación institucional, las pruebas deben establecerlo con la misma claridad.
La defensa de la soberanía nacional y la confianza ciudadana exigen respuestas. La República Dominicana merece saber quiénes estuvieron detrás de este caso, cómo se produjo el presunto desvío de armas y municiones y qué medidas adoptarán las autoridades para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin exclusiones, privilegios ni condenas anticipadas. Solo así podrá conocerse toda la verdad y fortalecerse la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad del país.
of-am
