SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de medida de coerción contra el mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros 4 involucrados en «Operación Coral,  quienes -a su juicio- encabezaban un «entramado de corrupción en las entrañas del poder».

En el expediente figura también el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El Ministerio Público solicita a la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que declare «complejo» el proceso de tramitación.

El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),  insisti{o en que se trata de un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder.

“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, detalló.

Dijo que los imputados crearon un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario.

Aundiencia continua este jueves

Una vez concluida la exposición del Ministerio Público, la jueza Kenya Romero, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dispuso el término de la maratoniana audiencia y que esta se reanude a la 1 de la tarde de este jueves.

Berenice dijo que, ante la «gravedad» de los hechos, era «necesaria» la prisión preventiva, ya que los acusados teniendo «toda la oportunidad» de actuar conforme al derecho, «hicieron todo lo contrario».

«Teniéndolo todo para representar a su país con dignidad, distrajeron los fondos de sus compañeros de armas y utilizaron el nombre de Dios para ensuciar la iglesia y robarle al pueblo», dijo la exfiscal del Distrito Nacional.

Denuncia amenazas contra testigos

Tras permanecer durante varias horas exponiendo la acusación, Berenice afirmó que hay testigos del Ministerio Público que «tienen temor» de testificar porque supuestamente «los están llamando para amenazarles».

Además, pidió al tribunal que la prisión preventiva que solicita se cumpla en los recintos Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, «porque nosotros no creemos en eso de cárceles específicas en los cuarteles».

De acuerdo a la magistrada, la pastora Guzmán y su hijo Tanner Flete «aún figuran adscritos» a la Seguridad del expresidente Medina.

an/am/sp

 

SANTO DOMINGO.- Los padres dominicanos tienen derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos, que históricamente han llevado primero el paterno, según una sentencia del Tribunal Constitucional (TCRD).

El tribunal se pronunció de esta manera tras declarar inadmisible un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del artículo 46 de la Ley sobre Actos del Estado Civil y del artículo 57 del Código Civil dominicano.

El TCRD tomó la decisión porque el citado artículo 46 no establece que el apellido del padre debe ocupar el primer lugar, aunque en la práctica es así.

En su sentencia, el TCRD «quiere dejar constancia de la necesidad de que dicha práctica sea eliminada en relación con los casos futuros que le sean presentados a la autoridad competente del registro de nombre, en razón de que, como establecimos anteriormente, la norma cuestionada no establece un orden de apellidos y, en tal sentido, tal decisión se ha dejado al libre albedrio de los padres».

SANTO DOMINGO.-  El consejo de defensa de Ángel Rondón restó importancia a las “nuevas pruebas” que el Ministerio Público dice haber incorporado ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a cargo del proceso Odebrecht.

En una declaración de prensa los abogados  indicaron que “las patadas de ahogados” lanzadas por el Ministerio Público son una débil excusa para tratar de solapar que las declaraciones de sus testigos han sido “demolidas”.

Consideraron que llamar pruebas a actas de nacimiento, certificaciones, asambleas, contratos de obras supuestamente ficticios es una falta de seriedad y una ofensa al rigor procesal que merece el caso de parte de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA).

“La PEPCA miente y trata de manipular sin ningún rubor al indicar que se trata de acuerdos genéricos, argumento que ha sido desmontado por la defensa técnica del empresario Ángel Rondón Rijo”, indicaron.

Los juristas dijeron que se tratan de “contratos marco” ejecutados de buena fe por las partes y por ende reales y válidos, explicados con claridad por el propio Rondón frente a las magistradas que integran el tribunal.

“Una vez Odebrecht firmaba un contrato con una de las empresas o de las instituciones del Estado, me enviaban una comunicación indicando la firma de ese contrato y señalando el valor a percibir”, sostuvo Rondón.

Expresó que los montos eran cobrados “en la medida en que el Estado fuera pagando” y “no a la firma” como ha querido significar maliciosamente el Ministerio Público, faltando a la verdad.

Como un ejemplo expuso que cuando Odebrecht recibió 150 millones de dólares durante el proceso de construcción de Punta Catalina, esta le avanzó 1.5 millones dólares, que se correspondía con el 1% acordado como contraprestación por la representación comercial asumida para dicha obra.

an/am

SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, informó que esa institución investiga cerca de 500 casos de corrupción, 400 de los cuales son de la gestión anterior.

