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En uno de los documentos encontrados en la Secretaría particular de Luis Echeverría Álvarez —cuando éste era presidente de México— sobresale el siguiente texto: “por la acción de la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático”.

Tomando en consideración el contenido de esa tan acertada expresión, podemos deducir que la propaganda política, vestida de publicidad oficial, ha llegado a convertirse en muchos países de la región en una herramienta eficaz de control de la opinión pública.

Miles de millones de pesos se derrochan inmisericordemente para mantener una cultura de maquinación y engaño a la población a través de la compra de espacios en medios de comunicación y de expresiones de diversos periodistas, con la intención de ensalzar y halagar al gobierno o a figuras del gobierno de turno.

Lamentablemente, el uso perverso de la publicidad oficial se ha venido convirtiendo, a través del tiempo, en un vulgar mecanismo de censura, conduciendo cada día más hacia el deterioro al maltrecho sistema democrático.

Si bien en la República Dominicana puede destacarse la asignación indiscriminada de recursos para estos efectos, esta constituye una práctica común en casi todos los gobiernos que nos han sucedido.

El actual gobierno —a su tercer año de administración— tiene previsto ejecutar la suma astronómica de alrededor de dieciocho mil millones de pesos (RD$18,000,000,000.00), superando ya con creces lo gastado por el anterior gobierno durante el mismo periodo.

El uso de publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta es un problema público que aqueja a buena parte de la región latinoamericana, y a pesar de los muchos intentos para enfrentar este flagelo, hasta hoy no existe un solo país que lo haya resuelto.

La imperiosa necesidad de que la publicidad que promueve el Estado sea empleada, única y exclusivamente, para informar sobre temas de interés público, y que existan criterios claros, objetivos y transparentes para su asignación sigue siendo aún parte de la agenda pendiente.

Al principio de su gobierno, el presidente Luis Abinader anunció que dentro del proyecto de fortalecimiento institucional de su gobierno impulsaría la aprobación de una «Ley de Publicidad Estatal» para establecer criterios transparentes y objetivos en el uso de los recursos públicos.

A los tres años de su gestión, el tema luce olvidado y son continuas y ascendentes las prácticas clientelares y la difusión abusiva de mensajes publicitarios, utilizando recursos estatales, que promueven acciones y promesas de este gobierno que nada tienen que ver con el interés nacional.

Por mucho tiempo ha prevalecido en nuestro país la odiosa práctica de “premiar” o “castigar” a los medios de comunicación y a los periodistas con la publicidad oficial, ya sea que estos hagan o no causa común con los intereses mezquinos del gobierno.

Esos mecanismos de censura indirecta suelen solaparse tras potestades discrecionales, pero en el fondo de lo que se trata es de un ejercicio arbitrario del poder público que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

Se hace necesario fijar ya criterios objetivos que eviten la distribución discrecional y arbitraria en los presupuestos de las instituciones públicas para promover intereses personales y partidistas.

La falta de un marco regulatorio apropiado hace que se produzcan abusos en las pautas publicitarias oficiales, fomentando la irracionalidad, la discriminación y la corrupción en la asignación de los presupuestos gubernamentales; así también, como la utilización de publicidad oficial como subsidio encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación.

Urge la aprobación de una ley que regule y establezca criterios claros sobre la forma de llevar a cabo y promover la publicidad oficial en nuestro país, como forma de reducir el alto nivel de discrecionalidad en la asignación presupuestaria para tales fines, procurando evitar el despilfarro de fondos públicos, la corrupción y la discriminación, lo cual viene afectando seriamente la libre expresión del pensamiento en nuestro país, y con ello, al sistema democrático.

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POR FELIX REYES 

En mi anterior escrito hice una breve alusión a la emergencia de un nuevo orden mundial que, además, de responder a factores demográficos, tecnológicos y económicos, es promovido  por algunos gobiernos democráticos y, principalmente, por  gobiernos autoritarios como los de China y Rusia.

Este nuevo orden mundial se encuentra en cierne y es resultado, en primer lugar, de factores económicos,  ya que, entre las características principales que lo definen se encuentran las referidas a las fuentes de financiamiento, fuentes de inversión extranjera, así como lo relativo a las monedas utilizadas en el comercio entre los países.

En este sentido, llama la atención el hecho paradójico de que haya sido justamente la globalización, fenómeno tan criticado por los heraldos del nuevo orden mundial, la causante de sus hechos concretos, tales como:

1.         Que China desplace a Estados Unidos como principal socio comercial de gran parte de los países africanos, sudamericanos y asiáticos, al convertirse en el principal demandante de sus materias primas y destino de sus exportaciones.

2.         Que se generen las condiciones para que algunas economías emergentes (Brics) realicen sus intercambios sin recurrir al dólar americano.

3.          Que existan fuentes de financiamiento, como las del gobierno chino, y algunas en etapa de planificación, como el proyecto Banco del Brics,  al margen de entidades tradicionales (FMI y el Banco Mundial).

4.         Que las enormes riquezas ahorradas por China  haya permitido a este país aumentar su influencia geopolítica mediante el financiamiento de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda y de numerosas obras de infraestructura en Asia, África y Latinoamérica, incluidas bajo el término más amplio de “iniciativa de Franja y Camino” o  “Belt and Road Iniciative” (BRI).

