Presos de la RD recibirán visitas conyugales bajo reglas de salud 

SANTO DOMINGO,- Las personas privadas de libertad pronto podrán recibir visitas conyugales de dos horas cada dos semanas, con la condición de estar vacunadas contra la COVID-19 y haberse realizado pruebas para descartar infección de transmisión sexual. 

Las autoridades del Sistema Penitenciario anunciaron que avanzan en los preparativos de la reapertura controlada de las visitas conyugales, para las cuales cada interno debe inscribir a su pareja formal y continuar con los análisis y la presentación de la tarjeta de vacunación. 

La Dirección General de Prisiones y el Modelo de Gestión Penitenciaria informaron que ya están habilitadas y acondicionadas las áreas para los encuentros conyugales. 

«La actualización de datos nos ha tomado tiempo, pues hay personas que han cambiado de pareja en el transcurso de este tiempo y con ellos hemos tenido que cumplir el protocolo de visitas desde cero”, explicó la doctora Gauris Sisa, encargada nacional de Salud Física del Modelo de Gestión Penitenciaria.

 “El sistema es el principal interesado en ofrecer la posibilidad de los encuentros conyugales, pues aun cuando no tengan contacto sexual, el relacionamiento con sus parejas y el intercambio de afectos en intimidad contribuyen a bajar las tensiones acumuladas por el distanciamiento y por lo tanto mejorará el estado de ánimo de la persona privada de libertad”, dijo Roberto Hernández, de la Dirección General de Prisiones. 

Hilda Patricia Lagombra, de la Oficina Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, aseguró que se ha seguido al pie de la letra las directrices del Ministerio de Salud Pública, organismo que vigila el comportamiento de la pandemia, y que la próxima semana será anunciada la fecha de inicio del plan.

JPM

Gobierno pretende recaudar $104.7 MM subiendo impuestos

SANTO DOMINGO.- El Gobierno se propone aumentar el Impuesto sobre la Renta, eliminar la dedución del gasto educativo y reducir las exenciones en algunos sectores, como parte de la reforma fiscal con la que busca recaudar RD$104,742.1 millones.

También pretende bajar el monto exento a los inmuebles, subir el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas y gravar las indemnizaciones, accidentes de trabajo, preaviso y cesantía.

Con esas propuestas, contenidas en un documento que circula desde el sábado en las redes sociales, las autoridades buscan generar recursos adicionales para sostener y estabilizar la deuda pública, que en 2020 cerró en un 56.6% del PIB.

“Desafortunadamente, por el manejo irresponsable de los gobiernos pasados en la implementación del Pacto Fiscal, la mayor parte del aumento de recursos que se requieren en el corto plazo son para estabilizar y darle sostenibilidad a la deuda pública”, explica el documento.

Explica que «en el mediano plazo  se podrán ir liberando mayores recursos que serán invertidos en ampliar los niveles de gastos en otras áreas prioritarias del Estado, como los subsidios sociales, agua, salud, vivienda, electricidad, ayuntamientos, Policía Nacional y la recapitalización del Banco Central».

Asegura que «para atender dichas demandas se requieren RD$284,388 millones (5.3% del PIB)»

jt/am

¿Por qué el silencio de los ecologistas dominicanos?

POR LUIS GARCIA

Hasta hace poco más de un año, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales fueron inundadas con denuncias de delitos y crímenes ambientales al nivel nacional, contribuyendo a sensibilizar a la sociedad dominicana acerca de la necesidad de preservar el medio ambiente y de los recursos naturales.

La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Marcha Verde, SOS Ambiente RD, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Grupo Jaragua, solo por mencionar una larga hilera de organizaciones que no callaban en denunciar las agresiones.

Algunas, como el caso de SOS Ambiente RD, llegaron a pedir la destitución de Bautista Rojas Gómez, Francisco Domínguez Brito y Ángel Estévez, los últimos ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) antes de salir del poder en agosto de 2020.

Incluso, más allá de las instituciones a las que representaban, los denunciantes personalizaron sus nombres a la defensa ambiental por la asiduidad de sus intervenciones mediáticas.

Destacaron durante los años de oro de la “sensibilidad ambiental” Yolanda León, Luis Carvajal, Max Puig, Chino Sing, los sacerdotes Nino Ramos y Rogelio Cruz y algunos periodistas con influencia en la opinión pública.

La defensa resultó tan contundente que lograron vencer las pretensiones de explotación, con fines mineros, de una parte de los terrenos en que está situada Loma de Miranda; y hasta se logró una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), en 2019, prohibiendo la agricultura en Valle Nuevo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

El tema ambiental tuvo que ser colocado en las agendas de los gobiernos dominicanos que ejercieron durante las dos primeras décadas del siglo XXI, porque formaba parte de las reivindicaciones sociales. Un innegable logro de la sociedad civil, que generó beneficios políticos para las organizaciones opositoras.

