Un o una periodista de vocación y corazón desearía desarrollar su carrera en un buen periódico, cadena de radio o de televisión, convertirse en un profesional influyente en su país y admirado a nivel internacional, pero los tiempos han cambiado porque ahora para ingresar a una plataforma digital no se necesita inspiración ni talento.

En el escenario mediático de hoy no hay periodistas, porque todos hemos sido elevados o disminuidos a la condición de “comunicadores”, igual para profesionales de larga data y ascendencia profesional, que para aquellos que tienen el talento de pronunciar palabras obscenas o brincar por los escritorios.

Lejos parece estar el día cuando un periódico local alcance tanta influencia mediática y calidad ética como, por ejemplo, The New York Times, que publicó  en su edición del viernes un editorial titulado “Si  quiere servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera”.

Tampoco luce cerca la fecha cuando un periódico dominicano publique una investigación realizada por periodistas de su redacción que obligue a su designado director a renunciar antes de ocupar el puesto, como ocurrió en el The Washington Post, con Robert Winnett, cuya turbia vida profesional y personal  fue develada en un reportaje de tres mil palabras.

Se aspira a una prensa tan fuerte como el periódico neoyorquino que después del debate presidencial del jueves reclamó en un editorial al presidente de Estados Unidos que desista de su propósito de reelegirse, o tan resiliente como el Washington Post, cuyo periodistas develaron el pasado de un designado director.

El periodismo dominicano  guarda un pasado glorioso de lucha por la soberanía, democracia y libertades públicas, pero su futuro luce incierto, no solo porque cede espacio a una difusa la comunicación digital en la que participa con desventaja.

Es posible que por su participación en el mercado impreso y de internet, la prensa tradicional logre sobrevivir, pero el problema radica en la acelerada degradación ética que drena al periodismo y a los periodistas, obligados a cohabitar en laberintos cibernéticos difusos con intereses mayormente espurios.

En el mundo cibernético sobran espacios para que los periodistas habiliten periódico o páginas digitales que los convierten en  emprendedores de redes, pero la publicidad que sostendría esos emprendimientos  aun  opera desde tierra firme, vedada a los Pymes, a menos que se alineen con tales o cuales intereses, ante lo cual se disipa el sueño de ejercer un periodismo ético.

Formo parte de una generación de periodistas que  ya ejerce en el otoño de su carrera, por lo que hacia el futuro,  si cada cual no asume conciencia sobre el futuro de este oficio vocacional, todos tendrán que aprender a pronunciar palabras obscenas o afrentosas, difamar y encaramarse sobre escritorios.

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POR JESUS MARIA SUERO ALVAREZ

El formulario utilizado como una acta de infracción por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es nulo de pleno derecho, porque su formato y contenido no se ajusta a los requisitos exigidos en la ley para que este documento sea considerado como un elemento de prueba en un proceso judicial.

Su nulidad puede ser invocada en todo estado de causa, sin que sus defectos puedan ser saneados o rectificados, por la razón, de que se violaría la tutela judicial efectiva y los derechos del presunto infractor, además, su diseño carece de las informaciones esenciales que le permitan  dar fe de su contenido.

Estos impresos son inapropiados, no pueden ser tomados en cuenta para fundar una decisión judicial ni pueden ser utilizados como presupuestos de ella, tampoco pueden ser utilizados para acreditar una sanción administrativa ni pueden ser utilizados como una boleta de aviso o acto de citación, mucho menos se le puede considerar como una acta de infracción

La ley 63-17 sobre tránsito terrestre, en su catálogo de enunciaciones instituido en su artículo 5, no define el acta de infracción, lo mismo ocurre con el código procesal penal, sin embargo, ambos instrumentos jurídicos se refieren a pena de nulidad, a los requisitos que debe contener el acta de infracción tanto su forma como en el fondo, para que esta pueda ser valorada como un elemento probatorio en un juicio penal.

Bajo el acopio de sus requisitos, podemos definir el acta de infracción, como el documento emitido por una autoridad pública, con calidad para ello, donde se registra la existencia de un hecho material o jurídico, con la finalidad de hacerla valer como un elemento probatorio en un proceso civil, administrativo o penal en el cual se procura demostrar la comisión de un posible acto ilícito.

Para la doctrina y la jurisprudencia, cuando una acta de infracción se levanta respetando los principios y normas del código procesal penal, dicha acta, bajo esas condiciones se basta a sí misma, tiene presunción de legalidad, de validez y de eficacia probatoria, si el agente de tránsito actúa sin observar las garantías procesales, el acta levantada por este carece de validez.

