Hace unos días el Ministro de Turismo, Lic. David Collado, dio unas declaraciones, desde mi punto de vista, un tanto desafortunadas, en el sentido de que ese Ministerio “no había pagado a ningún periodista» de los tantos que fueron al evento de FITUR, en Madrid, España, el recién pasado mes de enero.

Y digo desafortunadas por el hecho de que nadie en su sano juicio podría pensar que toda esa avalancha de periodistas e influencers que se dieron cita en ese magno evento costearon ellos mismos sus gastos.

Ni siquiera los medios en donde laboran, al menos que éstos se sintieren resarcidos por la vía de otorgamiento de publicidad y otros emolumentos por parte del Ministerio de Turismo (MITUR), y de otras dependencias del Estado.

Me parece que debemos respetar la inteligencia del pueblo dominicano, y no subestimarlo con pronunciamientos como esos.

Es evidente que, aunque el MITUR, o cualquier otra entidad pública, no haya financiado directamente esa mega delegación que asistió a ese evento, sí lo ha hecho a través del otorgamiento de grandes cantidades de anuncios publicitarios a los medios donde laboran estos periodistas, o a los mismos periodistas, a través de sus “agencias publicitarias”.

Un evento de tanta relevancia y trascendencia como la Feria Internacional del Turismo (FITUR), no podemos convertirlo en un escenario de diversión y camaraderías de centenares de periodistas y representantes de medios de comunicación, bajo el patrocinio de instituciones del Estado.

En ocasión de la primera visita que hiciera a ese evento el Lic. David Collado, en su condición ya de Ministro de Turismo en el 2021, éste dio garantía de que “asistiría con una pequeña delegación, muy inferior a la que asistía anteriormente”, pero la verdad es que ha resultado todo lo contrario, pues en esta ocasión la delegación podría decirse, sin temor a equivocarme, que se ha multiplicado por 30.

Es lamentable que un joven brillante, con mucho futuro en el ámbito político, como lo es David Collado, muestre semejante actitud, sobre todo, que aspira a ser Presidente de la República. Si esa es la manera con que habrá de conducirse en sus pretensiones de impulsar su proyecto presidencial, no le pronostico buenos resultados entonces.

Independientemente de los favores y beneficios que dicha Feria, que se celebra anualmente en Madrid desde 1981, traiga al país, no se justifica la cantidad estrambótica de tantos representantes de medios de comunicación radial, escrito y televisivo, así como de decenas de influencers, funcionarios y representantes de la sociedad civil del país que se dieron cita allí.

Siempre se ha celebrado este evento desde el 1981, el cual ha traído excelentes resultados al país, sin la necesidad de esa parafernalia propagandística que es, desde mi punto de vista, lo que se pretende a los fines, quizás, de dejar sentada y contenta una plataforma mediática que pueda servir al proyecto político presidencial que tiene el Ministro de Turismo, en detrimento de los recursos del Estado.

Los gastos estimados de esta travesía, según estimaciones hechas por diversos medios, sobrepasan la suma de 400 millones de pesos en pasajes, viáticos y otros gastos. Nosotros nos preguntamos si se ha calculado el beneficio que se ha retornado al país de este dispendio.

Entendemos que la batería de propaganda y publicidad que habrá de hacerse de la participación del país en ese gran evento no debería estar dirigida a nosotros mismos, sino a otros países con el interés de que conozcan de nuestros atractivos y ofertas turísticas, y siempre hacerla a través de nuestro cuerpo diplomático.

Es hora ya de que pongamos término a ese dispendio de recursos públicos para favorecer a allegados y conmilitones que no van allí más que a divertirse, beber y comer entre camaradas o amigos, a través de comelona, cuchipanda, guateque, jarana, jolgorio y parrandas.

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En este mes emblemático de nuestra nación, es esencial que cada entidad, ya sea estatal, educativa o religiosa, haga una pausa en su rutina diaria para reflexionar sobre el espíritu inquebrantable que nos liberó del yugo opresor; ese opresor que intentó despojarnos de nuestra identidad cultural, religiosa, lingüística y de nuestras tradiciones, así como de nuestra propiedad privada.

Recordemos aquel 16 de julio de 1838, cuando Juan Pablo Duarte y un grupo de jóvenes visionarios fundaron La Trinitaria bajo el lema: «Dios, Patria y Libertad», sentando así las bases de nuestra nación y definiendo los valores por los cuales debemos luchar incansablemente.

Hoy nos enfrentamos a tiempos en los que en lugar de promover estos valores fundamentales para guiar a nuestra juventud hacia el respeto a Dios, el amor por la Patria y la defensa apasionada de la Libertad; observamos cómo el Estado se desvía hacia la regulación de un mundo hedonista poniendo en riesgo los pilares de nuestra identidad nacional.

Estos son los desafíos que amenazan la esencia misma de nuestra patria y para superarlos debemos aferrarnos a nuestra Constitución como el faro que ilumine nuestro camino en la política y en la sociedad.

La Constitución no es solo un documento; es el cimiento sobre el cual se construye el bienestar común asegurando los derechos y libertades de todos los ciudadanos especialmente aquellos en situaciones vulnerables. Es imperativo recordar que somos una nación forjada sobre principios y derechos inalienables que deben ser defendidos y respetados en todo momento evitando caer en las garras de un Estado autoritario que busque limitar nuestras libertades bajo el pretexto de una falsa seguridad.

Nuestra Carta Magna es sólida, pero no es inmune a los vientos de destrucción que hoy soplan con fuerza. Sin embargo, si permanecemos unidos y actuamos con determinación y firmeza ante estos desafíos, no solo sobreviviremos sino también emergeremos fortalecidos y purificados. La clave para un futuro próspero y justo reside en vivir en un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos.

