En el año 64 a. de C., Quinto Tulio Cicerón publicó el Breviario de Campaña Electoral, que fue la guía de la campaña al consulado romano de su hermano Marcos Tulio Cicerón, al que le recomendó hacer uso de su extraordinaria oratoria, de los favores realizados, de su honradez, de la adhesión de los amigos y ofrecer beneficios, que eran en ese tiempo los medios de campaña más efectivos.

Sin embargo, tiempo después, las campañas pasaron a ser revolucionadas por las apariciones sucesivas del periódico, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. De estas invenciones la que más ha influido en la política es la televisión, a tal extremo de que el reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori, en su obra, Homo Videns, La sociedad teledirigida, calificó la democracia como una democracia de video.

En la referida obra Sartori se pregunta: “¿Está, o estará, superada la televisión? A seguidas respondió: “Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ‘ser digitales’.

No cabe duda de que se trata de un gran salto de la humanidad, en el que el televisor, que es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, cede el espacio al mundo multimedia, que, por el contrario, es interactivo (y, por tanto, de usuarios activos) y polivalente (de múltiple utilización) cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados

La creciente influencia de las redes sociales en los procesos electorales es hoy un fenómeno ineludible y, quizá, el más visible de la transformación comunicativa contemporánea. Desde una mirada inspirada en Giovanni Sartori y su mencionada obra Homo videns. La sociedad teledirigida, resulta pertinente examinar hasta qué punto estas plataformas digitales no solo amplifican la lógica que él atribuía a la televisión, sino que la profundizan hasta límites que el propio autor difícilmente habría imaginado.

Frente a esa desafiante realidad, Sartori advertía que la primacía de la imagen degradaba la capacidad de abstracción, empujando al ciudadano hacia una forma de conocimiento superficial y emotiva. En el universo de las redes sociales, este proceso se acelera, se multiplica y adquiere una dimensión interactiva que altera la naturaleza misma del espacio público.

Efectos

Si la televisión, conforme a Sartori, convertía al espectador en un sujeto pasivo moldeado por el flujo constante de imágenes, las redes sociales producen un Homo videns simultáneamente consumidor y productor de contenidos, pero igualmente atrapado en la lógica de la inmediatez y la simplificación.

De este modo, la influencia en las elecciones se vuelve indirecta pero penetrante, dirigiendo no solo la información, sino la atención y, con ella, la capacidad de juicio. Sartori sostenía que la televisión “empobrecía el saber”; hoy, las redes sociales lo atomizan, lo relativizan y lo subordinan a impulsos instantáneos. La democracia, que requiere deliberación y distancia crítica, queda así debilitada por un entorno que premia la reactividad y castiga la complejidad.

En conclusión, desde un enfoque comparativo sartoriano, las redes sociales representan la culminación de la deriva iniciada por la televisión: un modelo de comunicación que privilegia la imagen, la emoción y la efectividad persuasiva sobre la racionalidad y el argumento. Todo en contra de la integridad de las elecciones, que requiere un ciudadano elector bien informado.

JPM

En los últimos años se ha hecho costumbre escuchar sobre “equipos de abogados” contratados para recuperar bienes sustraídos al Estado, con la promesa de una supuesta eficiencia que, en teoría, aliviaría la carga institucional. Sin embargo, detrás de esa práctica se esconde un mecanismo que beneficia más a intereses particulares que al propio Estado dominicano: el cobro de comisiones que alcanzan hasta un 30% de lo recuperado.

Este modelo convierte la lucha contra la corrupción en una industria privada, en una especie de “mina legal” donde unos pocos se enriquecen utilizando como materia prima los bienes robados al país. Son abogados que han encontrado una modalidad perfecta: convertirse en “casa fortuna”, esperando que cada caso de corrupción sea una oportunidad millonaria, no un acto de justicia.

Pero la recuperación de bienes del Estado no es una subasta, ni un mercado lucrativo. Es una función pública, parte esencial del mandato constitucional del Ministerio Público, órgano que tiene la responsabilidad exclusiva de perseguir delitos y garantizar que los recursos regresen al patrimonio nacional sin intermediarios innecesarios.

Permitir que terceros cobren un porcentaje tan elevado por hacer lo que corresponde al Estado es abrir otra puerta a la distorsión. ¿Cómo justificar que, de cada 100 millones recuperados, 30 millones terminen en manos privadas? ¿Cómo explicar que el dinero fruto del saqueo vuelva al país disminuido, mientras algunos profesionales multiplican sus fortunas al calor de la corrupción perseguida?

