Como era previsible, el vacío constitucional que se ha producido en Haití adobado de las sempiternos convulsiones económicas, políticas y sociales, arrastran consecuencias para la nación dominicana: una mayor presión migratoria ilegal, perturbaciones en el intercambio comercial de un gran impacto para la economía dominicana, y el refugio en el país de individuos activos en el conflicto, como ha ocurrido con el ex alcalde de Puerto Príncipe, Chervry Yourv, el ex gobernador Wenson Pierrez, y parte del séquito de seguridad de ambos. 

Las autoridades haitianas alegan que esos individuos  habrían incurrido en infracciones penales, pero en un país en el que el presidente se arroga la facultad de destituir a tres miembros de la Corte de Casación y en las que estos y la oposición se sienten en potestad de designar un gobernante provisional, no queda clara la frontera entre la confrontación  política y la persecución judicial. 

Como ha advertido el doctor José Miguel Castillo Pantaleón, la República Dominicana está impedida de acoger como refugiados políticos a los referidos señores en virtud del Tratado de Paz, Navegación, Comercio  y Extradición de 1874, que establece, entre otras disposiciones: “Ambos Gobiernos se comprometen a no permitir en sus territorios el establecimiento de individuos, bandas, partidos que alteren el orden de cosas existentes en el Estado vecino; Ambas partes entregarán a la justicia los individuos de una u otras parte que estando acusados de crímenes cometidos en territorio de jurisdicción de la parte requirente, se hayan procurado asilo o se encontraren en el territorio de la otra parte”. 

Pero en el caso también aplican otros tratados que priorizan la preservación de derechos fundamentales, como el más esencial, el de la vida y que pautan que “toda persona que se encuentre en persecución o que tenga grandes temores por su vida, su integridad o su libertad, tiene el derecho a buscar y recibir refugio en territorio extranjero1. A nivel internacional, la figura del refugio se encuentra consagrada esencialmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 -piezas fundamentales del Derecho Internacional del Refugio-, y en los principales tratados regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”.  

“A la luz de esta normativa, se considera como refugiado o refugiada a aquella persona que huye forzadamente de su país de nacionalidad o residencia a causa de persecuciones contra su vida o su seguridad vinculadas con ciertos motivos, y por ello merece recibir protección internacional. Entre estas causales de persecución podemos mencionar: a) raza, b) nacionalidad, c) religión, d) opinión política, e) pertenencia a un grupo social determinado (como la comunidad LGBTI, personas que viven con una discapacidad…), y f) contexto de violencia generalizada o conflicto armado en el país de origen o residencia del o de la solicitante”. 

El presidente Juvenel Moise inició su mandato un año  después de lo previsto en la constitución de su país porque las elecciones fueron declaradas como fraudulentas y hubo que repetirlas, pero lo propio ocurrió con los legisladores que el mandatario cesó con los mismo argumentos con los que la oposición ahora quiere cesarlo a él. 

Lo que no puede hacer la República Dominicana es devolver a su país esas personas, porque sobre la conciencia histórica pesa el fusilamiento del presidente Sylvain Salvane, capturado en territorio dominicano por el general José  María Cabral, y entregado al presidente Salget que lo ejecutó sin proceso previo. 

JPM

Probablemente no haya registros en la historia política de la República Dominicana de una decisión de la Junta Central Electoral que tenga impacto similar en el potencial reagrupamiento de la oposición como la Resolución 01-2021, del 27 de enero pasado, ratificada por la Resolución 03-2021 del 17-2-2021, mediante la cual quedan como partidos mayoritarios sólo el PRM y el PLD.

Esta histórica decisión de nuestro máximo órgano administrativo electoral que dispuso el orden en la boleta electoral para las elecciones del 2024 y la contribución económica del Estado a los partidos políticos proyecta tener una gran influencia en el reordenamiento de las fuerzas políticas de cara a los próximos procesos electorales, especialmente la posible reunificación del PLD.

Hace sólo varios meses era impensable la posibilidad de que los herederos políticos del profesor Juan Bosch puedan reunificarse en torno a un proyecto común dada la beligerancia con que se enfrentaron los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo en las pasadas elecciones municipales, congresionales y presidenciales. Sin embargo, la realidad política hoy es distinta.