La República Dominicana disfrutaba del panorama ideal para que las denuncias empujaran hacia la consecución de los derechos ambientales de tercera generación que consagran la Constitución Dominicana del año 2010 y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Repentinamente, como un relámpago, coincidiendo con el advenimiento al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la dirección del Estado, en agosto de 2020, se ha producido un silencio ecológico que llega hasta estos días. Callaron, o se callaron los cantores de la vida que protegían el medio ambiente y los recursos naturales.

El temor es que esa irresponsable actitud también calle la vida de los pájaros, de los peces, de los animales y de la especie humana que cohabitan en esta parte de la isla La Española.

El Parque Nacional Jaragua hoy no tiene voz; tampoco el río Yuna, depredado por granceras ante los ojos de todo el que circule por la autopista Duarte; la explotación ilegal de los acuíferos Yubazo y Nizao ha pasado a ser de antología; y la tala de árboles para la elaboración de carbón vegetal se ha intensificado más que nunca en la Sierra de Bahoruco y otras demarcaciones del país.

El histórico río Masacre no solo se cruza a pie, evocando la narración de Freddy Prestol Castillo, sino que, en determinados puntos, para conseguir agua hay que cavar en la arena. La razón no radica en el largo período de estiaje; está en la deforestación de su cuenca alta en el municipio de Restauración.

La pregunta obligada es ¿por qué el silencio de los ecologistas dominicanos? La respuesta ameritaría una investigación; tal vez tengan razones de peso para justificar el comportamiento.

 

JPM

OPINION: Perspectivas para RD 2022

Empezamos con una pregunta clave que han planteado Francesca Caselli y Parchi Mishra, del Fondo Monetario Internacional (FMI): cuáles son las combinaciones de condiciones que podrían provocar un brote persistente de la inflación y desatar una espiral alcista de precios?

En el pasado tales episodios han estado asociados con fuertes tasas de depreciación del tipo de cambio de divisas en los mercados(como los que ocurrieron en los años 1984 y 1986) en República Dominicana, que la tasa de cambio se disparó desde 1.55 hasta 8.15 pesos por dólares, la inflación llegó a 43.15% y el déficits fiscal alcanzó el 8.16% del PIB, llevando la economía a un colapso, degenerando en grandes protestas y la derrota del PRD; y ocurrió de manera similar en los años 2003 y 2004 la tasa de cambio se disparó de 16.3 por dólar a 55.3 por dólar, alcanzando una tasa de inflación de hasta 42% en ese periodo y colapsando la economía, con un déficit fiscal altísimo y un balance en la cuenta corriente en rojo.

En esta coyuntura, el impacto del COVID-19 de manera negativa en la economía, que ha generado una alta inflación de los alimentos y la medicina en promedio de 36.6% en el 2021, escasez de productos, déficits fiscal de más de un 4.8% del PIB proyectado para el 2022, alto niveles de desempleo y un alto nivel de endeudamiento son factores suficientes para proyectar una perspectiva económica poca alentadora para el año 2022, por lo que habrá que evitar que se dispare la tasa del dólar, con lo cual podrían irse generando una bomba de tiempo y explotarle en las manos a las actuales autoridades.

Según analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) la recuperación económica ha estimulado una rápida aceleración de la inflación este año en las economías avanzadas y de mercados emergentes, producto de una demanda sólida, la escasez de oferta y el rápido aumento de los precios de las materias primas.

Se estima que la inflación continuará en aumento en los próximos meses de este año 2021 para luego volver a los niveles previos a la pandemia hacia mediados de 2022, si bien persisten los riesgos de una aceleración de demandas de productos de primera necesidad y no hay una contraoferta, no se lograría disminuir la inflación en el 2022.

Al episodio ocurrido en nuestra economía en el 2002 hasta 2004, le siguió el aumento del déficit fiscal y en cuenta corriente, llegando alcanzar un déficit del 8.5% del Producto Bruto Interno (PIB) y los compromisos de gastos a mediano y largo plazo, conjuntamente con los shocks externos y alto endeudamiento que comprometieron el Producto Bruto Interno (PBI)para el pago de amortizaciones de capital y el pago de los intereses de la deuda.

Las expectativas para el año 2022 no son muy alentadoras debido a que para este año 2021 se estima un mayor crecimiento de la economía, situándose en un 3,6% mientras que para el año 2022 sería de un 2% del PIB, todo esto en contraste con una proyección de la inflación menor en el 2022 ( pasando de 6,8% en el 2021, pasaría a 4% en el 2022).

Durante la pandemia los precios de los alimentos en el mundo aumentaron en un 40%, lo que plantea un gran desafío para los países de bajos ingresos, la República Dominicana no estaría exenta aunque como país está clasificada como economía de ingresos medianos.

