Las elecciones municipales de la nación dominicana a celebrarse en el día de ayer domingo 16 de febrero del presente año, en las que se disputarían 158 alcaldías correspondientes a igual número de municipios en todo el país, como se sabe, fueron suspendidas vergonzosamente por causas que hasta el momento no han sido explicadas de formas convincentes, con el agravante de que se ha estropeado la democracia, la institucionalidad, la confianza y por supuesto el presupuesto del país.

Proceso que se vio ensombrecido o empañado por denuncias de haberse cometido diferentes delitos electorales, como compra de cédulas y amenazas de cancelaciones de sus puestos de trabajo aquellos empleados que no votaran por los candidatos del oficialismo, pero también por el uso y abuso de los recursos del erario con fines clientelistas o políticos.

Ahora se espera que la Junta Central Electoral de la República Dominicana ofrezca una explicación valedera del por qué de la suspensión de las fracasadas elecciones municipales y cuándo éstas serán reprogramadas haciendo uso de medios creíbles que no se presten a engaños o intervenciones automatizadas como se especula que estas fueron violadas.

Además lo lamentable es que el pueblo es quien tiene que financiar la repetición de las elecciones suspendidas que no sabe ya de dónde buscar más dinero.

A raíz de la suspensión de dichas elecciones municipales por los motivos que aún se desconocen se ha creado una verdadera crisis institucional y política de impredecibles consecuencias para la salud de la patria.

Se abrigan las esperanzas de que las venideras elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse el 17 de mayo del presente año 2020 sean, transparentes y se informe sin tapujos el dinero que en ellas ha de erogarse y la modalidad de votación que ha de utilizarse a los fines de evitar las mismas irregularidades que adornaron las abortadas elecciones municipales.

En la vida todo tiene un costo justo o injusto. En el caso de los eventos electorales dominicanos la erogación de dinero proveniente de los contribuyentes es sumamente alta ya que quienes financian las campañas y los procesos eleccionarios de las autoridades gubernamentales nacionales y locales es el pueblo que con mucho esfuerzo se desprende de parte de sus exiguos emolumentos y pasan a formar parte del presupuesto de la nación y que los malos gobernantes hacen uso indebido del mismo, por lo que se ha de estar vigilante del uso que se le da a este.

Dinero no presupuestado para los indicados fines lo cual constituye una violación a la Ley Orgánica de Presupuesto General del Estado No. 423-06 y la Constitución de la República aunque dicha práctica que no constituye ninguna novedad en la República Dominicana muy especialmente de parte de las actuales autoridades que administran la cosa pública como si se tratara de gastar a manos llenas recursos propios.

Lo grave de esto es el abuso que se hace de los recursos del Estado, práctica recurrente que no recibe ni la menor penalidad como establecen las leyes dominicanas.

Exceso de gastos, la mayoría de ellos sin justificación lo cual se podría extrapolar en lo inmediato a la campaña electoral presidencial y congresuales que la Junta Central Electoral dejará abierta a partir de este mes de febrero del año en curso.

En ese sentido, se teme que las autoridades de turno con tal de mantenerse en el poder a como dé lugar incurran en indelicadezas al tirar el barco por la borda al hacer uso y abuso del dinero público en la campaña que se avecina, editando lo que han hecho en certámenes electorales similares, provocando con ello la profundización de los déficits fiscales.

Al ocurrir una vez más la violación de la ley y la Constitución de la República en lo que respecta al Presupuesto General del Estado, las nuevas autoridades resultantes del próximo certamen electoral estarán obligadas en lo inmediato acelerar la elaboración de la necesaria y reclamada reforma fiscal.

Más aún, cuando se sabe que los déficits fiscales planificados nunca han coincidido con la ejecución presupuestal pues siempre cierra con un nivel de déficit mayor al que se formuló previamente.

Reforma fiscal que tendrá que incluir ajustes en los ingresos y los gastos para cerrar el incontrolable desfase entre dichos renglones presupuestales y así evitar mayores presiones de endeudamiento que han caracterizado las gestiones de los gobiernos del partido en el poder.

