LA VEGA. – El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, encabezó un operativo de asistencia social dirigido a familias damnificadas por los fuertes aguaceros que afectan el país en los últimos días.
“La prioridad es proteger a la gente; no es tiempo de hablar caballá, es tiempo de solidaridad y de acudir en auxilio de quienes atraviesan una situación difícil”, expresó el presidente de la UDC.
Durante la jornada fueron distribuidas raciones alimenticias casa por casa a familias que resultaron afectadas, muchas de las cuales perdieron enseres del hogar tras el desbordamiento de cañadas y acumulación de agua en zonas vulnerables.
OPERATIVO RESONDE A INSTRUCCIONES DE ABINADER
El operativo incluyó los barrios San Miguel, Palmarito, María Auxiliadora, Nibaje, Los Fautos y Carmelita, donde decenas de hogares quedaron en condiciones precarias y con necesidades urgentes de asistencia.
Acosta Moreta explicó que la iniciativa responde a orientaciones del presidente Luis Abinader de acudir en auxilio de la población más necesitada ante situaciones de emergencia, llevando ayuda directa y oportuna a los ciudadanos impactados por el fenómeno atmosférico.
El dirigente político destacó la sensibilidad social del mandatario y su compromiso de brindar apoyo inmediato a las familias afectadas, señalando que el objetivo principal es llevar alivio a quienes lo han perdido todo, así como acompañamiento solidario en momentos de dificultad.
Dos fracasos en dos días. Las negociaciones en Pakistán para lograr una paz duradera con Irán se fueron al carajo por la negativa de Netanyahu para frenar la guerra en el Líbano. Esa era la primera condición exigida por Irán para romper el hielo de las conversaciones. Pero Estados Unidos no pudo convencer a Israel de que parara los combates y se retirara del Líbano.
El otro fracaso fue la aplastante derrota de Viktor Orbán en Hungría, el mejor aliado de Trump en Europa y que recibió el apoyo de J.D. Vance en persona, cuando visitó a Budapest hace una semana.
Para Rusia fue también una derrota, porque Orbán era el único que se oponía radicalmente a que la Unión Europea le diera un paquete de US$90 mil millones de ayuda militar a Ucrania.
Definitivamente, Donald Trump esta desesperado para salir de esta guerra a como dé lugar. Su futuro político está en juego, su imagen se deteriora, su conducta agresiva con la OTAN fortalece a Rusia, el verdadero enemigo de occidente, y la economía de Estados Unidos cae en picada con un repunte en la inflación.
Netanyahu y Trump
Irán también está desesperado por acabar la guerra porque no tiene dinero ni para pagarle a su ejército. Es un pais destruido sin otro camino que luchar hasta la muerte y hacerle el mayor daño posible a la economía global, destruyendo lo que queda (petróleo, gas, puertos, aeropuertos, bases militares y edificios corporativos) de los países árabes del Golfo Pérsico, aliados a Estados Unidos. Llevar el petróleo a más de 150 o 200 dólares el barril es su mayor logro.
Trump afirma que el 95% de la capacidad bélica de Irán está destruida, Israel dice que el 40% de esa capacidad aún existe, con miles de misiles y drones activos.
Pero Israel quiere continuar la guerra hasta lograr su objetivo final, aunque ha sufrido ataques destructivos: Acabar con el régimen de los ayatolá, sacar todo el Uranio de su territorio e instalar un gobierno democrático y prooccidental para controlar el petróleo. Con eso también debilitan a China, donde el 30% de su petróleo proviene de Irán. Es como matar dos pájaros de un tiro.
¿El resto del mundo? Que se joda.
Trump cayó en una trampa de la que hoy se lamenta. Todo fue un engaño de los servicios de inteligencia israelí (Mosad). Puede decir que ganó la guerra 100 veces, pero lo que el mundo esta viendo es que la ha perdido porque Estados Unidos no estaba preparado para una guerra larga.
