SANTO DOMINGO.- La licencia solicitada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por la vinculación de su empresa familiar en el entramado de corrupción denominado «Medusa» por el Ministerio Público, demuestra el compromiso del Gobierno para asegurar la independencia de la justicia, aseguró Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental.

Asimismo, indicó que el depósito de la querella en el caso Medusa es la prueba más contundente de la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar cualquier situación que afecte la sociedad dominicana.

Aclaró, sin embargo, que «a diferencia de todos los casos anteriores, Macarrulla no está involucrado directamente en la acusación del Ministerio Público, sino más bien un hijo suyo».

Sin embargo, calificó de gran importancia la licencia solicitada por Macarrulla, ya que «da la oportunidad de ver el clima en que se está manejando el gobierno que preside Luis Abinader».

“Es un clima de principios y normas en la que todos nos sentimos comprometidos en darle paso a la investigación y al derecho. Hay una cosa muy importante que diré sin temor a críticas….viví en la época de Trujillo cómo los padres tenían que desvincularse de sus hijos para satisfacer al régimen. Hay aquí una necesidad de darle un espacio a la integridad a que se exprese. Un gobierno no puede impedir que se aplique una conducta en la que todos participamos”, dijo.

Agregó que «esta acción es un indicativo de cómo están conformados los ministros que acompañan al presidente Luis Abinader».

«Lo que está ocurriendo es resultado de un proceso electoral cuya primera visión es el respeto a la institucionalidad, la recreación de la democracia y, sobre todo, el respeto al estado de derecho», subrayó Ortiz Bosch en el programa Despierta con CDN.

jt/am

SANTO DOMINGO.-  La procuradora general, Miriam Germán, declaró este jueves que la persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa impactan positivamente en la seguridad jurídica de República Dominicana y destacó que la lucha contra ese flagelo es prioridad de su gestión.

“La seguridad jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”, manifestó la jefa del Ministerio Público al participar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

Observó, sin embargo, que afianzar la seguridad jurídica requiere de una persecución penal racional y conforme a derecho.   «Exige, además, contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo”, dijo.

JUSTICIA Y DERECHO

Germán resaltó que los actores del sistema, en particular fiscales, deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas, sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía.

“El reto que tiene ante sí el Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder”, apuntó.

Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero a una distancia prudente, ejerciendo la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.

CASOS DE CORRUPCIÓN

La Magistrada dijo que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir «los grandes y no tan grandes» casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.

“Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”, sostuvo.

an/am/SP

SANTO DOMINGO.- Cinco modernas ambulancias, igual número de grúas y dos camiones talleres móviles, fueron entregados por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, a la Comisión Militar y Policial (Comipol).  

Además fueron entregados 12,116 artículos de avituallamiento militar, 1465 de utilería para defensa y seguridad y 315 herramientas diversas, para garantizar la seguridad del personal  y mantener la calidad de los servicios.

El aporte también incluyó indumentarias militares como chamacos con logo, pantalones verde olivo, pantalones azul marino, camisas (azul marino y verde), mamelucos de fumigación y de prehospitalaria, uniformes de técnicos mecánicos y gorras.

Chalecos multiusos y antibalas, armas de electrochoques, gas pimienta, conos, bastones luminosos y centellas imantadas, también fueron incluidos.

En el acto de entrega Ascención resaltó que en su reciente participación en un evento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constató que ninguno de los países participantes presentaron un servicio como el que ofrece la Comipol, unidad de asistencia vial adscrita al MOPC.

Indicó que esta unidad ha asistido a más de 176 mil personas, nacionales y extranjeros, en las principales carreteras dominicanas.

cfl-am

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó este jueves a Manuel Antonio Lara Hernández como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

La medida está contenida en el decreto 370-22 dado a conocer esta tarde por la Presidencia de la República.

