La contribución del Estado es tan vital para los partidos políticos, sobre todo los de oposición, que, a causa de la inesperada decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de someter su reducción en un cincuenta por ciento en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2021, se convirtió en el primer punto de coincidencia entre los ex presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, desde la formalización de la división del Partido de la Liberación Dominicana, después de las elecciones primarias del 6 de octubre del 2019.

 

El impotente grito de dolor, lanzado al unísono por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), contra la sorpresiva iniciativa del presidente Abinader, es una viva muestra del grave efecto que podría tener esta medida en perjuicio del buen funcionamiento de los partidos políticos.

 

Antes de que en la mayoría de las naciones europeas se aprobara, después de la Segunda Guerra Mundial, la contribución del Estado a favor de los partidos políticos, estos se sostenían, principalmente, de los aportes que les hacían sus afiliados mediante cuotas, que era el modelo que utilizaban tradicionalmente los sindicatos.

 

Hasta mediados del siglo pasado, la principal justificación de la contribución del Estado a favor de los partidos políticos se basaba en evitar que dependieran de los intereses económicos de los particulares. Luego vino la crisis de los afiliados y, por vía de consecuencia, la baja estrepitosa de las recaudaciones, tal y como varias décadas después ocurrió en la República Dominicana. Pero, más adelante se le sumó un factor mucho más determinante: el encarecimiento de las campañas electorales. La principal causa fue la entrada de la televisión, altamente costosa, pero determinante para el éxito de una campaña electoral.

 

Respecto a lo anterior el filósofo político Ronald Dworkin, reflexiona en “La democracia posible”, de la siguiente manera: “Sabemos que el dinero es la maldición de nuestra política. Los candidatos y los partidos políticos colectan sumas enormes para financiar sus diferentes campañas electorales, y esta práctica corrompe la política y el gobierno por muchas y perfectamente identificables razones”.

 

Sin lugar a dudas, previendo sabiamente los efectos antes referidos, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, decidió impulsar el modelo mixto de financiación pública y privada que prevalece en el país.

 

A pesar del financiamiento público, el alto costo de la política obliga a los partidos a depender, en gran medida,de los grupos económicos, ya que no le pueden requerir a sus afiliados el pago de cuotas de contribución, como lo hacían en el pasado. Por tal razón, los que antes eran partidos de los afiliados hoy son partidos de los empresarios. Como producto de esto el poder ha sido asaltado por personajes como Berlusconi, Trump, Piñera, etc.

 

Finalmente, podemos afirmar que la eliminación o reducción de la contribución del Estado a los partidos políticos va en contra de la democracia representativa, tomando en consideración que las principales atribuciones de los partidos son las de presentar las propuestas de candidaturas a los cargos de elección popular, de gobernar apegado a la Constitución y las leyes, así como de hacerle una oposición efectiva al gobernante de turno, para lo cual deben disponer de los referidos fondos.

 ej.olivares@hotmail.com

JPM

En su planificación estratégica en torno al desarrollo de nuestra nación,  el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), ha visualizado en diferentes ocasiones, la necesidad de que los Gobiernos Locales asuman una correcta planificación del empleo de los recursos estatales y municipales que administran, además, de las políticas y acciones, que deben ejecutar en cada una de las comunidades, que integran el territorio nacional.

Lineamientos que prioriza, tomando en consideración, que los cambios requerimos de cara al presente y al futuro inmediato, claman de quienes dirigen nuestros ayuntamientos, una rotura absoluta con la improvisación, empirismo y el individualismo, teniendo por soporte, las herramientas que para el desarrollo estratégico, son trazadas por la Ley 498-06 referente al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, además, por la Ley 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Herramientas que valora sus impactos positivos, al ponderarlas como fuertes columnas, sobre las que el país debe hacer surgir en los alcaldes y alcaldesas, así como, en los regidores y regidoras, que conformarán los consejos municipales en el cuatrienio 2020-2024, una visión, que les oriente no solo a conocer la planificación estratégica en su mayor plenitud, sino también, a plasmar a través de ella sus planes en los gobiernos municipales, en pro de la correcta sustentación del progreso social y la solidez institucional.