“Ellos concluyen diciendo que las autoridades económicas deben encontrar un delicado equilibrio entre no apresurarse en estimular la recuperación y estar dispuestas a actuar con rapidez. Lo que es más importante, deben establecer sólidos marcos monetarios, los cuales deben incluir factores que determinen cuándo reducirá el apoyo a la economía para frenar una inflación no deseada. Lo que debe incluir encuestas prospectivas, niveles insostenibles del saldo fiscal y el saldo en cuenta corriente, o fuerte fluctuaciones de las divisas.”

Cuidado con hacer una reforma fiscal impositiva sin ser consensuado porque esa podría ser el inicio de un detonante de proporciones impredecibles, más estimulada con el alto desempleo y las persecuciones políticas que los funcionarios actuales no dan tregua de aplicarla, sin pensar que el cambio por el que votó el pueblo fue para que el nuevo gobierno permita la igualdad de oportunidades de todos los dominicanos, no un gobierno de grupitos.

Aparentemente el año que se avecina vendrá con grandes demandas de instituciones que le han disminuido el presupuesto, otras que la han excluido, más demandas de inclusión social, reformas al sistema de pensiones, alza de precios, alzas en la tasa de cambio, mayor endeudamiento y la imposición de una reforma fiscal que solo perjudicará a los consumidores y no a las ganancias de las grandes riquezas, porque se visualiza una perspectiva económica, política y social muy difícil de sortear.

En conclusión, para cambiar esta percepción, el gobierno deberá conseguir que las reformas sean consensuadas con la oposición política y los miembros de la sociedad civil; mantener la estabilidad cambiaría, mantener bajos niveles de inflación, disminuir el gasto, aumentar la inversión de capital y ejecutar proyectos de desarrollo con alianza sector público /privada y el presupuesto nacional no fue preparado con esa visión, pero eso será materia de mi próximo artículo.
JPM

Inician Jornada Escolar Extendida con almuerzo alumnos y docentes

SANTO DOMINGO.- La directora de la Regional 10 de Educación, Teodosia Otaño, encabezó este lunes el inicio oficial de la Jornada Escolar de Tanda Extendida y los servicios de desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes y docentes en más de 300 centros escolares públicos

En un acto realizado en el Liceo Celeste Argentina Beltré Melo, de Cancino Viejo, municipio Santo Domingo Este, Otaño destacó el compromiso de las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd) de garantizar una tanda extendida con la calidad y contenido que requiere esa modalidad y servicio alimentario sano y balanceado.

Estudiantes, docentes y el personal administrativo recibieron almuerzo al mediodía dentro de un riguroso protocolo de bioseguridad dispuesto por el Minerd a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La alimentación escolar incluye desayuno, almuerzo y dos meriendas que serán servidos diariamente en los planteles públicos, con un 75% de los requerimientos nutricionales y garantizando sana y balanceada alimentación.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Julia Drullard; Germán González, en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); Silvia Martínez y Grecia Arias, de la Dirección Jurídica y del departamento de Alimentación y Nutrición del INABIE, respectivamente; José Sánchez, representante de la Junta Regional, así como directores de los diferentes distritos educativos y técnicos regionales.

JPM

Otro agente policial envuelto en muerte en la ciudad de Santiago

 

SANTO DOMINGO.- La Policía dominicana está envuelta en otro hecho sonoro, provocado esta vez por un agente de esta institución que mató de un balazo a un ciudadano mientras perseguía a un supuesto delincuente.

Se trata del raso Bladimir de la Rosa Valdez, quien de acuerdo a la uniformada ultimó a Pedro Antonio Guzmán (Pedrito)  «de manera accidental» en un hecho ocurrido en el barrio  Hato Mayor, de esta ciudad.

«El lamentable hecho ocurrió cuando, en sus labores de patrullaje, junto a otros integrantes de la uniformada, el agente detectó un hombre portando un arma de fuego en sus manos, quien al notar la presencia de los agentes disparó contra la patrulla, siendo en esas circunstancias que el alistado respondió la agresión, impactando a Guzmán, quien falleció en un centro asistencial donde recibía atenciones médicas», dice una nota de la Policía remitida a ALMOMENTO.NET.

Agregó el agente asegura que su acción iba dirigida a contrarrestar la agresión a tiros de Luis Ángel Cruz Tavares (Pichón), quien fue detenido potando una pistola sin documentos.  Este último había salido hace aproximadamente un mes de la cárcel de La Vega, donde cumplió varios años de prisión por violación sexual.

sp-am

Caso de Haití: que se repita la historia

POR FRANCISCO MENDEZ BATISTA

A partir de la década del 1940 en adelante, nuestras fronteras con el vecino país de Haití, con quien compartimos la Isla la Hispaniola, se pudo mantener un gran flujo en el comercio, que activaba la economía de ambos países.

