POR CARLOS SALCEDO

Las consecuencias del fraude de Baninter aún las estamos sufriendo. 15 años después de haber cumplido en Najayo una condena penal por: 1) alterar, desfigurar y ocultar las reales informaciones y estados para obstaculizar, dificultar, desviar y evadir la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y por elaborar, aprobar y presentar un balance y estado financiero falso y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación del Banco Intercontinental, S. A., como  por el registro como activos reales de grandes sumas inexistentes y sobregiros multimillonarios a vinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó la quiebra del mismo; 2) abuso de confianza; y, 3) lavado de activos; ahora Ramón Báez Figueroa sale nuevamente a la palestra pública.

Recientemente depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, requiriéndole al Ministerio Público una investigación de funcionarios, exfuncionarios del Banco Central y otras exautoridades supervisoras y reguladoras del sistema bancario como de varias personas físicas y morales, por supuestas irregularidades en el proceso de liquidación del Banco Intercontinental.

Según ha dicho, Báez Figueroa lo hace porque quiere limpiar su nombre, saldar su deuda y recuperar dinero en beneficio del pueblo dominicano. Lo cierto es que la oportunidad de volver al seno de la sociedad no borra lo que hizo y por lo que las autoridades monetarias y financieras como el Ministerio Público llevaron un responsable y firme proceso judicial de más de cinco años hasta que intervino una sentencia con carácter irrevocable que lo envió a prisión por 10 daños junto a Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano Carvajal de Castillo (indultada por una crisis emocional -espanto- derivada de la condena) y Luis Alvarez Renta, por el enorme fraude cometido en y con el Banco Intercontinental (Baninter).

Lo dicho públicamente por Ramón Báez Figueroa revela su no arrepentimiento frente a una sociedad que ha facilitado su rápida reinserción, aun antes del vencimiento de su pena. De hecho, solo cumplió en prisión unos 5 años y 8 meses. Ahora se hace el chivo loco, el que lo olvida y borra todo, a su mejor conveniencia. No recuerda que toda información pedida tanto al Banco Central como a la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter le fue entregada.

No recuerda, como se le ha informado por escrito, que el total de desembolsos del Banco Central para cubrir los pasivos dejados por él, dadas sus maniobras fraudulentas y las de sus compañeros de ruta delictiva, fue de RD$74,493,749,211.84. No recuerda que, como también se le ha informado, La Comisión de Baninter, a pesar de su labor  responsable, tesonera, eficiente, legítima, pública y transparente, solo ha recuperado algo más de RD$24,000,000.00 millones de pesos, de los cuales se han pagado compromisos internacionales, gastos operativos diversos y se han entregado al Banco Central RD$16,163,820,913.04, para abonar a dicha deuda pública. Ramoncito no recuerda que, por efecto de esto, el balance a la fecha de recursos públicos a recuperar por este concepto es de RD$58,329,928,298.80.

De ahí que es totalmente falsa la afirmación de Ramón Báez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación del Baninter y que no se explica cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual. No recuerda que, además de ese hoyo dejado por él, fue condenado al pago de una indemnización a favor del Banco Central de RD$44,552,706.192, de cuyos recursos no ha pagado un solo peso, sin perjuicio de la condena civil de 18 mil setecientos cuarenta y tres millones de pesos (RD$18,743,000,000.00) a favor del Banco Intercontinental, S. A., de lo que solo se ha podido abonar unos 4 mil millones de pesos al Banco Central. Para un total de indemnización por pagar solo a estas dos entidades de aproximadamente 59 mil 305 millones de pesos (RD$59,305,000.000.00). Si sumamos esto al balance por pagar al Banco Central por el faltante de recuperación -por el hoyo dejado por Báez Figueroa- hacen una deuda consolidada de su parte de unos 116 mil 626 mil millones de pesos (RD$116,626,000.000.00).

Como él quiere que le den cuenta porque quiere pagar, recuperar la honra y que se le devuelva al pueblo lo que él mismo se llevó, ahí tiene la cuenta. Si quiere limpiar su nombre, debe borrarlo de la historia, debe crear un sistema judicial paralelo, como fue capaz de hacerlo con su banco, para engañar a las autoridades supervisoras y reguladoras.