Si ha sido así, entonces no debiera sorprender que el fenómeno de la tan vilipendiada globalización sea, justamente, el factor que explica que, al proveer mano de obra barata, China se convirtiera en la factoría del mundo, sobre todo, de Estados Unidos y Europa, posibilitando que fuera receptor de transferencia tecnológica de estos y acumulara grandes riquezas, que la convierten en una potencia económica y tecnológica, con fuerza para expandir su influencia  en el mundo y rivalizar a Estados Unidos.

Tal vez, tampoco debiera causar sorpresa que haya sido el aprovechamiento de la globalización, en su variante del denominado “nearshoring”, lo que permite a México superar su condición de simple proveedor de materias primas y dar los primeros pasos para avanzar hacia el desarrollo de una industria manufacturera con encadenamiento global.

En contraposición, tampoco debiera sorprender que la reacción al fenómeno de la globalización promovida desde el Acuerdo de Sao Paulo y ejecutado principalmente por los denominados países de la Alianza Latinoamericana Bolivariana (ALBA)  haya causado que, circa principios del siglo XXI, varios países de América del Sur despreciaran y perdieran la oportunidad de jugar un rol similar  al de China y continúen hoy siendo simples proveedores de materias primas, ahora hacia el mismo país asiático con el que debieran estar compitiendo en producción industrial, como lo ha empezando hacer México.

Debe señalarse, además, que Estados Unidos y los países de Europa Occidental son los que, en realidad, han sufrido los mayores efectos perniciosos del fenómeno de la globalización, ya que  esta generó dependencia de productos manufacturados en otros países y limitó expectativas de movilidad social de una parte de su población, cuando no la empobreció, lo que, coincidiendo con grandes oleadas migratorias, ha generado sentimientos xenofóbicos y creado polarizaciones sociales, que han sido “caldo de cultivo” para la emergencia de liderazgos de derecha con vocación autoritaria (Trump, Le Pen, Orbán).

En este punto, es pertinente formular algunos señalamientos y preguntas a quienes preconizan las ventajas que eventualmente traería al mundo un “nuevo orden mundial”.

Ciertamente, en estos momentos son reconocibles elementos que presagian la emergencia de un orden multipolar que tiende a sustituir al orden por el cual, al resultar victorioso en la “guerra fría”, Estados Unidos de América, apoyándose en diferentes instituciones económicas multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, entre otras, intentó imponer determinados modelos económicos e instituciones políticas al resto del mundo.

También es cierto que la aplicación de simples supuestos de lógica formal llevan a la conclusión de que el paso de un mundo políticamente unipolar a otro multipolar implica un mundo con mayor igualdad en la relación entre los diferentes estados. Este razonamiento luce casi tautológico y puede conducir a pensar que, de cualquier forma que se manifieste, es lo más conveniente a los ciudadanos de todos los países.

Sin embargo, este razonamiento es falaz, ya que identifica lo que conviene a los intereses de los estados con lo que conviene a los intereses de sus ciudadanos, siendo, en realidad, que estos intereses no siempre coinciden, en particular cuando se trata de estados con gobiernos autoritarios.

Gobiernos de este tipo solían llegar a la dirección del Estado mediante vías violentas, tales como golpes de estado o revoluciones, pero recientemente en Latinoamérica es más frecuente ver que llegan al gobierno mediante elecciones y, una vez en control del poder, cambian las reglas con la finalidad de hacer imposible la alternancia. Es lo que un amigo y colega antropólogo denomina “electodictadura”.

Además de lo señalado como fuente de legitimidad del poder, entre las características que definen a los gobiernos autoritarios se puede citar la ausencia de consulta para la toma de decisión de las políticas públicas, tomando en cuenta los diferentes intereses que tienen los ciudadanos.

Para este tipo de gobierno, los ciudadanos constituyen un conjunto amorfo, llamado pueblo, en el que todos tienen un mismo interés; interés que, por supuesto, solo es conocido por el partido y/o el jefe de estado, pues “las masas populares” solo piensan en sus  necesidades inmediatas y no llegan a comprender lo que verdaderamente les conviene, sus intereses estratégicos.

Si esto es así, ¿para qué consultar a los ciudadanos?, ¿para qué permitir que tomen decisiones sobre cuestiones que no comprenden?, ¿para qué permitir que elijan a quienes les van a dirigir? De lo que se trata,  entonces, es que el grupo político que se hace con el control del Estado elimine la alternancia política y permanezca al frente de este, durante varias generaciones y con vocación eterna, porque solo ese grupo, sin preguntarle a nadie, es el que conoce y representa los “intereses estratégicos” de la abstracción llamada pueblo.

Es esta la visión que orienta a los gobiernos autoritarios, una visión que desprecia a la misma población cuyos intereses dice representar; visión que desconoce derechos humanos (civiles, políticos, sociales), ya que los derechos se ejercen por individuos concretos, con intereses diferentes y no por abstracciones como la señalada en el párrafo anterior.

Acerca de este punto de los derechos humanos y, en general, sobre las implicaciones políticas de un nuevo orden mundial, me propongo escribir en una segunda entrega.

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