Como resultado de la despenalización del acto médico, lo primero a esperar es que se detenga el retiro prematuro de médicos valiosos que poseen amplia experiencia, sólidos conocimientos y habilidades quirúrgicas virtuosas. Seguros de no ver comprometida su libertad, ni tampoco tener que sufrir  los requerimientos judiciales en materia penal mezclados con imputados de verdadera alta peligrosidad para la sociedad, como son los delincuentes comunes, secuestradores, asesinos, ladrones, etc.

Otro efecto a esperar es la desaparición del temor de evitar el  tratamiento de pacientes con problemas médicos o quirúrgicos complejos,  así como la especialización en aéreas invasivas de la medicina, proclives a complicaciones frecuentes o graves, por el tipo de paciente que se manejan.

También desaparecería la actual desmotivación por estudiar medicina, ante el panorama sombrío creado por la judicialización del acto médico, donde se considera que en un ejercicio médico-quirúrgico de 15 años, se espera que el médico, en promedio, sea demandado en tres ocasiones. Además, claro está, del hecho de que siendo la carrera más larga, es una de las que se retribuye con salarios más bajos, a pesar de que el médico suele trabajar más de las 44 horas semanales que establece la ley.

Igualmente es de esperarse la desaparición del ejercicio, cada vez más común, de la llamada medicina defensiva, con sus gravísimas y devastadoras repercusiones económicas. Con este vocablo compuesto entendemos la aplicación de tratamientos, pruebas y procedimientos con el propósito principal del médico  defenderse de la crítica y evitar controversias.

En la actualidad, la casi totalidad de los médicos recurren a la medicina defensiva como escudo que los proteja de cualquier demanda, sobre todo en los casos de alto riesgo. Esto, obviamente, implica una elevación significativa del costo de la medicina para los pacientes, ya que el médico indicará cuantos estudios y análisis existan para protegerse de cualquier posibilidad de demanda.

Otra cosa muy importante a esperar es el restablecimiento de la confianza en las relaciones entre pacientes y médicos, que en la actualidad se ha perdido del todo, al punto que ya no se habla de pacientes, sino de clientes, y los médicos han pasado a ser simples prestadores de servicios de salud. Contrario a esto, hasta fines del siglo pasado al médico se le veía con respeto y casi veneración, era una especie de padre para la familia de sus pacientes.

Hoy en día, el médico ve en cada cliente un enemigo potencial que en cualquier momento puede demandarlo, por consiguiente no establece amistad con este, y tiende a limitarse a preguntarle únicamente las cosas estrictamente necesarias desde el punto de vista médico. He conocido casos de médicos que habitan en el mismo edificio en que vive un paciente sin que ni uno ni otro lo supiera. Antes era común la amistad y los compadrazgos entre médicos y pacientes, mientras que hoy predominan los recelos.

Todos estos buenos y deseables resultados se lograrían con solo ligeros cambios en nuestra legislación actual. Bastaría señalar que “estará exento de responsabilidad penal el médico que practica actos y/o procedimientos médicos, mediando un consentimiento informado, que incluya la explicación, a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como, del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados”.

Por otro lado, en cuanto al acto médico, basta cambiar los artículos 319 y 320 del Código Penal para que digan: “Cuando por motivo de un acto médico se causen lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, o la pérdida de la vida, no se impondrá pena privativa de libertad, sólo procederá la reparación del daño, siempre que el profesional no se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares”.

El efecto de esta despenalización manejada en sentido lato, produciría que  todos los actos médicos se instruyan en el ámbito civil o, bien, el administrativo, quitando la posibilidad de discusión en el recinto penal. Es decir, todo conflicto derivado del acto médico no admitiría el  calificativo de “doloso”  y  tendríamos que pugnar para que esta lucha se libre por la vía civil, donde solo se discutiría la reparación del daño económico a manera de indemnización, restituyendo en dinero lo que jamás podría volver al estado en el que se encontraba antes de ejecutarse el acto médico. 