Las autoridades, que para entonces tenían un gran entrenamiento y un alto nivel de patriotismo, ejercían una gran autoridad sobre nuestra larga y angosta frontera, produciendo así, un real  control sobre la migración de ciudadanos haitianos que, sin vulnerar sus derechos como seres humanos, ni vejarlos, cumplían al pié de la letra con las funciones para el cual fueron entrenados.

Estas acciones fueron mantenidas a raya durante los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo, los gobiernos de transición de 1961 al 1966, continuando con el gobierno de los  12 años del Doctor Joaquín Balaguer Ricardo, en esos momento de la historia, el cual me tocó vivir en un pueblo muy cercano a la frontera, municipio Los Ríos, provincia Bahoruco.

Solo conocía los haitianos cuando pasaban en camiones Catarey, contratados por temporadas de  seis meses para el corte de la caña, los cuales al corte de la misma eran regresados de la misma forma que eran traídos a su país de origen.

En una ocasión, ya siendo yo oficial del ejército con rango de segundo teniente, me tocó con un pelotón de soldados, cuidar una Barraca, vivienda provisional donde eran llevados los haitianos que iban siendo recogidos para su retorno. Puedo decirle que todo era en orden y bajo el respeto hacia los derechos de esos ciudadanos.

Pasados las etapas y gobiernos ya mencionados, todo se ha desvanecido.

En los últimos días, he escuchado decir decir a nuestro presidente Luis Abinader,  que la guardia (Ejercito de RD) y la Policía Nacional, habían sido abandonados a su suerte, pagándole sueldos de miseria, por lo que, al hacer un reclutamiento, había que tomar todo el que iba, porque siempre acudían menos de los requeridos, motivo del desinterés por engrosarse a las filas de los cuerpos castrenses.

Esta situación, más la negación de los gobiernos de los últimos años, trajo como consecuencia que hoy nuestra frontera sea incontrolable, no sin antes explicar que el descontrol solo está de aquí para allá, porque cuando pasa un dominicano sin documentos legalizados es devuelto irreversiblemente y sin contemplación, aún cuando sea militar o de cierto nombre.

Hoy que veo la carta enviada por los militares haitianos a nuestro  presidente en una forma desafiante e irrespetuosa. Pido, que se repita la historia!

JPM

EU: A cárcel dominicana desfiguró rostro de mujeres con inyección

LAWRENCE.- A dos años en una cárcel federal fue condenada una dominicana que desfiguró el rostro de varias mujeres a las que inyectó silicona.

Gladys Aracelis Cerón, de 73 años, quien se graduó de doctora en una universidad de Venezuela, practicó la medicina sin licencia por 15 años en Massachusetts, según el fiscal Nathaniel Mendell.

Cerón, quien reside en la ciudad de North Andover, Massachusetts, mostró  a sus víctimas certificados falsos de medicina estética.

La Fiscalía explicó en un comunicado que «durante 15 años, la señora Cerón eligió ganar dinero inyectando silicona tóxica a sus clientas de cosméticos, sabiendo todo el tiempo que al hacerlo las exponía a daños graves, desfiguración y potencialmente a la muerte».

De 2004 a 2019, Cerón operó su negocio en Lawrence, donde inyectaba a sus clientes aceite de silicona, una sustancia que puede viajar a través de los vasos sanguíneos y desencadenar accidentes cerebrovasculares, desfiguración permanente y muerte, resumió la Fiscalía.

Cerón se declaró culpable de cinco cargos federales. Según su abogado, Stylianus Sinnis, la dominicana “está avergonzada, humillada y sinceramente arrepentida por las acciones que la traen hasta el día de hoy».

«La señora Cerón nunca tuvo la intención de dañar a nadie, y el hecho de que sus acciones hirieran a algunas personas le duele todos los días”, escribió Sinnis en un memorando de sentencia.

Agregó que Cerón realizó innumerables procedimientos médicos en Venezuela hasta 1995, cuando se mudó a Estados Unidos con sus tres hijos, en busca de un futuro mejor.

«Ella y sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses ahora. Todos sus hijos se graduaron de la universidad y trabajan a tiempo completo», añadió Sinnis, quien pidió que la sentenciaran a tiempo cumplido y dos años de libertad condicional, con los primeros cuatro meses en confinamiento domiciliario.

Sin embargo, los fiscales pidieron 37 meses de prisión y alegan que Cerón se aprovechó de una población vulnerable e inyectó a cientos o miles de mujeres con dispositivos médicos tóxicos, de flujo libre, silicona y otros dispositivos médicos mal etiquetados, que enfermaron a sus víctimas, las desfiguraron permanentemente y podría conducir a la muerte.

Los fiscales mostraron un video que la propia Cerón le grabó a una dominicana mientras la inyectaba y lo usó para promover las inyecciones en las redes sociales.

