POR LUIS M GUZMAN

La sostenibilidad fiscal de República Dominicana no se explica solo por el nivel de endeudamiento, aunque este ya sobrepasa los 75,000 millones de dólares en 2024. La raíz del problema es más profunda: una estructura estatal ineficiente y redundante, junto a una nómina pública sobredimensionada, que absorbe recursos que deberían dirigirse a inversión social y productiva en beneficio ciudadano.

En el país operan más de 350 instituciones estatales, muchas con funciones similares. Durante décadas se han creado ministerios, direcciones e institutos que se solapan, generando burocracia excesiva y gasto corriente injustificado.

La propia Dirección de Presupuesto ha reconocido que múltiples entidades podrían ser eliminadas o fusionadas, lo que daría lugar a ahorros considerables en el corto plazo.

Ejemplos abundan: el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) convive con el Ministerio de la Vivienda (MIVED); la OMSA y el INTRANT comparten competencias en transporte; mientras que el CEA y el IAD gestionan tierras estatales con funciones parecidas. Estos cruces generan duplicidad administrativa, conflictos de atribuciones y mayores costos para el Estado sin beneficio proporcional para la población.

El caso más emblemático es el del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Luis Abinader lo definió como una “fuente de corrupción” y prometió eliminarlo en 2020. Sin embargo, cinco años después sigue operando con un presupuesto superior al de entidades esenciales. Vinculado al caso Antipulpo, Fonper refleja cómo promesas de racionalización se diluyen frente a inercias políticas y resistencias dentro del aparato estatal.

Si bien se eliminaron instituciones menores como la Caja de Ahorros para Obreros o se fusionaron programas como ADESS con Supérate, los ahorros han sido marginales. Expertos estiman que la racionalización de entidades podría liberar más de 25,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, esos recursos suelen destinarse a cubrir déficits corrientes en lugar de fortalecer la inversión pública en áreas críticas como salud o educación.

Agravamiento

El crecimiento de la nómina pública agrava el problema. De unos 500,000 empleados en 2010, se pasó a más de 720,000 en 2024. Esto representa alrededor del 2% del PIB y más del 27% del gasto corriente.

El fenómeno responde menos a necesidades técnicas que a prácticas clientelares, lo que genera plazas duplicadas y frena la profesionalización de la administración pública dominicana.

A pesar de estos niveles de gasto en salarios, la población percibe servicios deficientes. Escuelas sin cupo suficiente, hospitales desabastecidos y sistemas de transporte colapsados son parte de la realidad. Esto evidencia que no es la magnitud del gasto lo que importa, sino su baja eficiencia. República Dominicana gasta más que países vecinos en remuneraciones, pero ofrece menos resultados a sus ciudadanos.

Paralelamente, el endeudamiento público se disparó. En 2020 rondaba los 44,600 millones de dólares y para 2023 superaba los 68,000 millones. En 2024 ya rebasa los 75,000 millones, lo que supone un incremento superior a 30,000 millones en cuatro años.

Esta dinámica coloca a la deuda en torno al 65% del PIB y compromete la capacidad del Estado de sostener su estabilidad fiscal en el mediano plazo.

El peso de la deuda se refleja en el Presupuesto Nacional. Los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 24% de los recursos anuales, rivalizando con la nómina pública como principal gasto corriente.

Con un presupuesto tan comprometido, la inversión de capital apenas representa un 17%, muy por debajo de lo requerido para transformar la infraestructura y los servicios esenciales del país.

Intentos de modernización, como el programa Burocracia Cero o la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), buscan controlar el gasto y aumentar la eficiencia. La digitalización de procesos ha reducido algunos trámites, pero mientras instituciones redundantes sigan operando, los ahorros serán marginales frente a un aparato estatal que continúa creciendo y demandando mayores niveles de endeudamiento externo.

La ciudadanía enfrenta las consecuencias en carne propia: largas filas en hospitales, aulas abarrotadas y sistemas de agua insuficientes, mientras los impuestos financian nóminas infladas y entidades cuestionadas como Fonper.

Esta disonancia entre gasto público y calidad de servicios erosiona la confianza en el Estado y alimenta la percepción de que la política responde más a intereses particulares que al bien común.

En conclusión, la verdadera carga del Estado dominicano no es solo la deuda creciente, sino la combinación de duplicidad institucional, nómina abultada y gasto corriente improductivo. Sin una reforma integral que simplifique la administración, profesionalice el empleo público y priorice la inversión social y productiva, el país seguirá atrapado en un ciclo donde se gasta mucho, pero se transforma poco.

jpm-am

Los documentos internos de organismos de seguridad estadounidenses, divulgados en el artículo “Agresión EE.UU. contra Venezuela”, de Bruno Sgarzini, publicado en Diario Red de España, revelan cómo Washington prepara una nueva ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela bajo la narrativa de “seguridad nacional”.

