El siguiente artículo fue publicado por primera vez en Clave Digital, el lunes, 06 de abril de 2009, después de 11 años aún tiene la misma vigencia y muestra nuestra visión prospectiva en la materia, ya que el sistema de justicia sigue desvinculado y excluyendo a la Policía Nacional de los avances y reformas del poder judicial, por lo que sigue pendiente consensuar reglamentos y trabajar integrados los jueces, fiscales y policías. Siendo para nosotros inexplicable que a pesar de ser la policía el brazo fuerte de la justicia, la misma, siga al margen de los procesos. A continuación texto original:

Luego de casi quince años de reforma en el sistema de justicia dominicano, en el que se han obtenido grandes logros como hemos citado en el artículo anterior, debemos agregar que la ciudadanía ha tomado en cuenta estos avances logrando la justicia su más alto índice de confianza de su historia, prestigio que ha trascendido internacionalmente.

Al reconocer estos grandes avances de toda la modernización, la mejoría de recursos, la capacitación y otros esfuerzos mencionados, no debemos dejar fuera que, a pesar ello, se mantiene la marcada lentitud en los procesos del sistema judicial, lo cual es sufrido por los demandantes de justicia y reconocido por muchos de los actores, quienes enfocan esta situación en varios factores fundamentales: la limitación de recursos, la falta de coherencia y modernidad del sistema legal dominicano y las fallas institucionales con falta de consenso en los demás actores de la justicia. Sobresale lo costoso de los procesos judiciales, lo que hace que la demanda o acceso a la justicia sea caro y por ende, con frecuencia inaccesible para los pobres.

Con lo antes dicho se demuestra que hacen falta más tribunales y más personal especializado en las diferentes áreas que competen a la justicia, pero sobre todo se requiere una gran inversión para la tecnificación y equipamiento de laboratorios criminalistas o de policía científica, un centro de criminología para la especialización de un cuerpo investigativo más amplio dentro de la policía nacional y un reglamento consensuado para la relación jueces-fiscales-policías, requerido para la aplicación del Código Procesal Penal y superar los conflictos que aún persisten. También se requiere de una eficiente y moderna cadena de custodia para el sistema de pruebas.

Por otra parte, para fortalecer el sistema de justicia se hace necesario más independencia del ministerio público e institucionalidad en su carrera, la constitucionalización de las funciones de seguridad ciudadana, que responsabiliza a la Policía Nacional de la seguridad interior del Estado y fortalezca su carrera profesional por especialidad. Además la creación de un plan de nación continuo, a través de los años e independientemente de la administración que pudiera ostentar el poder, a fin de institucionalizar un proceso de reforma constante. Constante, porque las políticas públicas de seguridad y de los sistemas de justicia no se detienen, deben actualizarse y adaptarse a los nuevos mecanismos de criminalidad y conflictos sociales, de manera que no den espacio a los grandes flagelos.

Los países con sistema de justicia avanzado miden su eficiencia a través de la duración de los procesos y de la cantidad de casos resueltos con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, igualmente pasa con la eficiencia policial, esto es en cuanto a los casos por resolver. Pero la eficiencia real de la policía se mide con incidencia cero o la menor tasa de delitos, o sea que su esfuerzo o misión principal es prevenir la comisión de crímenes y delitos, no resolver dichos casos sino evitarlos. Perseguir infractores de las leyes siempre debe ser secundario, ya que hace a la policía más represiva, por el contrario el enfoque de una policía moderna y eficiente, es preventivo.

Todo lo que sucede o suceda en la administración de justicia debe ser transparente y ejemplar, pues para tener la capacidad ética y moral de juzgar a los demás, se debe predicar con acciones ejemplares basados en una doctrina de ética y moral intachable, pues no podemos permitir que se retroceda en los avances que se han logrado en el sistema de administración de justicia dominicano. Estamos a tiempo para sacar o dividir la política partidista que pueda quedar o que pueda influir al sistema. En estos momentos de turbulencia, crisis y duda de la institucionalidad política y estatal de la República Dominicana se requiere de un fortalecimiento de garantía en la demanda de justicia y respaldo al estado de derechos.

La situación de disconformidades en la justicia dominicana en realidad es una oportunidad que a la vez se convierte en un gran reto para que las demás instituciones que apoyan o que auxilian los procesos judiciales deban estar cónsonos con los avances del sistema judicial. Por otro lado, es esperanzador la oportunidad que nos brinda seguir desarrollando y fortaleciendo el sistema judicial a fin de convertirlo en un contrapeso o control de los demás poderes del Estado y todas sus instituciones, provocando el fortalecimiento democrático del Estado dominicano.

Siendo la República Dominicana uno de los países más avanzados en tecnología de la comunicación, es oportuno aprovechar los medios de comunicación para orientar y educar a la ciudadanía en general en civismo, en el respeto a las normas establecidas, en crear conciencia en derechos y deberes ciudadanos; con la finalidad de fortalecer la institucionalidad y el estado de derechos. Pues sigue siendo desconocidos para la ciudadanía, los avances logrados en el sistema de justicia dominicano, en cuanto a las normativas, especialmente lo referente a la Ley No. 76-02, Código Procesal Penal y la Ley No. 136-03, Código del Menor. Esto ha traído grandes confusiones y escepticismos a la población.