“Lo hizo en condiciones insalubres donde se esparcían agujas destapadas, viales teñidos de sangre, botellas de silicona sin etiquetar y otra parafernalia de su negocio ilícito de cosméticos. Apuntó a víctimas de color de bajos ingresos en el gran valle de Merrimack, y les dijo que les estaba inyectando ácido hialurónico y que era seguro”, escribió la fiscal Rachel Hemani en su memorando de sentencia.

Tras el arresto de Cerón, Hemani dijo que varias víctimas se comunicaron con los investigadores y les dijeron que sufrían graves problemas de salud y deformidades debido a los tratamientos de Cerón.

“Los médicos se han negado a tratar a estas pacientes por temor a desprender la silicona y causar más lesiones, incluso, años después, estas mujeres siguen en riesgo de sufrir complicaciones graves potencialmente mortales”, indicó.

Hemani calificó de «horribles» las acciones de Cerón, quien «se aprovechó de las inseguridades de sus víctimas para llenarse los bolsillos».

«Su conducta exige una sanción sustancial para disuadir a otros que continúan operando estos negocios de inyección de cosméticos ilícitos y oscuros en Massachusetts y en todo el país», declaró Hemani.

Basta de indiferencia: actuemos enérgicamente sin perder tiempo 

Recientemente el matutino Listín Diario reseñó en su portada el titular “Haitianos intentan entrar en masa al país”, destacando así lo grave que se torna la situación con el discurrir de los días. De conformidad con la referida información, “algunos haitianos, tras ser apresados en los operativos, han intentado agredir a los militares”.   Este es el único país en el que los nacionales haitianos se resisten a ser deportados, llegando incluso al extremo de agredir a las autoridades.
Se trata de una situación que evidencia gravedad, puesto que la única razón que existe para que los extranjeros se resistan a asumir los mandatos de nuestras leyes migratorias, es porque se creen con derecho sobre nuestro territorio. En efecto, el único país en el que los haitianos se dan el lujo de desafiar abiertamente a las autoridades, es en la República Dominicana. Razones históricas y sociológicas han incubado en la psiquis de ese conglomerado la falsa creencia de que “la isla es una e indivisible” y que, además, debe ser regida por ellos. Este aspecto ha sido un factor determinante para acrecentar el odio e ingratitud de gran parte de esa población hacia los dominicanos.
En consecuencia, la anunciada repatriación de siete mil doscientos ochenta y cinco haitianos (7,285) en treinta y dos (32) días es una cifra estadística insignificante, si tomamos en consideración la inmensa cantidad que habita y penetra diariamente, sin control alguno, en nuestro territorio. El Estado dominicano está conminado a continuar con las repatriaciones de indocumentados, aunque más importante todavía es controlar el acceso de los mismos en las zonas fronterizas.
Todos los dominicanos, al margen de simpatías políticas, debemos apoyar el esfuerzo del Gobierno a fin de exigir visado a todos los que pretendan pisar suelo dominicano. Igualmente se debe evitar que las parturientas haitianas continúen gastando el presupuesto de salud que con tanto esfuerzo costea el pueblo dominicano.
Si se aplicara el Acuerdo Dominico-Haitiano, suscrito en Washington en 1938, esta invasión pacífica e ininterrumpida no se estuviese produciendo. Su inaplicación ha propiciado el desorden migratorio que amenaza a la nación, hasta el extremo de que el referido acuerdo no fue tomado como referencia al aprobarse la Ley No. 285/04, del 15 de agosto de 2004, la cual se fundamentó en un cuestionable Protocolo de Entendimiento Sobre los Mecanismos de Repatriación suscrito en 1999.
Este último protocolo, que ha servido como instrumento para inhabilitar el Acuerdo de Washington de 1938, genera dudas sobre su legitimidad frente a un acuerdo binacional.
Se desconoce si ese protocolo fue debidamente aprobado por el Congreso, así como si los representantes de ambos países que lo firmaron tenían poderes para abordar esos temas tan sensitivos. Sobre la base de este ilegitimo protocolo se ha pretendido impedir a la República Dominicana la deportación de ilegales haitianos que establecen los numerales 1,2 y 3 del artículo 10 del Acuerdo de Washington de 1938.
Por consiguiente, al margen de la legalidad del indicado protocolo, no existe ninguna justificación para que los poderes y órganos del Estado se apoyen en ese documento para elaborar el reglamento de la Ley No. 285/04. Se trata simplemente de un acto de deslealtad y traición a la nación dominicana.
Tampoco se justifica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al examinar los casos de repatriaciones ilegales, haya preferido apoyar sus absurdas decisiones en el protocolo de entendimiento de 1999, ignorando así el Acuerdo de Washington de 1938. Todo este entramado de abusos y arbitrariedades hace suponer una conspiración internacional contra nuestro país.
 Por tanto, el Consejo Nacional de Migración actuó correctamente al disponer un impedimento de entrada al país a las extranjeras embarazadas con más de seis meses de gestación. Los Estados Unidos adoptan medidas similares para evitar que mujeres embarazadas, sin residencia legal, vayan a parir a suelo norteamericano. Y es lógico que así sea, toda vez que se trata de un tema de política migratoria que guarda estrecha vinculación con la soberanía de cada Estado. Por consiguiente, resulta inapropiada la opinión que sectores interesados han externado en el sentido de que se trata de una medida discriminatoria y violadora de los derechos humanos.
Si no se establece un férreo cordón militar a todo lo largo y ancho de la frontera, de poco o nada sirven las tímidas repatriaciones reseñadas en el matutino Listín Diario. Solamente en septiembre de este año, los Estados Unidos fletaron 57 aviones para expulsar más de seis mil nacionales haitianos.
 Asimismo, urge la aplicación de las normas migratorias, como recientemente anunció el Consejo Nacional de Migración, para que las empresas regulen a sus trabajadores foráneos en cumplimiento con la Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11. El plazo de tres meses otorgado a los empleadores y empresas para dar cumplimiento a la proporcionalidad prevista en el Código de Trabajo, es suficiente para que se regularice el aspecto laboral.
Siempre he sostenido que basta la rigurosa aplicación de la ley para mitigar la silenciosa, masiva e intolerable penetración haitiana hacia nuestro territorio. Las sanciones consignadas en el artículo 132 de la Ley General de Migración, que contempla multas que oscilan entre los cinco (5) hasta los treinta (30) salarios mínimos a quienes concedan empleos a extranjeros ilegales o personas que no se encuentren habilitadas para trabajar en el país, constituyen sanciones disuasorias para los que se benefician de la mano de obra barata proporcionada por los extranjeros ilegales.
De conformidad con las estadísticas ofrecidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), un 29 por ciento de los trabajadores de la construcción en nuestro país son haitianos, al igual que un 28 por ciento de los que laboran en el sector de la agricultura.
En cambio, la Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda (Acoprovi), ha estimado que la mano de obra haitiana alcanza un sesenta por ciento (60%) en la primera etapa de la construcción de los edificios, la cual se reduce a medida que se requiere de un trabajo más calificado. A mi modo de ver las cosas, estas cifras se encuentran muy por debajo de la realidad, pues tanto en la agricultura como en la construcción, para solo citar dos casos, la mano de obra haitiana supera el ochenta por ciento.