Evolución histórica y legal de los ayuntamientos:

Juan Pablo Duarte, conocedor de la importancia y la incidencia de los Gobiernos Locales en las sociedades democráticas, quiso que éstos (los Ayuntamientos) constituyesen un poder real dentro de la estructura del Estado que recién acababa de nacer con la Constitución de 1844, al efecto creó el Poder Municipal como uno de los Poderes del Estado, inspirado en  lo que había visto y vivido en la Europa del siglo XIX, sin embargo,  la ausencia de un bien articulado desarrollo sociopolítico de la sociedad dominicana, hizo que esta disposición constitucional durara muy poco, y al efecto, los gobiernos caudillistas que surgieron posteriormente, no tardaron en modificar esa Constitución, eliminando de la condición de Poder del Estado a los Ayuntamientos, pasando éstos a ser una dependencia política del Poder Ejecutivo de turno.

La Municipalidad Dominicana corrió la misma suerte que nuestra nación, se sumió en un profundo atraso, sin normativas que permitieran convertir los Gobiernos Locales en verdaderos rectores del territorio que administraban. En poco tiempo, los Ayuntamientos se fueron debilitando y empobreciendo, al pasar de ser dueños casi absolutos de enormes extensiones de terrenos a frágiles estructuras, en razón, de las perjudiciales consecuencias de comportamientos irracionales engendrados por apetencias personales desmedidas, por las cuales, se les fue despojando de sus territorios para pasarlos a manos privadas, lo que no ha cesado aún hasta nuestros días.

No fue hasta muy avanzada la llamada “Era de Trujillo”, cuando los Ayuntamientos comenzaron a ser normados en su funcionamiento, con la creación de la Ley 3455 del 21 de Diciembre del año 1952 y la anterior creación del Organismo Rector para los mismos: La Liga Municipal Dominicana, creada mediante la Ley 49 del año 1938.  La creación de la Liga Municipal, fue el primer paso dado por Trujillo para controlar los Cabildos y privarlos de su autonomía. Hay que admitir que esta Ley, aunque carente de los instrumentos legales que fuesen capaces de crear Unidades Administrativas realmente autónomas financieramente hablando, constituyó un gran avance para la época, ya que al menos existía un marco legal administrativo diferente, aunque no resolvía ni en forma remota los aspectos de la economía municipal.

A principios de la década de los 80´s en el gobierno del Dr. Jorge Blanco, se aprobó la Ley 140, que les daba participación de un 20 por ciento de los ingresos por Rentas Internas a los Ayuntamientos, éste, podemos decir, fue el primer intento en firme de ir creando la base para la autonomía financiera de los Cabildos.

No fue hasta el año 1997, con la aprobación de la Ley 17-97, que los Ayuntamientos comenzaron a participar (aún sea de manera pírrica) en el Presupuesto Nacional, al asignárseles aún sea en papel, un 4 por ciento del monto del Presupuesto General de la Nación, para distribuirlo de manera proporcional entre los 108 Municipios de la época, así como unas decenas de Distritos Municipales.

En virtud de reclamos de la Sociedad Civil en estamentos estatales y de  organismos Internacionales, para convertir los Ayuntamientos en verdaderos instrumentos de Gobernabilidad Local, con autonomía económica y financiera, surgió  la Ley 176-07, que les confiere un 10 por ciento del Presupuesto Total de la Nación para todos los Ayuntamientos. Esta Ley, que distribuye y regula el uso de esos fondos,  consigna  que los Alcaldes (sas) no pueden exceder determinados límites en el uso de los recursos en las áreas a ser empleadas, sin embargo, necesita de urgentes transformaciones, para cumplir con el referido objetivo.

Acoplamiento de los ayuntamientos a los nuevos sistemas legales:

La ley 498-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, traza los ejes centrales en los cuales deben basarse las inversiones consignadas en el Presupuesto Nacional y Local de cada Región del País.