En ese mismo sentido, la inobservancia a las formalidades del acta acarrea su nulidad y la consecuencia directa de ella, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado, situación un tanto engorrosa, por el hecho de que en materia de tránsito el acta levantada por los agentes de la Digesett es el elemento base para la imposición de una sanción, por consiguiente, la nulidad del acta, anula su contenido.

En conclusión, los formularios que en la actualidad utilizan los agentes de la Digesett como acta de infracción, deben ser modificados y adaptados a las exigencias establecidas en el código procesal penal, o en su defecto, la ley No. 63-17 sobre tránsito terrestre debe ser modificada a los fines de que dichos formularios alcancen la fuerza probatoria de una acta de infracción como lo indica la norma.

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En ninguna época de la humanidad,  los seres humanos han vivido  ajenos al pecado, al odio, a la soberbia, al egoísmo extremo y a las depravaciones sexuales. Desde que el  hombre y la mujer mostraron su rostro físico, esas debilidades les arropan como maldición imperecedera, como castigo de Dios por su desobediencia original, inducida y encarnizada por Adán y Eva.

Pero la manifestación de ese pecado de entonces, se resumía en una, dos o tres vertientes, muy diferente a lo que ocurre en estos tiempos, en que se expresa de múltiples maneras como si la sociedad misma anduviera entrampada y atrapada por la vorágine de violencia, oscurantismo y maldición colectiva.

Ahora, para muchos de aquí y de todas partes, todo parece posible, todo se vale, todo se puede, aunque, asesinemos nuestra propia conciencia, nuestra dignidad, nuestros valores cívicos y, más que nada, nuestra obediencia y respeto al Dios creador.

Y una de las más despiadadas y despreciables conductas humanas lo constituye el festín de violaciones sexuales de niños y adolecentes por parte de religiosos de variada índole y calaña, unos llamados pastores, profetas, sacerdotes, diáconos, Papas, Obispos y Cardenales, pero también son parte de esa aberración maldita, hombres comunes y hasta especiales, que escogen esa ruta asquerosa y deslenable, como si no existiesen otras formas bonitas y esplendorosas, que abundan por doquier para  satisfacer sus apetitos y deseos carnales.

Sin embargo, ellos, religiosos católicos y protestantes escogen el camino fácil, el más vulnerable para realizar sus fechorías y andanzas sexuales, seduciendo engañosamente o por la fuerza a niños y adolescentes para violarlos impunemente, sin importarles su vida física y emocional, despreciando al mismo Dios creador y a la familia de los agredidos, y la sociedad, en su conjunto.

Para mí, ese tipo de crimen que abarca casi toda la geografía mundial no está recibiendo el castigo de ley y de conciencia que merece, en algunos casos, por dejadez o por complicidades judiciales y políticas, de todo tamaño, pero también de los propios líderes religiosos donde se congregan los depravados y abusadores de la peor estirpe.

Pocos actos criminales resultan tan devastadores y repugnantes como la agresión física y sicológica a un niño, niña o adolescente, por la secuela y tormentos perennes que genera, por lo que deberían ser castigados con la pena de muerte o la castración de raíz.

En resumen,  de 100 casos de abuso sexual contra menores, se conoce o se dan a conocer 10,20 o 30, quedando los demás en el anonimato, en el olvido absoluto. Los que salen a la luz pública, son fruto del valor y la voluntad de los padres, tíos, abuelos  o tutores de los niños abusados y asesinados en vida por sus victimarios.

Pienso yo que este vendaval de acoso y estupro, de alta preocupación social, aquí  y en otras partes del mundo, debe ser enfrentado con mayor rigor y celeridad por las iglesias católicas y protestantes, por los gobiernos que regentean el Estado, por los fiscales y jueces y por la familia, en su conjunto, estableciendo mayores cuidados y vigilancia en sus hogares y entornos familiares. De lo contrario, seguiremos lamentando cuando nos enteramos, dolorosamente, de la ocurrencia de un suceso, como este.

Y duele más a uno, así como a los familiares de las víctimas, cuando los abusadores son familiares, pastores, diáconos, obispos o sacerdotes, quienes supuestamente son predicadores y mensajeros de la palabra de Dios, a veces a quienes los padres confían sus hijos menores de edad para que los cuiden y orienten por el mejor camino, el del bien, de la decencia, del evangelio y de la buena conducta.

Pero qué pena, su agenda y propósitos son otros, jamás servir a Cristo, hacer el bien común, sino servirse de su entorno empobrecido y desprotegido, hacer dinero fácil y engañoso, satisfacer gratuitamente sus apetitos sexuales. Esas basuras y bestias humanas, no son aliadas y seguidoras del Cristo Viviente, sino del mismísimo diablo.

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