Por FRANK SANCHEZ MENA Y TAMARA TAVERAS ORTEGA

Introducción:

En sus enfoques estratégicos pro el encauzamiento de un desarrollo armónico y reivindicador en nuestra nación, para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) resulta una tarea impostergable, que los Gobiernos Locales asuman como su principal eje de acción un mejor uso y aprovechamiento de los recursos estatales y municipales que reciben y administran, eficientizando sus recursos humanos e impulsando un nuevo estilo de pensar que motorice acciones que los transforme en palancas de la solidez institucional y del bienestar social.

Para el pleno éxito de dicho cometido, el CRD ha concebido un conjunto de lineamientos destinados a impulsar  los cambios requeridos por las diferentes comunidades que conforman el territorio del país, los cuales ve que requieren de quienes dirigen nuestros ayuntamientos, una ruptura radical, con la improvisación, el empirismo y el individualismo; y  abrazarse a las herramientas que para el desarrollo estratégico han sido trazadas por la Ley 498-06, referente al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública; y además, por la Ley 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Herramientas las cuales contempla como palancas para hacer surgir en los alcaldes y alcaldesas, así como en los regidores y regidoras que conformarán los consejos municipales;  una nueva visión, que les oriente no solo a aplicar la planificación estratégica en su mayor plenitud y dimensión, sino también, a plasmar a través de esta,  planes idóneos en los gobiernos municipales en procura de la correcta sustentación del progreso social y la solidez institucional.

Evolución histórica y legal de los ayuntamientos:

Juan Pablo Duarte, conocedor de la importancia y la incidencia de los Gobiernos Locales en las sociedades democráticas, quiso que los Ayuntamientos constituyesen un poder real dentro de la estructura del Estado que recién acababa de nacer con la Constitución de 1844. Al efecto creó el Poder Municipal como uno de los Poderes del Estado, inspirado en lo que había visto y vivido en los países de vanguardia en la Europa del siglo XIX. Sin embargo, la ausencia de un bien articulado desarrollo sociopolítico de la sociedad dominicana, hizo que esta disposición constitucional durara muy poco, y al efecto, los gobiernos caudillistas que surgieron posteriormente, no tardaron en modificar esa Constitución, eliminando de la condición de Poder del Estado a los Ayuntamientos, pasando éstos a ser una dependencia política del Poder Ejecutivo de turno.

La Municipalidad Dominicana, corriendo la misma suerte que nuestra nación, se sumió en un profundo atraso, sin normativas que permitieran convertir los Gobiernos Locales en verdaderos rectores del territorio que administraban. En poco tiempo, los Ayuntamientos se fueron debilitando y empobreciendo, al pasar de ser dueños casi absolutos de enormes extensiones de terrenos a frágiles estructuras, que permitieron que, en razón de las perjudiciales consecuencias de comportamientos irracionales engendrados por apetencias personales desmedidas, fuesen  despojados de territorios y de otros  bienes  de  exclusiva propiedad municipal, pasaran a manos privadas, lo que de manera inaceptable no ha cesado aún en  nuestros días.

No fue sino hasta muy avanzada la llamada “Era de Trujillo”, cuando los Ayuntamientos comenzaron a ser normados en su funcionamiento, con la creación de la Ley 3455 del 21 de Diciembre del año 1952 y la anterior creación del Organismo Rector para los mismos: La Liga Municipal Dominicana, creada mediante la Ley 49 del año 1938. La creación de la Liga Municipal fue el primer paso dado por Trujillo para controlar los Cabildos y privarlos de su autonomía. Hay que admitir que esta Ley, aunque carente de los instrumentos legales que fuesen capaces de crear Unidades Administrativas realmente autónomas financieramente hablando, constituyó un gran avance para la época, ya que al menos existía un marco legal administrativo diferente, pero que no resolvía ni en forma remota  aspectos primordiales de la economía municipal.

A principios de la década de los 80´s, en el gobierno del Dr. Jorge Blanco, se aprobó la Ley 140, que les daba participación de un 20 por ciento de los ingresos por Rentas Internas a los Ayuntamientos, éste, podemos decir, fue el primer intento en firme de ir creando la base para la autonomía financiera de los Cabildos.

