Leí hace unos días la información de que unos esposos de Nueva Jersey estaban demandando a la cadena de donas Dunkin´Donuts porque el esposo se quemó con el café caliente que le sirvieron cuando este se derramó, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado y tuvieron que pagar varias facturas médicas.

La esposa demandó a dicha cadena por la pérdida de la ayuda, comodidad, compañerismo conyugal y consorcio de su esposo. (Diario Libre, martes 19 de abril de 2022, página 19: Demandan a Dunkin Donuts)

Que una persona demande al establecimiento comercial donde compró un café caliente y que al derramarse causara quemaduras al comprador, no es nada nuevo, pues ya antes yo mismo había relatado al señalar algunos casos de los Stella Award, como Stella Liebeck, la cual, en 1992, teniendo 79 años de edad, sufrió un accidente en un McDonald’s  al caérsele encima un café que había pedido, lo que le produjo en su cuerpo quemaduras diversas, siendo indemnizada con 2.9 millones de dólares.

Desde entonces en las tazas de café se advierte que el contenido está muy caliente y de su peligro. A este caso me referí en mi Tratado de responsabilidad civil. (Tratado práctico de responsabilidad civil dominicana, p. 48, ed. 2018, donde copié las palabras pronunciadas en ocasión de la puesta en circulación de la sexta edición de dicha obra).

En el artículo «Una aproximación a la licuefacción de la responsabilidad civil» quiero referirme no a la demanda del marido por los daños directos sufridos a consecuencia del café caliente, sino al aspecto de la demanda planteado por la esposa de quien sufriera las quemaduras a consecuencia del café caliente, en cuanto a que persigue la reparación de daños y perjuicios por la pérdida de la ayuda, comodidad, compañerismo conyugal y consorcio de su esposo.

Como se observa, la demanda se refiere fundamentalmente a lo que en nuestro país podríamos calificar como daños morales por rebote o por repercusión. Sobre los precedentes en casos similares en Estados Unidos de América, no parece haber duda de que se llegará a un acuerdo en cuanto a la demanda o esta será acogida por algún tribunal.

La pregunta que surge es si de haber ocurrido el caso en la República Dominicana los tribunales acogerían la demanda de la esposa sobre la base de lo por ella argumentado. Analicemos el caso aquí.

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La propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley Núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, presentada por la Junta Central Electoral en la Mesa del Diálogo Presidencial para la Reforma Electoral, que coordina el Centro Económico y Social (CES), y, recientemente, depositada en el Senado de la República, es, sin lugar a duda, una de las más polémicas de las sugeridas por el órgano electoral.  

El referido artículo 6 regula la distribución del financiamiento que reciben los partidos de manos del Estado, un tema de extremo interés para los partidos, que, como es de esperarse, provocará un profundo rechazo de parte de algunos partidos políticos, principalmente, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que son los dos principales beneficiarios del actual modelo de distribución del financiamiento público.   

Igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la República Dominicana funciona un sistema mixto de financiamiento, en el que se combinan el subsidio público y la contribución privada. Este sistema permite que los partidos puedan completar con la contribución privada los gastos de las campañas electorales, las cuales, debido a su elevado costo, no se cubren totalmente con el financiamiento del Estado.  

No obstante, en la motivación de su propuesta, el principal órgano electoral recuerda, con certeza, que “la distribución del financiamiento público, conforme a la doctrina especializada, puede ser clasificada en sentido general en cuatro: i) de manera proporcional conforme la fuerza electoral; ii) de forma proporcional conforme la representación parlamentaria; iii) de forma mixta, tomando en cuenta la fuerza electoral y una distribución equitativa entre todas las organizaciones; y iv) otra forma mixta, combinando la distribución proporcional por fuerza electoral y otra por representación parlamentaria”. 

Para la JCE, el criterio empleado en la distribución del financiamiento público es notoriamente inequitativo, tomando en consideración que: 1) Un ochenta por ciento se divide en partes iguales entre los partidos que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones; 2) Un doce por ciento entre todos los que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento; y 3) Un ocho por ciento entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento y uno por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones.  

Como una muestra de la inequidad de la distribución del financiamiento público, mediante el actual mecanismo, la Junta presenta en su propuesta un informe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que refleja que cada voto del partido más votado tiene un valor de RD$92.40, mientras que el voto del menos votado tiene el desproporcionado valor de RD$3,963.00.  

Frente a la distorsión e inequidad provocada por la distribución de los fondos del financiamiento público, la JCE propone que se haga de la manera siguiente: 1) Un treinta por ciento, distribuido en partes iguales entre todos los partidos políticos, independientemente del resultado electoral, incluyendo los partidos políticos de nuevo reconocimiento. 2) Un setenta por ciento, distribuido de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por cada partido, agrupación y movimiento político de forma individual, en los niveles de elección presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal.  

Ya la Junta hizo la propuesta, ahora le toca opinar a los partidos, de manera principal al PRM y al PLD, por un lado, y a la FP y al PRD por el otro.  

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La mayoría de los vehículos del transporte público que utilizan el GLP como combustible, no cuentan con un sistema apropiado, aprobado por los organismos de seguridad, sino, uno rústico y rudimentario, lo que constituye una bomba de tiempo, pues pone en peligro al conductor, a los pasajeros y a los transeúntes.

Lo peor sucede cuando este combustible es utilizado en minibuses destinados para el transporte de niños y niñas a escuelas y colegios, con un tanque de gas moviéndose en su interior. Desgraciadamente las autoridades y los organismos de seguridad, responsables de evitar que estos hechos continúen produciéndose, se hacen de la vista gorda y no toman las medidas preventivas correspondientes.

Para que tengamos una idea del mal manejo que se le viene dando al uso del GLP como combustible en el transporte público y escolar, así como el alto riesgo a que estamos siendo sometidos, algunos conductores utilizan el mismo cilindro de gas de la estufa de sus casas para colocarlo en sus vehículos.

Imaginémonos, Dios no lo quiera, que en un entaponamiento en uno de los túneles o elevados, se produzca la explosión de uno de los tantos vehículos destartalados que circulan por nuestras calles, por causa de un tanque de gas instalado de forma irregular, serian muchas las pérdidas humanas que se producirían.

Hace unos meses, en un taller de reparación de aire acondicionado en La Vega, se incendiaron cinco vehículos, debido a la explosión de un tanque de gas propano utilizado en uno de ellos. Por suerte esa vez no se produjeron pérdidas humanas.

Es muy importante que, en estos momentos, en que se discute una alianza pública-privada para la revisión e inspección (revista) de todos los vehículos que circulan a nivel nacional por nuestras calles, avenidas y autopistas, se recomiende la prohibición de la instalación de este sistema irregular de combustible, por el grave peligro que este representa para nuestra población, pues cada vez que se producen accidentes, estos vehículos se incendian.

No es lo mismo un sistema de gas natural original, instalado en un vehículo, que uno que se instala de forma rudimentaria e ilegal. Esperamos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, los cuerpos de bomberos y demás organismos de seguridad y rescate, asesoren al Poder Ejecutivo en esta importante materia.

El Estado dominicano debe establecer políticas públicas para favorecer a los propietarios de los vehículos que, al momento de su inspección, no califican para continuar operando y serian sacados de circulación. Ojalá que así sea.

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