Tiene cesación de su memoria, al olvidar que, en base a engaño, llevó al Banco Central a que, desde el 12 de septiembre del 2002 el Banco Central y frente a dificultades de liquidez, que escondían la real situación fraudulenta fraguada por Báez Figueroa y su grupo, le tuviera que otorgar a Baninter adelantos, redescuentos y otras facilidades ascendentes a 60,562,902,598.15 pesos. Esa suma constituye alrededor del 80% del presupuesto general de la nación dominicana del año 2003.

Si desea limpiar su hombre le sobran capacidades para hacerlo, como lo hizo al disipar, apropiarse y lavar más de 55 mil millones de pesos, que fue el hoyo de Baninter. Hay que tener mucho tupé para reclamar la recuperación de valores y activos, cosa que han estado haciendo sin desmayo la Comisión de Baninter y el Banco Central, y que se le deduzca la deuda, sin haber aportado un peso a la deuda que por indemnización tiene con el Banco Central y sigue debiendo a Baninter solo por concepto de indemnización más de catorce mil millones de pesos, sin contar el balance antes referido de los fondos públicos aportados por el Banco Central para cubrir los adelantos de liquidez, el pago de los certificados de depósitos y otros compromisos internacionales y nacionales del banco, producto de todo lo que se llevó Ramoncito y su grupo de Baninter.

El olvido de Ramón Báez Figueroa lo lleva a ignorar que fue a raíz de un frustrado proyecto de fusión por absorción con el Banco del Progreso que los potenciales adquirentes y luego las autoridades pudieran verificar los activos y los pasivos de la entidad en quiebra y que efectivamente el Banco Intercontinental, S.A. tenía un banco aparente, un banco lavado -limpiecito-, el que era el presentado a las autoridades supervisoras de la actividad bancaria, con activos por unos veintiséis mil millones de pesos y pasivos de alrededor de veinticuatro mil millones de pesos y un banco oculto para las autoridades reguladoras y supervisoras, de unos ochenta y dos mil millones de pesos en activos y unos setenta y ocho mil millones en pasivos, como efectivamente dejaron ver a última hora de la frustrada negociación.

Esto con el agravante de que, efectivamente, 55,845 millones de pesos del total de activos que se dieron a conocer, a raíz de la propuesta de compra y venta, habían sido distraídos, apropiados y lavados por una centrífuga del banco paralelo u oculto, el cual era llamado internamente Interbanco o el producto, siendo esto la obra maestra de los condenados Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano Carvajal de Castillo y Luis Alvarez Renta, sobre todo.

Las investigaciones realizadas por las autoridades monetarias y financieras permitieron develar tales circunstancias y que efectivamente Baninter hacía figurar en sus cuentas como activos gastos de sus principales accionistas y sobre todo de su presidente, así como préstamos a tasa cero, sin soporte alguno, a favor de empresas controladas y vinculadas al señor Ramón Báez Figueroa, tachaduras y borraduras de facilidades, sobregiros y préstamos otorgados a favor del presidente del Banco Intercontinental, S.A., Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta, allegados y empresas vinculadas al primero.

En definitiva, el banco aparente no era más que un medio de captación de cuantiosos recursos que eran desviados virtualmente a un banco vampiro y oculto que nutría de fondos al presidente de Baninter, a Luis Álvarez Renta y a los demás condenados, para adquirir empresas e incrementar su patrimonio sin que en ningún caso Baninter recibiera a cambio pago alguno.

La historia dominicana no recoge ningún colapso ni desastre económico y financiero de la dimensión al ocurrido y ocasionado por la quiebra de Baninter. Nuestra historia no registra, ni cercanamente, un acontecimiento que haya causado tantos perjuicios como el de la quiebra fraudulenta del Banco Intercontinental de manos de sus responsables, quienes se creían acreedores de la transformación de todo en dinero, siendo esta una estrategia malhadada y de reiterada usanza por parte de quienes con los recursos ajenos buscaban –como estos- saciar sus deseos desbordados de riquezas, glamour y placeres.

Las fabulosas sumas indicadas no son comparables, en términos relativos, es decir en relación el tamaño de nuestra economía y la de los países donde han ocurrido fraudes similares, con ninguno de los fraudes financieros ocurridos y conocidos alrededor del mundo. Para tener una idea de su gravedad, cabe señalar que las primeras cifras que fueron identificadas como las faltantes o distraídas por estos señores acusados, es decir los 55,845 millones de pesos, representaron alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el año 2003 y el 70% del presupuesto nacional proyectado para finales de dicho año, es decir las dos terceras partes de los ingresos públicos proyectados por el gobierno.

