Este es un personaje realmente legendario de la historia política contemporánea del pueblo dominicano. Máximo, a quien  el autor de esta columna conoció aquí en nuestro país y lo volvió a ver en París, Francia, donde  había establecido su residencia, obligado al exilio impuesto por las autoridades dominicanas.

En la capital de Francia, conocida como la capital  cultural del mundo, residía en un pequeño hotel establecido en el sector de Saint Michel, acompañado de una dama distinguida que era su compañera, que le hacía y mantenía un acogedor ambiente familiar en ese exilio injusto y desconsiderado, al que las autoridades dominicanas de aquel entonces le habían obligado.

Máximo, hombre valiente, decidido y firme había vivido en el exilio desde los años de su juventud, particularmente en Cuba; y en Cuba junto a otros compañeros exiliados anti-trujillistas, había fundado el Movimiento Popular Dominicano (MPD).

En los inicios de lo que se veía llegar en la hermana isla de las Antillas Mayores, acontecimiento que era el triunfo de la revolución,  encabezada por Fidel Castro Ruz contra la dictadura de Fulgencio Batista que servía incondicionalmente a los intereses imperialistas económicos y políticos de Estados Unidos de América.

Máximo y su compañero Andrés Ramos Peguero levantaban la consigna en Cuba que solamente encabezando un  levantamiento militar contra la dictadura de Trujillo, este podía ser expulsado del poder que encabezaba cerca de  30 años.

El autor de esta columna algo más que un adolescente, escuchaba por la radio (COCO) difusora del Partido Socialista Popular de Cuba, a los dominicanos que combatían el régimen trujillista. En aquel entonces, aunque éramos estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, mis padres vivían en Montecristi en las plantaciones bananeras de la Grenada Company, División Berlanga, propiedad de la United Fruit Company.

En un acto de valentía que honra sus nombres Máximo y su compañero Andrés Ramos Peguero, decidieron regresar a la República Dominicana acogiendo una tregua que supuestamente Trujillo había concedido a sus adversarios que vivían en el exterior, para que vinieran a ejercer actividades políticas en nuestro país.

Así lo hicieron, y establecieron aquí el (MPD) y en  poco tiempo habían reclutado un número considerable de jóvenes e instalaron el Local de su partido en la que era Avenida José Trujillo Valdez, hoy Avenida Duarte, al lado del Cinematógrafo Max. Pero el régimen infiltró agentes entre esos jóvenes agresivos entre los cuales estaba un amigo de infancia del autor, compañero en la Escuela Pública de varones, ¨Honduras¨, aprendiz de sastrería que se llamaba Sami Virgil. A Sami, el autor de esta columna advirtió que Trujillo era ¨un asesino político, intolerante, represivo y selectivo¨.

Lo que vino después fue una represión criminal contra los dirigentes y miembros del (MPD) entre los cuales se fueron algunos conocidos del autor y amigos, sin llegar a los grados de la intimidad que teníamos con Sami Virgil.

Han transcurrido más de 60 años, de aquellos episodios del Movimiento que encabezaba y  que era fundador, desde Cuba, Máximo López Molina, quien profesaba mucho respeto por Juan Bosch, el Gran Maestro Político y de América, a quien hemos calificado como el ¨Presidente Moral Eterno de la República Dominicana¨.

Estamos obligados a honrar la memoria de Máximo López Molina, porque él y sus compañeros, actuaron como hijos valientes y decididos de este ¨¨Pueblo Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe¨.

JPM

Como se sabe, el general Rafael Leónidas Trujillo Molina fue “elegido” presidente de la República Dominicana en el turbulento y traumático proceso comicial pautado para culminar el 16 de mayo de 1930, y su período de gobierno (al amparo de la vigente Constitución del 20 de junio de 1929, que permitía la reelección indefinida) sería de cuatro años y formalmente se iniciaría el día de su juramentación, es decir, el 16 de agosto.   