La diferencia fundamental es muy clara: en el ámbito civil la resolución judicial en contra del médico se limita a reparación del daño desde el punto de vista económico, mientras que en el ámbito penal se pone en juego también la libertad y el ejercicio profesional derivado del reproche que la sociedad hace a los actos que se apartan de la normatividad.  

dpenanina@gmail.com

 jpm-am

La clase dirigencial haitiana es en sentido general marrullera y rapaz y supura odio contra la República Dominicana. Siempre actúa ad hominem contra el pueblo dominicano. Tampoco tiene ni un ápice de respeto por ningún compromiso bilateral.

El canal de trasvase que desde el 2018 están construyendo grupos económicos poderosos de Haití en la parte baja del río Dajabón, también conocido como Masacre, es una provocación a la paciencia de Job que históricamente ha tenido nuestro país con el incómodo vecino que por desgracia histórica nos ha correspondido.

Algo similar trataron de hacer en el 1901 los haitianos en una parte de ese río, en su paso por territorio dominicano. Esa vez tropas dominicanas dirigidas por el oficial Horacio Vásquez Lajara se acantonaron en la zona de Manzanillo y luego la diplomacia se encargó de aniquilar ese despropósito.

El agua es un recurso humano que no se puede manejar con la irresponsabilidad criminal que lo están haciendo los aludidos sujetos, quienes mueven los hilos de sus poderes desde lugares cómodos y seguros.

En el mundo de hoy el agua es un recurso de importancia vital. Algunos la llaman el “oro líquido”, por su alto valor estratégico, tanto por los efectos del cambio climático como por una gran variedad de otros factores.

Los que están patrocinando el referido canal en la llanura de Maribaroux no son medianos o pequeños agricultores, como se pregona de cara a los incautos, sino reconocidos potentados sembradores de cizaña; los mismos que siempre han sido indolentes ante la miseria del pueblo llano de Haití.

Esos sujetos de alto perfil criminal no ignoran que el artículo 52 del protocolo adicional I que en el 1977 se les agregó a los convenios de Ginebra firmados el 12 de agosto de 1949, para proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, señala textualmente que:

“Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la parte adversa, sea cual fuere el motivo.”

Algunos desde aquí, generalmente obedeciendo mezquinos intereses particulares, se han dedicado a amplificar las mentiras interesadas propaladas desde diversos sectores de aquel país con relación a que supuestamente la República Dominicana hace uso unilateral de las aguas del referido río en lugares donde el mismo pertenece a los dos países. Es una mentira más, como es de fácil comprobación.

El canal de trasvase de agua que se está construyendo del lado oeste del río Dajabón, en el tramo donde comienza su descenso en ruta hacia su desembocadura en la bahía de Manzanillo, afectaría a miles de pequeños productores agrícolas y pecuarios de ambos lados de la frontera que ahora se surten con pequeñas cañerías de este. Así lo han dicho expertos en la materia.

Provocaría, además, daños irreversibles a la Laguna Saladillo, uno de los más importantes humedales dominicanos.

El problema actual es el agua, pero en el pasado los más elevados sectores económicos, políticos y militares de Haití causaron graves daños a la integridad territorial de nuestro país, tal y como se comprueba hurgando en la historia de ambas naciones.

Algunos ejemplos bastan para tener una panorámica objetiva sobre lo dicho arriba.

En el año 1874 los haitianos maniobraron, con una mezcla de astucia y gestos plañideros, para que la República Dominicana reconociera como de ellos los territorios de Hincha, Las Caobas, San Rafael de la Angostura y San Miguel de la Atalaya.

Se sabe de sobra que cuando los reyes Carlos III, de España, y Luis XVI de Francia autorizaron la firma del Tratado de Aranjuez, el 3 de junio de 1777, bajo el sofisma de “procurar el mayor bienestar posible a sus vasallos respectivos”, esos pueblos eran parte de la colonia española. Lo que luego fue y es la República Dominicana.

Esos mismos lugares pertenecían a dicha colonia cuando se firmó el Tratado de Basilea del 1795, a través del cual, en su artículo IX, España cedió a Francia la parte que ocupaba en la isla de Santo Domingo. Debieron ser, en consecuencia, de la futura República Dominicana.

No obstante las mencionadas donaciones territoriales, poco faltó para que en el 1910 se desatara una guerra entre los dos países cuando la República Dominicana quiso hacer una carretera terciaria que uniría al pueblo de Pedernales con la aldea de Cabeza de Agua y los haitianos alegaron, sin ningún fundamento, que un tramo de la misma ocuparía parte de su territorio; lo que luego se comprobó que era falso.