Negocio paralelo

La lucha contra la corrupción no debe convertirse en un negocio paralelo. Si el Ministerio Público carece de recursos, lo correcto es fortalecerlo, dotarlo de más herramientas, más personal y más tecnología. Pero jamás delegar su responsabilidad natural en actores que ven en cada expediente una especie de botín legal.

Recuperar lo robado es un deber del Estado, no un contrato de ganancias. Y mientras se mantenga este sistema, seguiremos enviando un mensaje equivocado: que la corrupción, aun perseguida, sigue siendo rentable… solo que para otros.

Es tiempo de cerrar ese capítulo. Es tiempo de que la justicia deje de ser una industria y vuelva a ser lo que debe ser: un pilar ético innegociable del país.

jpm-am

POR FRANKLIN VASQUEZ 

Una frase similar a la que lleva por título este artículo, pero en el ámbito de la economía, fue utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, que lo llevó a ser presidente de los Estados Unidos, en una contienda contra George W. Bush padre.

Según los datos que se tienen, la expresión fue  creada por James Carville, asesor principal de Clinton, quien colocó un cartel en la sede de la campaña con estos tres mensajes clave para que el equipo no perdiera el enfoque: «Change vs. more of the same» (Cambio vs. más de lo mismo); «The economy, stupid» (Es la economía, estúpido), «Don’t forget health care» (No olvides la atención médica).

La frase no estaba destinada a ser pública, sino que era un recordatorio interno para el equipo político. Sin embargo, se volvió popular y se utilizó ampliamente para resaltar el interés de Clinton por mejorar la economía, en contraste con el presidente en funciones, Bush, quien enfrentaba una recesión económica y tenía una baja aprobación de la población.

La expresión capturó el sentimiento de la época y fue clave en el mensaje que impulsó a Clinton a la victoria. Desde entonces, «Es la economía, estúpido» se ha convertido en una frase icónica, utilizada en política y análisis social para subrayar la importancia de la economía como un tema central de interés público y electoral.

Pero la más importante era la tercera frase, «Don’t forget health care» (No olvides la atención médica) la cual, si hiciéramos introspección y reflexionáramos sobre el funcionamiento de la sociedad, nos daríamos cuenta que todo empieza y termina en un tema de salud, desde el nacimiento hasta la muerte.

Un médico ginecólogo atiende a la madre embarazada durante nueve meses; luego nace el bebé y, hasta la etapa de la adolescencia, el infante es atendido por un médico pediatra. Posteriormente, y en nuestra vida adulta, frecuentemente debemos realizarnos estudios y pruebas clínicos para detectar enfermedades y/o para atender dolencias. Si te enfermas, entonces tienes que ser atendido en algún centro hospitalario, público o privado. Aún más, si tienes la suerte de envejecer, los cuidados y atenciones médicas aumentan, pues tus problemas de salud casi seguro también se multiplicarán.

Deuda social

Y para que todo lo anterior funcione, se debe contar con entidades como el Seguro Nacional de Salud (SENASA) que, desde su creación en el 2001, se había convertido en un referente de organización, de continuidad de Estado, de eficiencia en los servicios prestados, tanto así que una gran cantidad de empresas privadas pasaron a contratar  los productos y servicios médicos que ofrecía esa aseguradora de riesgos de salud. De esa manera, el Estado empezaba a pagar la deuda social que tenía con la población dominicana en lo relativo a garantizar servicios de salud de calidad.

Pero tenían que aparecer unos “estúpidos”, ambiciosos, codiciosos, avarientos, rapaces, mezquinos, sin alma ni escrúpulos, desenfrenados, marrulleros, tramposos, truhanes, pillos, bellacos, tunantes, villanos, desalmados y desleales, quienes crearon una estructura mafiosa, según lo establecido por el Ministerio Público, para robarse una entidad pública que era una ejemplo de buena gestión. Lo triste es que 10 personas se pusieron de acuerdo para dañar a 7.5 millones de afiliados a SENASA. Verdaderamente terrible.

jpm-am

En el fragor de las discusiones senatoriales para conseguir la declaración de guerra, cuando el senador Wayne Morse bautizó la contienda como “La Guerra de McNamara”, el Secretario de Defensa respondió, “eso no me ofende, estoy identificado con este objetivo y haré todo lo posible para ganar”.

El 7 de agosto de 1964, EEUU declaró de manera oficial la guerra a Vietnam del Norte, que había establecido su capital en Hanói, antes del armisticio con el emperador Bao Dai que gobernó la parte sur desde la ciudad de Saigón.

