SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Johnny Jones, declaró su apoyo a las reformas constitucional y fiscal propuestas por el presidente Luis Abinader, a partir del próximo 16 agosto cuando inicia su nuevo mandato 2024-208.

El ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana dijo que esas reformas fueron parte de las propuestas y compromisos presentados por el Mandatario y los partidos aliados durante la campaña electoral pasada.

El también miembro de la coalición RD-Avanza, liderada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), destacó la importancia de cumplir con estas promesas para beneficiar a la sociedad dominicana y abordar los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.

CUMPLIR PROMESAS DE CAMPAÑA

Resaltó que es importante cumplir con las promesas electorales de mejorar la constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público y establecer medidas que fortalezcan el sistema presidencial.

Destacó que la función principal del Estado es la redistribución de la riqueza y los recursos, y resaltó la necesidad de mejorar la presión fiscal para lograr un equilibrio en las finanzas públicas y fomentar el desarrollo social.

Jones reiteró la importancia de impulsar las reformas constitucional y fiscal para consolidar el compromiso del gobierno con el pueblo dominicano.

Destacó la legitimidad otorgada por la ciudadanía a través de las urnas y la necesidad de cumplir con las promesas electorales para impulsar el desarrollo y el bienestar de la población en general.

El dirigente reformista se expresó en esos términos al participar en el programa Despierta RD que se transmite por Telecentro Canal 13.

an/am

Antes de iniciar estas reflexiones se impone una aclaración: no tengo opinión preconcebida sobre una eventual modificación a la Carta Sustantiva; simplemente me gustaría que sus promotores ayuden a entenderla en el actual contexto.

El artículo 270 de la Ley Fundamental expresa: “La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria”.   El propio constituyente utiliza la fórmula “la necesidad de la reforma (…)”, razón por la que deben explicarse claramente los motivos por los cuales se procedería a esa importante iniciativa.

Se sabe que el legislador ordinario aprueba la ley de convocatoria y se erige a sí mismo en constituyente al reunirse la Asamblea Nacional Revisora. En efecto, este órgano constitucional transitorio (Asamblea Nacional Revisora) tiene la atribución de conocer y decidir sobre las reformas constitucionales de conformidad con el artículo 120 de la Constitución.

​Ahora bien, interesa subrayar la expresión referente a“la necesidad de la reforma constitucional”, la cual debe ser declarada por una ley. ¿A qué clase de “necesidad” se refiere el texto constitucional? ¿Debe interpretarse lato sensu o stricto sensu? ¿Se trata de una “necesidad”política, socioeconómica o técnica la referida por el artículo 270?.

Me parece, sin ánimo de establecer un principio inmutable, que la “necesidad de reforma constitucional” debe tener como fundamento el interés general de la Nación y las necesidades de progreso del pueblo soberano. Por el contrario, el interés particular de las autoridades de turno o las aspiraciones de grupos políticos y económicos dominantes, no pueden confundirse con el interés colectivo.

No es secreto para nadie que, en diversas oportunidades, grupos minoritarios han incidido soterradamente para promover e impulsar modificaciones insustanciales al texto constitucional, desvirtuando así la denominada “necesidad de reforma” a la que alude la Ley Fundamental. En tal sentido, debo apelar a un tramo de la historia constitucional dominicana para ilustrar al lector.

Vamos a retrotraernos al año de 1966, dado que ha sido la Constitución de mayor duración entre nosotros, puesto que se extendió hasta el 1994. Fue en este último año cuando, producto de una crisis política superada con el denominado “Pacto por la Democracia”, que se produjo una reforma constitucional. Se debe observar que, en ese momento, existía una “necesidad” imperiosa de conjurar una crisis política.

​No vamos a referirnos a la Constitución de 1924 ni a la de 1966, aprobadas con ocasión de la desocupación de las tropas norteamericanas de nuestro territorio, en la cual había una indiscutible “necesidad” de aprobar un texto constitucional. Continuando con la de 1994, posteriormente enmendada para fines reeleccionistas en 2002, esta última iniciativa se convirtió en un bumerán para el mandatario de entonces.