El nuevo régimen, empero, no se caracterizaría por respetar -haciendo excepción de algunas formalidades protocolares- la Carta Magna, y desde sus primeros días (aprovechándose del estado de excepción generado por el paso devastador del ciclón San Zenón por nuestra media isla el 3 de septiembre de 1930) dio notaciones de que se trataría de un gobierno de talante totalitario basado en el culto a la personalidad, la represión indiscriminada, el saqueo de los recursos públicos y el crimen político selectivo.  

(No es posible establecer la categoría que en la escala Saffir-Simpson se le podría asignar al ciclón San Zenón, pero no hay dudas de que en términos comparativos ha sido el que mayor daño ha causado en el país, sobre todo porque entró a nuestra geografía por Santo Domingo, entonces una pequeña ciudad de alrededor de 70 mil habitantes y con una frágil infraestructura mayoritariamente de madera, cana y zinc, y produjo una devastación general, cerca de 2 mil muertos y una cantidad indeterminada de heridos y damnificados).    

Como se ha señalado, Trujillo haría provecho de las demandas de “acción” urgente y vertical creadas por los efectos del ciclón para afianzarse en el poder, y en el mes de marzo de 1934, ya eliminada o neutralizada casi toda la oposición interna (sus adversarios terminarían muertos, presos, exiliados, silenciados o cooptados) y con los resortes nodales del Estado en sus manos, enviaría un mensaje al Senado planteándole la necesidad de una nueva reforma constitucional.   

Luego de las elecciones de mayo de 1934 (en las que el ya dictador en ciernes resultaría “reelecto” en un ambiente de terror y sin la presencia de competidores) y de agotar los trámites administrativos y sustantivos de rigor, la reforma sería votada el 9 de junio, y comprendería varios aspectos de la organización territorial y política del Estado, pero dejaría intacto el régimen de elección presidencial del Pacto Fundamental de 1929 (artículos 44, 45, 46 y 47).  

En enero de 1938, Trujillo anunciaría al país que no aceptaba ser candidato para un tercer período presidencial, y pese a los reiterados reclamos en contrario de sus áulicos de toda laya, propondría la fórmula compuesta por Jacinto B. Peynado y  Manuel de Js. Troncoso de la Concha, que luego de ser aprobada por la asamblea del Partido Dominicano en febrero del mismo año, resultaría “ganadora” en las elecciones efectuadas el 16 de mayo.

El “cambio” de administración se produciría el 16 de agosto, con la particularidad de que el nuevo presidente anunció de inmediato que Trujillo seguiría disponiendo de las mismas prerrogativas que tenía como titular de la la jefatura del Estado, y que su madre y su esposa seguirían siendo “Primeras Damas de la República”. Tampoco hubo cambio alguno en el Palacio Nacional, pues Trujillo continuó ejerciendo facultades ejecutivas y sus favoritos mantendrían sus influencias y posiciones de mando.

El 7 de marzo de 1940 fallecería el presidente Peynado, y tomaría las riendas formales del Estado el vicepresidente Troncoso de La Concha, quien no sólo no modificaría el estatus privilegiado de Trujillo sino que lo afianzaría a través de  la Secretaría de Estado del Despacho del Generalísimo y con la reiteración legal de la colocación en escuelas y oficinas públicas de una foto del dictador al lado de las de los Padres de la Patria.

En dirección al robustecimiento del poder de Trujillo, el 10 enero de 1942 (de cara a las elecciones que se efectuarían en el mes de mayo, a las que aquel se presentaría como candidato y, desde luego, “ganaría”) se aprobó una nueva reforma al Pacto Fundamental, que implicaría, entre otros asuntos, la fijación (artículo 9) de la capacidad constitucional de voto a las mujeres (previamente establecida por la ley No. 390 del 14 de diciembre de 1940), un cambio en el régimen de elección presidencial para aumentar la duración del período de mandato a cinco años (artículo 44), y la supresión de la vicepresidencia de la república (eliminación de los artículos 51, 52 y 53 del texto precedente).  