Al Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández le han cortado las alas con las que se impulsaba en un vuelo que parecía promisorio tal la Gaviota del profesor Bosch en su célebre poema escrito en la cárcel de la Fortaleza Ozama en los inicios de la dictadura trujillista. Pero igual que al maestro, a Leonel sólo le queda el “indecible anhelo de tener las alas, del ave grácil que se eleva así”.

Esto así porque para nadie es un secreto que la política se hace con dinero, y a la Fuerza del Pueblo se le hará muy difícil competir con su adversario natural que es el PLD sin los recursos económicos que le proporcionaría el financiamiento público si la Junta Central Electoral hubiera considerado su votación en el nivel presidencial para determinar su estatus de mayoritario.

Aunque a este partido y a las demás organizaciones políticas que infructuosamente buscaron una revisión de la citada resolución de la JCE les queda la vía jurisdiccional para mantener sus reclamos, esto es, el Tribunal Superior Administrativo y eventualmente el Tribunal Constitucional, resulta muy cuesta arriba que puedan obtener ganancia de causa en estas instancias.

Esto, debido a que el TSA ya se ha pronunciado ratificando las facultades de la Junta Central Electoral para establecer los criterios para el ordenamiento de la boleta electoral y la distribución de los fondos públicos a los partidos políticos. Mediante sentencia Núm. 0030-03-2020-SSEN-00090, del 2-5-2020, el TSA ratificó la facultad reglamentaria de la JCE en esta cuestión.

En el Tribunal Constitucional, dadas las características de su composición y el precedente de la sentencia TC/0624/18 mediante la cual estableció que “los actos y reglamentos que emite la JCE para establecer los criterios de distribución de la contribución estatal para los partidos (…)” constituyen actuaciones administrativas, luce improbable que pueda variarse la decisión de la JCE.

En un  trabajo anterior calificamos como teoría de conspiración basada en la intriga política las aseveraciones de que la decisión del organismo electoral que deja fuera del juego de los grandes a la Fuerza del Pueblo sea una maniobra del Gobierno, en razón de que carece de la más elemental lógica política que el oficialismo promueva el debilitamiento del liderazgo de Leonel Fernández.

Esto por dos razones principales. Una es que reducir las posibilidades de crecimiento de Fernández y su Partido Fuerza del Pueblo implica necesariamente solidificar a su archirrival, Danilo y el PLD, porque se nutren de la misma población electoral.  La otra razón elemental es que el apoyo de las fuerzas que gravitan alrededor de Leonel son importantes para la gobernabilidad.

No obstante lo anterior, después de las declaraciones del delegado político de la FP en la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, en el sentido de que la decisión que afecta a su partido fue motorizada desde el poder para facilitar la reelección del Presidente Luis Abinader, ya no se puede hablar de teoría de conspiración sino de una imputación concreta que tendrá una gran repercusión política.

Al efecto, esta declaración marca la raya de Pizarro entre el partido de gobierno y Leonel Fernández y los partidos y fuerzas sociales que gravitan a su alrededor, lo que crea una situación nueva de consecuencias impredecibles. Lo inimaginable, una posible reunificación del PLD, comienza a verse como una opción en el tablero de la política dominicana.

De darse crédito a la versión de que la decisión de la JCE fue promovida desde el Gobierno para afectar el crecimiento del Partido Fuerza del Pueblo, estaríamos frente a un error estratégico que tendrá graves consecuencias para la gobernabilidad de la Administración Abinader y para las pretensiones del Partido Revolucionario Moderno de conservar el poder.

Atajar al toro que no es y recibir la cornada del toro que es puede ser el corolario de esa estrategia fallida si se admite que los planificadores estratégicos del Presidente han aconsejado como favorable a la causa oficialista el debilitamiento del ex presidente Fernández, quien es un toro que pudiera ser agresivo pero que por el momento no es, sin percibir la envestida del toro morado que es…

Contar con una división permanente de las fuerzas boschistas, esto es el PLD y la FP, motivada por las contradicciones personales entre los líderes de ambas organizaciones como una reedición de la rivalidad Juan Bosch-Peña Gómez, es desconocer el signo de los tiempos y la diferencia de temperamentos entre estos líderes; hoy impera el pragmatismo político y Danilo y Leonel son políticos fríos.

La alianza táctica, a pesar de sus grandes contradicciones, entre el líder comunista Mao Tse Tung y el general nacionalista Chiang Kai Chek para expulsar de China a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, debe servir de ilustración de lo que pudiera suceder en el 2024 si desde el poder no se crean las condiciones objetivas para que la división del PLD se mantenga.

