Por años he venido escribiendo sobre el partido “sociedad civil” -lo conozco bien- y cómo, junto a la periferia intelectual-periodística de los partidos oposicionistas o de proyectos presidenciales, fueron construyendo, aunque suene incongruente, todo un discurso anti-partido vendiendo la socorrida idea de que corrupción pública -sin agregar privada- era, y es, sinónimo de políticos. De ahí, en parte, la génesis-“éxitos” de los “independientes”, hoy tan de moda.

Con esa construcción discursiva -“sociedad civil” y periferia intelectual-periodística oposicionista- fueron arrinconando a la clase política a través de múltiples vías -máscaras o disfraz-: filtrando los espacios ciudadanos de protestas, haciendo críticas sistemáticas a los gobiernos -en vez de acompañarlos, también, con propuestas-, recibiendo cuantiosos recursos nacionales y extranjeros sin rendición de cuentas públicas que, curiosamente, exigen a los poderes públicos y partidos políticos, teledirigiendo movimientos cívicos ciudadanos que, próximo a las elecciones nacionales, convierten en movimientos políticos-electorales; y luego, como militantes políticos cualquiera, se agencian puestos públicos, “situados” en el exterior o, consejerías gubernamentales.

Incluso, en nuestro país, esa doble periferia, más política que otra cosa, fue capaz de llevar la voz oposicionista a las pasadas admiraciones del PLD -que, en honor a la verdad, también tuvo su mecenazgo minoritario pro-“sociedad civil” (mayoría reenganchada)- casi en todos los frentes: “cívico-ciudadano”, mediático-periodístico, de redes sociales, y hasta de lobby internacional….

Hoy, por suerte y ante el país, a esos actores políticos se les ha caído la máscara o disfraz (“políticos de la secreta”, como bien lo radiografió el extinto periodista Rafael Molina Morillo), pues, en todo su derecho ciudadano, disfrutan de puestos en los poderes públicos, mientras sus otrara discursos de “independencia” y sus ácidas críticas antigubernamentales y anti-partido ruedan por la cuneta haciendo mutis allende los mares o en algún recoveco del organigrama estatal (¡Oh, Dios!, cuanto extrañamos los latigazos ético-filosóficos-críticos -¿….?- de Andrés L. Mateo y Juan Bolívar Díaz, por solo citar dos de los más conspicuos otrora “hacedores de opinión publica”).

Ya Karl Marx lo sentenció: lo primero, es la subsistencia del hombre -a través del trabajo-. Pero, por Dios, “políticos de la secreta”, no había -ni hay- necesidad de ocultar sus preferencias políticas.                                                                                

Por supuesto, no toda la “sociedad civil” y periferia intelectual-periodística (bocinas progubernamentales o pro-oposición); a si sea coyuntural, cabe en ese saco; pero si la mayoría. ¿O no?

Nuestra “sociedad civil” -o lo que queda de ella en genuino ejercicio crítico constructivo o de acompañamiento propositivo- debería leerse -¿o releerse?-, con suma urgencia, el manual de Directrices de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la OEA, digo, si quiere reorientar su práctica o ámbito de competencia temática.

franciscocruz1959@yahoo.com

JPM

Con el decreto 335-21 el presidente Luis Abinader satisface lo que ha sido una aspiración muy sentida -y vieja por demás- de los sectores democráticos de la República Dominicana. Mediante esa disposición, se declara el 30 de mayo de cada año «Día de la Libertad». Se recuerda así el fin de la oprobiosa tiranía de los Trujillo.

El 30 de mayo de 1961, en la avenida George Washington, de Santo Domingo, fue interceptado el vehículo del dictador Rafael L. Trujillo por un grupo de valientes dominicanos decididos, a costa de sus vidas, a poner fin a un régimen despótico, de crimen y robo, que llevaba 31 años sojuzgando al pueblo, el cual vivía bajo silencio y terror.

El decreto presidencial procura también tributar un homenaje a la resistencia nacional contra la dictadura y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos perpetrados, así como los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado dominicano por la familia Trujillo, tornados dueños del país.