En las conversaciones de Mr. Mcnamara con la élite de Washington, en las fiestas de año nuevo del 1966, él comenzó a poner en dudas una victoria norteamericana en el campo militar, y solo había pasado un año y 5 meses desde la declaración de la guerra.

El declive y la salida de Mcnamara

La presión interna, que se incrementaba con la propaganda anti guerra de los grupos intelectuales de la sociedad norteamericana, más la constante llegada de los cuerpos de los muchachos sacrificados tan lejos de su patria, comenzaron a minar el ánimo y la confianza del Sr. McNamara.

Para el 1967 “El Proyecto 100,000” que, contemplaba un reclutamiento masivo, había logrado una cifra récord de más de 365 mil jóvenes, entre las edades de 18 a 26 años, para ser puestos en el terreno de las operaciones, pero las presiones internas e internacionales contra la guerra, también subían como una caldera en ebullición.

Una visita de Robert McNamara a la Universidad de Harvard en 1966 se tornó traumática cuando más de 800 estudiantes y manifestantes lo confrontaron antes de entrar a las edificaciones, de las que luego tuvo que salir escoltado por la seguridad por pasadizos secretos, para evitar la turbamulta.

Con todas estas presiones y los problemas operativos de una guerra en la que ya había dejado de creer, McNamara comienza a decaer en entusiasmo y ánimo en sus apariciones públicas; en ocasiones se le veía desarreglado y sin afeitar en diferentes entrevistas.

Es así que, en febrero de 1968, ante los serios signos de stress y depresión mostrados por el Secretario, el presidente Johnson decide reemplazarlo al frente de la Secretaria de Defensa, argumentando en privado que el país no podía correr el riesgo de otro suicidio en esa dependencia, como había ocurrido con James V Forrestal en el gobierno del presidente Harry Truman.

A Robert McNamara se le designó como presidente del Banco Mundial, a partir de su salida de la Secretaría de Defensa, cargo que ostentó hasta 1981. Su “guerra” continuó por 7 años más, hasta que, en junio de 1973, el Senado norteamericano por resolución, pone fin al uso de tropas y recursos militares en la península de Indochina.

Esta decisión truncó los planes del presidente Nixon y su asesor Henry Kissinger de sacar a EEUU de la guerra, dejando un gobierno aliado en la parte sur; la situación fue favorable para las fuerzas del norte que, ya habían conseguido su victoria diplomática plasmada en papeles, con la firma de los Acuerdos de París el 27 de enero de 1973; esto implicaba la retirada de las tropas americanas de Vietnam.

La Guerra de Vietnam continuó hasta 1975, cuando las fuerzas comunistas derrumbaron las últimas defensas de lo que fuera Vietnam del Sur; el 2 de julio de 1976 se proclamó la República Socialista de Vietnam, con la reunificación del norte y el sur bajo una sola bandera.

Las contradicciones que aún subyacen bajo la piel de la sociedad norteamericana por esta guerra, volvieron a poner a Robert McNamara bajo el ojo público, a la hora de su muerte el día 6 de julio del 2009.

Tim Wiener, un columnista del New York Times, publicó ese día un relato histórico de la vida del Exsecretario, bajo el título “Robert McNamara, arquitecto de una guerra inútil” y en su interior reprodujo el siguiente párrafo de un editorial anterior del famoso diario.

“Mr. Mcnamara no debe escapar a la condena moral duradera de sus compatriotas. Seguramente debe escuchar en cada momento tranquilo y próspero, los incesantes susurros de esos muchachos de infantería que morían en la hierba alta, pelotón tras pelotón, sin ningún propósito. Lo que les quitó a ellos, no se puede pagar con disculpas en horarios de máxima audiencia y lágrimas estancadas con tres décadas de retraso”.

El New York Times se refiere sin dudas, a la narrativa histórica desde la óptica de McNamara, de los hechos de Vietnam compilados en tres volúmenes diferentes, en los que muestra un enjuiciamiento introspectivo de su aptitud frente a las guerras y por añadidura su rechazo a las mismas.

“La niebla de la guerra” (The fog of the war) su documental testimonial, nos da una idea de cómo evolucionó la mentalidad de un hombre que participó de una manera protagónica en dos de las tres grandes guerras del siglo XX.