No fue hasta el año 1997, con la aprobación de la Ley 17-97, que los Ayuntamientos comenzaron a participar (aún sea de manera poco significativa) en el Presupuesto Nacional, al asignárseles aún sea en el papel, un 4 por ciento del monto del Presupuesto General de la Nación, para distribuirlo de manera proporcional entre los 108 Municipios de la época, así como unas decenas de Distritos Municipales.

En virtud de reclamos de la Sociedad Civil en estamentos estatales y de organismos Internacionales, para convertir los Ayuntamientos en verdaderos instrumentos de Gobernabilidad Local, con autonomía económica y financiera, surgió la Ley 176-07, que les confiere un 10 por ciento del Presupuesto Total de la Nación para todos los Ayuntamientos. Esta Ley, que distribuye y regula el uso de esos fondos, consigna que los Alcaldes (sas) no pueden exceder determinados límites en el uso de los recursos en las áreas a ser empleadas, sin embargo, necesita de urgentes transformaciones, para cumplir con el referido objetivo.

Acoplamiento de los ayuntamientos a los nuevos sistemas legales:

La ley 498-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, traza los ejes centrales en los cuales deben basarse las inversiones consignadas en el Presupuesto Nacional y Local de cada Región del País.

Pero más completo aún es el instrumento que pone en las manos de los Consejos Municipales y en los (as) Alcaldes (as) la ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

En las citadas leyes, además en el mandato de la ley 176-07, que regula el funcionamiento de los Ayuntamientos, y la misma ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, residen los instrumentos básicos, para que los Ayuntamientos planifiquen el desarrollo estratégico de sus demarcaciones.

Al efecto, para la dirección técnica del CRD, los ejes centrales del desarrollo Regional y Municipal que conforman el conjunto de la nación, están muy bien diseñados en los instrumentos legales citados; por tanto, sólo hay que acogerse a ellos y seguirlos como guías, habiendo al respecto poco que innovar, tan solo requerimos el cumplimiento riguroso del mandato de las mismas para conducirnos por un rumbo correcto.

Directrices y cambios a asumir por parte de los ayuntamientos:

Si bien es cierto que el CRD es partidario de Ayuntamientos fuertes, autónomos económica y financieramente hablando, su dirección técnica exige fortalecer en muchos aspectos a los Gobiernos Locales, antes de poner más recursos en manos de estas entidades.

Esto así, en virtud de que constituye una de sus principales interrogantes, si los Ayuntamientos legalmente  habilitados para recibir más los recursos de los que hoy perciben, poseen la debida solidez institucional y gerencial para administrar y gerenciar  correctamente mayores partidas, sin que se multipliquen los escándalos de corrupción y desorden que se palpan a su interno en forma permanente.

Pese a ser la Ley 176-07 muy amplia en contenido, y como tal abolió totalmente la Ley 3455, ésta última, aunque pareciera obsoleta, tenía más controles sobre los recursos de los Cabildos, pues le confería al Consejo de Regidores la facultad de contralor de los recursos, y además, otorgaba al presidente del consejo, la función de firmar cada uno de los libramientos de los cheques que solicitaba el Síndico o Alcalde.

En la antigua ley, contrariamente a la actual, la Liga Municipal Dominicana (LMD), era otro instrumento regulador que mantenía un departamento de inspección y supervisión, con auditorías frecuentes a los diferentes Ayuntamientos. De igual forma, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, ejercían un control real sobre los fondos de los Cabildos.

Respecto a la cual estima, que al desbordarse el número de Unidades Municipales, existiendo hoy más del doble de las de los años 90´s y sigue en aumento, además de crecer de manera exponencial los fondos asignados a los cabildos, con relación a los de esa época, se hace necesario, que se tomen importantes  medidas tendentes a fortalecer la Ley 176-07, como son las siguientes:

1.-Fortalecimiento institucional de los Ayuntamientos en su funcionamiento y en sus órganos de dirección:

