Más de medio siglo después de cuando Juan Bosch,  comenzó a referirse al atraso político del pueblo dominicano, criterio que sustentó en sus obras sobre estratificación social de nuestra población, no estoy convencido de que se ha producido  algún avance sustancial en el desarrollo de las ideas políticas y de la praxis  social.

No se niega que las estructuras jurídico político han experimentado un lento pero sostenido desarrollo expresado en oleajes de reformas  a la Constitución,  aparato estatal, justicia, Código de Trabajo, seguridad social, sistema financiero y régimen electoral.

 A pesar de esos pasos de avance, estimulados por la la Aldea Global y del desarrollo de la internet, no se exagera si se afirma que en aspectos esenciales de la praxis política parecería que la historia se detuvo al principio de la década de los 70s, cuando Bosch advertía sobre el atraso político.

Años antes de fundar al PLD, Bosch estremeció a la sociedad dominicana con su tesis “Dictadura con Respaldo Popular”, un título algo tenebroso, pero que en realidad lo que proponía  era la conformación de un frente político contra la oligarquía dominante, no un proyecto de corte comunista o socialista.

Ese remedio no pudo asimilarlo un pueblo que el propio proponente había definido como atrasado en términos políticos, que difícilmente podría  entender el criterio que para alcanzar  el escenario de liberación nacional, se requería que la insipiente burguesía adquiriera  conciencia de clase gobernante y no solo de clase dominante.

Todos los partidos políticos de centro izquierda o centro derecha que en el último medio siglo han gravitado sobre el Estado y sus instituciones han emergido directa o indirectamente del pensamiento bochista, así sea a través de tercerización promovida por José Francisco Pena Gómez.

Aunque promovidos como  eventos político- ideológico de última generación, los congresos de los partidos de esencia bochista no terminan por llenar el cometido que debería cumplir un liderazgo que lleva más de medio siglo lidiando con la política y el Estado. Una pequeña burguesía urbana ha confundido los anhelos de un pueblo con su propia agenda.

En lo ideológico y en la educación política ha habido un retroceso, que se expresa en situaciones como la burocratización del liderazgo de la clase obrera, cuyos dirigentes actúan como empresarios o son adictos  al capital, mientras  dirigentes  liberales se vuelven locos por el cobijo político y económico de la oligarquía.

Ese liderazgo díscolo prefiere aislarse como cangrejo en cueva ante que participar de manera  activa en la nueva realidad política de gran cercanía con  el pueblo a través del abordaje  por el lado de la solución de los temas  fundamentales de la sociedad.

Cuando el líder líder de uno de los partidos de oposición cifra  esperanza de retorno al Poder  por vía del clásico desgaste del gobierno, y el presidente de la Cámara de Diputados proclama que  prefiere estar como esta y no  como antes  en la oposición, creo que hay razón para preocuparse.

JPM

POR RAUL ALVAREZ STURLA

Introducción: 

En las metas que viene abogando desde hace más de dos décadas pro el desarrollo de nuestra nación, al Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) le ha complacido ver la introducción por nueva ocasión en nuestras cámaras legislativas del Proyecto de Ley sobre el Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo en República Dominicana.               

Para poder entender la importancia de esta iniciativa legislativa, es necesario conocer los eventos que lo han motivado con el objetivo de tener un mejor país.

 Recordemos, que el 26 de enero del 2010 se aprobó una nueva Constitución de la República, que se caracterizó, por realizar una  reforma integral a la Constitución del 2002.  

Esa nueva Constitución en su Artículo 241 estableció la necesidad de una Estrategia de Desarrollo y designó al Poder Ejecutivo, previa consulta  al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, a que elaborara y sometiera al Congreso Nacional, una Estrategia de Desarrollo que definiera la visión de la nación para largo plazo.

Pues bien, el 25 de enero del 2012 se publicó la Ley 1-12 donde se estableció definitivamente  la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030(END), además, para su implementación se le dotó de un reglamento especial, amparado en la Ley 498-06 que creó el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

Dentro de los objetivos generales de la END, específicamente en su numeral 2.4, se estableció la necesidad de que existiera una cohesión territorial que definiera para todas las instancias gubernamentales, regiones únicas, sobre la base de poseer características socioeconómicas, sociopolíticas, sociales, culturales y marítimas y de otras índoles, que permitiera una mejor planificación, junto a una mejor gestión e inversión de los recursos del Estado.