Tenía una táctica, pero no una estrategia. Netanyahu le vendió la idea de que en dos semanas Irán se rendiría con la destrucción de la cúpula política y militar, incluyendo al Ayatola Jamenei. El pueblo iraní se encargaría del resto con una rebelión que nunca llegó.
¿Como saldrá Trump de esa Jaula? Solo hay una vía. Obligar a Israel a que cese el fuego en el Líbano, retirar su tropas del territorio y volver a la mesa de negociaciones con Irán. Quedan 10 días de cese al fuego. No la desaprovechen.
Hay una generación que no le ha fallado al sacrificio. Madruga, estudia y se forma con disciplina. En los barrios y comunidades vulnerables, muchos jóvenes han apostado al estudio como salida. Sin embargo, la respuesta que reciben es una espera larga. Una espera que, poco a poco, se convierte en silencio.
Hoy, tener un título ya no garantiza un empleo. Pero tampoco debería significar frustración constante. Lo preocupante es el estancamiento: puertas que no abren y procesos que no avanzan. Muchos jóvenes trabajan en áreas que no corresponden a lo que estudiaron. Y aun así, siguen intentando.
La desigualdad se hace evidente al comparar trayectorias. Algunos acceden a oportunidades sin haber recorrido ese camino de esfuerzo. Mientras otros, con preparación y disciplina, siguen tocando puertas. Esa realidad debilita la confianza. Y deja la sensación de que el mérito ya no es suficiente.
A esto se suma la presión del entorno. Familias que esperan resultados y una realidad económica que no da tregua. No es solo una lucha individual. Es una carga social que muchos jóvenes llevan en silencio. Aun así, no se rinden.
La juventud no está detenida, está resistiendo. Busca alternativas, emprende y se adapta. Pero también está cansada. Y ese cansancio se transforma en desencanto. Aun así, persiste.
No se trata de señalar culpables. Se trata de reconocer una realidad que afecta a muchos. Si el esfuerzo deja de ser una vía confiable, el país pierde. Porque cuando el talento espera demasiado, no se detiene. Simplemente, se va.
NUEVA YORK.- Javier Fuentes sugirió la realización de un debate público entre los aspirantes a la presidencia de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aquí como un mecanismo para fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la calidad del proceso interno de escogencia.
Fuentes explicó que este tipo de ejercicio democrático permitiría que la militancia y la comunidad puedan evaluar de manera directa no solo la simpatía de los aspirantes, sino también su nivel de compromiso político, capacidad de gestión, visión estratégica y disposición de trabajo en favor de las organizaciones comunitarias.
“El debate público ayudaría a elevar el nivel de responsabilidad política dentro de la seccional, y permitiría que cada aspirante exponga con claridad sus propuestas, su visión y su plan de trabajo para fortalecer el partido en Nueva York”, expresó el dirigente.
Asimismo, sostuvo que esta iniciativa contribuiría a reducir falencias que suelen presentarse en los procesos internos de escogencia, independientemente de la metodología que finalmente se adopte. En ese sentido, consideró que un debate entre aspirantes complementaría cualquier mecanismo de selección, ya sea por consenso, votación o evaluación de una comisión organizadora.
Fuentes destacó que la propuesta busca aportar mayor transparencia y legitimidad al proceso, al tiempo que promueve una cultura política más abierta, participativa y orientada a la rendición de cuentas dentro de la estructura del PRM en la diáspora.
“El PRM en Nueva York tiene un rol estratégico que requiere una dirigencia con capacidad, responsabilidad y conexión real con la militancia y las comunidades organizadas. Un debate público sería un paso importante en esa dirección”, añadió.
Finalmente, el dirigente reiteró su llamado a que se valore esta propuesta como parte del fortalecimiento institucional del partido en el exterior, en un contexto donde la participación democrática y la transparencia son esenciales para consolidar una gestión política moderna y eficiente.