Una lección que hemos aprendido: Entrar en una guerra es fácil…lo difícil es salir de ella victorioso.

jpm-am

POR JULIO MARTINEZ

El gobierno ha insistido en presentar el expediente de “Operación Cobra” como una demostración del funcionamiento de un Ministerio Público independiente y decidido a enfrentar la corrupción. Sin embargo, cuando se revisa la cronología del caso, surgen dudas incómodas: la acción penal se aceleró justo después de que el propio presidente hiciera declaraciones públicas y se colocara al frente del debate, lo que alimenta la percepción de que la iniciativa no nació solo de una fiscalía autónoma, sino también de una decisión política de alto nivel.

Durante meses, distintos medios y voces políticas habían señalado rumores persistentes sobre irregularidades en SeNaSa, sobre compras cuestionables y manejos opacos de fondos, sin que se conociera una reacción visible por parte de las autoridades. Si el Ministerio Público tiene el deber constitucional de actuar ante el rumor público y las denuncias iniciales, resulta legítimo preguntar por qué la intervención llegó tan tarde y solo cuando las revelaciones ya eran inocultables. Esta brecha entre el discurso de “cero impunidad” y los tiempos reales de la actuación judicial debilita la narrativa de una justicia completamente ajena a los ritmos de la política.

Otro aspecto que llama la atención es la concentración geográfica y política de varios de los investigados. Una parte importante de los nombres que figuran en la acusación tiene vínculos con la provincia de Santiago, bastión de un sector político que acompañó al actual gobierno desde la campaña. Muchos de esos cuadros habían formado parte del entorno profesional y electoral que trabajó en la estructura de salud y en la captación de apoyo para el proyecto oficial. No se trata de criminalizar un origen regional, pero sí de reconocer que las redes de confianza que operan en las campañas suelen trasladarse luego a los cargos administrativos, con los riesgos que ello implica cuando faltan filtros serios de idoneidad y control.

Qué supervisión?

En ese contexto, la figura de la vicepresidenta adquiere relevancia política, no porque exista hoy una imputación penal en su contra, sino por el rol institucional que desempeña como coordinadora del Gabinete de Salud. Si las principales instituciones del sector, incluido SeNaSa, se articulan bajo esa instancia, cabe hacer una pregunta directa: ¿qué tipo de supervisión se ejercía sobre el seguro estatal mientras, según la acusación, se montaba un esquema de fraude que operó durante años?

También resulta pertinente cuestionar si desde el Gabinete de Salud se recibieron reportes internos, auditorías o advertencias tempranas sobre las anomalías que ahora se describen en detalle en la solicitud de medidas de coerción. Si esos informes existieron, ¿cómo se procesaron?; y si no existieron, ¿qué dice eso sobre la calidad de los mecanismos de control político y administrativo que acompañan a las designaciones de confianza en un sector tan sensible como el de la salud pública?

En vez de limitar la discusión a la figura del ex director y a su círculo más cercano, el país necesita respuestas más amplias sobre la relación entre los equipos de campaña, los nombramientos posteriores y la ausencia de alertas a tiempo. Cuando casi todos los implicados provienen de un mismo espacio político y territorial, la pregunta ya no es solo “quién robó”, sino “quién nombró, cómo supervisó y por qué no detuvo a tiempo lo que ahora se presenta como una estructura criminal”.

La ciudadanía tiene derecho a exigir que este caso no termine en un simple cambio de nombres ni en una lista de “manzanas podridas” convenientemente aisladas del resto del canasto. Si realmente se quiere romper con la tradición de impunidad en el sector salud, el gobierno debe estar dispuesto a revisar su propio modelo de gestión política, incluyendo la forma en que el Gabinete de Salud, bajo la coordinación de la vicepresidencia, ha ejercido su rol de dirección y vigilancia.

Desde una perspectiva jurídica, el proceso penal deberá determinar quiénes incurrieron en delitos y en qué grado, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero la responsabilidad política no puede esperar a una sentencia firme: se mide por la diligencia, por la reacción oportuna, por la voluntad de abrir los archivos y permitir que la sociedad conozca qué falló y quién debió haber actuado antes.

Todo esto no niega la importancia de que el Ministerio Público lleve adelante el caso con rigor técnico y respeto al debido proceso. Pero si la actuación sólo se activa cuando el escándalo alcanza niveles mediáticos imposibles de contener y el Ejecutivo toma la delantera del discurso, cuesta sostener sin matices la idea de una independencia plena y proactiva. Una justicia verdaderamente autónoma debería adelantarse al cálculo político, no acompañarlo a la zaga.

jpm-am