Es teniendo en cuenta ese mandato constitucional, que nuevamente el proyecto es reintroducido en el presente año, con el objetivo de con el objetivo de convertir las 10 regiones geopolíticas actuales, que  no cumplen con las características para convertirse en regiones únicas, en 5 grandes regiones conformadas por las mismas provincias que si cumplen las características enunciadas. 

Mapa de 10 grandes regiones actuales. 

Dado que dicho proyecto, por nueva vez  será conocido por una comisión bicameral en los días venideros, motiva al CRD retomar el tema en cuestión  por medio de este trabajo.

El CRD comparte con el proyecto los nombres asignados al responder a sus localizaciones  geográficas y porque crean a sus localizaciones y porque crean una mejor coherencia para la implementación de la planificación, gestión e inversión de las políticas públicas.

Las Nuevas Regiones:

Región Metropolitana.

Región Este.

Región Sur-Oeste. 

Acciones y políticas sugeridas para la administración de las regiones: 

Para que las nuevas Regiones puedan lograr un desarrollo pleno y sostenido, es mandatorio que se le otorgue personalidad jurídica con capacidad  administrativa.  Tenemos entendido que uno de las iniciativas legislativas en discusión propone conceder a las regiones esa capacidad dentro de la Propuesta en discusión.

Recomendamos que en el caso  de aprobarse la Ley sin definir la personalidad jurídica regional,  su capacidad de auto gestión e implementación se   sustente mediante el imperativo de la Ley 176-07  Del DN y Los Municipios, donde se le consideran las Regiones como unidades político-administrativa igual que a  los Ayuntamientos. 

El mecanismo contemplado por la ley 176-07 para que las regiones sean  legítimamente  auto  gestionable es a través de la formación de Mancomunidades, facultad que poseen los ayuntamientos de las regiones para universo para causas comunes. 

La conformación de una mancomunidad, trae consigo una serie de beneficios para sus integrantes en diferentes aspectos: En lo  Ambiental y en la  Salud, ampliando las posibilidades de cumplimiento de estándares ambientales en los servicios de competencia de los municipios y  las posibilidades de disminución del impacto adverso al medio ambiente y a la salud. 

Proyecciones económicas: 

Las Mancomunidades” pueden crear empresas de capital público o mixto para propósitos comunes  de la Macomunidad,  pueden incorporar tributos del sector privado y crear árbitros según lo previsto en la ley. También  pueden beneficiarse de las facilidades y ventajas que ofrecen las agencias  para el financiamiento de proyectos dentro  de la cooperación internacional. Tales como,  el desarrollo de un puerto marítimo; la  instalación de un sistema ferroviario; la  construcción de un hospital regional, insumos para  la preservación del  medio ambiente o  la construcción de un vertedero regional para desechos finales con   recursos   propios o  con ayuda del  Gobierno Central.  

Beneficios en las acciones políticas y en la toma de decisiones: 

Proporciona una  mayor  facilidad para  la toma de decisiones y  lograr consenso sobre asuntos claves como por ejemplo para el manejo integral de residuos sólidos (MIRS) y el establecimiento de tarifas a los usuarios del servicio de recolección final (SDF). 

Otro beneficio político es el de constituirse en modelo del   manejo de los Residuos Sólidos y   referencia a nivel nacional e internacional, lo cual aumenta la credibilidad en la gestión administrativa de las Regiones.

Estar en Mancomunidad facilita el consenso entre las comunidades para apoyar sus necesidades proporcionando  una mayor sostenibilidad  en el tiempo, no vulnerable al cambio de administración política y estimula la eficiencia en el uso de los recursos propios o públicos para asegurar el beneficio regional. 