Este futuro deseado no se materializará por sí solo; depende de nosotros crear las condiciones necesarias para hacer realidad nuestros sueños e ideales. Esto exige un compromiso constante y un trabajo arduo. Los desafíos pueden ser intimidantes, pero es nuestra tenacidad, perseverancia y coherencia las que nos llevarán hacia adelante.

Es el momento de que cada ciudadano consciente y comprometido se sume a esta tarea urgente: llevar luz a la oscuridad, esperanza donde impera la desesperanza, y no permitir que nuestra conciencia moral y patriótica se diluya en una sociedad indiferente ante la injusticia y la desigualdad.

Desde el Frente Cívico Social hacemos un llamado a rebelarnos contra las injusticias que han plagado a generaciones pasadas; a defender nuestros valores tradicionales y principios éticos. Nuestra Constitución nos insta a buscar un equilibrio social justo promoviendo el bienestar de todos, para prevenir tanto el autoritarismo como la perversión. Ahora más que nunca, debemos abrazar nuestra Carta Magna como guía infalible en nuestro actuar político y social para construir un país próspero e igualitario, respetando los derechos fundamentales de cada ciudadano.

Es nuestra responsabilidad colectiva mantener viva la llama de la democracia y la libertad asegurando que las generaciones futuras hereden una patria fortalecida por los valores y principios que nos han definido a lo largo de la historia. Unidos en el propósito común de respetar y promover los ideales consagrados en nuestra Constitución enfrentaremos los desafíos actuales y futuros asegurando un legado de justicia, igualdad y prosperidad para todos. El camino hacia ese futuro brillante está en nuestras manos!

POR BLAS RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ

Constituye un principio del derecho que: la posesión de un mueble vale titulo. Esto significa que quien alega la propiedad de un bien mueble, como por ejemplo una computadora, un piano, un cuadro o pintura, debe demostrarlo, pues el que lo posee o lo tiene en su poder, se presume su dueño.

Si se trata de un inmueble como sería: una casa o edificio, un solar, una finca o porción de terreno, sea urbano o rural, tiene que probar que es su legítimo propietario o propietaria, dado que están sometidos a un registro especial.

En caso de un inmueble no saneado catastralmente debe ser transcrito el acto de adquisición en la Conservaduría de Hipotecas que está en el Ayuntamiento Municipal, y si está saneado conforme a la Ley de Registro Inmobiliario debe ser inscrito en la oficina del Registro de Títulos del lugar para que se le expida su certificado o título.

De acuerdo a nuestro Código Civil: “En materia de muebles, la posesión vale título, sin embargo, el que haya perdido o a quien le haya sido robada alguna cosa, puede reivindicarla durante tres años, contados desde el día de la pérdida o del robo, de aquel en cuyo poder la encuentre, salvo el recurso que éste tiene contra aquel de quien la hubo”.

También expresa dicho cuerpo legal: “Si el actual poseedor de la cosa pérdida o robada, la hubiere comprado en una feria o en un mercado, o en pública subasta, o de un mercader que venda cosas semejantes, no puede el dueño primitivo reivindicarla, si no reembolsa al poseedor el precio de la venta”.

Sin embargo, esta presunción de propiedad no tiene aplicación sobre ciertos muebles adquiridos mediante el sistema de venta condicional o a plazos, conforme a lo dispuesto por la Ley número 483 de 1964.

Así las cosas, tenemos que un televisor, una nevera, un juego de sala o aposento, una estufa o cualquier otra cosa que se compre bajo venta condicional esta sometido a la aplicación del artículo uno de la mencionada ley que textualmente dice: “Para los fines de esta ley se denomina venta condicional de muebles, aquella en que se conviene que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador mientras no haya pagado la totalidad del precio y cumplido las demás condiciones expresamente señaladas en el contrato”.

También hay limitaciones sobre los muebles dados en Prenda sin Desapoderamiento de acuerdo a la ley número 6186 de 1963 y sus modificaciones, donde el deudor propietario no puede disponer libremente de los bienes muebles dados en garantía.

En el caso de los vehículos de motor están sometidos a un requisito especial dado que deben estar amparados por una matrícula o documento de propiedad expedido por la Dirección General de Impuestos Internos. Esto muchas veces genera problemas pues el comprador no realiza el traspaso correspondiente y en caso de accidente la víctima o sus familiares demandan al antiguo o primitivo propietario por estar la matrícula a su nombre.

Ante tales eventualidades el legislador dominicano estableció un mecanismo que libera al vendedor del vehículo aunque el documento de propiedad se encuentre todavía a su nombre.

El artículo uno de la ley número 492-08 del 19 de diciembre del año 2008, gaceta oficial número 10506 del 20 febrero del año 2009 dispone: “Las personas físicas o morales, que mediante acto autentico o bajo firma privada, traspasen la propiedad de un vehículo de motor, cuyo certificado de propiedad haya sido expedido a su nombre por la Dirección General de Impuestos Internos, podrán denunciar la transferencia del vehículo en cuestión ante dicha dependencia, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Una copia original del acto de transferencia debidamente legalizado por un notario público y registrado por ante el registro civil correspondiente;

b) Una copia de la matricula;

c) Copia de las cédulas de identidad y electoral del vendedor y el comprador, más el pago de un impuesto de trescientos pesos dominicanos (RD$300.00).

Esto trae como consecuencia evitar conflictos y situaciones litigiosas dado que el titular de la matricula del vehículo no está expuesto a la incertidumbre o la voluntad del comprador y cualquier tercero cuando lo enajena.

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