1.1.- Poner un tope a la cantidad de regidores en cada demarcación, así como definir sus funciones y atribuciones, con áreas y asuntos de los cuales serán responsables y deberán rendir cuentas periódicamente.- 1.2.- Que los regidores definitivamente, pasen a ser elegidos por circunscripción electoral dentro del Municipio.-1.3.- Devolverle al Concejo Municipal atribuciones que le confería la Ley 3455, de poder ejercer el rol de verdaderos controles de los recursos del Cabildo, debiendo aprobar a través de su presidente los libramientos de los cheques..- y, 1.4.- Abolir la Liga Municipal Dominicana, por carecer de razón de ser y por no jugar ningún rol en la actualidad en beneficio de los Ayuntamientos y del país; en su defecto, con los fondos que maneja, crear instrumentos de fiscalización eficaz y fortalecer los controles internos de los Ayuntamientos, permitiendo que los Concejos Municipales puedan disponer de Asesores en distintas disciplinas sensibles, contratados, cuando fuese necesario, para Proyectos muy específicos y de alta importancia para el Municipio.

2.- En los aspectos administrativos:

.1.- Que la Ley establezca la obligatoriedad de que el ejercicio fiscal pasado sea auditado dentro de los primeros 6 meses del año siguiente. Para éstos, se pueden habilitar fondos especiales de los que maneja la Liga Municipal Dominicana, para la contratación de auditores que sean capacitados exclusivamente para asuntos municipales, de esta forma, los problemas que puedan surgir se detectarían con tiempo, no después que ha pasado la Administración;  2.2, – Desarrollar mecanismos de evaluación de la gestión y el gobierno municipal mediante consultas periódicas a los sectores de interés, líderes comunitarios, comerciales, productores, empresarios y demás, mediante encuestas y estudios cualitativos de opinión; y 2.3,.- Reforzar o crear los mecanismos de sanción, para evitar que se produzcan tantos escándalos en los Gobiernos Locales, obligando que los Concejos de Regidores y los Alcaldes cumplan con la Ley que prohíbe legislar en su propio beneficio, auto asignándose salarios, pensiones y otros beneficios, sin ningún tipo de control.

Acciones y políticas sugeridas por el CRD:

Al haberse producido un nuevo cuatrienio donde nuevas autoridades municipales fueron juramentadas en 156 Ayuntamientos y en unas 254 demarcaciones de Distritos Municipales, el Consejo Regional de Desarrollo (CRD), quiere hacer suyo el sentir de la sociedad para llamar a los (as) alcaldes (as) y a los (as) regidores (as), a mirar hacia lo que claramente establecen las Leyes 498-06 y 1-12 sobre la planificación del desarrollo estratégico en sus Municipios.

En el CRD, entendemos que las actuales y futuras autoridades municipales deben interesarse en conocer a fondo sus funciones, tenerlas como libro de de consulta permanente en sus escritorios; además comprender, que la Liga Municipal Dominicana, pese a ser un instrumento ya fuera de lógica y contexto en la vida municipal moderna, pero que siendo aún es una realidad legal y política en nuestro País, y que maneja cientos de millones de pesos cada año, provenientes de los recursos de los Ayuntamientos;  debe ser el órgano que vigile, eduque y garantice que los Ayuntamientos no ignoren estas Leyes y planifiquen sus presupuestos conforme a las mismas.

De igual manera, deberán estudiarse y establecerse los procedimientos para la consideración de resoluciones y disposiciones que hayan sido sometidas, en la presente o anteriores administraciones municipales, conocidas o no por el pleno, y establecerse prioridades respeto de las mismas.

Por otra parte, los ayuntamientos deben crear mecanismos de  recepción y registro de las solicitudes de los ciudadanos y de los ediles; así como a los reportes de problemas e inquietudes de los ciudadanos y ediles, y de los reportados por los medios informativos locales y regionales.

Se deberá consultar varias veces al año a los líderes de opinión del municipio sobre los temas principales del ejercicio del gobierno municipal y sobre sus sugerencias respecto a los principales problemas de la comunidad municipal.

La inquietud de este Consejo Regional (CRD)  sobre estos temas no es nueva; al estar muy consciente de la importancia de los Gobiernos Locales como instrumento básico del desarrollo de cualquier país, tomando por ejemplo, que las naciones que han alcanzado elevados niveles de desarrollo (Estados Unidos, Europa y los Países avanzados del Continente Asiático), lo han logrado en base a una profunda y efectiva planificación conjuntamente con la descentralización de los Gobiernos Locales.

