La sociedad dominicana se ha vuelto adicta a los mitos y hay que ir rompiendo con ellos. Cada vez que asume un mandatario, se escuchan diferentes expresiones, como: «la herencia de la deuda» o tal o cual mandatario fue el «culpable». Veamos el siguiente análisis.

Casi todos los gobiernos del siglo XIX, no lograron endeudamiento externo, aunque trataron de anexar la República Dominicana o Samaná a otros gobiernos para gestionar capital, pero no llegaron a concretarse. En aquella época, el endeudamiento del gobierno era interno, mediante colaboración de grandes y pequeños comerciantes, entre ellos: los ganaderos y productores de tabaco.

El primer presidente en endeudarse internamente en 1857 y no pagar, lo fue Buenaventura Báez, por ello ocurre, en el Cibao, la revuelta de los productores de tabaco. También, Báez fue el primero en internacionalmente endeudar el país, con el llamado empréstito Hartmont, concertado en 1869.

Los demás periodos de gobiernos se caracterizaron por inestabilidad política y lucha entre caudillos, hasta que llega al poder el Gral. Ulises Heureaux, quien como mandatario solicitó onerosos préstamos internacionales, entre ellos, uno a la compañía holandesa Westendor y con la empresa, Santo Domingo Improvement Co., de capital norteamericano. En 1899, el Gobierno debía en el exterior la suma de 24 millones de dólares.

Las deudas y préstamos concertados por esos antiguos gobiernos nacionales, fueron el detonante de graves crisis internas, y con ello, influyeron a que el presidente Morales Languasco, bajo la presión de la Improvement y del gobierno norteamericano, firmara la Convención de 1905. En ella autorizaba a los Estados Unidos a controlar nuestras Aduanas.

La intervención militar a la República Dominicana se debió a la «inestabilidad política» y las «garantías» que necesitaba Estados Unidos para el cobro de sus préstamos. Al poco tiempo, fue el motivo para invadir el país y administrar las Aduanas; luego de casi una década, fue que logramos el pago.

El Gobierno de Horacio Vásquez, mediante empresas estadounidense, entre ellas Dominican Contracting Constructions y la J. G. White Engeenering Corporation, recibió un préstamo de trece millones de pesos.  Las deudas dejadas por Vásquez, fueron pagadas por Trujillo.

La deuda pública nacional tuvo su época de oro (guardando distancia) en la dictadura trujillista; de hecho, en 1947, de manera constitucional, el peso dominicano debía estar a la par con el dólar. El dictador, luego del Tratado Trujillo-Hull en 1940, acuerda con Estados Unidos el pago de la deuda externa.

El 21 de julio de 1947, Trujillo ordenó al tesorero de la nación el pago de la deuda externa, e incluso, en esos momentos, llegó el peso a estar por encima del valor del dólar. El dictador dejó la deuda en US$l4.8 millones, y luego, el Consejo de Estado, en trece meses, la subió a US$37.30 millones.

Como manera de conservar un mayor rigor cronológico, y ya que empezamos de cero, observaremos a los mandatarios contemporáneos, entre los cuales está: Prof. Juan Bosch, Dr. Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Dr. Jorge Blanco, Dr. Leonel Fernández, Ing. Hipólito Mejía, Lic. Danilo Medina y el presidente Luis Abinader.

El presidente Juan Bosch, a pesar de ser uno de los más austeros, subió en siete meses a US$125 millones o US$98 millones la deuda externa. El Prof. Bosch no pudo concluir su gobierno por causa de un golpe de Estado.

El presidente Joaquín Balaguer es el gobernante que administró con mayor prudencia el endeudamiento externo, entregando (luego de doce años de gobierno) a su sucesor, Antonio Guzmán, una deuda externa de US$987.4 millones.

El presidente Guzmán la subió en US$1,647.5 millones y el presidente Salvador Jorge Blanco la entregó al presidente Balaguer en l986 en US$1,052.1 millones más, totalizando US$3,687.0 millones.(En el Gobierno de Jorge Blanco, la economía dominicana sufrió un colapso).

El presidente Leonel Fernández recibió la deuda externa en US$3,807.3 millones y la manejó prudencialmente, dejándola en el 2000 en US$3,243.5 millones, reduciéndose en US$563.8 millones y entregándola al presidente Hipólito Mejía, que la encaramó en US$6,585.0 millones o US$3,34l.5 millones más. (En el Gobierno de Mejía, la economía dominicana sufrió un colapso).

En el año 2012, el presidente Leonel Fernández entregó al presidente Danilo Medina una deuda externa de US$18,700 millones y, ya en diciembre 20 l3, el presidente Medina subió la deuda externa a US$23,203.7 millones o US$3,740.5 millones más.El expresidente Medina, entre el 2012 y 2020, subió la deuda, de US$18,700 a 43,091 MM.

El mandatario Luis Abinader, en los primeros años de gobierno, subió la deuda de US$43,091 millones a 52,264 MM, para un total de US$9,173 MM. Ya para el 30 de abril del 2023, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$54,721.2 millones.