La historia no recoge en sus páginas ningún caso en el que un grupo de cuatro personas, hiciera una exhibición tan descarada de recursos, de dineros que no le correspondían, de bienes de los ahorristas y depositantes, del Estado, del pueblo dominicano. Las estridencias y las exageraciones estaban a borbotones: lujosos helicópteros, aviones, yates, villas y apartamentos dentro y fuera del país, fiestas, juergas, en su gran mayoría adquiridos y realizados con recursos ajenos, que eran fachados como propios y presentados a través de reales o supuestas sociedades de comercio para darle la apariencia de legalidad, pero de fraudulenta procedencia.

Rey Midas

No hubo empresa que no quisiera ser adquirida por este pretendido rey Midas dominicano y sus acompañantes en esta carrera fraudulenta: 79 emisoras de radio,  5 canales de televisión, medios impresos, 4 periódicos, empresas artísticas, tiendas, empresas de gas, de cable, bienes raíces, inmobiliarias, de seguros y en fin de toda naturaleza eran adquiridas por estos señores, creando un imperio económico que no era más que el instrumento de protección, extorsión, chantaje y escudo contra la persecución penal o de otra naturaleza que pudieran encaminarse en su contra.

Eran los medios que servían de soporte para sus aviesos propósitos de dilapidación, distracción y estafa de los recursos de los ahorristas, depositantes y del Estado Dominicano y del pueblo dominicano. Un solo anuncio extraído de un carro en circulación en la ciudad de Santo Domingo nos puede dar la idea del afán desmedido por tener de estos amos y señores del mundo, sobretodo medios, que dirigidos a protegerse frente a posibles investigaciones y acusaciones pudieran servir de soporte al chantaje y la extorsión: “Cómprame ahora, porque si no, Ramoncito (como le dicen a Ramón Báez Figueroa) lo va a hacer”.

Con esos recursos fueron adquiridas, por quien se había convertido en el gran Rey Midas del país, todo el mundo iba a verlo si necesitaba dinero para algún evento, las acciones, patrimonio y activos de innumerables empresas. Más de 179 empresas han sido hasta ahora detectadas, de las cuales alrededor de un tercio no se encontraban registradas como sociedades y otro gran número no tributaban, sino que eran receptáculo de cuantiosos recursos por vías de “préstamos”, “gastos”, “créditos”, sobregiros y borraduras. Gastos personales exagerados del principal accionista del Banco, cuyos montos parecen sumas de cuentos de hadas, príncipes y reyes.

Tan descarados fueron los arquitectos, maquinadores y ejecutores de estos hechos que, luego de estafar y engañar a los accionistas y directores del Banco, realizando una gran cantidad de transacciones y operaciones registradas como activos cuando en realidad eran gastos, “préstamos” o sobregiros,  días antes de la intervención por parte de la administración monetaria y financiera, en fecha 7 de abril del 2003, autorizaron el borrado de los balances de cuentas sobregiradas por una suma superior a los 17,000 millones de pesos, con lo que se generó la falta de activos líquidos necesarios para hacer frente a los retiros de los depositantes. Tan osados, descarnados, impenitentes, abusadores y desconsiderados fueron dichos funcionarios del Banco Intercontinental que los recursos facilitados por el Banco Central por concepto de adelantos y redescuentos fueron a parar, a pesar de la prohibición, a sus bolsillos y a la de sus vinculados.

Tronera 

Esta tronera contribuyó, indudablemente, a desestabilizar y poner en juego la bien ganada estabilidad de la economía nacional. La conversión de una inmensa cantidad de pesos a moneda dura, especialmente a dólares, por parte de los responsables de dicho increíble fraude, influyó indudablemente en el aumento de la prima del dólar respecto del peso dominicano. Igualmente afectó la estabilidad en los precios, provocando alzas en los precios de los artículos de todo tipo y sobre todo de muchos de primera necesidad, con los consecuentes y perniciosos daños que a la economía familiar y dominicana eso entraña.

Pero ¿son estas expresiones producto de una fábula? Durante 14 años estos señores estuvieron manejando dos bancos, uno aparente y otro oculto para las autoridades, que se constituyó en una centrífuga irreversible, que atrapaba a través de diversos medios y sin contemplaciones la mayoría de los recursos que, gracias a una desmedida publicidad eran atraídos a la institución bancaria de fachada. Con el aparente se atraían recursos que en un alto porcentaje (las tres cuartas partes) eran manejados y conducidos al Banco oculto para el público y las autoridades. Pero estos dineros manejados de esa manera ¿Dónde iban a parar? A satisfacer los apetitos de grandeza, excesivo e ilimitado goce de los acusados y a engrosar el número de sus empresas y bienes personales.