El problema migratorio de la República Dominicana no admite paños tibios y tampoco puede circunscribirse a la simple retórica. Sin abusos, excesos ni atropellos debemos imponer el debido respeto a nuestra integridad territorial. Los daños infligidos al Parque Nacional Sierra de Bahoruco por los extranjeros ilegales causan pavor en el más indiferente de los mortales.

No podemos permitir que manos extrañas destruyan los bosques, provocando así una irreparable pérdida de las cuencas hidrográficas que suplen de agua a nuestros ríos. Es preciso rescatar el país y para eso se requiere de mano dura en la aplicación de la ley. Basta ya de indiferencia y actuemos enérgicamente sin pérdida de tiempo.
JPM

Luperón después de la Restauración  (I) 

La pugna, a veces solapada y en ocasiones al descubierto, entre diferentes grupos políticos, militares, económicos y misceláneos fue una constante en medio de la lucha armada librada por el pueblo dominicano contra la anexión a España. 

Cuando se pensaba que el triunfo de los patriotas restauradores iba a significar que en la República Dominicana afloraría una larga etapa de paz surgió de nuevo el torbellino de la violencia, por la ambición personal de unos y los intereses grupales de otros. 

Terminada la guerra Gregorio Luperón dio sobradas muestras de que quería que su vida se enrumbara por caminos de sosiego, lo cual no significaba que entraba en un anonimato pasivo y sin utilidad.  

La prueba más elocuente de lo anterior se comprueba en el hecho de que luego de contraer matrimonio con su novia Ana Luisa Tabares, el 25 de marzo de 1865, en la ciudad de La Vega, se retiró a su lar nativo, Puerto Plata, con la satisfacción del deber patriótico cumplido y colmado de la admiración de la inmensa mayoría de los dominicanos. 

Las convulsiones generadas por la ambición de no pocos de los que guerrearon en los dos frentes ( anexionistas y restauradores) obligaron a Gregorio Luperón, como no podía ser de otra manera, a cambiarse de un líder militar con grandes méritos patrióticos a un jefe político que en ese trajín desarrolló facetas desconocidas de su vida. 

Las que se pueden definir como salas de banderas de los diferentes grupos que entonces pujaban por controlar el poder se habían transformado en algo así como surtidores de intrigas que amenazaban con desangrar el país en una guerra fratricida de consecuencias catastróficas. 