La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece con meridiana claridad los requisitos para acceder a una pensión por vejez: haber cotizado durante años al sistema, haber trabajado en el sector formal o, en el caso del régimen contributivo-subsidiado y solidario, pertenecer a los grupos de mayor vulnerabilidad económica verificada.
Sin embargo, el gobierno dominicano ha convertido la entrega de pensiones solidarias en una práctica discrecional y clientelar, otorgándolas a personas que nunca han laborado en el Estado ni en el sector formal, muchas veces sin los debidos procesos de verificación socioeconómica que la propia ley ordena. Esta conducta, lejos de ser un acto de generosidad, constituye una violación sistemática del ordenamiento jurídico nacional.
El régimen solidario del sistema previsional dominicano fue diseñado específicamente para proteger a los trabajadores independientes de bajos ingresos y a los ciudadanos en condición de pobreza extrema, previa certificación de su condición por los mecanismos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
La ley es explícita: el beneficiario debe cumplir con criterios técnicos establecidos, no con criterios políticos. Cuando el Poder Ejecutivo o sus dependencias otorgan pensiones solidarias por decreto o por gestión directa de funcionarios, saltándose los filtros institucionales, violentan el artículo 7 de la Ley 87-01, que consagra el principio de universalidad con base en la necesidad real, no en la proximidad con el partido de gobierno.
Otro flanco de ilegalidad radica en el uso de fondos del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para financiar pensiones que no responden a las proyecciones actuariales del sistema.
Cada pensión otorgada fuera del marco legal representa un descalabro financiero para el fondo solidario, cuya sostenibilidad depende de que los beneficiarios sean exactamente los que la ley define. La Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas tienen mandato expreso para auditar estos gastos, pero históricamente han actuado con una pasividad que raya en complicidad institucional.
El problema se agudiza cuando se observa que muchas de estas pensiones son anunciadas públicamente por funcionarios en actos proselitistas, lo que desnuda su verdadera naturaleza: son instrumentos de captación política disfrazados de política social.
Esta práctica viola además la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales, y contraviene los principios de la Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, al generar compromisos presupuestarios no declarados. La judicialización de estas conductas ha sido prácticamente inexistente, lo que perpetúa la cultura de impunidad administrativa en el país.
Desde una perspectiva constitucional, el artículo 60 de la Constitución dominicana reconoce la seguridad social como un derecho fundamental, pero condicionado a la existencia de un sistema regulado, sostenible y equitativo. Otorgar pensiones de manera irregular no amplía ese derecho: lo erosiona.
Cada beneficiario ilegítimo desplaza recursos que deberían llegar a un ciudadano verdaderamente vulnerable que cumple los requisitos. La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional dominicano no han sido suficientemente interpelados sobre esta materia, pese a que existe base jurídica para acciones de inconstitucionalidad por omisión de los controles previstos en la ley.
La sociedad civil y los organismos internacionales como la CEPAL y la OIT han advertido en múltiples informes que los sistemas de pensiones solidarias de América Latina son especialmente vulnerables a la captura política cuando los mecanismos de focalización son débiles.
La República Dominicana no es la excepción: el SIUBEN ha sido señalado en estudios académicos locales por sus deficiencias en la actualización de datos y su permeabilidad a influencias político-partidarias en la certificación de elegibilidad. Fortalecer estos mecanismos no es opcional; es una obligación legal que el Estado dominicano incumple de manera recurrente.
Es urgente que el Congreso Nacional convoque a audiencias de fiscalización sobre la entrega de pensiones solidarias, que la Contraloría inicie auditorías de oficio sobre los últimos cinco años de otorgamiento de estas prestaciones, y que la ciudadanía exija transparencia en los registros del CNSS.