Cito el artículo dos: “Se dispone la conmemoración de los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo, para el Estado reconocer la vocación democrática permanente del pueblo dominicano, el cual nunca ha dejado de luchar por su soberanía y dignidad como nación y pueblo libre e independiente”.

Este domingo se cumplen sesenta de la gloriosa gesta del 30 de mayo de 1961. El Presidente creó una comisión para conmemorarlo, la cual integran la ministra de Cultura, Carmen Heredia,  quien la presidirá, así como el ministro de Defensa, teniente general  Carlos Díaz Morfa,  y el  de  Educación, Roberto Fulcar.

También la forman los presidentes de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias; de la Academia Dominicana de la Historia; el director del Archivo General de la Nación y   la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El asesor presidencial, Bartolomé Pujals Suárez, será el director ejecutivo.

Vale recordar que, en 1979, la Cámara de Diputados, presidida por Hatuey Decamps, representante del desaparecido Partido Revolucionario Dominicano, aprobó un proyecto con similar intención al decreto 335-21, pero el mismo fue engavetado en el Senado, de mayoría balaguerista, presidido por el señor Juan R. Peralta Pérez.

Nunca es tarde para elogiar la libertad.  Y los dominicanos, tan dados a celebración gozosa, tenemos en el Día de la Libertad un válido motivo. La ocasión es propicia para festejar y cantar con Pedro Infante esta estrofa: “Celebremos, señores, con gusto / Este día de placer tan dichoso/ Que tu santo te encuentre gustoso/ Y tranquilo tu fiel corazón”. 

JPM

Cuando veo a las mujeres luchando porque se aprueben las tres causales, me recuerda a los reclamos que libran las mujeres en contra de la violencia, por la equidad e igualdad de género, por salarios justos, en contra del tráfico humano. En este momento en pleno siglo 21, la mujer está luchando por el derecho a su maternidad, a que se respete su dignidad y su voluntad.

Aunque las mujeres son las que procrean, las leyes son hechas y aprobadas por los hombres, presionados por una sociedad hipócrita, rigurosa, atrasada, complaciente, con un alto nivel de fanatismo religioso, que es manipulado por las iglesias. Buscando códigos morales, que ellos no se aplican, enviando el mensaje de doble moral, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.

También están los políticos, a los que en su mayoría, solo les interesa mantenerse “flotando”, la mayoría solo se preocupan por mantener su estatus y sus posiciones, no les interesa el bienestar de la mujer. Lo que se está haciendo con las mujeres es una falta de ética y transparencia, no se le está respetando su derecho.

Es aberrante, que en caso de violación o incesto, se le pida a una mujer que continue con su embarazo, o cuando en este no haya posibilidades de vida. Es penoso que la mujer esté tan desprotegida. En República Dominicana el embarazo en adolescentes, muchos por relaciones no consensuales, es una epidemia, una problemática de preocupación nacional.

El 22% de las mujeres de 12 a 19 años, han estado embarazadas. La taza es un 34%, más alta que el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Las provincias con más proporción de embarazos de menores son Monseñor Nouel y María Trinidad Sánchez con un 35 y 32%, respectivamente.

Estas adolescentes, en muchos casos, pasan a ser madres solteras y vulnerables, con un nivel de educación bajo, sin entrenamiento para la vida, sin madurez física o emocional y sin edad para trabajar, lo que las hunde más en la pobreza. Sus hijos generalmente, son criados por las abuelas o familiares cercanos. Un ciclo que muchas veces se repite de generación en generación.

Es un acto de justicia, el respaldo y apoyo a las tres causales. 1. Cuando el embarazo, amenaza la vida de la niña o de la mujer. 2. Cuando el embarazo no tiene posibilidad de dar vida. 3. Cuando es resultado de violación o incesto.

El mundo es muy difícil, para ser indiferentes al dolor humano, las mujeres tienen todo el derecho de interrumpir un embarazo no deseado, un embarazo que ponga su vida en peligro y un embarazo que no va a prosperar. Imponer una ley que no defienda la vida de la mujer, es peligroso, irresponsable y es una violación a los derechos humanos.

JPM