Es en ese contexto político y social que Gregorio Luperón, tal y como aparece en el primer tomo de sus memorias, publicado en el 1895, dejó la tranquilidad de su hogar en Puerto Plata y se reincorporó a la vida pública nacional. La paz del pueblo dominicano estaba en grave peligro.  

 El general José María Cabral, en su primera gestión de gobierno, (cuando fue declarado “Protector de la República”) así como personalidades tan prestantes como Fernando Arturo de Meriño, Ulises Francisco Espaillat, Máximo Grullón, Pablo Pujols, Alfredo Deetjen y José Manuel Glass le solicitaron a Luperón que a pesar del sacrificio personal para él aceptara dos posiciones claves en el gobierno. Consideraban que su presencia sería un claro mensaje para  frenar las tensiones en crecimiento que vivía entonces (agosto de 1865) la nación dominicana. 

Aquel momento decisivo en la vida del prócer, que ha sido considerado por muchos como la primera espada de la Restauración, quedó plasmado en sus memorias, con el mensaje subliminal de la carga de amargura que desencadenaría en su vida lanzarse al ruedo político: 

 “…Este suceso determinó fatalmente el porvenir de Luperón en los acontecimientos futuros de la República…Luperón no quería saber ni de empleos ni de política…contra su propósito y su inclinación, por los temores de sus amigos, provisionalmente aceptó la gobernación de Santiago y la delegación en el Cibao.”1 

Cuando Luperón incursionó de lleno en la política, por los motivos indicados precedentemente, el país vivía otra vez una especie de gramática parda en el plano político, en el sentido de que muchos de los protagonistas de entonces salían airosos de las más difíciles situaciones gracias a su habilidad, sin importar que carecieran de los más elementales estudios. 

Es oportuno decir que en esa etapa convulsa de nuestro pasado hasta hubo personas analfabetas que llegaron a ser presidentes de la República. Otros muchos fueron ministros, gobernadores y funcionarios de alto nivel en el organigrama del gobierno nacional.    

Antes de incursionar en las interioridades de los acontecimientos políticos en que Luperón participó de manera destacada, cabe señalar que con la salida del territorio nacional de las derrotadas tropas de ocupación españolas germinaron como esporas de hongos diferentes grupos que buscaban disputarse la hegemonía del poder. 

De ellos, dos partidos políticos irrumpieron con ansias de controlarlo todo en la escena pública dominicana. 

Uno fue el Partido Azul, cuyo principal jefe terminó siendo Gregorio Luperón. El otro fue el Partido Rojo, propiedad de Buenaventura Báez. 

Dichas agrupaciones dieron origen, en el arcoíris de la política criolla, a lo que algunos historiadores denominaron el ciclo de los colores. 

El Partido Azul, también llamado Liberal o Nacional, estaba integrado por la mayoría de los intelectuales y la juventud, además de  una parte considerable de comerciantes, industriales, terratenientes, así como por una minoría de campesinos y obreros. Sin embargo, orgánicamente se puede decir que el control lo tenían en términos de representación social la alta, mediana y pequeña burguesía. 

También pertenecían a ese partido personajes liberales (neoduartistas), antiguos santanistas, ex baecistas y caciques locales. Así lo expuso el historiador Julio Genaro Campillo Pérez, en su obra Elecciones Dominicanas.2  

El Partido Rojo, también llamado Partido Baecista, se formó principalmente con los seguidores de Báez, con antisantanistas, industriales, comerciantes y terratenientes poderosos, que fueron cooptando a muchos elementos de la pequeña burguesía y a individuos ubicados en el renglón de los inclasificables. 

Predominaron en dicho partido, especialmente en la guerra de los Seis Años, no pocos maleantes que se movían en diferentes lugares del país, simbólicamente representados por los que en el sur cometieron muchos crímenes, encabezados por unos tales Solito de Vargas, Mandé Gómez, Baúl Chanlatte y Llinito, apodados colectivamente como los sandolios. Todos eran asesinos de oficio, hombres de instintos primitivos al servicio de Buenaventura Báez. 

Antes de la aparición de dichas entidades políticas se conocían los movimientos de conservadores y  liberales, pero no había una estructura partidaria propiamente dicha. 

Es bueno recordar que en ocasiones incluso algunos liberales se comportaban con el mismo talante de connotados conservadores. Eran los que sólo les interesaba disfrutar del poder, sin parar mientes en cuestiones de interés colectivo. 

Vale conectar con lo anterior lo que Gabriel García Márquez, en su novela Cien años de soledad, puso en boca de uno de sus personajes de ficción, el retraído, solitario y macondiano Aureliano Buendía Iguarán, jefe de la rama militar de los liberales colombianos. Ante una retahíla de claudicaciones de sus más cercanos colaboradores atinó a expresar con pesadumbre: “Quiere decir que sólo estamos luchando por el poder.” 