Una pensión solidaria mal otorgada no es un acto de bondad gubernamental: es un robo disfrazado de compasión, perpetrado contra los más pobres que sí califican y contra todos los dominicanos que financian el sistema con sus cotizaciones. El Estado de derecho no puede coexistir con la instrumentalización política de los derechos sociales.
SANTO DOMINGO.- Antonio Almonte, cónsul de la República Dominicana en Boston y asesor energético del Poder Ejecutivo, se reunió con el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, con el objetivo de fortalecer el sector energético nacional y estrechar lazos con actores estratégicos.
Durante el encuentro con el exministro de Energía y Minas, efectuado en las oficinas de la ETED, Almonte reconoció los avances en modernización y nuevas tecnologías de la red de transmisión eléctrica Nacional
Los ejecutivos analizaron los avances alcanzados en materia de transmisión eléctrica, así como los desafíos que supone la expansión de la red para integrar nuevas capacidades tecnológicas, enfatizando la implementación del almacenamiento por baterías, tecnología clave para la estabilidad del sistema actual.
Almonte y Rodríguez intercambiaron perspectivas sobre el fortalecimiento de la infraestructura de transporte de energía, elemento que consideraron vital para garantizar la seguridad, confiabilidad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Rodríguez destacó el rol de la empresa como motor de la transición energética y digital del país. “La ETED no solo facilita el transporte de energía, sino que desarrolla capacidades estratégicas vinculadas a la modernización y sostenibilidad de nuestro sistema”, resaltó.
En el marco de la visita aprovecharon para revisar los planes de expansión vigentes y los nuevos proyectos destinados a robustecer la red de transmisión, acciones que afirmaron están alineadas con las metas de competitividad y desarrollo económico trazadas por el Estado dominicano.
En sociedades marcadas por la incertidumbre, el estrés y las tensiones cotidianas, la salud mental ha dejado de ser un asunto individual para convertirse en un problema colectivo. En la República Dominicana, donde las condiciones sociales y económicas presionan constantemente al ciudadano, fenómenos como la ansiedad y el pánico avanzan en silencio, muchas veces sin diagnóstico ni atención adecuada.
El miedo es una emoción natural, necesaria para la supervivencia. Sin embargo, cuando se manifiesta de forma intensa, repentina y sin causa aparente, puede transformarse en una experiencia profundamente incapacitante. En ese punto emergen las crisis de pánico, episodios agudos que, en algunos casos, evolucionan hacia el trastorno de pánico, una condición clínica que altera de manera sostenida la vida de quien la padece.
Las crisis de pánico son más frecuentes de lo que se cree. Se estima que hasta un 11% de la población experimenta al menos una crisis de pánico en un año, lo que evidencia su carácter relativamente común dentro de los trastornos de ansiedad.
Las crisis de pánico surgen por la combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Influyen desequilibrios neuroquímicos y predisposición genética, junto al estrés, pensamientos catastróficos o traumas. También inciden problemas económicos o familiares, el consumo de sustancias como cafeína o alcohol, y condiciones físicas como la falta de sueño o la fatiga, que activan de forma desproporcionada el sistema de alarma del organismo.
Estas crisis se caracterizan por la aparición súbita de miedo intenso acompañado de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, mareo o sensación de muerte inminente. Aunque suelen durar pocos minutos, su impacto psicológico puede ser duradero. No obstante, una crisis aislada no implica necesariamente la existencia de un trastorno.
El autor es médico. Reside en Santo Domingo
El problema adquiere una dimensión clínica cuando estas crisis se repiten y generan un estado persistente de temor. Es entonces cuando se configura el trastorno de pánico, definido por la presencia de ataques recurrentes junto con ansiedad anticipatoria y conductas de evitación.
En términos epidemiológicos, este trastorno afecta aproximadamente entre 2% y 3% de la población en un periodo de 12 meses, con mayor prevalencia en mujeres y con inicio frecuente en la adolescencia o adultez temprana.