Apostar a la fuerza gravitacional de los enconos personales al margen de los intereses de los contendientes en la arena política es desconocer los fundamentos de esta ciencia y la propia física. Como dijo Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces que nadie piense ganar en la guerra política debilitando a sus aliados tácticos o estratégicos.

JPM

Lo he escrito: el PLD se encuentra en una etapa crucial de su vida política e institucional y no es de ahora que viene arrastrando una serie de déficits o falencias que, alegato jerárquico, por estar en el ejercicio del poder y, agregaríamos, falta de voluntad política o conveniencia de su cúpula, venía posponiendo. Esos déficits son varios: a) suplantación orgánica-institucional del Comité Político que suplantó al todo orgánico -el partido-, b) de democracia interna al no renovar, vía elecciones universales, sus autoridades, c) abandono doctrinario-ideológico y predominio del conservadurismo en su cúpula, d) inoperancia de la secretaría general y de todo el secretariado; y e) predominio o involución  política al orientar y privilegiar el partido electoral sobre el partido orgánico-institucional lo que se tradujo, conveniencia jerárquica -y en el poder-, en querer un partido de masas para ganar elecciones, y luego -ya alcanzado el poder-, replegarse hacia el otrora de cuadros que ya no existía desde, al menos estatutariamente, 2001.

De modo que era predecible que un partido atrapado en ese cuadro de déficits democrático-orgánico e institucional -más bolsones-contradicciones de crisis internas por la impostura e imposibilidad de cohabitación de dos liderazgos de diferentes concepciones programáticas de partido y Estado, por el control del partido- el curso normal de las diferencias, matices o pluralidad se saliera de madre y el IX Congreso cayera como Maná del cielo en coincidencia, desafortunada, con la salida del poder vía una derrota electoral.

Ahora bien, una cosa es airear críticas -que quien escribe, por años, y a riegos, la he venido haciendo, dura y directa (¡sin que nadie, siquiera, me llamara!; aunque si, cierta indiferencia-oído); y otra cosa, muy diferente, es dejar de creer en una organización política y caer en la descalificación cuasi personal. Cuando eso sucede, y está sucediendo actualmente en el PLD, lo más lógico, sensato; y hasta de respeto a uno mismo, es irse de esa organización en la que ya no se cree ni en ella ni en sus liderazgos, a menos que las intenciones u objetivos futuros o corto plazo sean otros….

Por otro lado, creo que en el PLD se está dando, y no es nuevo, una suerte de populismo de liderazgos, es decir, un fenómeno donde, y quizás como acúmulo de los déficits orgánicos-institucionales, todo el mundo se considera con derechos y méritos a todo; aunque si se mide resultados político-electorales individuales o por áreas-demarcaciones y real “liderazgos” no calificaría más que para escuchar sus majaderías y viveza pequeño-burguesa o de chachara “filosófica” de “lo mío”; o el que confunde liderazgo o resonancia-presencia de opinión pública con liderazgo político. De eso hay mucho en el PLD: de populismo -quizás estrategia, por demás riesgosa- y de una gerontocracia que se resiste al retiro privilegiado: Comité Consultivo.

En conclusión, que, a pesar de todo, el PLD sigue siendo un partido político, de altísima vocación de poder y una impronta de gobierno sin precedentes -por supuesto, con luces y sombras-, pero es cuestión de que sus miembros y liderazgos entiendan dos cosas: que están viviendo una etapa crítica  como organización política y que hay que administrar mejor ese populismo de doble vía, pues ya, sí sigue alentando-complaciendo, no habrá guardia raso…..(además, como dijera el expresidente Sanguinetti, “los liderazgos no se decretan ni se inventan”).

Cierto que el Prof. Juan Bosch fundó y formó un partido de cuadros-líderes políticos -y no es posible, en un partido así, dejar la cabeza antes de entrar, como escribiera en unos de sus cuentos: “La mancha indeleble”-, pero siempre con la visión de privilegiar calidad sobre cantidad. Y ese presupuesto doctrinario-filosófico debe preservarse; aunque el trance y las amenazas actuales quieran arrimar, a esa organización política, a un populismo retentivo-estratégico. ¡Piénsenlo!

JPM