Marco en torno a la gobernanza de las regiones:             

La ley 176-07 también contempla la gobernanza regional. En su artículo 76 se prevén sus órganos de dirección, que estaría formados por representantes de los  Ayuntamientos y Distritos Municipales del que forman parte los Alcaldes, Regidores y Directores  de los Distritos.  El parrafo1, de dicha Ley,  establece el Concejo Regional de la Mancomunidad, integrado por todos los Alcaldes/Alcaldesas de los Ayuntamientos,  así como,  por los Regidores y directores Distritales que designen sus estatutos. 

El Concejo Regional, mediante una Asamblea que será el encargado de elegir, dentro de sus miembros, los cargos de Presidente, Vicepresidente y los demás miembros de la junta directiva de acuerdo a sus normas estatutarias. Dicha asamblea se celebraría prudentemente después de las elecciones Congresuales y Municipales del país. 

El Concejo Regional tendría también a su cargo, elegir la sede de su capital  Regional; la sede del Tribunal de Justicia y las comisiones que servirían de enlace con el Consejo de Desarrollo Regional y  con las instituciones del Gobierno central. 

Recomendaciones del CRD para propulsar una base eficaz para el  turismo regional: 

Las nuevas regiones deben poseer una Marca con fines de explotación turística, así como existe una Marca País. Ese objetivo se consigue combinando  los nombres de las regiones (algunas ya con nombres de origen taíno como lo es Cibao) con otros de la misma procedencia autóctona que permita extraer todo su acervo histórico y cultural requisitos para la promoción de la Marca Regional.  

Sugerencias de dar a  las 5 Regiones Geopolítica connotación a sus raíces tainas; 

1).- Región Cibao Norte de Marien.

2).- Región Cibao Central de Maguá. 

Si bien es cierto que estaríamos reproduciendo algunos delos nombres de los Cacicazgos Taínos que el Almirante encontró a su llegada, no es menos ciertos que las 5 regiones propuestas guardan similitudes geográficas von ellos, no sería descabellado el uso de los términos tainos para los fines de crear la Marca Región, en virtud constituyen los únicos y más efectivos  términos que la racionalidad sugiere para la promoción Regional. Cibao, en lengua taína significa montaña de muchas  piedras.   Marien, el cuerpo de la piedra y Maguá, la madre piedra. Recordemos que el Cibao es atravesado por las rocosas Cordilleras Central y Septentrional. 

3).- La Región Metropolitana de Santo Domingo. Sede del Gobierno Central.

4).- Región Este  ò  Gran Higuey, cuyo significado en lengua taína  es tierra de Sol brillante. 

5).- Región Sur  de Jaragua, relacionada históricamente con la primera Cacique, Anacaona (1474-1503), hermana de Bohechio y tía de Enriquillo. Actualmente alberga el parque Jaragua y el lago Enriquillo.  

Las 5 regiones serían reconocidas en el argot turístico como: “Las Regiones Quisqueyanas”.  Aunque  cada una podrá  definir una Marca Turística –específica, según su bagaje histórico, cultural, ecológico y marítimo que son excepcionales. Quisqueya  en lengua taína significa la madre de las tierras, uno de los términos utilizado por los nativos para nombrar la isla, como lo fueron también Bohío, Babeque y Haití. 

El  término Quisqueya, fue  utilizado para nombrar la isla por primera vez por el escritor español Pedro Mártir de Anglería, en sus “Décadas del Nuevo Mundo”.

Para hablar de la Ruta Industrial, y conocer en detalle esa importante herramienta de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), empezaremos primero haciendo una breve retrospectiva de lo acontecido al inicio de la pandemia del Covid-19, cuando el país, se vio precisado a implementar un conjunto de medidas preventivas para aminorar los efectos de la crisis, tales como el distanciamiento social, la suspensión de docencias, la interrupción de las actividades sociales, el cierre de las fronteras, la implementación del toque de queda y la adopción de restricciones en el comercio, entre otras que derivaron del estado de excepción, decretado ante el inminente riesgo de transmisión comunitaria del virus. 