Se trata, pues, del mayor fraude cometido en la República Dominicana en el ámbito financiero, el que no tiene precedente similar alguno, por las grandes proporciones de dinero manejadas dolosamente, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de toda la población y cuyas consecuencias la está sufriendo el pueblo y las finanzas públicas. Se trata de uno de los más terribles y dolorosos momentos y episodios de nuestra vida republicana, en el aspecto económico, con alta incidencia en los planos éticos, políticos y sociales, que pagaremos todos y todas y varias generaciones venideras.

Desde su descubrimiento y hasta la fecha la administración monetaria y financiera impulsó determinantemente una iniciativa de persecución judicial contra los autores del enorme fraude para lograr que no se imponga la impunidad y sean recuperados recursos fraudulentamente obtenidos, para que el sistema bancario y financiero del país continúe la senda de fortaleza que viene exhibiendo y se fortalezca la institucionalidad.

No tengo dudas del manejo pulcro, responsable y conforme a los dictados de la Constitución y de las leyes que han exhibido las autoridades monetarias y financieras como la Comisión de Liquidación de Baninter en las acciones emprendidas, con absoluta objetividad, y en la liquidación de dicha entidad quebrada por el que ahora pretende presentarse como un “caprino di mente”, al que le falla la memoria solo para lavar su nombre y obtener dinero aun a costa de nuevos engaños, en nombre de un país al que ha hecho sufrir tan graves consecuencias económicas, institucionales y sociales.

jpm-am

Cuando se transita por la Plaza de la bandera entre 7 y 8 am y 5:20 y 6:30 pm, de manera obligada se llega a la conclusión de que los ingenieros viales que participaron en la construcción de dicha Plaza no tomaron en cuenta la confluencia que hace en la misma la Autopista 6 de Noviembre con todo el tránsito proveniente de la región sur del país y la Av. Luperón, que recoge una buena parte del tránsito que procede de la región norte y nordeste.

En horas de la mañana, en la Autopista 6 de Noviembre, desde, la intercepción con la calle Isabel Aguiar, la fila de vehículos, con frecuencia alcanza hasta la estación del peaje, que está ubicada a unos 600 metros del lugar, con la lógica desesperación de las personas que intentan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo y los ensordecedores ruidos del toque desesperado de las bocinas de los automóviles.

Por otra parte, rodear parcialmente la Plaza de la bandera en las horas ya señaladas constituye una verdadera odisea. No es de extrañar que la velocidad del tránsito en las horas pico en la Av. Luperón desde la autopista Duarte y viceversa hacia la bandera no suele superar los 5 km por hora y el tapón que se forma con los vehículos que circulan por la Av. 27 de Febrero es bestial, elevando la frecuencia cardiaca de los conductores en un 20%, según ha sido demostrado en estudios de investigación.

Lo penoso de todo esto es que se trata de un mal conocido con minuciosidad, que ha sido estudiado por el Ministerio de Obras Públicas en más de una ocasión e incluso se ha llegado a informar que ya fueron diseñados los planos para la solución vial de ese desastre. Y más aún, al menos en una ocasión se llegó a anunciar con fecha el inicio de esos trabajos, con lo cual no se cumplió.

Parece evidente que la solución de ese grave problema vial resulta costosa y, en consecuencia, ese detalle, aunado al hecho de que no sería una obra de relumbrón, parece no haber motivado a los ejecutivos de los gobiernos de los últimos años a enfrentar la situación de una vez por todas.

Pero es mucho el tiempo que se pierde para rodear la glorieta de la bandera en un sentido u otro y muchos los miles de galones de combustibles que podrían ahorrarse si se soluciona la situación. A eso hay que añadir, quiérase o no, que también se evitaría el terrible ruido de las bocinas y los frecuentes insultos voceados por desaprensivos a los conductores que consideran no ágiles.

El problema es que los presidentes cuando viajan al sur o norte del país no lo hacen por la vía terrestre y no padecen la amarga experiencia de tener que bordear la Plaza de la bandera en una hora pico. En consecuencia, no se enteran del desastre o se hacen los desentendidos. Otra posibilidad es que el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no le comente nada, previendo que su interés fuese mal interpretado.

