La manera en que aquí se practica la política condiciona la independencia de la justicia y convierte al país en un paraíso de corrupción. No seamos ilusos creyendo que es incierto, porque eso es lo que explica el archivo por la fiscalía y el tribunal supremo de los más escandalosos expedientes de malversación y hurto de recursos públicos, mientras en la mayoría de las naciones democráticas se hacen más rígidas cada día las acciones contra el desfalco de su patrimonio.

El más reciente y probablemente más ejemplarizante ejemplo de esa feliz realidad ajena a nosotros lo dio hace siete años, precisamente en febrero, un tribunal australiano, al enviar a la cárcel a un influyente funcionario hallado culpable de utilizar dinero del Estado para pagar prostitutas y, léase bien, ¡comprar cigarrillos! A juzgar por la experiencia dominicana, ese señor sería en este país recibido en el salón de embajadores y se les entregarían las llaves de la ciudad y quien sabe cuántos otros honores.

Bastaría recordar el deprimente caso del ciudadano español Arturo Del Tiempo Márquez, a quien el entonces presidente Fernández recibiera en el Palacio Nacional y se le diera un rango de oficial en la Policía, pese a estar involucrado, lo que no podían ignorar las autoridades, en negocio de drogas y lavado en proyectos inmobiliarios, a quien la justicia de su país encarceló tras un juicio del que la prensa tradicional dominicana no hizo mención alguna.

Y con este señor muchos otros que se pavonean por los poderes del Estado orgullosos de sus fechorías, como respetables ciudadanos merecedores de amplias menciones en las páginas primeras y sociales de los diarios.

¿No es acaso el expresidente Fernández todo un héroe y perenne potencial candidato presidencial pese haberle dejado como herencia a la nación el más grande y perverso déficit de nuestra historia?

Se necesita amar mucho a este país para creer que algún día será diferente.

JPM

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ha depositado un anteproyecto de ley que persigue crear una nueva superestructura estatal denominada Centro de Administración de la Memoria Histórica Dominicana (CAMHD). 

La pieza en cuestión está siendo estudiada por la Comisión Permanente de Cultura que preside el Senador Franklin Romero.  

Profundizando en el estudio del anteproyecto en cuestión encontramos que mediante esta iniciativa el gobierno pretende administrar   la memoria histórica del país al monopolizar y centralizar en ese organismo todas las actividades que históricamente vienen realizando diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, verbi gracia las fundaciones patrióticas que de aprobarse perderían su autonomía, lo que resulta inadmisible en un país democrático 

Aunque reconocemos que el susodicho anteproyecto   se inspira en un ideal de justicia y reparación, como lo expresan sus artículos 10 y 14, su actual redacción no logra despejar dudas razonables respecto a la necesidad de crear el referido organismo.   

 La misma redacción del anteproyecto suscita suspicacias legítimas respecto a la manera en que operaría ese nuevo aparato burocrático estatal.  Por ejemplo: 

El Artículo 8 desglosa la lista de 12 miembros, designados por sus respectivos cargos en la administración pública, comenzando por el presidente de la República y finalizando por el presidente del Instituto Duartiano. Sin embargo, en el Párrafo III de ese mismo artículo, se especifica que: “La participación en el consejo de administración de la memoria estará delimitada a funcionarios con rangos de viceministros (sic) superiores en los casos del sector público y/o presidentes o vicepresidentes de las instituciones privadas involucradas”.

En lo inmediato, pues, cabe suponer que existe una contradicción flagrante en los términos en que aparece configurada la lista de personalidades que integrarán el CAMHD, toda vez que entre estas últimas se sugiere la supuesta inclusión de, entre otros, el “director o directora del Museo Nacional de Historia”, “el rector o rectora de la UASD”, un “profesor de historia” y otras personalidades que no ostentan cargos homologables a los de viceministro, presidente o vicepresidente. 

Además entendemos que en este Consejo se repiten representaciones, por ejemplo en las que tienen que ver con la historia, en la que están la Academia Dominicana de la Historia Dominicana, la directora o director del Museo de Historia, un profesor o profesora de historia con más de 10 años de ejercicio docente y con al menos un texto publicado sobre la historia dominicana de la Historia, además de titular  a instituciones que no necesariamente deberían estar en  ese Consejo.    

Aparte de lo anterior, me parece legítimo recordar que una de las razones aducidas por el padre de la autora de este anteproyecto, Lic. Tony Raful, para justificar la creación del Ministerio de Cultura, fue precisamente el carácter incongruente, anacrónico y poco institucional de un organismo como el antiguo “Consejo Presidencial de Cultura”.   

Recordamos además que la senadora Raful manifestó su voluntad de someter un anteproyecto de ley dirigido a eliminar y/o funcionar a más de 20 instituciones del Estado que repetían sus funciones. Y sin embargo la senadora Faride Raful propone la creación de una nueva entidad que a todas luces lo que va es a crear más burocracia estatal y más inversión presupuestaria.  

Además de esta incongruencia, en lo relativo a su supuesta “autonomía administrativa, financiera y técnica”, el artículo 12 del anteproyecto propone que el CAMHD funcionará “adscrito a la Presidencia de la República”, y en el Artículo 26 se postula que, en lo relativo a los Recursos Económicos del futuro CAMHD, el mismo recibiría “partidas presupuestarias que le sean asignadas por el Poder Ejecutivo, previa presentación por la institución del proyecto de presupuesto requerido”. 

Personalmente, entiendo que no deben bastar las “buenas intenciones” para justificar la creación de una nueva entidad que, como el CAMHD, vendría a duplicar o a triplicar funciones de otros organismos ya existentes. En nuestro país ya existen organismos como la Dirección General de Museos, que en la actualidad dirige el antropólogo Carlos Andújar, el Archivo General de la Nación, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Museo de Historia Nacional o incluso el mismo Ministerio de Cultura. 

Con la excepción del Archivo General de la Nación, ninguna de estas instituciones recibe partidas presupuestarias que les permitan operar en las condiciones que requiere la magna función para la cual fueron creadas. En esas circunstancias, proponer la creación de una nueva entidad constituye a todas luces un despropósito.  

En términos prácticos, lo que persigue el anteproyecto de ley en cuestión es sustituir a la Comisión Permanente de Efemerides Patria por una nueva superestructura estatal que pretende administrar la memoria histórica del país. 

Entendemos que la Comisión de Efemérides Patria desde su fundación mediante el Decreto No. 36-97 del 25 de enero de 1997, viene realizando un trabajo eficiente a tono con sus responsabilidades. Por lo que entiendo que más que su eliminación lo que se debe es derogar el decreto que la crea dándole mayor cobertura en su competencia y aumentando su presupuesto, el cual, actualmente, resulta muy limitado para poder cumplir con su misión.  

De todas maneras, como aquí  generalmente el poder vence a la razón, si el  anteproyecto logra ser aprobado, sería legítimo aspirar a que su texto sea sometido a un riguroso trabajo de corrección y/o validación con el fin de evitar las incoherencias más arriba señaladas y otras que no solamente afectan su comprensión, sino que dejan abierta la puerta para que, como ha ocurrido tantas veces en el pasado de nuestra República, el remedio salga más caro que la enfermedad. 

chinobujosa@hotmail.com

JPM