POR FELIX REYES

En días recientes fue celebrado, en el Estado de Florida, el encuentro anual de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que  reúne a personalidades y representantes de diferentes organizaciones conservadoras norteamericanas, todas vinculadas al Partido Republicano.

Esta conferencia fue reseñada por medios conservadores, entre ellos la cadena Fox, las cuales informaron acerca de las participaciones estelares del presidente argentino Javier Milei y del presidente salvadoreño  Nayib Bukele, quienes fueron recibidos como héroes.

Es conocido que el presidente argentino Javier Milei, desde el mes de diciembre del año pasado, inició un gobierno cuya agenda se orienta a la reducción del papel del Estado en la vida social de los argentinos, uno de cuyos puntos principales consiste en la eliminación de las políticas sociales que benefician a sectores vulnerables, entre ellas políticas orientadas a combatir la pobreza y proteger a mujeres y minorías sexuales.

También, es conocido que Nayib Bukele, en tiempos recientes, ha gozado de popularidad en Latinoamérica, debido a su manejo del tema de la seguridad pública en su país, para lo cual declaró el estado de excepción que le permitió suspender todo tipo de garantías legales y  llevar a cabo arrestos masivos de jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a pandillas, pero también a millares de jóvenes inocentes, a quienes les han sido violados sus derechos por el simple hecho de usar tatuajes y formas de vestir asociadas con pertenencia a las pandillas.

Este accionar político, a todas luces  autoritario, debido al rédito electoral obtenido, ha sido celebrado o en algunos casos pasado por alto de manera irresponsable, por líderes políticos y comunicadores que durante años han vendido una imagen de defensores de la legalidad democrática, como si la democracia se redujera al momento de las elecciones.

La participación de Javier Milei y Nayib Bukele en la conferencia afín al Partido Republicano, además de que ambos políticos son  claramente identificables con los sectores conservadores de Estados Unidos,  se inscribía en la estrategia de este partido orientada a ganarse el apoyo de votantes de origen hispano, mediante la identificación del candidato de ese partido con las acciones de los dos gobernantes latinoamericanos mencionados.

Similar a lo que intenta implementar el presidente Milei, durante mucho tiempo,  sectores conservadores del Partido Republicano han acariciado la idea de eliminar o por lo menos reducir beneficios vinculados a la seguridad social instituidos desde hacen varias generaciones.

Esta aspiración de los sectores más conservadores de ese partido ha sido inhibida por el pragmatismo de sectores moderados dentro de él, que están conscientes de que hacerlo implicaría perder el apoyo de una parte significativa de su base social y política, principalmente del grupo demográfico de los adultos mayores, grupo para el que la seguridad social es indispensable.

El tema de la seguridad social es tan delicado, que ha sido identificado como “el tercer riel” de la política norteamericana, metáfora que tiene la connotación de que la fuerza política que pretenda eliminar estos beneficios corre el riesgo de electrocutarse, similar a como funcionan los sistemas ferroviarios.

Desde hace casi 250 años y hasta el presente,  el sistema de gobierno,  de peso y contrapeso, prevaleciente en Estados Unidos, ha imposibilitado que los gobernantes impongan políticas públicas sin tomar en cuenta los intereses de los diferentes sectores. Por ello es que el el Partido Republicano no ha eliminado los beneficios de la seguridad social.

A lo anterior ha ayudado también que las diferentes esferas de la administración pública normalmente funcionan sin tener que estar adscritas a los intereses del partido ni del gobernante  que eventualmente esté en la dirección del Estado.

Esta autonomía relativa de los funcionarios públicos frente a quienes están al frente del Estado fue justamente lo que dificultó que Donald Trump violentara el orden legal de este país, impidiéndole cumplir su aspiración despótica. Por ello, Trump y sus medios propagandísticos utilizaron el término “Estado profundo”, para cuestionar la independencia de esos funcionarios públicos, refiriéndose a ellos como agentes que obstaculizaban su agenda de “Hacer América Grande otra vez”.

Es en este punto que cobra sentido la referencia al término “agenda 2025” o “proyecto 2025” del título de este artículo. Proyecto 2025 es un documento que contiene las principales líneas de acción política a implementar por el Partido Republicano desde el primer día en que Donald Trump asumiere la presidencia en enero del 2025.

Una línea de acción formulada explícitamente en este documento consiste en destituir a la mayor parte, si no a todos, los funcionarios públicos, sustituyéndolos por seguidores fieles, como aquellos que ocuparon el congreso en enero del 2021.

Si esto ocurriera, no caben dudas que desde ese primer día Donald Trump empezaría a tomar medidas dirigidas a destruir las reglas e instituciones que han prevalecido en este país y han sido ejemplos para el resto del mundo. El mismo ha admitido que sería un dictador solo el primer día. Pero sucede que siendo dictador ese primer día basta para destruir el orden democrático, pues solo tiene que declarar estado de excepción y suspender todas las garantías legales, como hizo Nayib Bukele en El Salvador.