La siguiente modificación de nuestro texto sustantivo auspiciada por la dictadura sería la del 10 de enero de 1947, con la que, entre otras cosas, se organizaría el régimen monetario nacional, se harían ciertos cambios en la administración municipal y se introduciría una traba para los líderes políticos que se encontraban en el exilio en esos momentos: se agregaba en la parte in fine del artículo 45, dentro de los requisitos para ser presidente, el de “haber residido en el país los cinco años inmediatamente anteriores a su elección”.     

En el año de 1952, el dictador, en otro de sus típicos actos de teatralidad y simulación, no se presentó a las elecciones de mayo sino que recomendó la candidatura de su hermano, el general Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), quien se juramentaría en agosto y, de inmediato, designaría a aquel Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Obviamente, valga la insistencia, se trataba de una pantomima política, puesto que en el país nadie nunca ignoró que el verdadero “poder detrás del trono” lo era el déspota que operaba desde una “oficina particular” con poderes ilimitados.   

En octubre de 1955, el presidente Negro Trujillo remitió un mensaje al Senado plateando la necesidad de hacer una nueva reforma constitucional, y esta se votaría el 1ro. de diciembre del mismo año y se referiría a varios asuntos, como el restablecimiento de la vicepresidencia de la república (artículos 51, 52 y 53), la adopción del principio de la no intervención extranjera en los asuntos internos (parte in fine del artículo 3) y una declaratoria de fe anticomunista (artículo 4). En lo respectante al régimen de elección presidencial, hubo un cambio notable: se redujo la edad mínima para poder ser presidente a 25 años (artículo 50, numeral 2), sin dudas para dejar abierta la posibilidad de que eventualmente pudiera ser candidato el hijo mayor del dictador, Ramfis, quien en esa época acababa de cumplir 26.       

El mismo Negro Trujillo, en mensaje al Congreso Nacional de fecha 7 de septiembre de 1959, sometería una nueva reforma constitucional, en esta ocasión para cambiar el procedimiento de modificación del texto sustantivo en el norte de darle “adecuada elasticidad” y superar el “molde rígido” que hasta el momento estaba vigente para esos fines.  La reforma se realizaría el 7 de noviembre del mismo año, y el resultado se contrajo al artículo 114, que facultó al Congreso a hacer modificaciones a la Constitución siempre que la propuesta contara con el apoyo de las dos terceras partes de los miembros de una de las cámaras o se originara en el Poder Ejecutivo. Esta reforma dejó intacto el régimen de elección presidencial.  

El 17 de abril de 1960, el presidente títere volvió a plantearle al Congreso nuevas modificaciones a la Carta Magna, y estas fueron votadas el 28 de junio del mismo año. Las modificaciones se refirieron, entre otros aspectos, al período constitucional (que fue reducido a 4 años para todos los funcionarios electivos: artículos 22, 25, 49, 79 y 105), la conversión en electivos de ciertos funcionarios hasta la fecha nombrados por el Poder Ejecutivo (gobernadores provinciales, presidente del Consejo Administrativo del Distrito Nacional, síndicos municipales, regidores, etcétera: artículos 81, 82, 84, 87 y 88), la eliminación del artículo 4 (declaratoria de fe anticomunista, abrogada como respuesta a las crecientes tensiones del régimen con Estados Unidos) y el establecimiento de la pena de muerte para delitos de agresión extranjera, traición y espionaje.   

El 24 de junio de 1960 se produciría en Caracas, Venezuela, un atentado criminal contra el presidente Rómulo Betancourt, y las investigaciones de los órganos de inteligencia de este país indicarían que los autores intelectuales y materiales habían obrado bajo órdenes del gobierno dominicano. En estas circunstancias, Venezuela y otros países de América solicitarían a la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a tono con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, o Tratado de Río), se condenara a la República Dominicana con sanciones diplomáticas y económicas. En la “VI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores” (San José, Costa Rica, del 16 al 21 de agosto), la OEA acogió el pedido y de inmediato se inició un proceso de ruptura de relaciones que dejaría a nuestro país en estado de virtual aislamiento en el ámbito interamericano.   