Reforma fiscal a formularse antes del inicio de la nueva gestión gubernamental, pautada para el 16 de agosto de 2020, la que tendrá que hacerse en base a una negociación que será cualquier cosa menos sencilla.

Si se logra sin traumas dicha reforma podrá celebrarse con bombos y platillos pues sería la mejor forma de ir cerrando la brecha abismal del déficit fiscal que les dejarán de regalo las actuales autoridades a las nuevas, constituyéndose este en un regalo envenenado.

El año pasado 2019 el déficit presupuestal fue de un 1.7% pero el mismo término en 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

No es de extrañar que para el presente año 2020 el déficit fiscal sobrepase el 2.3% el cual requerirá de un gran sacrificio de parte de los contribuyentes.

Con la simple recaudación impositiva programada y las nuevas emisiones de deuda no sería suficiente para cubrir dicho déficit.

En un país con instituciones sólidas las autoridades salientes les dejen las cuentas de las finanzas públicas saneadas a las nuevas autoridades, siempre que se actué de buena fe y se haga buena administración del erario.

Los ingresos públicos totales de República Dominicana han oscilado en media entre el 13 % y el 15.6 % del PIB. Los gastos medios han oscilado entre el 15.6 % y el 17.8 % del PIB, dando una diferencia de 2.20% del PIB por año.

Ante la alternativa de recortar el gasto es necesario aumentar los impuestos. Pero ¿cuáles? Se propondrían, entre otros, abordar la imposición de las plataformas digitales, la tasa Google y transacciones financieras, además de aumentar la imposición a los más ricos o cerrar los agujeros fiscales que permitan eludir impuestos a las grandes empresas así como las compras de menos de US$200.00 por internet pero hay poco margen para hacer los mismos.

Si se quiere cerrar el desfase entre ingresos y gastos que este año se estima que será de más de un 2.0% mayor al de los años anteriores, habrá que abordar seriamente la eliminación de exenciones y excepciones en el impuesto sobre los beneficios, mejorar la eficiencia recaudatoria del ITBIS, aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta y ampliar las bases de cotización.

De lo contrario sería difícil corregir las desigualdades y la deuda dominicana no disminuirá de forma sostenible.
Es aconsejable que desde ya se vayan planificando los ajustes que haya que hacerse en relación a los ingresos y gastos, por supuesto en relación a este último renglón actuar de forma comedida ya que son muchos dominicanos desposeídos que se benefician a través de los gastos sociales que el gobierno provee sujetos a las recaudaciones impositivas y de otras fuentes de recursos captados.

Desde ya se debe adoptar una cultura de ahorros públicos a los fines de incrementar las inversiones a largo plazo con fondos propios y esto solo se logra siempre que los gastos sean de calidad mediante una gestión eficiente y efectiva, donde impere la racionalidad en los gastos.

El tiempo apremia por lo que es necesario ir pensando en reformular el último cuatrimestre de este año en materia presupuestal a los fines de que el próximo gobierno pueda administrarse lo más eficiente posible al tiempo de revisar la formulación del presupuesto para el año 2021.

El controlar los déficits y con ellos el endeudamiento desmedido que hoy traspasa la barrera del 50% del PIB se evitaría al pueblo dominicano consecuencias extremas como seria la imposición de más impuestos y la suspensión de los compromisos de pagos por deuda o default y con ello la insolvencia del país ante los mercados financieros internacionales.

Eh ahí el caso de Argentina que ha tenido que arrodillarse ante los tenedores de los bonos soberanos de esa nación suramericana y tener que cumplir a regañadientes las rigurosas condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde aquí se apela al buen razonamiento, cordura y consideración si es que las autoridades actuales que han de desocupar la casa de gobierno el próximo 16 de agosto del presente año aun no las han perdido, a los fines de evitar que dejen las arcas del Estado en condiciones más deplorables de las que hoy se encuentran pues el más perjudicado por las ambiciones desmedidas que exhiben y practican los funcionarios palaciegos, es el pueblo dominicano.

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