Posteriormente, en 2010, a partir de un proceso de consultas públicas que culminó en un consenso de los sectores socioeconómicos, se convenció a la población sobre la necesidad de una reforma integral de nuestro Supremo Estatuto Político. Años más tarde se modificó en 2015 para fines puramente reeleccionistas, lo cual se intentó nuevamente en 2019, encontrándonos ahora en 2024 con otro intento de revisión constitucional.

​Siguiendo la terminología del constituyente sobre esbozar en la ley una “necesidad de reforma”, se imponen otras interrogantes: ¿encajan los actuales aprestos, mutatis mutandis, en una situación susceptible de justificarla como sucedió en 1994 o, si se prefiere, se cuenta con un consenso suficiente como el alcanzado en 2010? ¿O, por el contrario, se asemejaría a una reforma antojadiza como la de 2002 o 2015? ¿Sería una transformación trascendental que no guarde ninguna similitud con las anteriores?.

Eso se verá más adelante y aventurar juicios en este instante sería incurrir en especulaciones que no son saludables ni oportunas. Y es precisamente en este punto que sus auspiciadores deben explicar los detalles para convencer a la población, toda vez que las razones hasta ahora invocadas carecen de peso para colocar en la agenda nacional una revisión constitucional.

​Recuerdo con claridad las palabras de un distinguido profesor, quien solía enfatizar que “los cambios no residen en las normas, sino en la mente y el corazón de los ciudadanos”, esto es, en su nivel de conciencia.  Por ello, considero que los problemas no se resuelven votando nuevas leyes o modificando el texto constitucional. Tanto es así, que el expresidente del Tribunal Constitucional español, Pedro González Trevijano, ha sostenido en diversas conferencias que uno de los errores más comunes es atribuir un efecto curativo o taumatúrgico a las enmiendas constitucionales, toda vez que es erróneo asumir que por el simple hecho de plasmar una idea o concepto en la Constitución, las dificultades se solucionarán automáticamente.

​Considero que si el actual mandatario asume la doctrina señalada por el Tribunal Constitucional en la STC/0113/21, párrafo 10.2.18, dejaría un legado más valioso y perdurable. Si en favor de la institucionalidad, el presidente de la República se empeña en impulsar las normas previstas por el constituyente como reservas de ley, o sea, dotando de un sólido armazón al texto constitucional, como por ejemplo la ley relativa al referendo, los indultos y otras no menos importantes. Asimismo, se precisa asegurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, puesto que nuestra mayor debilidad es la ausencia de institucionalidad y el irrespeto a las normas que rigen la convivencia social.

Colocar o eliminar supuestos “candados” no conduce a nada, debido a que cualquier mandato que se inserte hoypodría ser fácilmente eliminado más adelante. Las propias cláusulas de intangibilidad son cuestionables, debido a que el legislador actual no puede condicionar al legislador del futuro.

​La verdad es que no alcanzo a visualizar “la necesidad de una reforma constitucional” en las presentes circunstancias. Al menos las razones que se han enarbolado resultan insuficientes y poco convincentes.

Si bien es verdad que todo documento, por bueno que sea, siempre es perfectible, no menos cierto es que, como se dice coloquialmente, la fiebre no está en la sábana. Podría realizarse un profundo estudio al texto constitucional y seguro serán detectadas no pocas inconsistencias, fallas y hasta contradicciones, pero esos motivos no han sido todavía expuestos. De todos modos, nadie tiene la verdad absoluta y si los expertos se emplean a fondo y convencen con ponderados razonamientos sobre “la necesidad de una reforma constitucional”, sería de los primeros en sumarme.

Pero sigo creyendo que no es prioridad en este complejo trance histórico en el que abundan tantas dificultades en cuya superación debemos enfocarnos. Se carece, además, al menos hasta ahora, de los consensos mínimos necesarios y prevalece cierto escepticismo entre algunos expertos en la materia. Afortunadamente el mandatario se ha mostrado partidario de que se ventile ampliamente la pertinencia de una eventual modificación constitucional.

