La República Dominicana ha experimentado en las últimas décadas varias reformas “cuasiconstitucionales”. Se trata de reformas que, si bien no tocan nuestra Constitución, introducen cambios trascendentales y sistémicos en el ordenamiento jurídico de la nación.

Tal es el caso de la Ley de Seguridad Social, la Ley Monetaria y Financiera, el Código Procesal Penal, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo, por solo citar algunas de las más importantes.

Hay una reforma cuasiconstitucional, que es la más necesaria y la más importante, pero que, sin embargo, esta es la hora que no se ha materializado. Nos referimos a una Ley del Control Jurisdiccional de la Administración (LCJA), que vendría a hacer realidad efectiva la domesticación jurídica de ese “ogro filantrópico” (Octavio Paz) que es el Leviatán estatal, en específico su rama que toca más directa e intensamente la vida cotidiana del ciudadano de a pie: la Administración Pública.

Contamos ya con una ley que norma las relaciones de las personas con la Administración, que es la Ley 107-13, y que, en sentido general, consagra y desarrolla el derecho a la buena administración, que ya ha sido considerado derecho fundamental por precedente histórico del Tribunal Constitucional.

No obstante, sus prescripciones quedan a la discreción de la propia Administración y su control interno vía los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, así como al amparo de una jurisdicción contencioso-administrativa concentrada en el Tribunal Superior Administrativo con sede en el Distrito Nacional y con competencia nacional y con unos jueces civiles de primera instancia solo con competencia para conocer los recursos jurisdiccionales contra las autoridades municipales.

Nuevos tribunales

La LCJA debería crear los tribunales de primera instancia para lo contencioso-administrativo, así como tribunales superiores administrativos (TSA), que deberían conocer los recursos de alzada contra las decisiones de esos juzgados de primera instancia y que podrían tener una competencia territorial regional: un TSA con sede en Santiago, para el Cibao y la región Norte; un TSA localizado en San Francisco de Macorís, con competencia para los casos del Nordeste; un TSA en San Juan de la Maguana, que conozca el contencioso de la región Sur; y un TSA en San Pedro de Macorís, que conocería los casos del Este, todos los cuales se sumarían al actual TSA con competencia para todo el Gran Santo Domingo.

Esta ley, que sería una ley bien corta, estableciendo las bases del recurso contencioso administrativo y de su apelación, diseñaría todo un proceso cautelar, más allá de las simples medidas cautelares actualmente contempladas en la Ley 13-07, que haga efectiva la justicia rápida en materia administrativa y que tenga la posibilidad de un recurso de alzada ante el TSA.

Esta definitivamente sí que es una reforma indispensable que podría ser rápidamente consensuada en las cámaras legislativas a partir del Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que el presidente Luis Abinader ha oportunamente sometido a discusión en el Consejo Económico y Social, pero con ajustes que han sido resaltados por el profesor Roberto Medina en dos magníficos artículos recientes, entre los cuales señaló la necesidad de no exonerar de control jurisdiccional ningún acto estatal, al estar plenamente superada la muy peligrosa -por autoritaria- doctrina de los denominados “actos políticos” o “actos de gobierno”.

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La discusión sobre el tema del aborto en los Estados Unidos ha sido una constante histórica. Desde el año 1973, cuando se produjo la decisión del famoso caso Roe versus Wade, el aborto es legal en la nación estadounidense. Pero esta semana fue conocido un documento de la actual Corte Suprema donde se plantea que esa ominosa y absurda decisión de 1973 sea abolida, eliminando la legalización del aborto como norma constitucional.

El aborto es un crimen. La industria del aborto en Estados Unidos produce millones de asesinatos de niños indefensos, pero al mismo tiempo es una operación comercial que deja miles de millones de dólares de beneficio.

Eso explica el por qué en esa nación una gran cantidad de empresas y organizaciones de la sociedad civil, las llamadas ONGs, asumen y defienden irracionalmente la libertad de abortar. De una manera totalmente sorprendente, el gobierno de Estados Unidos destina miles de millones de dólares anualmente para apoyar e impulsar a esas organizaciones y empresas que viven cometiendo asesinatos en masas en contra de niños, que tienen todo el derecho de nacer, pero que por gestión de esas entidades ese derecho es cercenado.

