El principio de la irresponsabilidad penal del enfermo mental es consagrado en el mundo occidental, pero sometido hoy a numerosas críticas del entorno médico y jurídico. Los médicos señalan primeramente la dificultad práctica de una separación rígida en dos categorías.

Y es por lo que muchos países han adoptado la categoría intermedia de los delincuentes a responsabilidad atenuada, a veces asimilados a los delincuentes responsables (es el sistema francés), a veces asimilados a los irresponsables (es el sistema belga) de la ley de defensa social de 1930 sobre los anormales y los delincuentes de hábito), a veces obedeciendo a un régimen específico.

 El Homicidio Act británico prevé que un homicidio puede ser calificado de homicidio involuntario cuando el autor sufre de ciertos tormentos psíquicos, el delincuente pudiendo entonces hacer el objeto de una medida de internamiento en virtud del Mental Health Act).

Más recientemente, las críticas de los médicos se han desarrollado en cuanto a las consecuencias psíquicas de la noción misma de irresponsabilidad que “puede disminuir la culpabilidad y la consciencia de la falta del acusado” condiciones previas ciertos de un tratamiento perfeccionado de éxitos”.

 Juristas sobre todo en Estados Unidos, consideran de su lado que la alineación mental no debería ser un medio de defensa privilegiado mientras que “la adversidad social es un factor de delincuencia mucho más importante que no importa cuál estado psicótico”.

Otros juristas insisten sobre el hecho que el delincuente mismo piensa que solo el derecho puede hacerlo hablar, le permite ser escuchado, ser oído en su versión de la verdad de sus actos. En fin  las víctimas demandan también que al menos el proceso tenga lugar, aun si el delincuente es alienado- afín que la justicia “sea dicha”.

En suma, la irresponsabilidad tendría este efecto de cerrar toda la red, excluyendo no solamente el grupo social (no proceso, pues no audiencia pública), sino también la palabra de las personas directamente implicadas, la del delincuente como Suecia abandonó la noción, de responsabilidad penal, la del delincuente como la de la víctima.

Es así que un país como Suecia abandonó la noción, de responsabilidad penal, el principio siendo que todos los delincuentes, sea cual sea su grado de madurez psicológica (menores) o su estado mental (alienados), son juzgados y eventualmente declarados culpables por sus infracciones.

Es solamente al estadio de la determinación de la sanción que el juez penal tendrá cuenta de su estado mental para descartar dado el caso la pena en perfil de medidas más apropiadas.

En la práctica, el sistema británico no es por otro lado muy alejado, pues el medio de defensa sacado de la alienación mental no puede ser invocado que en los casos extremadamente reducidos: ese medio de defensa no es prácticamente jamas invocado cuando no hay acusación de asesinato y, en los asuntos de asesinato, se prefiere generalmente alegar la responsabilidad atenuada.

 Es pues lo más a menudo en la etapa tardía de la determinación de la sanción que se tratará el asunto.  Esto plantea, en esta etapa, la cuestión del equilibrio de poder entre las autoridades estatales en cuestión. El sistema francés organiza este equilibrio en beneficio de las autoridades administrativas y médico-sociales, porque el juez penal está totalmente privado.

Tan pronto como se adquiera la irresponsabilidad (demencia en el sentido del artículo 64 del Código Penal. El principio es que la autoridad judicial – juez de instrucción o tribunal de juicio – sólo puede dictar una decisión negativa (sobreseimiento, libertad o absolución), que interrumpe el curso de la justicia penal.

Es  según el derecho común aplicable al conjunto de las enfermedades mentales que el delincuente irresponsable-cuya declaración de culpabilidad no habrá sido pronunciada (y que queda pues teóricamente presumida inocente a la diferencia del menor irresponsable)- será, según las autoridades administrativas y médico-sociales, en un establecimiento hospitalario.

Según el  artículo 64 del Código penal “podría comprometer el orden público o la seguridad de las personas”, deben avisar seguido a las autoridades, “que tomarán todas las medidas útiles”, siendo precisado-lo que muestra la distancia entre las dos redes, penal y médico-social que el aviso médico “debe llevar sobre el estado actual del enfermo “, mientras que este ha podido evolucionar, y mejorar, desde la comisión del delito.

jpm-am

Llegada la pandemia nadie culpó al gobierno de Danilo Medina por su aparición, esa situación estaba fuera de su alcance. La forma en que se enfrentó si fue fruto de algunos cuestionamientos.

El actual gobierno heredó esa crisis sanitaria y la enfrentó con seriedad y dedicación. Ello no impidió que la muerte se ensañara contra cientos de dominicanos.

Al final sus esfuerzos fueron reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

La inflación también fue, aún lo es, una especie de pandemia que azota al mundo. Los precios se han disparado a niveles inesperados. Así como el coronavirus la inflación tiene orígenes más allá de nuestro alcance como nación.

Igual que al Covid las herramientas disponibles solo permiten tratar de que causen el menor daño posible. Y, se ha trabajado en ese sentido.