En cuanto al tema de reforma policial, como actor  involucrado en la misma, además de los estudios e investigaciones realizados y gracias a 26 años de servicio, podemos concluir que dentro de las principales deficiencias o fallas de la institución policial resaltamos lo siguiente:

• Constitucionalizar la función policial. Responsabilizándose como su misión principal la seguridad interior, además incluyendo la creación de un consejo de seguridad interior y de seguridad pública.

• Eficiencia, adecuación y reglamentación para la Policía Técnico-Judicial (Policía Investigativa y Científica). Como dependencia de la Policía Nacional y acorde al Código Procesal Penal.

• Gerencia y liderazgo.

• Integración y sinergia, para lograr la cohesión institucional.

• Planificación estratégica a mediano y largo plazo, y operativa-táctica a corto plazo.

• Sistema de análisis de información policial para monitorear los cambios.

• Centro de estudio criminológico.

• Aplicación de la criminología en la función policial.

• Control y personal especializado en la frontera domínico-haitiana.

• Transparencia, fiscalización y equidad en la distribución de los incentivos y beneficios a los miembros policiales (partidas presupuestarias y sobresueldos).

• Promover la honestidad, valores éticos y morales.

• Institucionalidad, transparencia y eficiencia en Asuntos Internos.

• Defensa y cuidado a las propiedades del Estado.

• Mecanismos eficientes de expresión y difusión de información y comunicaciones internas, externas y de las relaciones públicas en la institución policial.

• Unidad de rescate.

• Unidad de negociación.

Refiriendo la reforma policial con más detalles nuestro libro “Redefinición Policial: Garantía de la Seguridad Ciudadana” el cual comenzamos a escribir en año 1999 y fue publicado en el 2004, no es más que una propuesta para la transformación de nuestra institución policial, a través de la comunitarización y democratización. Se resume en ocho aspectos importantes:

• Selección e ingreso riguroso y estricto de los recursos humanos.

• La depuración, clasificación y distribución por especialidad de los recursos humanos (aplicando la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa) y de esta forma hacer estables y permanentes en sus puestos a los policías especializados en el desempeño de las diferentes funciones o áreas especializadas.

• Mejorar la calidad de vida de los policías, a través de una seguridad social integral y de mayor presupuesto institucional con salarios más adecuados. Reconociéndose el alto nivel de riesgo que tiene la función policial.

• El establecimiento de un sistema de educación y capacitación estructurado en la filosofía comunitaria (rol preventivo y mediador) y en la actualización del ordenamiento jurídico en su papel de Policía Técnico-judicial. Estableciendo Doctrina policial y los protocolos requeridos para cada operación.

• Manual para el desempeño de funciones y uso de formularios.

• Fortalecer el servicio de patrullas en la calle, a pie, montada (caballo y bicicleta) y en diferentes tipos de vehículos de motor, incluyendo unidades aéreas y acuáticas, aplicando la comunitarización (acción proactiva) y territorialización (sectorizada o delimitación de áreas).

• Satisfacer la carencia de un sistema de gestión de información y análisis, uso de la criminología.

•  Ampliar y consensuar las políticas de seguridad pública.

Esta oportunidad se presta para crear un nuevo modelo de policía, con una visión civil y democrática diferente a la tradicional, basado en acciones proactivas y gestión de resolución en forma pacífica para las diversas manifestaciones de la conflictividad social.

Estos cambios aseguran la eficiencia policial para salvaguardar el progreso, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, como también la calidad de vida de los habitantes, el equilibrio de las ciudades, la paz y la seguridad pública y ciudadana.

Afirmamos que la comunitarización policial es la única garantía para implantar el estado de derecho democrático, dentro de un estado de situación objetivo y subjetivo en que las personas sientan protegidos sus derechos, entre los cuales están la paz social y la seguridad ciudadana.

Independientemente de las diferencias y aspectos que puedan haber quedado sin aclarar en la presentación de esta propuesta, queremos pedirle integración. Estamos abiertos a toda sugerencia, apoyo o crítica que fortalezca este proyecto y convencidos de que esta propuesta es ejecutable… Hoy tenemos la oportunidad, la necesidad, el derecho, el deber y la obligación de consolidar la creación de esa policía anhelada moderna y democrática al servicio de la ciudadanía llamada “policía comunitaria”.

*Nota: Hoy día, al inicio de un nuevo gobierno debemos reconocer el esfuerzo del Presidente Luís Abinader, para fortalecer la independencia del Ministerio Público y modernizar la policía dominicana. Por otra parte, señalar que se logró constitucionalizar la función policial, en el 2010, pero, falto redefinir los roles para desmilitarizar a la Policía Nacional y despolicializar a las Fuerzas Armadas, y de la misma manera aclarar que la ley institucional 590-16, no cumplió las espectativas anunciadas, ya que, ha traído retroceso y violación de derechos adquiridos, entre otras fallas.