Sean cuales sean las razones creo que ya es tiempo de que nuestras autoridades se quiten la venda con la que voluntariamente se cubren los ojos y se dispongan a resolver ese grave problema vial que diariamente afecta a miles de ciudadanos dominicanos,

dpenanina@gmail.com

jpm-am

¿Acaso es suficiente la inversión que realiza el Estado en sus políticas destinadas a reducir el ya crónico déficit de viviendas en el país? La crisis de la vivienda, la cual como tal apenas se menciona, tiene que ser sometida a debates. Pero ¿Por qué eso ahora? ¿Por qué razón? -se preguntarán los interesados que intervienen cotidianamente en los aspectos técnicos y económicos del importante sector-.

Y la respuesta sería: -Ah, es que los resultados de las discusiones sobre esta temática son de interés para millones de dominicanos. Además, podrán servir de insumos para los expertos que trabajan en la elaboración de los programas de gobierno de los partidos políticos que se disputarán la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Desde mi óptica, el litoral técnico podrá hacer importantes aportes a los partidos respecto a definir sus nuevas políticas dirigidas a conjurar el déficit de viviendas. Se trata igualmente de una excelente carnada destinada a atraer votos de hombres y mujeres del campo.

Inversiones rurales

No se debe dejar de lado que en la pos pandemia el actual gobierno dirigió recursos al sector de la construcción, mayormente viviendas, pero orientado a reactivar el empleo y la economía, en sentido general. Es por esa razón que, luego de atravesar por dificultades el sector vivienda comenzó a reactivarse, a la vez que se estabiliza la situación económica del país.

“La evolución económica de República Dominicana no podría entenderse sin mirar al sector construcción. Se trata de uno de los grandes facilitadores del crecimiento, estrechamente relacionado con ámbitos como el comercio o el turismo”, publicó recientemente la revista Mercado. Indica que la estrategia macroeconómica del Banco Central “afectaba directamente al mercado de la vivienda y, de su mano, al sector de la construcción”.

La prestigiosa revista cita que el escenario comenzó a cambiar cuando a finales de mayo el Banco Central “dio un giro a su política monetaria, bajando las tasas de interés hasta el 8%”.

En tanto, una publicación de octubre de este año de Diario Libre establece que el Gobierno invirtió 1,423.9 millones de pesos en el levantamiento de 2,000 unidades habitacionales en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago. También se erogaron 1,158.9 millones de pesos para la construcción de 2,384 residencias en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo.

“Además, se destinaron 1,175.5 millones de pesos para el mejoramiento de 100,000 viviendas en todo el país entre enero y septiembre de 2023”, reseña Diario Libre.

Como se puede apreciar, el gobierno realiza su propio esfuerzo, a la vez que estimula la inversión privada para afrontar el déficit habitacional en el territorio nacional. Se observa, asimismo, que la política estatal está orientada mayormente a solucionar el problema en el área urbana.

Lo que se desea, sin embargo, es que en el próximo cuatrienio gubernamental 2024-2028 las inversiones den un giro, aumenten su capital y prioricen la construcción de viviendas rurales.

Rediseñar viviendas rurales

Como una cosa tiene que ver con la otra, además de debatir sobre este derecho constitucional básico que es la vivienda, las instituciones del Estado –o el mismo sector privado-debieran convocar a arquitectos e ingenieros a un concurso de diseños de viviendas rurales dignas.

El diseño o los diseños ganadores deberán ser entregados a los candidatos presidenciales de los diferentes bloques partidarios, a los cuales se les exigirá integrar estos modelos de viviendas dignas en sus respectivos programas, sin importar el partido que resulte ganador de la contienda electoral.

O sea, la propuesta de construcción de viviendas para reducir el déficit existente, que se estima en cientos de miles (estimado en 85 mil en 1989-ingeniero David Luther) se convierta en una propuesta común de todos los partidos.

La directora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política (IDEHCAP), doctora Mayra Guzmán, nos comentó que la iniciativa plasmada por nosotros en un artículo anterior está consagrada en el Art. 59 de la Constitución de la República como el “derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”. Citó que, en Colombia, por ejemplo, “las casas deben construirse con acceso a la tecnología de banda ancha”.

Guzmán insiste en que se garantice a la población el derecho constitucional a la vivienda, pero que esta deberá ser “digna”. Sostiene, empero, que no se tienen bien definidos los términos que permitan entender cómo sería “una vivienda digna”.