En medio de una campaña nacional contra las sanciones, el dictador sugeriría, en discurso pronunciado en Santiago el 26 de octubre, la introducción de algunas modificaciones a la Constitución, y el 2 de diciembre se votaría una nueva reforma en la que se estableció que la República Dominicana no apoyaría “ninguna condenación” en contra “de un pueblo hermano de América” (artículo 4), y se suprimiría nuevamente la vicepresidencia de la república. El régimen de elección presidencial no sería objeto de cambio.                        

Esa sería la última reforma constitucional realizada durante la dictadura de Trujillo, pues éste, como es harto conocido, caería abatido en la noche del 30 de mayo de 1961 en la carretera del Sur del país a resultas de una acción armada ejecutada por desafectos a su régimen de terror, abusos y expoliación que contaban con el aliento de una de las más ricas familias dominicanas y con el apoyo de círculos de poder de los Estados Unidos.     

En esos momentos -el recordatorio es válido- teníamos otro presidente fantoche: Joaquín Balaguer, un culto, sigiloso, sagaz y curtido funcionario de 54 años de edad que había accedido a la máxima función ejecutiva el 3 de agosto de 1960, por su condición de vicepresidente, a resultas de la renuncia del presidente Negro Trujillo, en el marco de una maniobra puesta en marcha por el régimen para tratar de “lavarse la cara” y evitar las sanciones diplomáticas y comerciales que, como ya se dijo, de todos modos la OEA le impondría como condena por el atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela. 

lrdecampsr@hotmail.com 

JPM

En una reciente entrevista, a propósito de la vigencia que mantiene la solicitud de desembolso anticipado del 30% de los ahorros pertenecientes a los trabajadores que están afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el experimentado jurista, Eduardo Jorge Prats, advirtió que dicha entrega “significaría un golpe de Estado, contra el presidente de la república, Luis Abinader, porque se estaría enterrando la estabilidad macroeconómica del país”.

Asimismo, para acentuar su propósito y dejar claramente colocado su mensaje, el aguzado experto en materia constitucional, también hizo referencia a la crisis económica del año 2003, haciendo un símil, entre un fraude financiero –provocado por un banquero– y una exigencia legitima –contra varios banqueros–, en cuyo caso, las AFP, son quienes estarían incentivando un nuevo colapso económico, si persiste su estafa soterrada contra un importante segmento de la población.      

Paradójicamente, la temeraria consideración del prestigioso abogado, Eduardo Jorge Prats, encuentra obstáculo en otros países, donde se está devolviendo parte de los ahorros de pensiones a sus propietarios, como una estrategia de los gobiernos de esas naciones, para dinamizar sus respectivas economías, luego de los daños sufridos a consecuencia de la crisis sanitaria que provocó el covid-19. 

Sin embargo, para poder evidenciar la verdadera intención que guarda su comentario, lo primero que debemos hacer es un ejercicio ilustrativo acerca de cuál ha sido su rol durante el desarrollo del proceso entre los trabajadores y las AFP, además, tomando en cuenta, sin que dejemos nada a la imaginación, su asidua participación en los medios de prensa, fungiendo como “abogado del diablo”, parcializado, manifiestamente, a favor de los grandes capitales del país.  

Eduardo Jorge Prats, es un portavoz de los grupos económicos, por consiguiente, cualquier pronunciamiento proveniente desde ese “jinete del apocalipsis”, simboliza una clara intención de su representado, es decir que, escuchar a Jorge Prats, pronunciándose en esos términos de manera abierta, no es ni fortuito ni casual, ya que, a ese nivel –en donde se compromete la opinión personal–, se cobran suntuosos honorarios, para expresar lo que se tenga que decir, en el lugar donde se tenga que decir y punto. 