Después de obtener en el 1874, mediante una suerte de sonsacamiento, las arriba referidas comunidades dominicanas los ladinos vecinos votaron en ese mismo año una constitución que en su artículo 3 decía que su territorio estaba limitado por “los lugares ocupados actualmente por los haitianos”.

Eso se convirtió en papel mojado, carente de valor, pues en el futuro siguieron aprovechándose de tierra dominicana, utilizando pretextos de todo tipo.

Tratado de Paz de 1929

El 20 de febrero de 1929, bajo los gobiernos del dominicano Horacio Vásquez Lajara y del haitiano Eustache Louis Borno, se firmó el llamado  Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, cuyo artículo 10 dice de manera textual y sin ningún tipo de anfibología que:

“En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas.”

Dicho Tratado y su complemento costaron formalmente a la República Dominicana el despojo de 4.572 kilómetros cuadrados de su territorio.

Como el dicho Tratado de 1929 establecía la firma de un protocolo para su entrada en vigencia, que no se produjo por los eventos ocurridos en el país en el 1930 con el derrocamiento (disfrazado de renuncia) del presidente Vásquez; el gobierno de Haití le exigió a Trujillo en el 1936 que para firmar dicho protocolo tenía que ceder otra parte del territorio dominicano. Así consiguieron el valle de la Miel y zonas como Veladero y El Saltadero.

Violando esos textos legales de carácter bilateral es lo que están haciendo ahora grupos de poderosos haitianos con la construcción del citado canal de trasvase, que no es lo mismo que un canal de riego porque el primero implica un desvío del cauce natural del río, ocasionando daños irreversibles.

Es pertinente decir aquí que la República Dominicana y Haití son diferentes, y no esencialmente por asuntos de eugenesia ni por cuestiones antropológicas, como algunos repiten a modo de sonsonete.

Para comprobar que los diversos conflictos registrados en la historia accidentada de los dos países no han sido por lo anterior, basta leer a Francisco Moscoso Puello y a Corpito Pérez Cabral en sus respectivas obras tituladas Cartas a Evelina y La Comunidad Mulata. Para sólo citar dos ejemplos.

La permanente inquina de los sectores de poder de Haití hacia nuestro país tiene motivaciones bien conocidas, y no requieren repetirse en estas notas.

El odio y la maldad de allá para acá ni siquiera es exclusivamente por lo que relató el militar y escritor estadounidense Arthur J. Burks sobre lo que le ocurrió cuando de viaje hacia la República Dominicana, en el 1922, el barco en que venía pasó por el golfo de Gonaives, en cuyo fondo está la capital haitiana, y al preguntar “por el significado de las luces lejanas por la noche”, tuvo como respuesta esta reveladora frase:

“¿Las luces? ¡La gente de los montes hace magia negra!” (El país de las familias multicolores. Arthur J. Burks. Editora Taller, 1990.P.29).

Con esto del canal de trasvase que están haciendo ahora en Haití, violando todos los acuerdos bilaterales, y, además, el sentido lógico de la función de los recursos hídricos transfronterizos, no podemos hacernos el canelo, como definen sin rodeos los diccionarios a aquellos que se dejan engañar fácilmente.

jpm-am 

Existen dentro de la literatura jurídica una diversidad de obras escritas con variadas cualidades y tópicos que van de lo usual a lo original y trascendente.

La manifestación escrita de la verdad o el quehacer jurídico, es de las ideas, pasiones y hechos afines con el Derecho en sus aspectos técnicos; ya de carácter simplemente teórico o filosófico, de índole histórica, exégesis  o comentarios del Derecho positivo o legislación actual, naturaleza didáctica para la ilustración jurídica, o cualquier otra variedad que con el derecho se sujete.

Uno de los más destacados de esos escritores es John Grisham, quién  vendió más de cien millones de novelas. Dicho autor es abogado, incluso aún ejerce la profesión, pero sus libros se venden como pan caliente a nivel mundial. Este abogado estadounidense estuvo en la lista de los escritores que más novelas vendían en el mundo durante la década de los noventa.