Entrando en los detalles de los tejemanejes de la politiquería ramplona criolla de aquellos tiempos, es válido decir que Buenaventura Báez, que siempre fue un anexionista consumado, asumió por tercera vez la presidencia de la República el 8 de diciembre de 1865. Esa figura de la historia dominicana había sido designado por la reina Isabel II de España con el rango de mariscal de campo del ejército español, por sus servicios pro anexionistas. 

Para volver al poder Báez contó en esa ocasión con el apoyo de Cabral, tal y como se comprueba por los movimientos previos que realizó para esos fines. 

Cuando Luperón descubrió el laborantismo en que estaban los baecistas (Cabral mismo lo era entonces) renunció a sus cargos arriba citados, mediante un documento  titulado “Protesta”, que distribuyó en la casa consistorial santiaguera el 2 de noviembre del referido año1865.  

Luego de señalar sus blasones patrióticos y su oposición rotunda, “una y mil veces”, a que Báez ascendiera de nuevo a la Presidencia de la República, enfrentó directamente al todavía presidente Cabral diciéndole con voz estentórea que aceptar sus insinuaciones significaría para él, entre otras cosas, “…traicionar mi conciencia y la santa causa de la independencia dominicana…”3  

Hay que entender en el mejor sentido de defensa de la patria la posición de Luperón, pues lo de Báez siempre fue utilizar maniobras tortuosas y mover sus peones políticos, especialistas en trampas y mañas, quienes actuaban casi siempre como los endriagos, esos monstruos fabulosos que pueblan la clásica novela de caballerías titulada Amadís de Gaula. 

Luperón no descansó en sus planes de dar al traste con el espurio gobierno de Báez. Finalmente, junto con muchos otros valientes dominicanos, logró su derrocamiento.  

Al analizar los actos de ese período de gobierno “cincomesino” de Báez se comprueba que dicho jefe político no había enmendado su pasado, como tampoco, en términos sustanciales, lo haría después.  

Esa vez sólo estuvo en la silla presidencial 5 meses y 21 días, tiempo que le permitió, entre otras muchas cosas negativas que hizo, restablecer la constitución santanista del 25 de febrero de 1854 y aniquilar la que había sido promulgada por los restauradores el 14 de noviembre de 1865. 

La salida del poder de Báez fue seguida de un Triunvirato formado por Luperón y los generales Pedro Antonio Pimentel y Federico Jesús García. Ese gobierno colegiado se mantuvo de mayo a agosto de 1866. 

 Por situaciones que para entenderlas ahora habría que analizarlas profundamente en el contexto en que se produjeron, el sustituyo de ese gobierno colegiado fue el general José María Cabral. La opinión de Luperón fue de gran calado para que se tomara esa decisión. Fue, además, vicepresidente de ese gobierno. 

Dos años después (1868) Báez volvió al poder y de inmediato emprendió un proyecto antinacional, pretendiendo anexar el país a los EE.UU. Encontró, como tenía que ser, una oposición tenaz tanto aquí como fuera. 

Frente a esa situación, en la cual se ponía de nuevo en peligro la soberanía dominicana, Luperón desarrolló en el exterior una amplia campaña de oposición contra el régimen opresor y entreguista de Báez.   

Preparó una expedición que llegó a costas dominicanas en el vapor llamado  El Telégrafo, cuya misión no sólo se limitaba a tratar de aniquilar al nefasto gobierno baecista, sino también a enviarle un  potente mensaje al presidente estadounidense Ulises Grant, compinche del tirano criollo en los planes anexionistas, con tufo de negocio.  

Esa incursión armada fracasó, pero despertó conciencias dormidas. Dicha frustración militar no impidió que Luperón siguiera sus planes de oponerse por todos los medios a los macabros propósitos del caudillo sureño a quien apodaban Pan Sobao.  

Luperón volvió del exilio cuando el movimiento armado encabezado por el general Ignacio María González  obligó a Báez a renunciar, el 2 de enero de 1874.  

Fue en ese tren de lucha política, en esa suerte de Armagedón fuera de los linderos del Apocalipsis, y en ocasiones con el lenguaje de las armas, que el general de división Gregorio Luperón tuvo que moverse en las tres décadas que siguieron al triunfo de la Restauración. 

Bibliografía: 

1- Notas autobiográficas. Reimpresión facsimilar. Editora Santo Domingo, 1974, tomo I.P354.Gregorio Luperón. 

2-Elecciones dominicanas. Impresora Amigo del Hogar, 1978.P68. Julio Genaro Campillo Pérez. 

3-Gregorio Luperón e historia de la restauración, tomo I. Editorial El Diario,1939. P302. Manuel Rodríguez Objío. 

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