Informes de inteligencia y tanques de pensamiento ligados al trumpismo exponen la manera en que se prefigura una “acción militar” en la región, valiéndose de un andamiaje legal y mediático que fabrica amenazas para justificar despliegues militares.

Entre los argumentos utilizados, el citado medio destaca la reinterpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que habilita la detención y deportación de ciudadanos de “países enemigos” cuando se perciba una guerra o una invasión.

Bajo esta óptica, la migración masiva es presentada como un “arma” impulsada por carteles criminales y gobiernos adversarios. Voces como la del periodista estadounidense Ken Klippenstein denuncian que se está criminalizando a los migrantes, presentándolos como soldados de una invasión orquestada, mientras funcionarios como Joseph Humire esbozan la teoría de la “migración armada” para asociar movimientos progresistas latinoamericanos con Irán, Hezbollah y el narcotráfico.

Migración como pretexto de guerra

El documento revela cómo se construye la idea de que los migrantes no cruzan las fronteras por pobreza, represión o búsqueda de oportunidades, sino que forman parte de una avanzada armada al interior de Estados Unidos.

Así, las deportaciones masivas dejan de ser una medida administrativa para convertirse en un componente de “defensa nacional”, donde se justifica que los migrantes sean tratados como enemigos de guerra. Esta visión, carente de sustento real, pretende legitimar operaciones represivas internas y al mismo tiempo prepara el terreno para acciones militares externas.

El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, en un informe de abril de 2025 citado por Sgarzini, desmonta la narrativa oficial al reconocer que no existen pruebas de que Nicolás Maduro use la migración como un arma ni de vínculos formales con el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.

Aun así, esta construcción discursiva ha sido clave para alinear la política exterior de Washington con los objetivos de Marco Rubio, actual secretario de Estado y figura influyente en la política de seguridad estadounidense.

Fabricación de la amenaza “narco-chavista”

La llamada “amenaza narco-chavista” aparece en los documentos como una fabricación deliberada. Se trata de un recurso para encubrir intereses geopolíticos y justificar sanciones, bloqueos y despliegues militares. El relato de que el chavismo está aliado con carteles o grupos terroristas como Hezbollah responde más a las necesidades políticas del trumpismo que a hechos comprobados por la DEA u organismos internacionales.

En este marco, resulta revelador que se propongan medidas como designar a los carteles latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, con lo que se habilitaría incluso el asesinato selectivo de sus líderes mediante drones o bombardeos, del mismo modo en que Washington lo hizo en Irak, Afganistán y Siria. Bajo esta premisa, la frontera entre la persecución al crimen y las operaciones militares internacionales se borra deliberadamente.

Advertencias desde la región

La creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha despertado alertas en gobiernos progresistas de la región, que interpretan este despliegue como una advertencia de intenciones intervencionistas.

La historia latinoamericana ofrece numerosos precedentes, como la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924, que muestran cómo, bajo excusas de seguridad, Washington ha buscado imponer su dominio político y económico.

En el contexto actual, la preocupación no se limita a Venezuela. Informes mencionados en el reportaje señalan que incluso se contemplan planes de “acciones militares suaves” en México, un país cuya estabilidad es clave para toda la región. La posibilidad de que se intente justificar una intervención con el argumento del combate a carteles criminales en territorio mexicano amplía el alcance de la amenaza y refuerza la percepción de que el imperio ensaya un nuevo ciclo de injerencias bajo el paraguas de la seguridad.

Una amenaza que desestabiliza la región

La incógnita que plantean los analistas es si este despliegue estadounidense obedece a un operativo de presión simbólica propio del estilo mediático trumpista o si constituye la antesala de una campaña de ataques permanentes contra Venezuela y sus aliados regionales. En ambos escenarios, la amenaza es real: ya sea como espectáculo de fuerza o como estrategia de guerra, lo que se impone es el riesgo de desestabilización regional.

La paranoia del imperio no solo fabrica enemigos, también convierte a América Latina en un tablero de guerra. Con deportaciones que criminalizan a migrantes, con narrativas que transforman la pobreza en arma y con buques de guerra frente a las costas caribeñas, Estados Unidos reedita viejas fórmulas de injerencia que ponen en entredicho la paz y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

jpm-am