Pero más completo aún es el instrumento que pone en las manos de los Consejos Municipales y en los (as) Alcaldes (as) la ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

En las citadas leyes, además en el mandato de la ley 176-07, que regula el funcionamiento de los Ayuntamientos, y la misma ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, residen los instrumentos básicos, para que los Ayuntamientos planifiquen el desarrollo estratégico de sus demarcaciones.

Al efecto, para la dirección  técnica del CRD, los ejes centrales del desarrollo Regional y Municipal que conforman el conjunto de la nación, están muy bien diseñados en los instrumentos legales citados; por tanto, sólo hay que acogerse a ellos y seguirlos como guías, no hay que inventar nada, sólo requerimos cumplir con el mandato de las mismas para conducirnos por un rumbo correcto.

Directrices y cambios por ellos asumir:

Si bien es cierto que el CRD es partidario de Ayuntamientos fuertes, autónomos económica y financieramente hablando, su dirección técnica entiende, que urge fortalecer en muchos aspectos a los Gobiernos Locales, antes de poner más recursos en manos de estas entidades.

Esto así, en virtud de que constituye una de sus principales interrogantes, si los Ayuntamientos habilitados para recibir más los recursos de los que hoy perciben, poseen la solidez institucional y gerencial para  entregárseles  mayores partidas, sin que se multipliquen los escándalos de corrupción y desorden que se palpan a su interno en forma permanente.

Ve por tanto, que pese a ser la  Ley 176-07 muy amplia en contenido y como tal abolió totalmente la Ley 3455, ésta última, aunque pareciera obsoleta, tenía más controles sobre los recursos de los Cabildos, pues le confería al Consejo de Regidores la facultad de contralor de los recursos, y  además, otorgaba al presidente del consejo, la función de firmar cada uno de los libramientos de los cheques que solicitaba el Síndico o Alcalde.

Contempla que con la antigua ley, contrario a la actual, la Liga Municipal Dominicana (LMD), era otro instrumento regulador que mantenía un departamento de inspección y supervisión, con auditorías frecuentes a los diferentes Ayuntamientos.  De igual forma, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, ejercían un control real sobre los fondos de los Cabildos.

Respecto a la cual estima,  que al desbordarse el número de Unidades Municipales, existiendo hoy más del doble de las de los años 90´s  y sigue en aumento, además de crecer de manera exponencial los fondos asignados a los cabildos, con relación a los de esa época, se hace necesario, que se tomen algunas medidas tendentes a fortalecer la Ley 176-07, como son las siguientes:

1.-Fortalecimiento institucionalmente de los Ayuntamientos en su funcionamiento y en sus órganos de dirección:

1.1.- Poner un tope a la cantidad de regidores en cada demarcación, o al menos, que su crecimiento se revise cada 30 ó 40 años y que el crecimiento en ningún caso pueda exceder el 10 por ciento de la matrícula existente.- 1.2.- Que los regidores definitivamente, pasen a ser elegidos por circunscripción electoral dentro del Municipio..-1.3.- Devolverle al Concejo Municipal atribuciones que le confería la Ley 3455, de poder ejercer el rol de verdaderos controles de los recursos del Cabildo, debiendo aprobar a través de su presidente los libramientos de los cheques..- y, 1.4.- Abolir la Liga Municipal Dominicana, por carecer de razón de ser y por no jugar ningún rol en la actualidad en beneficio de los Ayuntamientos y del país; en su defecto, con los fondos que maneja, crear instrumentos de fiscalización eficaz y fortalecer los controles internos de los Ayuntamientos, permitiendo que los Concejos Municipales puedan disponer de Asesores en distintas disciplinas sensibles, contratados, cuando fuese necesario, para Proyectos muy específicos y de alta importancia para el Municipio.

