SANTO DOMINGO (EFE).- Un tribunal dominicano otorgó este jueves libertad condicional al rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi, acusado de violencia machista contra su pareja, la también intérprete del género urbano Yailin La Más Viral.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a Tekashi una garantía económica de 30,000 pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica cada dos meses ante la Fiscalía de la capital dominicana.

Daniel Hernández, nombre real del cantante, también se someterá a charlas dirigidas al manejo de la ira, según informó su abogado Waldo Paulino, tras finalizar la audiencia.

Paulino dijo a los medios que Yailin supuestamente desmintió ante la jueza Fátima Veloz que fuera víctima de violencia machista por parte de Tekashi.

El Ministerio Público presentó una acusación en la que pidió 1 año de prisión preventiva contra el imputado por supuesta «violencia verbal, física y psicológica» contra la dominicana, madre de una niña que tuvo durante su matrimonio con el también cantante urbano, el puertorriqueño Anual AA.

«La jueza le dijo claro y preciso al Ministerio Público que los hechos que narró durante la audiencia no se correspondían con las pruebas aportadas», declaró Paulino.

La querella en contra del artista urbano la presentó recientemente la madre de la cantante Wanda Díaz, quien no se presentó hoy a la audiencia. Sin embargo, la jueza emitió una orden de protección para ella.

Georgina Guillermo Díaz, nombre de pila de Yailin, salió del Palacio de Justicia de la capital dominicana bajo un cordón de seguridad y saludando a decenas de sus seguidores que, de manera frenética, gritaban frases a su favor y hasta intentaron, sin éxito, acercarse a ella.

Tekashi, quien no ofreció declaraciones a su salida de la sala de audiencias, también enfrenta una acusación anterior en la ciudad dominicana de La Vega, por supuestamente agredir físicamente a dos productores musicales y amenazar de muerte a un tercero.

La acusación establece que el rapero se presentó al estudio donde estaban los dos productores y, acompañado de varios individuos aún sin detener, golpearon brutalmente a los dos y causaron destrozos en el lugar. Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2023.

Un tribunal de La Vega impuso ese mes al rapero una garantía económica de 500.000 pesos, presentación cada mes ante la Fiscalía de esa ciudad, alejamiento de las víctimas y someterse a tratamiento contra la ira.

FISCALIA APELARA

La Fiscalía anunció que apelará, debido a que, en su opinión, se realizó una aplicación errónea de la norma y al peligro que correría la víctima al no imponerse a Tekashi la medida privativa de libertad solicitada.

También considera que la jueza encargada del caso vulneró el derecho de Wanda Díaz a ser escuchada, pues, según la fiscal Rosalba Ramos, esta presentó una constancia médica de que no podía estar presente en el acto jurídico del jueves, por lo que se solicitó que fuera escuchada mediante el medio electrónico que el tribunal considerara pertinente, pero la magistrada no lo aceptó.

Además, la jueza Fátima Veloz permitió que abogados que, conforme a la ley no podían participar, lo hicieran activamente e ignoró la prueba de la llamada que Yailín realizó al servicio de socorro 9-1-1 pidiendo ayuda, así como el peligro de que Tekashi se fugue al ser extranjero.

Asimismo, se habría ignorado la prueba aportada de un celular ocupado a Tekashi en la celda con el que estaría amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación.

Para la fiscal, con la libertad de Tekashi se pone en peligro a la bebé de 10 meses que la víctima tuvo con el cantante urbano Anual AA, así como a Yailín, su madre y los testigos.

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Santo Domingo, 25 ene.- El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional declaró este jueves en rebeldía a Rosa Antonia Disla, acusada por el Ministerio Público de servir de testaferra en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal también ordenó el arresto de Disla y declaró el abandono de sus abogados, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Disla es madre del coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el órgano persecutor como el cerebro financiero del supuesto entramado.

El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), durante la administración de Danilo Medina.

Entre los imputados en la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto, en la Operación Coral 5G, derivada de Coral, están los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.EFE

mf

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Desconocidos ultimaron a balazos a un abogado en la comunidad La Ciénaga, de aquí.

Santiago Reyes (Changuito) estaba dentro de su vehículo cuando fue tiroteado.

Con este caso suman tres los abogados ultimados a balazos por desconocidos en Santiago.

En febrero de 2023 fue asesinado Freddy Zarzuela en la comunidad La Delgada, del municipio Villa González.

En junio de 2022 desconocidos mataron a Basilio Guzmán mientras recogía el periódico a la entrada de su residencia en el exclusivo sector Los Cerros de Gurabo.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas explicó que el deslizamiento de tierra en la carretera entre Enriquillo y Barahona fue ocasionado por personas que penetraron armadas y sin autorización a una zona en reparación del acueducto que abastece de agua a las comunidades Bahoruco.

«Un grupo de personas armadas, profiriendo amenazas a los empleados, penetraron a la obra de toma del acueducto que abastece de agua a las comunidades Bahoruco, La Ciénaga, El Arroyo, Juan Esteban, El Quemaito y parte del municipio de Barahona, el cual estaba cerrado por precaución a que la presión de las aguas erosionaran la compactación de los suelos y, justamente lo que los desaprensivos provocaron, el deslizamiento de las tierras en dicho punto», indicó Obras Públicas en un comunicado.

Agrega que «los desaprensivos, en forma de sabotaje, violentaron la compuerta de cierre de la boca-toma provocando que toda el agua de dicha toma cargara la tubería de conducción de 24” de diámetro, carga de agua que presurizada la línea de forma inmediata, provocando nueva vez la socavación erosiva en el punto de la avería que ya se tenía identificado como punto crítico a intervenir».

Señala que «la intervención en forma vandálica afectó la estructura de la compuerta de cierre del agua en la boca-toma, al forzar de forma abrupta el volante de mando del tornillo sinfín».

«Esta situación amerita que la brigada de técnico de Inapa pueda intervenir a primera hora de la mañana de este miércoles y proceder a reparar la base de la compuerta de cierre, para poder detener el paso del agua, para que los ingenieros y técnicos especialistas puedan evaluar de forma minuciosa la magnitud del daño provocado por la socavación de esta fuga de agua que, desestabiliza todo el terreno del área afectada y, por consiguiente al tramo carretero afectado», subraya.

Explica que «para restablecer el tránsito, deberá esperar que los técnicos de Inapa controlen la fuga de agua y brinden condiciones de trabajo por los equipos asignados».