En este momento la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido echar hacia atrás aquella fatídica decisión de 1973, impulsada por una señora llamada Jane Roe que, a final de cuentas, demostró que no era defensora de una causa sino de intereses económicos.

En aquel momento de los nueve jueces que conformaban la Corte Suprema, siete eran demócratas y defendían el crimen del aborto. El argumento para su decisión fue asumir que la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense garantiza el derecho a la privacidad.

La realidad de la Corte Suprema de hoy es muy diferente. En la actualidad, de los nueve jueces que la conformaban, solo tres son democratas y seis son republicanos, que rechazan la legalización del aborto. Hay que decir con honor a la verdad y la justicia, que ese significativo cambio en la estructura de la Corte Suprema fue posible gracias a las gestiones del ex presidente Donald Trump.

El borrador del documento de la Corte Suprema que se ha hecho público está firmado por el juez Samuel Alito, un profesional del derecho sumamente preparado y quien históricamente ha sido un defensor del derecho a la vida. De acuerdo a ese documento la decisión de eliminar la sentencia de 1973 sobre la legalización del aborto ya está tomada y se anunciará públicamente en el mes de junio.

El documento tiene 98 páginas y está lleno de argumentos jurídicos muy contundentes. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: “La sentencia de Roe en 1973 estaba terriblemente equivocada desde el principio… Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales».

Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división… La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”.

Esta histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos implicaría derogar el derecho constitucional de abortar y daría libertad a cada Estado de esa nación para tomar las decisiones de legalizar o rechazar el aborto.

En la actualidad hay más de 20 estados dominados por los republicanos que, desde que se anuncie la decisión de la Corte Suprema, procederán a eliminar la legalización del aborto y a quitar los apoyos federales a las campañas de asesinatos contra criaturas indefensas.

Quienes defendemos el derecho a la vida en el mundo estamos complacidos con esta honesta y firme decisión de la Corte Suprema. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y lo siga dirigiendo por el camino de la verdad y de la vida, por el sendero de las palabras y las acciones  de Jesús.
euricabral07@gmail.com

La seguridad pública y la función de la Policía Nacional se ha convertido en tema de actualidad nacional y se asomó con tanto interés debido a los hechos de sangre ocurridos en las últimas dos semanas con la muerte de tres jóvenes en los cuarteles policiales y que se alega que fue culpa de la entidad de seguridad pública y creo que los hechos se están manejando muy de prisa y sin analizar el entorno en que han sucedido y las causas que lo motivaron.

Para entender lo que está sucediendo en nuestra sociedad tanto a nivel de América Latina y El Caribe, hay que saber que hay una responsabilidad compartida entre quienes imparten justicia y quienes están en el deber de cumplir con la ley, de ahí que el Foro de Seguridad de Latinoamérica define la seguridad como: “ausencia de peligro, daño o riesgo”. El concepto de seguridad proviene del latín “seguritas o secura, el cual está compuesto por Se (sin) y cura (cuidado) o preocupación, lo que significa sin temor, despreocupado, sin temor a preocuparse.

¿Qué es la Policía Nacional? La Policía Nacional Dominicana denominada Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, principal responsable de la vigilancia policial y seguridad ciudadana de todo el territorio nacional se encarga, además, a través de sus numerosas unidades especiales, de investigaciones contra el crimen organizado, terrorismo, penales, judiciales, investigación y persecución de los delitos relacionados con las drogas, y asuntos sobre orden público.

Partiendo de estos criterios podemos afirmar que en la República Dominicana existe mucho peligro y riesgo, pues la gente ha perdido la confianza en sus vecinos y sus iguales y andan en las calles muy temerosos de recibir daños, no de la policía sino de los ladrones, atracadores, carteristas, personas sin educación, los que manejan sin prudencia y los montones de mendigos y limpias vidrios que andan en los semáforos provocando a la gente y ni la policía puede tener control de ellos.

La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Se sabe que el Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. Para esto existen las fuerzas de seguridad (como la policía) que trabajan juntamente con el poder judicial.

Las fuerzas de seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez que están en curso o se han producido. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo con la ley. La seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la policía, del funcionamiento del poder judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales.