Como parte vital, de estos objetivos, entiende que los ayuntamientos deben ser fortalecidos institucionalmente y la misma Ley 176-07 deberá ser revisada profundamente más temprano que tarde, sobretodo, porque nuestro país no puede seguir aumentando de manera exponencial las Unidades Administrativas Municipales (Ayuntamientos, Juntas de Distritos), sólo por apetencias políticas de los partidos o de los legisladores para ganar adeptos, en virtud, de que la sanidad de su economía, no soporta que cada cantidad de años, se duplique o triplique la nómina de regidores, por el simple hecho de la población aumentar; lo que obliga a legislar en dicho sentido para poner un tope.

Tomando de basamentos dichos conceptos, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) estima indispensable, pensar que en sólo 48 mil kilómetros cuadrados, tengamos más de 400 Unidades Administrativas Municipales y más de 4 mil funcionarios electos, debe llamar a la reflexión y tomar las previsiones que eviten que estos números no sigan en aumento, para darle una mejor sustentación al desarrollo y a la descentralización estatal en República Dominicana.

 crd.consejoregionaldedesarrollo@yahoo.com,

JPM

Aguardar a que el cortejo del fracaso del gobierno cruce por los frentes de la oposición seria un grave error porque ningún partido por si solo estaría en capacidad para afrontar con éxito las acreencias económicas, sociales y políticas   en un no deseado escenario de crisis agravada.

La gestión del presidente Abinader se acerca a su noveno mes envuelto en redes de una pandemia mundial que ha tenido afectación devastadora sobre la economía, aunque es de justicia decir que a base de políticas monetarias eficaces y de oportunas iniciativas públicas, el gobierno ha podido sobrellevar la carga.

Ante una crisis sanitaria y económica, que la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (Cepal) define como las más devastadoras en los últimos 200 años, es lógico suponer  que los danos colaterales afectaran por mucho tiempo a toda la anatomía  económica, social y política de la nación.

El Banco Central y la Junta Monetaria han cumplido con la ejecución de un programa  de  financiamiento a bajas tasas de interés a través del cual se  han inyectado a la economía el equivalente a más del 6% del PIB, sin afectar en lo más mínimo la estabilidad cambiaria.

Para afrontar el desplome de la economía (-29.8%), con la caída del turismo, manufactura, exportaciones y un millón 14 mil empleos, el gobierno tuvo que recurrir  al endeudamiento externo, que durante la pandemia ha sobrepasado los seis mil millones de dólares.

Se reconoce que la economía  ha retornado al crecimiento positivo (1.1%), lo que significa una notable recuperación en relación al -29.8% de hace un año, pero se insiste en la magnitud  de los danos colaterales, como la perdida en términos  absoluto de más de diez mil millones de dólares  del PIB real.

El Presidente ha mostrado preocupación por el elevado nivel del endeudamiento,  que durante la pandemia se ha incrementado de un 58% del PIB a un 70% y que  el cumplimiento de su servicio representa más del 30% del Presupuesto Nacional, lo que  supone un freno a la inversión pública y elevado riesgo de malestar económico y social.

La calificadora de riesgos Fitch Rating colocó a República Dominicana en BB-, con perspectivas negativas de incumplimiento del emisor en moneda extranjera de largo plazo, lo que revela  riesgo de desborde  del endeudamiento público, causado esencialmente por las urgencias sanitarias y la afectación económica de la pandemia.

Los agentes económicos comparten la preocupación presidencial sobre  el tema  de la deuda, pero  quisiera yo agregar otra preocupación colateral que se refiere  al extraño silencio de los principales grupos económicos en torno en torno al anuncio del mandatario de que este ano debe  aprobarse una reforma fiscal.

El déficit fiscal proyectado para este año podría superar el 5% del PIB, lo que representa un motivo de presión para la deuda pública, por lo que el único remedio a la vista es la reforma fiscal, que debe ser impulsada por la clase política en su conjunto.