– “Si hablamos de ir quitando barreras o brechas de acceso no debemos excluir el de la vivienda, es un tema que al parecer el regulador (Ministerio de la Vivienda y Edificaciones –MIVED) no se ha enterado de que esa es una responsabilidad que se le deberá exigir a los que fabrican las viviendas como bienes de consumo”.

En tanto, otras personalidades –como ha sido el caso de la especialista en gestión humana, Karina Estrella,  han opinado en torno a que la construcción de viviendas, con miras a reducir su déficit en el país, tiene que planificarse y que las casas se construyan “con metrajes dignos que no parezcan hacinamientos, por más subsidios que tengan las viviendas y aunque se construyan para personas de escasos recursos”.

“Estuchitos de fósforos”

“Deben repensarse los diseños, conseguir que las casas rurales no sean como cajitas de fósforos”, enfatizaron.

La doctora Guzmán sostuvo que “los servicios esenciales de 50 o 20 años atrás no son los mismos de hoy día” y que por eso ahora “las viviendas ya se construyen con todo este equipamiento que se necesita para la conexión de internet”, como dijo ya ocurre en Colombia.

Entiende la defensora de los derechos humanos, que el Estado tiene que contemplar en las nuevas viviendas el contrato del servicio de internet, que las estructuras de las casas están provistas de “la infraestructura necesaria de conexiones de esas redes, que ya estén dentro de los que se exige a los constructores. Algo así como se exige para electricidad, plomería, teléfonos, ahí debería estar en estos planos la conectividad de banda ancha”.

De acuerdo con esta activista religiosa y académica, el Estado no debe dejar que los empresarios que ponen estos bienes en el mercado hagan lo que quieran. “Que sepan que tienen que cumplir con unos planos que le exige la institución competente”. Aboga para que se dé seguimiento a través de MIVED para que se cumpla lo que dice la Constitución, de “que sea una vivienda digna y que tiene los servicios esenciales”.

“Permitir que se construyan casas que parecen estuchitos de cajas de fósforos no es digno, ahí entran también baños que no tienen las condiciones para que una persona se pueda bañar de tan pequeño, no es lo más recomendable”.

La magnitud del problema

Entre los años del 80 al 2000 el déficit de viviendas ya registraba una dimensión preocupante. Según el experto, arquitecto David Luther, la falta de casas subía a más de 804 mil durante ese periodo. Para entonces CCI-Viviendas planteó como alternativa de solución “el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio”, el cual no tuvo el efecto deseado.

Para entonces, el director ejecutivo de CII-Viviendas, doctor Luis Martínez, puntualizó que países como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y otros, optaron por la solución mediante la construcción de viviendas populares, la autoconstrucción, el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio y cooperativa de viviendas, “sin descuidar el sistema tradicional o convencional de construcción”.

Pero esos esquemas entraron en crisis no solo por falta de política del Estado vigente, sino también por la crisis económica que hizo que asociaciones de ahorros y préstamos y la banca hipotecaria que habían contribuido mucho al sector vivienda de bajo costo, tuvieran que salir o reducir al mínimo los financiamientos de viviendas en el país.

Unos cuarenta años atrás ya el director ejecutivo de CII-Viviendas, el doctor Luis F. Martínez, entendió que, con la construcción de grandes proyectos habitacionales en la ciudad capital y Santiago, “se ha creado un problema mientras se resuelve un problema”.

Para Martínez, más que levantar proyectos para lavar la cara a las ciudades y atraer turistas, “hubiese sido mejor atacar el problema en la zona rural”. “En vez de ahora estar lamentando la emigración campesina hacia la ciudad, lo correcto hubiese sido desestimular esa emigración a través de un mejoramiento de las condiciones de vida del campesino”, subrayó.

“Y la vivienda-según apunta el doctor Martínez- es uno de los medios a través de los cuales se mejoran las condiciones de vida del campesino”.

Por tanto, es necesario:

1)       Que un nuevo gobierno –o la continuación del actual- reoriente a través del Banco Central su política de construcción de viviendas y destine mayores recursos a levantar casas dignas en las zonas rurales.

2)       Que el MIVED disponga la construcción de viviendas destinadas a productores y obreros agrícolas del campo, como se destina ahora recursos para construir viviendas a la clase media y trabajadores de la ciudad.

3)       Que el MIVED convoque antes del término del torneo electoral, a arquitectos, ingenieros, proyectistas, diseñadores a un concurso de diseño de la “nueva vivienda rural” que deseche los edificios de varios pisos y propongan diseños amigables con la vida en el campo.

jpm-am