Sin embargo, al aterrizar estas cifras en la realidad dominicana, el panorama se vuelve aún más preocupante. Si el 5.7% de la población de la República Dominicana padece trastornos de ansiedad, entonces el país no enfrenta un problema menor, sino una realidad que supera los 600 mil ciudadanos.
Esta cifra desborda con claridad las estimaciones oficiales que hablan de apenas 450 mil personas afectadas. La diferencia no es un simple error estadístico: es la evidencia de un sistema que no mide, no diagnostica y, en muchos casos, prefiere ignorar la magnitud del problema.
En un contexto donde la salud mental sigue siendo un tema relegado, el subregistro no solo oculta números, sino que invisibiliza sufrimiento, profundiza el abandono institucional y deja a miles de dominicanos enfrentando solos trastornos como el pánico y la ansiedad.
Desde una perspectiva más amplia, el trastorno de pánico forma parte del universo de los trastornos de ansiedad, los cuales constituyen actualmente los problemas de salud mental más comunes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 359 millones de personas padecen trastornos de ansiedad, lo que representa alrededor del 4.4% de la población mundial. Esta magnitud evidencia que no se trata de un fenómeno aislado, sino de un desafío global de salud pública.
La relación entre crisis y trastorno es, por tanto, directa pero no automática. La crisis de pánico es el episodio; el trastorno de pánico es la repetición de esos episodios acompañada de un cambio estructural en la conducta y en la percepción del riesgo. En muchos casos, el miedo deja de estar vinculado a una amenaza externa y pasa a centrarse en el propio miedo: el individuo teme volver a sentir lo que ya sintió.
Este fenómeno genera un círculo vicioso. La persona evita lugares, situaciones o actividades por temor a una nueva crisis, lo que limita su vida social, laboral y personal. A largo plazo, esta dinámica puede derivar en aislamiento, depresión u otros trastornos asociados.
En la República Dominicana, el trastorno de pánico no es solo un problema clínico: es el reflejo de una estructura social que empuja al individuo al límite y luego lo abandona a su suerte. Mientras cientos de miles de ciudadanos viven bajo el peso de la ansiedad y el miedo recurrente, la respuesta institucional sigue siendo débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente.
No se trata únicamente de estadísticas ni de diagnósticos. Se trata de una población que respira con dificultad, que vive en alerta constante y que aprende a normalizar el sufrimiento psicológico como parte de la vida cotidiana. El verdadero problema no es solo la expansión del trastorno, sino la indiferencia estructural frente a él.
Ignorar esta realidad tiene un costo: más enfermedad, más deterioro social y una sociedad emocionalmente fracturada. La salud mental no puede seguir siendo el último renglón del presupuesto ni el tema incómodo del debate público. Porque cuando el miedo deja de ser una reacción y se convierte en una forma de vida, lo que está en crisis no es solo el individuo, sino el país entero.
Durante los episodios de la crisis de pánico, lo recomendable es que persona tenga una respiración controlada, inhala lento por la nariz (4 segundos) y exhala por la boca (6 segundos). Reconocer lo que ocurre: recordarte que es una crisis de pánico, no un peligro real, Técnica de anclaje (5-4-3-2-1): enfócate en lo que ves, sientes, oyes, hueles y saboreas, Relajar el cuerpo: soltar músculos y evitar luchar contra la sensación.
Además, Psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, Ejercicio regular y hábitos de sueño adecuados, Reducir consumo de cafeína, alcohol y otras sustancias, En algunos casos, uso de medicamentos bajo supervisión médica
Lo fundamental es aprender a manejarlas y buscar ayuda profesional si son recurrentes.
La noticia de que la Cámara de Diputados tiene listo un nuevo préstamo de US$200 millones para resiliencia climática obliga al país a hacerse una pregunta más seria: ¿cuánto más va a seguir endeudándose la República Dominicana sin corregir sus fallas estructurales?