​En conclusión, corresponde a la corriente política que ha asumido la iniciativa de revisar el texto constitucional, justificar “la necesidad de la reforma” frente a la población.

Probablemente el pueblo, en el que reside la soberanía popular, reclame otras demandas más puntuales. A mi juicio, el debido cumplimiento de la Constitución y las leyes resultan más importantes en este momento.

​sp-am

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Es imperioso transformar el sistema, teniendo como premisa racionalizar el gasto público y contemplando como elemento fundamental la recuperación del dinero malversado del Estado y la erradicación de la corrupción que consume un porcentaje significativo del presupuesto fiscal.

La última reforma fiscal promulgada en la República Dominicana se produjo por medio de la ley 253-12 (doscientos cincuenta y tres-doce) del año dos mil doce (2012), que incrementó el impuesto a las transacciones de bienes industrializados y servicios (ITBIS) del dieciséis por ciento (16%) al dieciocho por ciento (18%), aplicando concomitantemente una tasa reducida del ocho por ciento (8%) a bienes que hasta ese momento estaban exentos. Sin embargo, lejos de aportar a un saneamiento colectivo de la economía, esta iniciativa se aplicó únicamente con el fin de solventar una crisis financiera momentánea, resultado de un dispendio desmedido y descontrolado del gobierno, y un gasto escandaloso en el proceso electoral del mismo año, por un oficialismo empeñado en manipular el sistema eleccionario para mantenerse en el poder.

El resultado de esta absurda política de incrementar la carga impositiva de manera arbitraria y sin un proceso de introspección adecuado y un análisis profundo del conjunto de elementos que deben incidir en este tipo de decisión, ha permitido que todas aquellas prácticas tan nocivas que nos condujeron a un callejón sin salida continúen, alcanzando un ensanchamiento de la ya exagerada deuda pública, que del dos mil doce (2012) al dos mil veinte (2020) creció en un doscientos diecisiete por ciento (217%). Este desenfreno fiscal ha continuado a un paso excesivo, acrecentando el endeudamiento del país en un ciento treinta por ciento (130%) en solo tres (3) años de gestión gubernamental, sin tomar en cuenta los empréstitos contraídos durante este mismo periodo que aún no han sido ejecutados; sin lugar a duda, el mayor aumento en los pasivos del Estado en toda nuestra historia republicana.

Hoy nos encontramos de cara a una ineludible reforma fiscal que, según el curso que tome dicha iniciativa y la disposición del gobierno, podría resultar en una aguda crisis económica a corto, mediano o largo plazo, y hasta provocar un inadvertido estallido social. Por lo tanto, exhortamos sopesar bien los pasos a seguir, ya que aún estamos a tiempo para tomar decisiones determinantes y transformativas para rescatar del derrocadero la economía del país.

El primer análisis al que debemos someternos es el de reconocer los motivos que nos obligan a enfrentar esta decisión de tanta trascendencia para la nación, para entender qué debemos perseguir en aras de subsanar las condiciones de precariedad que afligen nuestras finanzas. En ese sentido, es importante denotar la participación de nuestros acreedores que, fuera del marco de los intereses políticos que motivan su indulgencia económica, perciben con preocupación que cerca del veintiséis por ciento (26%) de nuestro presupuesto fiscal está destinado a cumplir con los acuerdos de préstamos (intereses) que hoy sobrecargan las obligaciones de nuestra administración pública.

Esto implica que el índice de cobertura del servicio de la deuda pública consume más de una cuarta parte del presupuesto fiscal de la República Dominicana. El alto ratio de esta métrica financiera determina la capacidad del gobierno para cubrir sus obligaciones y genera desconfianza en la sostenibilidad de la política fiscal. Esto exige que tanto los fondos de crédito como las firmas calificadoras de riesgo reconsideren la solvencia del país y su capacidad de endeudamiento, intimando al gobierno a incrementar sus ingresos para justificar un mayor potencial de endeudarse, para así contar con el beneplácito de estos organismos que se han convertido en una especie de muleta financiera para la República Dominicana.