2.- En los aspectos administrativos:

2.1.- Que la Ley establezca la obligatoriedad de que el ejercicio fiscal pasado sea auditado dentro de los primeros 6 meses del año siguiente. Para éstos, se pueden habilitar fondos especiales de los que maneja la Liga Municipal Dominicana, para la contratación de auditores que sean capacitados exclusivamente para asuntos municipales, de esta forma, los problemas que puedan surgir se detectarían con tiempo, no después que ha pasado la Administración, y,  2.2.- Reforzar o crear los mecanismos de sanción, para evitar que se produzcan tantos escándalos en los Gobiernos Locales, obligando que los Concejos de Regidores y los Alcaldes cumplan con la Ley que prohíbe legislar en su propio beneficio, auto asignándose salarios, pensiones y otros beneficios, sin ningún tipo de control. 

Acciones y políticas recomendadas por el CRD:

Al haberse producido en este año  un nuevo cuatrienio donde nuevas autoridades municipales fueron  juramentadas en 156 Ayuntamientos y en unas 254 demarcaciones de Distritos Municipales, el Consejo Regional de Desarrollo (CRD), quiere hacer suyo el sentir de la sociedad para llamar a los (as) alcaldes (as) y a los (as) regidores (as), a mirar hacia lo que claramente establecen las Leyes 498-06 y 1-12 sobre la planificación del desarrollo estratégico en sus Municipios.

En el CRD, entendemos que las autoridades municipales en funciones deben interesarse en conocer las mismas y tenerlas como libro de consulta en sus escritorios, además comprender, que la Liga Municipal Dominicana, pese a ser un instrumento ya fuera de lógica en la vida municipal moderna, pero que aún es una realidad en nuestro País, y que maneja cientos de  millones de pesos cada año, provenientes de los recursos de los Ayuntamientos, debe ser el órgano que vigile, eduque y garantice que los Ayuntamientos no ignoren estas Leyes y planifiquen sus presupuestos conforme a las mismas.

La inquietud del organismo  sobre estos temas no es nueva; al estar muy consciente de la importancia de los Gobiernos Locales como instrumento básico del desarrollo de cualquier país,   tomando por  ejemplo, .que las naciones que han alcanzado elevados niveles de desarrollo (Estados Unidos, Europa y los Países avanzados del Continente Asiático), lo han logrado en base a una profunda y efectiva planificación conjuntamente con  la descentralización de los Gobiernos Locales.

Como parte vital, de estos objetivos, entiende que los ayuntamientos deben ser fortalecidos institucionalmente y la misma Ley 176-07 deberá ser revisada profundamente más temprano que tarde, sobretodo, porque nuestro país no puede seguir aumentando de manera exponencial las Unidades Administrativas Municipales (Ayuntamientos, Juntas de Distritos), sólo por apetencias políticas de los partidos o de los legisladores para ganar adeptos, en virtud, de que la sanidad de su economía, no soporta que cada cantidad de años, se duplique o triplique la nómina de regidores, por el simple hecho de la población aumentar; lo que obliga a legislar en dicho sentido para poner un tope.

Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) el hecho que en sólo 48 mil kilómetros cuadrados,  tengamos más de 400 Unidades Administrativas Municipales y más de 4 mil funcionarios electos,  debe llamar a la reflexión y la sociedad debe crear los mecanismos legales para que en unos años más estos números no sigan en aumento, para así lograr  la erradicación de las inadecuadas decisiones políticas soportadas en la creencia que desarrollar y descentralizar debe resultar de la fabricación de muchos cargos electivos y burocráticos.

Los autores  son:

1).Ing. Ramón Ureña Torres, Director Cibao Central del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), ingeniero, experto en asuntos municipales y medio ambiéntales. Tel. 809-244-5496-Correo. crd.consejoregionaldedesarrollo@yahoo.com, San Francisco de Macorís, RD.

2).Ing.  Luciano Bertozzo,  Director Técnico del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), experto en planificación y desarrollo. Tel. 809-244-5496- Correo. crd.consejoregionaldedesarrollo@yahoo.com, San Francisco de Macorís, RD.