A partir del momento en que las garantías legales sean suspendidas no se descarta que entonces apliquen, con visos de legalidad, la detención en campos de concentración para la deportación a toda persona con fisonomía de extranjero, pues, después de todo, igual como para Bukele tener tatuajes es suficiente para una persona ser considerada delincuente, para Trump toda delincuencia está asociada a la condición de extranjero.

En ese escenario, similar a como ocurre con las redadas de control migratorio en las calles de Santo Domingo, en que, debido a errores, muchos haitianos con status legal son detenidos y terminan en el centro de deportación de Haina y como ocurre con muchos jóvenes  inocentes que están en las cárceles salvadoreñas solo por usar tatuajes,  es posible que también sean detenidos por los agentes de migración muchos dominicanos residentes legales, naturalizados, nacidos en Estados Unidos descendientes de hispanos  y hasta turistas de clase media alta de nuestro país que visiten Times Square, South Beach o Las Vegas. Dios no lo quiera.

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La democracia política se erige en el bien más preciado de República Dominicana porque a su cobijo se guarecen las libertades públicas y el adecuado clima de oportunidades de crecimiento y desarrollo en el marco aspiracional de un régimen de justicia social y equidad económica.

En América Latina ese sistema de gobierno está muy enfermo, contagiado de  corrupción, populismo y clientelismo, que ha motivado una percepción  cada vez mas generalizada de que no podría sobrevivir a esos males,  por lo que no pocas  sociedades optan por regímenes de ultraderecha o ultraizquierda asociados con intolerancia y represión.

El informe sobre Riesgo Político América Latina 2024, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, refiere que la región sufre de inseguridad ciudadana, corrupción, desafección democrática y radicalización de la protesta social, lo que se resume en la sigla VICA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad).

Como consecuencia de esas falencias sociales, a las que se agregan el deterioro del clima de negocios, impacto de nuevas tecnologías digitales y del cambio climático, aflora hoy en América Latina una pronunciada desafección por la democracia, como lo demuestran los regímenes El Salvador, Nicaragua, Argentina y Venezuela.

Ese informe enfatiza en lo que define como clara tendencia del electorado latinoamericano de castigar al oficialismo, lo que en ningún modo debería presentarse como regla infalible, aunque se subraya que en 12 de las últimas elecciones, la oposición se impuso sobre la candidatura del gobierno, con la excepción de El Salvador y Paraguay.

El desbarajuste de la democracia en el continente tendría sus raíces en la dilatada crisis económica  que abate a la región desde el sur del Rio Bravo hasta la Patagonia, como lo refiere  la Comisión de Estudios Económicos (CEPAL), de que el crecimiento del PIB será este año de 1,9%, menor que el 2023 (2,2%).

La clave del drama latinoamericano radica en que la región experimenta un profundo cambio político con bajo crecimiento económico, con desafíos sociales y estructurales aún pendientes desde el siglo pasado, como pobreza, desigualdad e informalidad, que a su vez generan conflictividad e incertidumbre.

La región se somete este año a una fuerte presión electoral con comicios presidenciales en Panamá, Dominicana, México, Uruguay y Venezuela, además de los ya celebrados en El Salvador, Paraguay, Guatemala, Ecuador y Argentina, lo que hace que los resultados se correspondan con la tendencia de desafección democrática.

La condición de insularidad de este traspatio no lo inmuniza  de sufrir la crisis  que afecta a la democracia del continente, más aun si se le ha diagnosticado algunos de los síntomas que tipifican esos padecimientos, aunque de justicia es admitir que  el modelo dominicano aun no convulsiona.

Lo aconsejable seria que gobierno y oposición asuman como ejemplo o experiencia lo que  sucede hoy en tierras continentales para que ni uno ni otro subestimen a los electores porque hoy, preciso es advertir, el voto es más político que económico.

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No podemos obviar que el tema de la violencia, la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad ciudadana; así como, las acciones de atención estatal a estos flagelos o las políticas públicas de prevención que se están implementando; generan gran interés en la ciudadanía y constituyen a su vez, preocupaciones significativas en la mayoría en la sociedad dominicana.

Por lo tanto, lo anterior, no debe quedarse solo en el plano de la preocupación, debe conllevar a una reflexión constante y profunda como estado, y sobre todo al apremio de emprender una acción conjunta con todos los actores sociales claves, para restaurar nuestro tejido social; prestando atención a las causas o factores que están incidiendo en el avance de su deterioro o degradación.

De lo expuesto precedentemente, una respuesta estatal efectiva que contribuye a la construcción de una cultura de paz; y que pone freno al aumento de la criminalidad y violencia, es el impulso e implementación de programas deportivos y culturales en las comunidades; evidenciándose con ello, que el deporte brinda oportunidades de cohesión, inclusión e integración social, más allá de los muros de la vulnerabilidad y la exclusión.

Si bien, es muy importante invertir en el deporte, y contar con espacios deportivos bien equipados e infraestructuras dignas para que niños y jóvenes puedan realizar alguna actividad física. Esto no basta para alcanzar la paz social anhelada, pues se requiere, además, contar con suplementos que fortalezcan más allá de la práctica deportiva, la capacidad de vivir y convivir pacíficamente como seres humanos, a pesar de los retos y complejidades.