Es importante destacar que desde el año dos mil (2000), la República Dominicana ha reflejado un presupuesto fiscal cada vez más deficitario, forzando a los gobiernos de turno a valerse de una perniciosa política de utilizar empréstitos para cubrir estas insuficiencias, utilizando una parte de los recursos contraídos para cubrir los sobregiros de la administración pública. Esta práctica tan permisiva, que ha generado un desenfrenado nivel de endeudamiento, nos obliga a plantear irremediablemente como antesala a cualquier reforma fiscal, una extensa racionalización del gasto público, eliminando los dispendios excesivos o superfluos, optimizando el funcionamiento del gobierno, e invirtiendo en sectores que a corto y largo plazo podrían generar nuevas fuentes de ingresos para las arcas del Estado.

Es imperioso eliminar las instituciones disfuncionales o inoperantes, además de disolver aquellas que redundan en sus funciones, y maximizar el rendimiento de los empleados públicos, para reducir el costo sobredimensionado de la empleomanía, contribuyendo significativamente a la eliminación del déficit presupuestario.

Otra forma de aumentar los ahorros en la desproporcionada y lacerante carga fiscal, es por medio de una copiosa transformación digital, utilizando tecnologías e interconexión entre instituciones que permitan mejorar la respuesta en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, el gobierno podría usar aplicaciones móviles, sitios web, ventanillas computarizadas en las instituciones para el pago de impuestos, multas y hasta implementar tecnología de cadena de bloques o blockchain para la actualización, recolección y protección de datos. La transformación digital puede ayudar al gobierno a reducir costos, aumentar la transparencia, mejorar la calidad del servicio público y ampliar el acceso para la población.

Más allá de este tipo de propuestas reformadoras, es absolutamente imperativo imponer cero tolerancias al mal endémico de la corrupción, que consume ilícitamente entre el tres por ciento (3%) y el cinco por ciento (5%) del PBI cada año, lo cual representa entre un dieciocho por ciento (18%) hasta un veintiún por ciento (21%) del presupuesto fiscal de la República Dominicana. Esto solo se lograría con una justicia realmente independiente, electa por el pueblo, donde este poder del Estado no se pueda esgrimir como herramienta política, tal y como lo manifestó el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado de EE. UU. recientemente.

Los altos niveles de malversación de fondos del Estado en este milenio motivaron al actual presidente a crear una comisión compuesta por unos trece juristas, con el único propósito de recuperar los dineros desfalcados al Estado dominicano. Sin embargo, llama poderosamente la atención que luego de casi cuatro años, los acuerdos entre el Ministerio Público y los miles de millones de dólares escamoteados por funcionarios malhechores no demuestran que hayan sido recuperados como dicen. Es injusto e insólito contemplar un aumento en la carga tributaria sin antes recuperar al menos un ochenta por ciento (80%) de este exagerado caudal, que serviría para reducir el hoy exagerado nivel de endeudamiento que exhibimos.

No obstante, este pendiente con la justicia y el erario no es suficiente para resarcir el daño social causado demostrado en los deficientes servicios de salud, educación y el alto costo de la vida.

Otra importante modificación económica, que de igual forma contribuiría al fortalecimiento de las finanzas nacionales, es la modificación a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06) de manera que imponga un criterio de responsabilidad hacendaria, exigiendo que el presupuesto fiscal de la República Dominicana sea, como mínimo, uno balanceado, evitando así el reincidente déficit presupuestario, convirtiendo en lo normal un superávit en el mismo. Con esto pondremos fin a la práctica tan perjudicial de acudir al crédito y al desenfreno de endeudamiento que hoy compromete nuestra soberanía y pone en riesgo el bienestar colectivo.