Esas disposiciones, si bien es cierto que fueron odiosas, también es justo reconocer que eran necesarias, porque contribuyeron en preservar la salud y la vida de muchas personas, al evitar la saturación del sistema sanitario, aun cuando se afectó de forma significativa a la actividad económica, provocando el cierre casi completo del sector productivo nacional, que repercutió posteriormente en una merma de la fuerza laboral y el deterioro progresivo de los ingresos de la mayoría de las empresas y los hogares. 

Luego, al finalizar el año 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), emitió un informe especializado, respecto a la evolución y el efecto que provocaría la pandemia, en la estructura productiva de los países de la región, el cual estuvo acompañado por una serie de recomendaciones para resistir los desafíos de la crisis económica que afectaría eventualmente a las empresas que están ubicadas dentro del renglón de la micro, pequeña y mediana industria, donde además se estimó que alrededor de 2,7 millones de negocios, estarían cerrando sus puertas a partir del año 2021, lo que implicaría una pérdida aproximada de 8,5 millones de puestos de trabajo. 

El informe pronosticó que durante este año, la crisis económica que derivó de la pandemia del Covid-19, llevaría a la suspensión parcial o total, de las actividades productivas alrededor del mundo, golpeando con mayor intensidad a las economías de los países que, potencialmente, tuvieran un menor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, mayores problemas estructurales, lo cual significa que si no se implementan políticas públicas adecuadas desde los gobiernos, para fortalecer sus ramas productivas, existirá entonces una elevada probabilidad de que se generen cambios regresivos y profundos que conduzcan al colapso en materia empresarial. 

En consecuencia, para mantener a flote la economía y evitar una pérdida masiva de empleos, el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), inició un conjunto de acciones que están orientadas hacia la formulación de estrategias que contribuyan a disminuir el impacto del desplome empresarial que señala el informe de la CEPAL, aplicando medidas de estímulo para acompañar y proteger a la industria nacional, mediante la adecuación programática de sus procesos administrativos y la profesionalización de sus recursos humanos, para hacer frente a los nuevos retos del mercado laboral. 

En ese sentido, para que tengamos una idea del importante papel que desempeña el MICM, frente al desafío de la apertura y reactivación económica del país, es importante conocer de qué se trata la Ruta Industrial, que cada semana, se traslada por diferentes lugares, para conocer en detalle la situación de las empresas, grandes, medianas o pequeñas y darles apoyo técnico, con asesoría y respaldo financiero, a través del diseño de políticas públicas que permitan crear nuevos modelos de negocios, al tiempo que promueven diversos aspectos de la inversión, innovación, mejora de la competitividad y articulación productiva que además insta a asumir mejores prácticas de calidad, para alcanzar superiores certificaciones y garantizar un mayor desarrollo y sostenibilidad. 

La ruta industrial del MICM, trabaja para que las empresas experimenten una profunda reorganización de sus cadenas productivas, las cuales buscan aumentar su resiliencia, mediante la diversificación de los procesos que están encaminados a reducir su vulnerabilidad, implementando métodos productivos, tecnológicos y estratégicos que permitirán explorar y dar apertura a redes de comercios nacionales e internacionales que generen nuevas oportunidades para el desarrollo de las capacidades laborales. 

Esa herramienta, ha creado las condiciones de financiamiento para que, las Mipymes, tengan acceso directo a condiciones favorables de financiamiento, a través de las entidades de intermediación financiera. Asimismo, ha gestionado recursos para el turismo, las zonas francas, la agroindustria, la agropecuaria, entre otros renglones, a través del Banco de Reservas, lo cual procura dar un nuevo impulso a la recuperación económica y la generación de nuevos empleos, para que el proceso de reactivación del aparato productivo nacional, vuelva a convertirnos en un país competitivo. 

Esta iniciativa institucional, encabezada por Ito Bisonó, en su condición de funcionario público, merece todo el respaldo de la población, porque es un compromiso con el desarrollo sostenible de los sectores que dinamizan la economía del país, y sirve además como elemento imprescindible para accesar a un nuevo modelo de funcionamiento tecnológico que permita superar las debilidades estructurales de la industria local y, gradualmente, retome la senda del crecimiento sostenible de las operaciones macroeconómicas y el dinamismo promedio de la región. 

JPM