El momento que vive el país, salido de la peor pandemia que ha abatido a la gente fue el Covid.19, causando pérdida de empleos, pérdida de pequeños negocios, cambio en la salud mental, pobreza, menor educación, pérdida de seres queridos por causa del Covid.19 y la inseguridad alimentaria y de todos esos males no escapan los miembros de la policía. La situación es bastante compleja, porque la policía y la justicia están sobrecargados con tanta delincuencia.

La misma Policía está aterrada con tanta delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas de fuego, los vehículos caminando de manera ilegal, sin licencia de conducir, sin seguro, en vehículos con condiciones deplorables, como motoconchistas, los camiones de cargas, las guaguas voladoras y los carros públicos deteriorados y contaminando la ciudad. Creo que es bastante carga para la policía, cuyos miembros tienen una mediana formación y cuyos sueldos no les da para comer.

El pasado año, llovían peticiones en las redes sociales, que marcó cientos de publicaciones contra la institución del orden, se debió a la muerte Elisa Muñoz y Joel Díaz, una pareja de esposos evangélicos que perdieron la vida tras ser baleados por policías cuando se dirigían hacia la capital desde Villa Altagracia. Estos casos ocurren precisamente porque la policía quiere hacer su papel de proteger a la gente y perseguir a los violadores de la ley, aunque no lo justificamos.

Y es que los casos de David de los Santos, José Gregorio Custodio y Richard Báez, tres jóvenes los cuales cayeron por presuntos abusos policiales ponen en entredicho, nueva vez, el accionar del cuerpo del orden. Es que la sociedad está muy convulsionada y genera mucha violencia. Nuestro país no es la excepción, se conoce que un latino se debate entre la vida y la muerte tras un presunto caso de abuso policíaco en Round Lake Beach, Estados Unidos. Se trata de un joven de 21 años, quien se encuentra en cuidados intensivos luego de una confrontación con policías durante una protesta el pasado 10 de junio. Decenas de personas se han manifestado pidiendo justicia y denuncian un supuesto caso de exceso de fuerza al momento del arresto.

La misma Policía está aterrada con tanta delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas de fuego, los vehículos transitando de manera ilegal, sin licencia de conducir, sin seguro, en vehículos con condiciones deplorables, como motoconchistas, los camiones de cargas, las guaguas voladoras y los carros públicos deteriorados y contaminando la ciudad. Creo que es bastante carga para la policía, cuyos miembros tienen una mediana formación y cuyos sueldos no les da para comer.

NO se puede ignorar que nuestra sociedad ha cambiado demasiado rápido influenciado por la música de calle, que predica la violencia, la pornografía, la violencia sexual y la falta de respeto hacia los ciudadanos. Están también grandes influencer de las redes sociales, que predican la desobediencia y la libre actuación de de las personales porque no han recibido educación y son personas que no conocen las reglas sociales, sin embargo, son aplaudidos por el populismo y la ignorancia.

Don José mármol nos ilustra esa situación en  su artículo de opinión “Un brote anárquico de incultura, tribalismo y aberración”, primer párrafo lo ilustra: “Cuando una sociedad exhibe como trofeos expresiones deleznables, promovidas como arte por la industria audiofórica y viciosamente mercurial; cuando exalta, disfrazados de provocación o rebeldía, sus miserias pornográficas, sus más bajos y bestiales instintos, entonces es muy probable que esa sociedad esté encaminándose a un grado cero de civilización, a un brote anárquico de incultura, tribalismo y aberración.

Continúa diciendo Don José mármol: “Provoca desaliento y desconcierto, además de temor al devenir, que niños, adolescentes y jóvenes de diferentes estratos sociales repitan, quizás inconscientemente, esos quejidos, ladridos e improperios montados sobre música electrónica y otros recursos, moviendo sus cuerpos como reptiles lascivos, presas de alucinógenos o ahogados en alcohol. No niego que pueda haber talento allí. Pero llega a lo dantesco lo que se difunde.

Hay que preservar nuestra policía nacional, que es símbolo de trabajo y sacrificio. Ellos son los que protegen las propiedades, las personas y persiguen a los infractores de las leyes, si no es mucho pedir, la policía nacional necesita mejores equipos de trabajo, buena tecnología, mejores sueldos y más respeto de parte de los ciudadanos. Que los delincuentes sepan que no importa lo que pase, la policía seguirá cumpliendo con su deber: Luchar por la paz social y el respeto a nuestras leyes.

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