La pregunta se vuelve aún más grave cuando se recuerda que cada dominicano carga ya con una deuda pública consolidada superior a US$7,300 por habitante. Esa cifra no es abstracta. Es una alarma nacional.
La deuda no cae sobre una hoja de cálculo. Cae sobre la mesa de la familia dominicana: sobre el salario que ya no alcanza, la compra que se reduce, la medicina que se pospone, el pequeño productor que paga más por transportar y sembrar, y los jóvenes que heredarán una factura que no contrajeron. Por eso el problema ya no es solo contable. Es social y político.
Durante años se nos ha pedido aplaudir el crecimiento. Pero un país serio no puede medirse solo por el tamaño de su economía; tiene que medirse también por cómo crece, a qué costo y quién paga la factura. En las últimas dos décadas, el PIB dominicano creció en promedio 6.8 %, mientras la deuda pública consolidada lo hizo a 9.7 %.
Es decir, el endeudamiento ha corrido más rápido que la capacidad productiva de la nación. Eso no describe un desarrollo sólido; describe una estabilidad sostenida, en buena medida, a crédito.
La comparación histórica sigue siendo demoledora. Si se toma como referencia la deuda externa per cápita, en 1996 ésta se ubicaba en US$462.50 por habitante. Y si se toma como referencia la inversión pública, en ese mismo año el gasto de capital rondaba 6.5 % del PIB. Hoy, en cambio, la deuda por habitante supera los US$7,300 y la inversión pública ejecutada se mueve en niveles muy inferiores, alrededor de 2.6 % del PIB. En otras palabras: el país se endeuda muchísimo más, pero invierte relativamente mucho menos en las obras que sostienen productividad, agua, energía, conectividad y futuro.
No se trata de idealizar ningún pasado. Se trata de constatar una contradicción imposible de maquillar: antes, con menos deuda, el Estado invertía más en capital; hoy, con mucha más deuda, la inversión relativa cae y el país sigue arrastrando déficits estructurales en infraestructura, drenaje, agua, energía y productividad. Cuando una nación se endeuda más pero transforma menos, el problema deja de ser solo económico. Se vuelve una cuestión de dirección nacional.
A la magnitud del endeudamiento se suma otro problema todavía más delicado: la opacidad de su fotografía pública. La cifra de deuda por habitante no siempre deja ver con nitidez la totalidad de los riesgos y obligaciones que orbitan alrededor del Estado a través de fideicomisos públicos y otras estructuras. El debate sobre RD Vial y los riesgos fiscales asociados a estas figuras demuestra que la deuda visible ya es alarmante y que la zona gris que la rodea la vuelve todavía más preocupante.
Mientras tanto, el Gobierno sigue respondiendo a la crisis energética y al deterioro fiscal con más presión sobre el presupuesto y más subsidios generales. Un Estado responsable debe proteger a los más vulnerables. Pero una cosa es proteger mejor, y otra muy distinta es subvencionar de manera generalizada, opaca y poco focalizada, de modo que también termine recibiendo más beneficio quien más consume.
Cuando el subsidio se distribuye por galón, quien más compra absorbe más alivio. En un país con tantas carencias, esa no es la mejor política social. Es una política cara y, muchas veces, regresiva.
Lo más delicado de este modelo es el contraste entre los sectores mejor protegidos del país y una mayoría que cada día debe resistir con menos. Mientras unos convierten el crecimiento en blindaje, para demasiados dominicanos la economía ya no significa movilidad ni progreso, sino resistencia cotidiana. Cuando la abundancia se protege arriba y la estrechez se normaliza abajo, la deuda deja de ser una cifra técnica y se convierte en una pregunta de justicia.
Ahora entramos a un mundo incierto, marcado por enormes turbulencias económicas, y la República Dominicana llega sin márgenes suficientes de protección, con servicios básicos aún no resueltos y sin una estructura productiva sostenible. La crisis encuentra al país tarde y débil, mientras una parte de los sectores más protegidos ya se ha resguardado del sacrificio que hoy recae sobre la mayoría.