«Había cosas las cuales venían de antes y la administración anterior ordenó parar a quien estaba en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, entonces algunos estaban en la Fiscalía y hubo que requerirlos, procesos sin movimiento en años», explicó la funcionaria en el programa El Día, que se transmite por Telesistema.

Con respecto a quejas de la población sobre lentitud en los procesos, Germán manifestó que esa entidad tiene cuidado para instrumentar los casos presentados ante la justicia.

«Eso de apresamiento y demás, es según vengan los casos cuando se vean. Alguna gente se queja de lentitud y no es necesariamente eso, es cuidado para instrumentar una acusación que resista el cuestionamiento de la defensa y lleve la convicción del juez sobre la responsabilidad del juzgado», agregó.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre las operaciones anticorrupción que procesan en estos momentos, a decir, Antipulpo, Caracol y Coral, dijo: las dos últimas pueden ser tentáculos de la primera girando en torno a un mismo pulpo.

Hay operaciones las cuales por su dimensión no es cosa de dos ni de tres personas, implican un acuerdo entre un grupo considerable, «claro está, todo debe ser pasado por el tamiz de lo que se puede probar», sostuvo.

Finalmente se refirió a la Cámara de Cuentas y apuntó que este órgano «mintió muchas veces» respecto a auditorías solicitadas, presentó documentos a destiempo y los expedientes eran incompletos.

Comentó que en la investigación contra el desempeño de la pasada gestión de ese órgano, hasta ahora, sólo tres de sus cinco miembros están incluidos.

of-am

SANTO DOMINGO.- El Gobierno contempla iniciar a aplicar la vacuna anticovid a los mayores de 18 años a partir del 10 de mayo próximo, según anunció este miércoles el presidente del país, Luis Abinader, tras inocularse contra la enfermedad.

El Gabinete de Salud, que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, «está contemplando abrir a partir del lunes a toda la población» de mayor de 18 años, correspondiente a la tercera y última fase del plan nacional de vacunación contra el coronavirus, dijo Abinader.

Esto, dijo el mandatario, «para que toda la población se vacune y podamos empezar la verdadera normalidad».

La vacunación, agregó, «es el camino más rápido para abrir el país», por lo que «necesitamos que vengan todos ya a vacunarse».

Actualmente el país se encuentra es la segunda fase del plan de vacunación, que corresponde a las personas de entre 50 y 59 años.

La República Dominicana recibirá este miércoles un cargamento de dos millones de vacunas contra la covid-19 procedente de China, lo que supone casi duplicar el número de dosis recibidas por el país y, de acuerdo con Abinader, «van a seguir llegando (más dosis) de la manera que lo teníamos previsto».

Hasta el momento, República Dominicana ha recibido 2,45 millones de vacunas, en su gran mayoría de la Sinovac china, y ha aplicado 2 millones de dosis, según datos oficiales.

En total, 1.25 millones de personas han recibido la primera dosis y 800,988 de ellas ya han sido vacunadas con la segunda, lo que supone algo más del 10 % de la población adulta, según datos del portal gubernamental Vacúnate RD.

La República Dominicana suma 3,509 muertes por el coronavirus y un total de 268,561 contagiados desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales.

SANTO DOMINGO.- El sector social, acreditado en lo que fueran las discusiones para la elaboración y firma del pacto eléctrico, llevó su reclamo de ilegalidad e ilegitimidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

En un documento de prensa, la entidad dice que Consejo Económico y Social (CES) gestó el referido pacto al margen de la sociedad civil y «peor aún sin respetar las leyes e institucionalidad».

Recordaron que recientemente el Tribunal Superior Administrativo dejó en un limbo jurídico y sin decisión, el amparo que habían radicado, obligando a la sociedad civil a acudir por ante el TC, con un recurso de revisión, con el objetivo de lograr que se restaure la institucionalidad violada, toda vez  que en modo alguno se han llenaron los procedimientos del CES.

Los reclamantes están integrados por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas, (FEDOCOOPE), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, (IDEAC),Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente-(GEMA).

También, Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE), Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina, (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, (COPADEBA), Hermandad de pensionados/jubilados de la C.D.E.E.E, (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular, (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor, (FUNDECOM).

of-am