En nuestro país, existen muchos mercaderes disfrazados de notables que viven hipotecando su firma con declaraciones interesadas –sin dejar nada al azar–, a favor o en contra de algún determinado propósito, por tanto, esa declaración sucinta, probablemente, obedece a un estrategia mediática, proveniente de sectores que buscan presionar al gobierno, so pena de provocar un acontecimiento similar al que sufrimos en el año 2003-2004, para que se abstenga de impulsar cualquier reforma a la Ley 87-01. 

La advertencia, presentada a modo de consejo con perspicaz sutiliza, indica donde estaría encaminada la trama conspirativa de las AFP, en contra de la estabilidad macroeconómica del país, si decidiese, el presidente de la república, atender los reclamos de la clase trabajadora e iniciar un proceso para resarcir sus derechos de propiedad, sobre los fondos de pensiones.  

En ningún modo, la clase obrera, cuenta con una fuerza per se, para desestabilizar al gobierno, a menos que sea mediante protestas sociales auspiciadas por sectores vinculados a los sindicatos de trabajadores (algo que no existe en este país). Empero, los grupos económicos que administran las AFP, sí cuentan con mecanismos suficientes como para provocar una enorme hecatombe en el sistema financiero nacional.   

En ese sentido, el criterio externado por Eduardo Jorge Prats, es una opinión peligrosa que necesariamente debe ser leída entre líneas, ya que, en el fondo, las AFP, pueden estar fraguando un plan para desestabilizar al país, si son obligadas a entregar el 30% de los ahorros de pensiones. Ciertamente, ese mensaje, expresado de modo subliminal, a través de un emisario, no es otra cosa, sino una maniobra contra el gobierno, para que no tome carta en el asunto. 

Los mensajes subliminales son señales que se perciben sin que su intensión se exprese de manera directa o explicita. Es un mecanismo que se utiliza para estimular una parte de nuestro cerebro, llamada subconsciente, que se encarga de obligarnos a desarrollar acciones irracionales, sin ningún obstáculo, es decir que, en términos reales, se aplica como un plan que está diseñado para no ser percibido de forma cociente, pero de todos modos influye en el resultado.  

Está demostrado que, las AFP, constituyen un entramado societario compuesto por empresarios de la banca que actúan en contubernio con políticos, sindicalistas y funcionarios públicos corruptos, para estafar a la clase obrera de los países donde operan, en su parte más sensible: su patrimonio laboral, porque limitan el acceso pleno de los derechos de los cotizantes, mientras realizan operaciones financieras que generan grandes capitales económicos en provecho propio. 

Esta situación genera un beneficio particular de las AFP, que estará siempre opuesto al interés general de la clase trabajadora, por tanto, a su vez, crea un conflicto de intereses entre, el dueño del dinero y quien lo administra, lo cual solo conseguirá ser solucionado si se modifica, en nuestra legislatura, la Ley 87-01, a los fines de hacer más justa y equitativa su aplicación. 

La tutela efectiva de los fondos de pensiones, ha quedado en estado de indefensión, razón por la cual, las AFP, han perdido el horizonte de sus límites al actuar con avaricia y voracidad, frente al derecho fundamental de propiedad, consignado en el Artículo 51 de la Constitución Dominicana, que garantiza un ámbito patrimonial de libre desarrollo de la persona, el cual, a su vez, se vincula con los demás derechos económicos y sociales de los trabajadores.     

Ojalá que mi comentario haya sido tan solo una errónea interpretación y no un augurio, sobre un proceso encaminado a continuar coartando el derecho legítimo que corresponde al trabajador dominicano de disponer plenamente de los recursos económicos que reposan en sus cuentas de capitalización individual –propiedad exclusiva del afiliado de la AFP–, porque es, a ellos, a quienes corresponde decidir sobre qué hacer con su dinero. 

JPM