Se recuerda que en el decreto núm. 342-20, del 16 de agosto de 2020, el Poder Ejecutivo  declaró  de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

an/am

Santo Domingo, 7 jul.- Los abogados del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez negaron este jueves «categóricamente» que su cliente tuviera aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2020 ni que haya contratado a asesores para esos fines.

Asimismo, exigieron la extradición al país de Rafael Canó Sacco, quien fuera jefe de operaciones de la Procuraduría General de la República cuando Rodríguez dirigía ese organismo y a quien sindican de cometer supuestos actos de corrupción durante su permanencia en el cargo.

Consideraron, en un documento, que Canó Sacco debe enfrentar los cargos «aquí en el país y así demostrar quién es el verdadero responsable de todas estas supuestas barbaridades que hemos visto» en los medios de comunicación.

Sobre la contratación de la asesora mexicana, refirió que todo tema político y muy en especial todo tema relativo al movimiento político Renovación fue coordinado, dirigido y ejecutado por Canó Sacco, quien era el presidente de dicho movimiento.

«Cualquier contratación y pago realizado a esa reconocida y prestigiosa asesora, fue realizado por Rafael Canó y no por Jean Alain Rodríguez», dijeron los letrados en alusión a la mexicana Alejandra Lagunes.

De acuerdo a publicaciones de varios medios de comunicación, el Ministerio Público ha establecido que Rodríguez supuestamente pagó 2 millones de dólares a Lagunes para que le asesorara en sus propósitos de presuntamente convertirse en un aspirante a la Presidencia de la República.

Respecto a las sobrevaluaciones y sobornos que se le inculpan a su cliente, reiteraron que la Cámara de Cuentas no identificó sobreevaluaciones y que hasta este momento los tres interrogatorios filtrados a la prensa con serios escándalos de actos irregulares, a quien indican como persona que presuntamente solicitaba sobornos es precisamente a Rafael Canó Sacco.

«Pedimos al Ministerio Público detener las filtraciones a la prensa, dejar a un lado el exorbitante populismo penal exhibido desde el inicio de este caso para permitir a nuestro cliente responder puntualmente en los tribunales y a la opinión pública cada acusación que se le realice», dijo el documento.EFE

SANTO DOMINGO.- El Gobierno  rechazó que reciba presión de   Estados Unidos para que sea aprobada en el Congreso  el proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso de bienes ilícitos.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que el objetivo principal de las autoridades es que el pueblo dominicano pueda  recuperar bienes adquiridos por terceros de manera irregular, sobre todo los casos  relacionados con el   narcotráfico.

Se refirió así a declaraciones de los senadores Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Bautista Rojas Gómez,  de la Fuerza del Pueblo (FP) que  la emprendieron contra la Embajada de  Estados Unidos por supuestamente presionar al Palacio Nacional y a legisladores para que sea aprobada la referida legislación.

Paliza recordó que esa iniciativa  tiene varios años en el Poder Legislativo y  fue impulsada por el PLD, que tenía mayoría congresual, pero que hoy  de manera «absurda» se opone a que se apruebe.

Al participar como invitado en en el almuerzo de medios del Grupo Corripio, el también presidente de Partido Revolucionario Moderno (PRM) llamó a las demás organizaciones políticas y a la sociedad dominicana a que  acompañen al Gobierno en esta cruzada para que este proyecto sea ley.

Manifestó que el PLD tuvo suficiente oportunidades para aprobar la extinción de dominio, que en un momento tenía una matrícula de 29 senadores, sin embargo, siempre encontraron excusas para que eso no pasara.

Sobre si la misma es orgánica o no, Paliza puntualizó que quienes tienen que poner ese debate son los propios congresistas. “Si usted quieres votar por ella: vote, los que andan en la discusión de que si es orgánica o no, son los que no quieren votar por ella; pregúntese usted quién es?”, expresó.

También participaron en el encuentro Milagros Ortíz Bosch, Eddy Olivares, Nelson Arroyo y Elisabeth Mateo,  entre otros.

an/am