 Paulo Coelho, autor brasileño, también inició la carrera pero la abandonó porque puramente no servía para eso, según él. Por nuestro lado, debemos señalar los creadores y la trayectoria de los precursores de nuestra literatura jurídica comenzada en la década del 30 y consolidada en la del 40, bautizada por el maestro Dr. Froilán Tavarez Vidal, como la “década de oro” del derecho dominicano.

Pero es el ilustre y avezado pasado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el maestro Néstor Contin Aybar, quien con la “Historia de la Literatura Dominicana”, y su extraordinario trabajo “El Código Civil Francés y sus Traductores y Adaptadores en la República Dominicana”, puede decirse que se da apertura a la literatura jurídica dominicana.

 De los referidos nombres ilustres de nuestros juristas solo mencionaremos en el marco de estas cuartillas, los gloriosos juristas que tradujeron y adaptaron el Código Civil francés.

1.- Apolinar de Castro y Lara (1836-1899), Nació en la ciudad de Santo Domingo, el 23 de julio de 1836. Fue hijo de Jacinto de Castro, que ocupó interinamente la Presidencia de la República, en 1878, en su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de María de la Concepción de Lara, ilustre dama de la sociedad banileja.

El  31 de enero de 1868, junto con varios notables personajes de la política dominicana, con motivo de la capitulación del General José María Cabral, Cabral, acompañó a éste último, rumbo a Puerto Cabello, a probar el pan amargo del destierro.  

2.- José de Jesús de Castro y Álvarez (1829-1885) nació en la ciudad de Santo Domingo el 22 de octubre de 1829. Fueron sus padres Pedro de Castro y Castro y  Francisca Álvarez Ramos de Castro. Contrajo matrimonio con Filomena Joaquina Gómez.

Fue de los primeros alumnos del Colegio Seminario, “admitido ya a la clerical tonsura en 1849”. Fue, también, de los primeros alumnos de la clase de Derecho Civil, instalada el 3 de enero de 1853.Se graduó de Licenciado en Derecho, el 1ro de septiembre de 1866. Sus estudios de leyes y sus conocimientos del idioma francés lo hacían idóneo para la misión que se le encomendó de traducción y adaptación del Código civil francés de la Restauración, junto  a otros distinguidos intelectuales y hombres de leyes. Falleció en 1885.

3.- José Joaquín Pérez  Matos, nació en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, el 27 de abril de 1845. Fueron sus padres Benito Alejandro Pérez Fernández, abogado y notario público, y Josefa Matos Sepúlveda. Era el primogénito del matrimonio Pérez Matos. El regular dominio de la lengua de Víctor Hugo y Lamartine lo hacía apto e idóneo para emprender la labor de traducción del Código civil Napoleón, que le fuera confiada, en agosto de 1882. Murió en su ciudad natal, el 7 de abril de 1900.

4.- Manuel de Jesús Galván (1834-1910).  Nació en la ciudad de Santo Domingo, el 13 de enero de 1834. Fueron sus padres Francisco Javier Abreu y María Candelaria Galván Cordero. Cursó estudios en el Colegio de San Buenaventura, junto a distinguidos jóvenes que habrían de ser con el tiempo, gloria y prez de las letras nacionales.  Comenzó a descollar en el año de 1859, como secretario particular del Presidente Pedro santana.

Un año después de realizada la Anexión a España, es decir, en 1862, fundó el semanario “La Razón”, en cuyas páginas defendió generosamente el hecho histórico-político al que se acaba de hacer mención. De 1863 a 1865 fue secretario del Gobierno civil. Restaurada la República, se trasladó a la vecina isla de Puerto Rico, entonces bajo el dominio español, donde ejerció el cargo de Intendente de la Real Hacienda.

Obtuvo de la Suprema Corte de Justicia el título de Licenciado en Derecho, el 5 de febrero de 1879, y en el ejercicio de su profesión de abogado se distinguió notablemente. Alcanzó el honor de presidir nuestro más alto tribunal de justicia, de 1883 a 1889. Fue, además, profesor de Derecho del Instituto Profesional (1896-1902). Formó parte en la traducción y readaptación del Código civil francés. Falleció el ilustre político, en San Juan de Puerto Rico, el 13 de diciembre del año 1910. Sus restos fueron trasladados a Santo Domingo y reposan en la basílica de Santa María la Menor.

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