Luego de un proceso amplio y profundo de racionalización del gasto público, es cuando llega el momento de sopesar una esencial reforma tributaria justa y ecuánime, que logre su máximo cometido de generar los recursos que requiere el Estado para su buen funcionamiento, pero de modo tal que los contribuyentes puedan percibir el beneficio de la carga impuesta por el Estado.

La señalada reforma tributaria debe perseguir, en principio, aumentar los ingresos del Estado, con el fin de aligerar la carga financiera de las distintas clases sociales, expandiendo su alcance al sector informal y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones con los compromisos económicos contraídos. En ese sentido, es igualmente necesario implementar mecanismos que sean capaces de garantizar el cumplimiento de las políticas tributarias gubernamentales, acrecentando la confianza de los contribuyentes, evitando la evasión de impuestos de distintos sectores ya formalizados y, además, promoviendo la inclusión del mercado productivo informal a uno formal, cuya tributación (sin justa causa) se incumple por los excesivos costos de regularizar su participación en el sistema y altas tasas impositivas.

Una sugerencia que permitiría eliminar la evasión fiscal predominante en algunos sectores empresariales es eliminar el pago del anticipo fiscal, una ley establecida en el dos mil cuatro (2004), como consecuencia de la crisis bancaria del dos mil tres (2003), que ha lacerado en el tiempo a los más fieles contribuyentes. El desmonte de esta carga fiscal, aun paulatinamente, representaría un aliciente para estas sociedades. Como alternativa, debemos escrutar diferentes opciones de tributación empresarial, como lo fuere una liquidación cuatrimestral, por ejemplo. Asimismo, la desarticulación del anticipo fiscal se podría realizar por etapas, para garantizar la estabilidad económica del gobierno, favoreciendo en principio a aquellos sectores más afectados por esta acción.

Por otro lado, la informalidad laboral resulta otro escollo más en el plano recaudador gubernamental, erosionando la tributación, a la vez que debilita la productividad. Este sector de la economía nacional representa el 58% de la población, por lo que una reforma fiscal debe contemplar iniciativas para formalizar estos empleos, comprometiendo así la tributación de este considerable grupo. Para tales fines, es importante destacar que más del 90% de los empleados en micro o pequeñas empresas caen dentro de esta categoría, por lo que debemos eliminar las barreras como son la complejidad de los procesos y los altos costos asociados con el registro y acreditación de una empresa.

Para las actividades con menor grado de formalidad, como lo son los servicios de comida, comercios, pesca, agricultura y demás, podríamos facilitar el acceso a la formalidad aligerando la carga de retenciones, reduciendo el abultado proceso de registro y facilitando el régimen tributario para la categoría de persona física de la DGII. En ambos casos, es preciso mejorar la fiscalización laboral, a la vez que debemos impulsar incentivos para motivar esta formalización, con mayor acceso a créditos bancarios con tasas especiales, licitaciones gubernamentales y una concesión o exención tributaria temporal durante los primeros años, para fines de facilitar su inserción a la formalidad. Esta iniciativa deberá incluir un amplio programa educativo dirigido a este sector, explicando los beneficios de la formalización de sus operaciones laborales, incluyendo la cobertura social y las otras anteriormente señaladas.

Sin embargo, el principal ingrediente a considerar ante la inminente reforma fiscal es el crecimiento económico del país, ya que el desarrollo de la productividad nacional y el derivado aumento del Producto Bruto Interno (PBI) generarían mayores ingresos al Estado. Es igualmente importante reorientar el gasto público, para mejorar su calidad y rendimiento, pues en la medida en que sea efectivo, provocaremos un crecimiento sostenido de la economía y estaríamos viabilizando una mayor inversión en proyectos de infraestructura, programas de salud, educación, además de generar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la administración pública.

En ese sentido, es propicio denotar que la industria agropecuaria de la República Dominicana representa una fuente ilimitada y descomunal de potencial crecimiento para la economía nacional. Realizar una importante inversión de capital en esta industria, que hoy incide en menos de un seis por ciento (6%) del PBI, con una determinada iniciativa de impulsar el uso de la tecnología en este sector y elevar la calidad de los productos criollos, produciría un aumento cada vez más amplio del PBI. En la actualidad, solo utilizamos un dieciséis por ciento (16%) de las tierras hábiles para cosechar, de modo tal que el ritmo de desarrollo depende únicamente del esmero que se le dispense.