Finalmente, durante 12 años de gobierno del presidente Leonel Fernández, sus administraciones elevaron la deuda pública no financiera en US$ 11,618 millones; la de Hipólito Mejía en 4 años en US$ 3,275 millones; la de Danilo Medina en 8 años en US$ 24,391 millones y la del presidente Luis Abinader en 3 años en US$ 11,408 millones.

Al ver esos datos, parecería que el Lic. Danilo Medina ha sido en la historia el que más ha endeudado el país, pero al fijarnos bien en las cifras, y el tiempo gobernando, resulta que no…

 (Datos económicos de los especialistas Ubi Rivas, Haivanjoe Cortiñas y basados en los datos oficiales publicados por la Dirección General de Crédito Público).

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POR ROBERTO GARCIA

Durante toda la historia de nuestro país se ha contado con las Gobernaciones en cada provincia, las cuales tienen como función principal, conforme a nuestra Constitución, la representación del Presidente de la República en cada una de sus demarcaciones.

Así lo deja dicho nuestra Constitución, cuando en su artículo 198 establece que “el Poder Ejecutivo designará en cada provincia un gobernador civil, quien será su representante en esa demarcación” ………” Sus atribuciones y deberes serán determinados por la ley”.

De igual forma, el artículo 197 de la Carta Magna dispone, en su artículo 197 que “la provincia es la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley definirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas”.

Asimismo, la Ley 2661 de 1950, sobre las Atribuciones del Gobernador (a), explica que también estos deben velar, entre otras cosas, porque se cumplan la Constitución y las leyes del país, así como los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo para su provincia, controlar las actividades de los individuos condenados a la vigilancia de la alta policía, cooperar con el orden público, discutir, analizar y proponer estrategias de desarrollo según corresponda, promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales.

Asimismo, velar por el cumplimiento de la ley sobre policía rural, mantener libre de obstáculos los caminos públicos, inspeccionar oficinas municipales.

Pero, a decir verdad, y a pesar de todas esas atribuciones que le consagra la Constitución y las leyes al Gobernador provincial, éste opera en realidad como una figura protocolar puramente de representación del Presidente, sin ejercer ningún liderazgo o autoridad sobre los procesos de desarrollo económico y social que demanda su demarcación.

En la práctica, las gobernaciones provinciales sólo existen para que el jefe de Estado pueda mantener contacto y mantenerse informado sobre el acontecer en las diferentes provincias.

Prevalece un vacío político institucional en la estructura del Estado en cuanto a ese espacio intermedio entre los gobiernos locales y la Presidencia de la República representado por las provincias, que de algún modo impide o dificulta los procesos de desarrollo económico y social de manera integral, a nivel provincial, repercutiendo esto, de algún modo, a nivel nacional.

Aunque existe el Consejo de Desarrollo Provincial, el cual es presidido por el Gobernador, como instancia de participación de los agentes económicos y sociales a nivel del territorio, el cual está llamado a  articular y canalizar demandas de los ciudadanos de la provincia ante el gobierno central y el gobierno municipal, el papel de los Gobernadores ante este Consejo resulta tímido, y salvo excepción de dos o tres provincias, estos Consejos han resultado mayormente inoperantes en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

De acuerdo a Ley de Planificación e Inversión Pública, No.498-06, en su artículo 14, “El Consejo de Desarrollo Provincial estará compuesto por: El Gobernador de la provincia. El Senador de la República por la provincia. Los Diputados al Congreso por la provincia. Los Síndicos de los municipios que constituyen la provincia. Un representante de las asociaciones empresariales y/o las Cámaras de Comercio y Producción de la provincia. Un representante de las instituciones de educación superior de la provincia. Un representante de los gremios profesionales de la provincia. Un representante de las asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en la comunidad”.

Debemos apostar porque la Estrategia de Desarrollo Provincial sea un proceso participativo, conducido a través de los Consejos de Desarrollo Provinciales, que presiden los gobernadores, que permita a los actores sociales, económicos y productivos de cada provincia aprovechar las oportunidades que ofrece una visión integral para el desarrollo de las provincias, con el objetivo de identificar y priorizar las principales demandas e iniciativas aceleradoras del desarrollo de cada provincia.

Lamentablemente, los procesos de desarrollo integral de las provincias se ven coartado considerablemente al no existir una verdadera estructura político institucional permanente, liderada por el Gobernador, que garantice una verdadera y efectiva articulación y coordinación entre los diferentes sectores que conforman el Consejo Provincial, ejerciendo un rol protagónico y de liderazgo efectivo en los procesos de desarrollo integral de la provincia. 

Ese vacío provoca que la mayor responsabilidad en los procesos de desarrollo recaiga sobre los gobiernos locales, generando ello fragmentación y dispersión en la ejecución de las políticas públicas que a nivel provincial pretendan llevarse a cabo.

Es hora ya de que se legisle, conforme el mandato que da la Constitución de la República, a los fines de otorgarle a las Gobernaciones Provinciales cierto nivel de autoridad para impulsar los proyectos de desarrollo en sus respectivas provincias y que ello implique el relanzamiento de esa figura político administrativa para que su rol y liderazgo sea verdaderamente efectivo.

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POR AMAURY REYNA