El concepto de Gobierno Abierto ha emergido como un nuevo enfoque que aglutina esfuerzos de transparencia, participación y colaboración por mejorar las capacidades institucionales del gobierno, lograr efectividad en las políticas públicas y democratizar la gestión pública.

Las iniciativas y estrategias llevadas a cabo para la promoción y desarrollo del Gobierno Abierto son cada vez más necesarias para recuperar la confianza de los ciudadanos frente al gobierno.

Los elementos que conforman el Gobierno Abierto: transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación activa de la ciudadanía están progresivamente cambiando la relación entre los servidores públicos y los ciudadanos en muchos países.

Existen numerosos esfuerzos e iniciativas de apertura participativa y transparencia gubernamental presentes en prácticamente la totalidad de los países, muchos de ellos dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la cual la República Dominicana es signataria.

Debemos estar claros en algo, y es que la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, así como el estado de derecho se han venido constituyendo en factores indispensables para lograr el desarrollo de los pueblos.

Así lo deja dicho, de manera clara, la Agenda 2030 (ODS), cuando en su Objetivo 16 deja establecido entre sus principales metas la adopción de “decisiones inclusivas, participativas, representativas, y el acceso público a la información”, así como el establecimiento de “instituciones eficaces, responsables y transparentes” a favor del desarrollo sostenible.

Para poder enfrentar ese desafío es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas.

Esto implica una mayor interacción entre Estado y sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, que promuevan espacios de participación ciudadana efectiva, que contribuyan hacia la obtención de un Estado al servicio del bien común y de la ciudadanía.

Fundamentado en esos pilares señalados, el Gobierno Abierto supone una transformación institucional sin precedentes en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza, recuperación de la confianza y democratización de la gestión pública.

En la República Dominicana, han sido reconocido en los últimos años profundos avances en materia de Gobierno Abierto, como el fortalecimiento de normativas sobre el derecho de acceso a la información pública, así como los mecanismos para mejorar los estándares de integridad y gestionar de manera más transparente los recursos públicos

Asimismo, se destacan una serie de iniciativas para la mejora de los servicios públicos, con uso intensivo de las herramientas tecnológicas, generando plataformas únicas de servicio al ciudadano, simplificación de trámites y procedimientos.

Igualmente, mejoras en los mecanismos de interoperabilidad y puesta en marcha de portales de transparencia, así como nuevas estrategias para el empoderamiento de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas.

En fin, las administraciones públicas están llamadas a estar cada vez más abiertas a un escrutinio público mucho más directo y constante por las acciones que adopten.

Serán más accesibles a cualquier individuo que desee relacionarse con ellas y fomentarán la colaboración de otros actores ampliando la receptividad a las nuevas demandas, propuestas e ideas del entorno.

Transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad gubernamental y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son elementos visibles del concepto de Gobierno Abierto que, irreversiblemente, nos están conduciendo hacia la democratización de la Administración Pública.

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La fuerza de los medios de comunicación es grande, sí señor. Sirve para impulsar causas justas, para hacer de este mundo un lugar menos inhabitable, para atemorizar, pues hasta el ciudadano más carenciado amenaza con llamar a la prensa ante un atropello o situación que le desfavorece.

En opinión de  algunos, como la defensa de imputados en casos sonoros,  ese poder es tan amplio que incluso incide en decisiones judiciales, porque los jueces temen a las críticas de los periodistas defensores del Ministerio Público.

Igual, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados advirtió que no actuará bajo presión mediática en el estudio del Código Penal ¿Qué significa?

Pero  quizás la prueba más grande del ancho campo de acción de este sector la dio el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, cuando arguyó que la destitución del director y de la encargada de perinatología del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina la provocó la presión mediática.

Ya antes, el titular del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, había pregonado que ese centro e s de alta complejidad y recibe pacientes vulnerables, por lo que la muerte de 32 neonatos solo en febrero, no constituía negligencia.

De inmediato llegó en forma de pregunta la respuesta de una población asombrada ¿Entonces por qué la cancelación de esos funcionarios, cuando esa acción los desacredita, empaña su hoja de servicio?

Pasma  escuchar al señor ministro con declaraciones de esa magnitud, que vienen a despejar las dudas que dejó su subalterno Lama, cuando detalló las causas de decesos de estos niños, y eximía así de responsabilidad a los dos médicos retirados de sus funciones.

Visto esto, parece que los medios tienen alto alcance  en los tres poderes del Estado o es que hay gente que ve fantasmas.

Es desacertado actuar movido por el miedo. Esto no está en discusión,  es una falencia muy grave.

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Aquí se perdió la capacidad de asombro y el respeto al dinero con la frecuente denuncia de robos por miles de millones de pesos contra los fondos públicos llevados a cabo por las asociaciones de malhechores que, a la sombra del poder político de los 20 años de gobierno del PLD de Leonel y Danilo, ejecutaron personeros, y familiares cercanos, a estos altos dirigentes políticos.  