Asimismo, existen otras industrias con un amplio potencial de expansión para aportar notablemente a la productividad nacional, tales como la alta tecnología, los productos químicos y farmacéuticos, biotecnología, dispositivos médicos, defensa, aeroespacial, oro, logística y transporte, servicios financieros, entre otros más a considerar.

Para que todo este conglomerado de elementos funcione, mejorando el colectivo económico del país, es igualmente importante comprender la relación entre estas métricas y la conexión entre la expansión del producto bruto interno (PBI) y el incremento en los tributos percibidos por el gobierno. Al presente, la República Dominicana está posicionada en los últimos lugares de toda la región, recaudando solo un trece punto nueve por ciento (13.9%) del PBI en impuestos. Brasil ocupa el primer lugar, ingresando el equivalente al treinta y tres punto tres por ciento (33.3%) de su PBI en tributaciones.

Este indicador mide los ingresos tributarios de una nación en relación con el tamaño de su economía. Esta ratio se utiliza con otras métricas para determinar qué tan bien el gobierno de una nación dirige sus recursos económicos a través de los impuestos. Como consecuencia, los países más prósperos suelen tener ratios Impuestos/PBI más altos que los países en desarrollo.

Los resultados de este estudio y el pobre posicionamiento alcanzado por la República Dominicana nos obligan a buscar alternativas ante la inevitable reforma fiscal, incluyendo aquellas que garanticen que estemos aplicando las políticas fiscales y tasas tributarias más idóneas dentro del marco de nuestra economía, para alcanzar las metas trazadas y prevenir los efectos nocivos que podrían resultar al implementar las cargas impositivas. De igual forma, es preciso impulsar una reforma fiscal capaz de elevar la calidad de inversión gubernamental a corto y a largo plazo, con un enfoque en el ascenso y la optimización de las políticas de desarrollo productivo del país.

Con miras al futuro, es necesario concitar una eventual renegociación de la deuda externa de la República Dominicana, con una moratoria de 5 a 6 años, para utilizar estos fondos en la creación de nuevas fuentes de ingresos, para que, agotado el periodo de gracia, nos encaminemos hacia la liquidación absoluta de esta carga tan peligrosa para todas las clases sociales del país.

La inexorable reforma fiscal es, sin lugar a duda, el resultado de políticas económicas desfavorables, un dispendio desmedido e irresponsable, la mala administración de los recursos del Estado, la falta de gerencia gubernamental, una alta incidencia de la corrupción y un tren de endeudamiento insostenible, que hoy obligan al gobierno a buscar opciones para incrementar sus ingresos, satisfacer las exigencias de sus acreedores y las firmas calificadoras de riesgo, buscando una salida vertiginosa a la escasez económica que ha provocado este desenfreno financiero.

El momento es idóneo para provocar un profundo reajuste a nuestra economía, con alternativas que permitan reorientar la obligatoriedad de esta reforma fiscal, para aliviar la carga tributaria para algunos sectores, modificarla para otros, y aplicar políticas enérgicas, justas y efectivas para comenzar a enderezar nuestras finanzas.

El círculo vicioso que nos atañe solo puede ser eliminado tomando decisiones valientes y transformadoras. Dentro del marco de todas estas exigencias es imprescindible el alto riesgo que se acarrea a la paz social, una paz social ya lacerada por los altos niveles de delincuencia, impunidad, desgobierno y falta de un estado de derecho. La reforma no debe afectar a las clases sociales, por el contrario, debe liberarlas del yugo que representan los impuestos, eximiendo sus necesidades básicas y permitiendo que nos alcance a todos de manera equitativa.

Los buenos dominicanos estaremos vigilantes y vamos a velar por una patria próspera, libre y soberana, pero, además, justa para todos.

sp