La pregunta obligada es ¿porqué la generalidad de la población, y particularmente los líderes políticos, admitieron que la crisis del Covid era ajena a nuestros gobernantes y juegan a la desinformación con una inflación que también lo es?

El gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado las precauciones necesarias para mantener a raya, en lo posible, la inflación, tal como ocurrió con el coronavirus.

Sin los múltiples subsidios, incrementos de sueldos y asistencia social, estuviéramos atravesando por un situación en la que la paz pública que vive el país estuviera severamente alterada.

La ciudadanía toda vive los efectos de una inflación que pudo haber sido peor, como peor pudo haber sido la crisis del coronavirus. Lamentablemente, porque escapa a nuestro control, no hemos tenido más alternativas en uno y otro caso que buscar paliativos pues el control absoluto no es una opción posible.

Hacer política en base a los precios de los principales artículos de consumo es parecido a que la oposición en su momento culpará al gobierno de cada uno de los fallecidos a causa del Covid.

Aún cuando se padece la crisis y nos aflige, el grueso de la ciudadanía sabe sus orígenes y los esfuerzos que se hacen para superar la inflación tal como ocurrió con una pandemia que si no nos llevó algún familiar lo hizo con vecinos o amigos.

Tratar de confundir con fines electorales no creemos que resulte pues una simple pregunta a cualquiera que lo intente les desmoronaría cualquier argumento: ¿usted como presidente hubiera podido evitar la inflación?

Cualquier afirmación en ese sentido sería una demagogia que nadie le creería y una admisión sería reconocer su treta farsante.

El país de hoy no es una maravilla, muchas deudas sociales siguen pendientes, políticas incorrectas, funcionarios inoperantes y una larga e interminable lista de cosas por superar.

Sin embargo la corrupción ha disminuido, la justicia funciona mejor, los recursos públicos se manejan con mayor transparencia y las pandemias sufridas, incluyendo la inflación, no han impedido el avance del país, lo cual se habrá de acelerar cuando los factores adversos generados más allá de nuestras fronteras cesen o disminuyan a niveles aceptables.

Siempre ha habido y habrá paz luego de la tormenta.

 

¿Qué se siente cuando se cumplen 25 años, con todo ese vigor que da la juventud? Se está lleno de bríos, de sueños, de quimeras y planes que se añora ver hechos realidades.

Hace 25 años surgió en la República Dominicana una institución que ha sido puntal para el desarrollo transversal y para los actuales avances socio-económicos, el progreso y la mejoría en la calidad de vida que registra el pueblo dominicano. Y apenas está en la flor de su juventud, con todo lo que implica cuando a esa edad ya se han forjados valiosas realidades y se proyectan grandes realizaciones.

El dato sale a colación en momentos en que se celebra este 17 de mayo el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Comunicación (DMTSIC 2023) para “conmemorar la fundación del Día de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865”.

Y aquí esa fecha es motivo de júbilo porque coincide precisamente con los esfuerzos que se realizan en materia de desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

Este enfoque podría parecer una lisonja, una alabanza -tal vez innecesaria para algunos-. Pero para nosotros, en nuestro yo interior, creemos que sí, que es de justicia decirlo. Que todo ha resultado loable precisamente con el apoyo de la UIT.

Ocurre que la institución del ámbito nacional, en tanto, tiene el mérito de haber trazado desde su creación, con sus altas y sus bajas, la ruta para el pleno impulso de las telecomunicaciones en el territorio nacional. Obvio, sus tangibles aportes no habrían sido posibles sin la indispensable y decidida participación de la inversión privada local y extranjera que ha creído en el sector y en el clima de inversiones existente en el país.

¿Qué falta mucho por hacer? Desde luego que sí. Eso no se discute. Pero es que apenas tiene 25 años, todavía está gateando, como se dice regularmente. Habría que decir también que abrigamos la fe de que las nuevas realizaciones serán “pan comido”, en razón de que históricamente, y sobre todo en estos momentos, está claro y se entiende que “en buenas manos está el pandero”.

Debemos señalar que esta institución está dirigida por una vigorosa gerencia que reúne experiencia técnica y los nuevos aportes del cambio, o sea, una camada que se ha aferrado al rigor técnico e institucional que exige el momento para poner proyectos y planes a avanzar hacia adelante. Y todo ocurre cuando la institución se vanagloria de cumplir sus dos décadas y un lustro de edad, que está para mejor decirlo, “en la flor de su juventud”.

Y pensar que en el ínterin ha logrado afianzar sus esfuerzos, no sólo con miras a expandir las telecomunicaciones sino también para que este servicio sea de calidad y satisfaga la demanda de los negocios, empresas, academias y de los usuarios, en sentido general.

¿A qué institución nos referimos? Al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Un poderoso brazo institucional que impulsa la conectividad en el territorio nacional mediante asertivas programaciones que cuentan con apoyo de inversores privados y de organismos regionales y mundiales, como son, poniendo solo dos ejemplos, la CITEL y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

jpm-am