Recién cuando se denuncian irregularidades por más de 30 mil millones de pesos encontradas por la Cámara de Cuentas en los procesos de compras y contrataciones para la construcción del Metro de Santo Domingo, a cargo del ingeniero Diandino Peña, sale a la luz pública otro escándalo financiero que involucra la suma de 84 mil millones de pesos. 

Nos referimos al reporte de la Unidad de Análisis Financieros, del Ministerio de Hacienda, correspondiente al 2022, que además de la suma citada, involucra en las operaciones ilícitas de lavado de activos, 168 inmuebles y 144 vehículos de lujo. 

 Treinta y seis expedientes, de las 42 investigaciones realizadas, fueron remitidos, con las pruebas correspondientes, a la Procuraduría General de la República cuya capacidad operativa va quedando corta ante el cúmulo de expedientes de corrupción que les llegan producto de la cruzada de adecentamiento del país. 

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“De todo; como en botica”. La expresión le va muy bien a lo que ha trascendido en torno a las más recientes rendiciones de cuentas en las municipalidades dominicanas. 

Desde fuertes críticas de regidores a ejecutivos municipales hasta reclamos relacionados con la famosa “Regla de oro”, como le llaman al “entendimiento” para que el presidente de cada concejo de regidores pertenezca al mismo partido que el alcalde, pasando por “dimes y diretes” entre políticos con intereses encontrados, marcaron esas actividades en el más reciente Día de los Ayuntamientos.

 Como todavía no estamos muy acostumbrados a que esas sesiones especiales en las municipalidades sean realizadas el 24 de abril, por aquella viejísima costumbre de que ocurrieran en fecha 16 de agosto, mucha gente habrá pasado por alto el feo espectáculo ofrecido por muchos gobiernos locales.

 Se ha de recordar que la decisión para ese cambio de fecha obedece a un mandato constitucional, a partir de la más reciente reforma a la Carta Magna. La fecha fue estrenada al asumir sus cargos, en medio de la pandemia, las actuales autoridades de los municipios dominicanos.

 Pero también hay buenas nuevas relacionadas con los gobiernos locales. Se acaba de juramentar a los miembros del Gabinete de Descentralización. Con ello se busca, según se ha explicado, “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en los territorios e impactar en la calidad de vida de las familias dominicanas”.

 Incluso, hasta una expresión con rima ha sido usada para dar a conocer ese propósito: “que el bienestar de la ciudadanía sea gestionado desde la cercanía”.

 La responsabilidad del referido gabinete también ha de estar acogida a lo estipulado en nuestra Carta Magna, cuyo Artículo 204 reza: “El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”.

 Con ello se responde a una aspiración vieja en la sociedad dominicana. Desde antes del nacimiento de la República, Duarte planteaba la preponderancia del Poder Municipal. Incluso, aunque nunca llegó a ser aplicada, existió una Ley, la 166-03, que disponía la entrega del 10% del ingreso no especializado del Presupuesto Nacional a los Ayuntamientos.

 Pero si seguimos revisando la Constitución, encontraremos que en su artículo 206, expresa: “La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

 Y todavía más: agreguemos a ello lo que plantea el Artículo 18, párrafo IV, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios. “Los ayuntamientos podrán solicitar la delegación de determinadas competencias al Gobierno Central, respondiendo a la demanda de la población y a partir de la demostración de que pueden hacer un ejercicio de las mismas más eficiente, eficaz, transparente y participativo”, reza el referido texto legal.

 De solo leerlo, uno piensa que se trata de algún texto “colado” o relacionado con realidades muy ajenas a las nuestras. ¿Cuántos ayuntamientos se han apoyado en ese párrafo para asumir alguna responsabilidad? O quizás más allá. ¿Alguien recuerda a una ciudadanía empoderada reclamándole eso a alguna entidad edilicia en nuestro país?

 Hasta ahora hemos tenido, más por iniciativa del Ejecutivo que por reclamo de las municipalidades, y ni decir sobre exigencia ciudadana, transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales.

 Ojalá que, con el trabajo del recién juramentado Gabinete de Descentralización, se propicie un tema clave: la real participación de la ciudadanía en procesos que generen oportunidades y repercutan en dinamismo económico, como vía para avanzar hacia el anhelado bienestar en los territorios.

 Para ello hay muchas tareas de cara a superar la tradición de votar a candidatos que ni siquiera conocen sus atribuciones, que comienzan denostando a sus antecesores, que, en la mayoría de los casos, se dedican a entretener a la gente y terminan siendo otro más del montón.

 Esta fórmula para el avance ayudaría a superar una etapa caracterizada por la abundancia de “dictadorcitos” que se disfrazan y por figurines que logran encantar a gente incauta.

nestorestevez@gmail.com

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