Porque al final, la deuda mal administrada no termina en un balance: termina en una mesa más vacía, en una medicina postergada y en un futuro más angosto para la familia dominicana.
DECISIONES
Frente a esta realidad, desde el Foro y Frente Cívico y Social sostenemos que hay cuatro decisiones urgentes que no admiten más dilación: reforzar la seguridad alimentaria y avanzar hacia una verdadera soberanía productiva; migrar hacia un modelo energético sostenible, confiable y competitivo; blindar el sistema fiscal, corregir las distorsiones de exenciones y gastos tributarios injustificados, y terminar con la cultura del déficit permanente; y sustituir los subsidios no focalizados ni auditables por protección directa, transparente y verificable para quienes realmente lo necesitan, preservando al mismo tiempo la estabilidad monetaria y cambiaria frente al nuevo contexto global.
La hora no admite más retórica vacía. Exige responsabilidad, previsión y coraje. La responsabilidad de un liderazgo serio no es administrar el deterioro, sino corregirlo antes de que se convierta en destino. La República Dominicana no necesita más deuda sin propósito nacional. Necesita verdad, disciplina, producción, auditoría y un Estado que deje de confundir endeudamiento con desarrollo.
Porque la deuda que no se transforma en capacidad nacional termina transformándose en dependencia. Y ningún pueblo merece heredar, como si fuera destino, la factura de una dirigencia que, pudiendo corregir a tiempo, prefirió transferirle el costo al futuro.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Alcaldía de Santiago de los Caballeros firmó un acuerdo con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), de España, mediante el cual se otorgarán becas para la formación internacional de los colaboradores del cabildo, sus familiares y miembros del Cuerpo de Bomberos municipal.
El convenio fue formalizado por el alcalde Ulises Rodríguez y el director de Relaciones Institucionales para Latinoamérica de UNIR, Moisés Moya Hernández, con el objetivo de ampliar seguir elevando las competencias profesionales de los servidores públicos municipales.
Rodríguez explicó que “con este convenio seguimos apostando a la formación de nuestra gente. Creemos en la educación como motor de desarrollo y en la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestros servidores públicos municipales para construir una mejor ciudad”.
De su lado, el director de Relaciones Institucionales para Latinoamérica la UNIR, Moisés Moya Hernández, destacó que este acuerdo representa una oportunidad significativa para acercar la educación superior de calidad a los colaboradores del Ayuntamiento, facilitando su acceso a programas académicos innovadores y adaptados a las exigencias del mundo actual.
El acuerdo permitirá a los empleados del Ayuntamiento acceder a programas académicos de grado y más de 400 maestrías en modalidad 100 % virtual, con descuentos que oscilan entre un 40 % y un 60 %, en titulaciones oficiales de España, México y Estados Unidos.
La iniciativa forma parte de la estrategia de la gestión municipal orientada a elevar la calidad del servicio público, a través de la capacitación continua de su capital humano. En ese sentido, el alcalde destacó la importancia de promover oportunidades educativas que impacten directamente en la eficiencia institucional y el desarrollo social de Santiago.
Asimismo, contempla que los beneficios sean extensivos a familiares de los colaboradores hasta segundo grado, quienes podrán aplicar a las becas cumpliendo con los requisitos establecidos por la universidad.
En la política dominicana, pocas cosas resultan tan paradójicas como el choque entre el éxito en la gestión pública y la fragilidad del poder interno. Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo con Dio Astacio, un alcalde cuya aprobación roza niveles casi unánimes, pero que, sin embargo, enfrenta resistencia dentro de su propio partido.
La escena no es nueva en la historia política, pero sí profundamente reveladora. Un liderazgo que conecta con la gente, que exhibe resultados y que se posiciona como activo electoral clave, debería —en teoría— ser protegido, promovido y fortalecido por su organización.
Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: se le disputa, se le limita y, en algunos casos, se le confronta abiertamente. Detrás de ese conflicto no hay grandes diferencias ideológicas ni visiones contrapuestas de desarrollo. Lo que subyace es algo más terrenal: la distribución del poder, los empleos, las cuotas.
Dio Astacio heredó una estructura administrativa copada, con miles de empleados vinculados al partido, lo que ha reducido significativamente su capacidad de satisfacer las demandas de dirigentes que reclaman espacios. Y en política, esa incapacidad —aunque sea estructural— se traduce en malestar.
Dio Astacio
Así, lo que no se puede resolver desde la gestión, se convierte en conflicto político. Pero lo verdaderamente inquietante no es el origen del enfrentamiento, sino su lógica —o la ausencia de ella—.
¿Qué sentido tiene debilitar al principal activo político del municipio más grande del país? ¿Qué cálculo estratégico justifica enfrentar a quien posee la legitimidad social, la visibilidad y la capacidad de movilización electoral?
Figuras como David Colado y Carolina Mejía con aspiraciones nacionales evidentes, parecen moverse en un tablero más amplio. Pero incluso en ese contexto, resulta difícil comprender una postura contraria a Dio Astacio, que, lejos de sumar, divide; lejos de consolidar, fragmenta y que mañana puede pasarles factura.
Y hay una pregunta aún más delicada, que comienza a rondar en voz baja en los corrillos políticos del municipio: ¿han pensado quienes hoy enfrentan a Astacio que podrían estar empujándolo hacia una decisión límite?
La historia reciente ofrece precedentes. El propio presidente Luis Abinader logró articular acuerdos estratégicos —incluyendo entendimientos con sectores vinculados a Leonel Fernandez— para construir una ruta hacia el poder.
En política, las alianzas no siempre son ideológicas; muchas veces son el resultado de presiones, exclusiones o cálculos de supervivencia. ¿Y si el escenario se repite? ¿Y sí, acorralado por su propio partido, un liderazgo con alta aprobación se ve obligado a buscar otros caminos para garantizar su viabilidad política de cara al 2028? No sería la primera vez que un partido expulsa, por acción u omisión, a uno de sus activos más valiosos.
La interrogante entonces deja de ser individual y pasa a ser colectiva: ¿están midiendo correctamente las consecuencias de este enfrentamiento? Porque más allá de las tensiones internas, lo que está en juego es la cohesión del partido, su capacidad de competir y su estabilidad futura. Debilitar un liderazgo fuerte no solo afecta a la persona; erosiona la estructura que depende de él.
Mientras tanto, en las bases, crece otro sentimiento igual de peligroso: el de dirigentes que, sintiéndose ignorados, optan por la confrontación lateral en lugar de canalizar sus demandas hacia donde realmente se toman las decisiones, que es la presidencia de la Republica.
Se organizan, presionan, se «apandillan», pero no necesariamente contra el centro real del poder, donde está su deuda, y la solución a su problema, sino contra quien tienen más cerca. El resultado es un círculo vicioso: más división, más resentimiento, menos cohesión. Y en medio de todo, la gran pregunta sigue sin respuesta convincente: ¿Cuál es la lógica de este enfrentamiento?
Si se observa desde la racionalidad política, cuesta encontrarla. Si se analiza desde la estrategia electoral, resulta aún más difícil justificarla. Y si se mira desde el interés colectivo del partido, el cuadro se torna preocupante.
Tal vez, como sostienen algunos en voz baja y otros ya comienzan a decir en público, no se trate de una jugada calculada, sino de algo más simple y más peligroso: una expresión de inmadurez política. Porque cuando un partido decide —consciente o inconscientemente— debilitar a quien más votos puede aportarle, no está demostrando fuerza, sino vulnerabilidad.
Y la historia, siempre implacable, suele pasar factura a ese tipo de errores.
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