Entonces, en referencia a lo previamente descrito, se hace necesario partiendo de una visión estatal y social, combinar la fórmula deporte y educación, a través del fomento, fortalecimiento y expansión de los clubes deportivos y culturales en las distintas comunidades del territorio nacional.

Como muy bien, se refiere Nelson Mandela, al expresar que: “Si se combinan deporte y educación, se puede enseñar paz a los más jóvenes, devolverles esperanza y crear herramientas para que participen en la creación de una sociedad más justa y fraternal”.

Este planteamiento, encuentra sustento en la Constitución de la República, en su artículo 65, cuando consagra como derecho fundamental al deporte, disponiendo que: ¨Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación.   Corresponde   al   Estado, en   colaboración   con   los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades¨.

Por consiguiente, visto lo que establece en ese orden nuestra Carta Magna, ilumina la propuesta, en el sentido de que, desde los clubes deportivos y culturales, con los debidos recursos, estímulos e incentivos correspondientes del Estado, se logra robustecer la resiliencia, la cohesión social, reducir la violencia y prevenir conductas delictivas contribuyendo así, con el bienestar social.

Asimismo, desde los clubes se pueden formar buenas personas; debido a que el deporte, al estar estrechamente relacionado con prácticas de la colectividad, ocupa una posición privilegiada para el desarrollo social y cultural en la promoción de valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la sana convivencia.

También fomenta la convivencia pacífica, a través de la resolución de conflictos, la participación en actividades deportivas y culturales, las personas aprenden a trabajar en equipo, a respetar las reglas del juego, la legalidad y a aceptar las diferencias de los demás.

Este punto, es importante tomarlo en consideración, dado que en los actuales momentos estamos divisando ciertos fenómenos culturales peligrosos que debemos erradicar y prevenir para que no alcancen la “normalización” o ¨validación¨ en el imaginario social.

Cabe mencionar, por ejemplo: ¨la cultura de la inmediatez¨: el aquí, el ahora, lo fácil y el camino más corto o buscar atajos para llegar a un fin, ¨la cultura del engaño o la mentira¨, ¨la cultura del vicio¨, ¨la cultura de las pantallas¨, ¨la cultura de la ilegalidad¨, ¨la cultura de muerte¨: en donde el respeto a la vida languidece pasmosamente, entre otras deformidades que corroe la belleza del bien y la humanidad.

De ahí es que, los clubes deportivos y culturales, son respuestas de esperanza ante esa problemática, por la naturaleza formativa, recreativa, ética, moral y legal que suscitan o pueden promover en sí, ya que inciden en la promoción de la identidad cultural a partir de la riqueza de relaciones sociales que en su ámbito se desenvuelven.

Es indispensable como Estado despertar el rol de los clubes deportivos y culturales como herramientas poderosas en la construcción de la paz y la resolución de conflictos.

angelgomera@gmail.com

jpm

Luego de transcurridas casi dos semanas, desde la materialización de las elecciones municipales del 18 de febrero, hablaré de lo que, a mi juicio, fueron las causas elementales que trastocaron la libertad de expresión, el orden institucional y la democracia participativa del pasado proceso de votación.

Probablemente, mi opinión resulte un acto de ligereza, sin embargo, lo que sucedió en el país —antes y durante la votación—, obliga una mirada acusadora contra el irresponsable papel, a cargo de la Junta Central Electoral (JCE), cuyas autoridades hicieron caso omiso a los señalamientos y las advertencias, sobre diversas violaciones a la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

A simple vista, cualquier cuestionamiento acerca del triste desempeño de la JCE, parece algo descabellado. No obstante, la inacción de los mecanismos del arbitraje electoral, hizo a esta institución, coautora de un “golpe suave” en contra de la democracia, orquestado de forma meticulosa para inducir un resultado que distorsiona la voluntad popular a tal punto que un 30% de la población, aproximadamente, decidió de forma ilegítima el destino del 70% de los territorios del país.

A mi juicio, todo esto empezó con aquella famosa denuncia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sobre una “presunta reunión clandestina, entre el presidente de la JCE, Ramón Jáquez; el secretario de la presidencia, Ignacio Paliza; y, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta”: lugar en donde pudo haberse pactado una componenda que permitiría al gobierno, actuar a sus anchas, a contrapelo de las reglas del juego.

Empero, la denuncia fue desmentida de inmediato. Asimismo, fue catalogada como “un acto de tremendismo grotesco”, por parte de sectores mediáticos que defendieron, a capa y espada, el prolijo de los mencionados, mientras que, la oposición política, no tuvo más remedio que desestimar la probabilidad de la información, sin hacerse eco de la misma, para así evitar ruidos innecesarios que suponían obstáculos a la diafanidad del montaje de las elecciones.

Lo que sí resultó verdaderamente irrefutable, a favor de la denuncia, es que como dice un viejo refrán: “cuando el río suena, agua lleva”.

Más tarde, surgió otra denuncia de importantes figuras del PLD y la Fuerza del Pueblo, queriendo alertar sobre la aparición de sus datos personales, en el padrón de miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM): un hecho que indicaba claramente que había ocurrido un vaciado de los registros de la membresía de ambas organizaciones políticas.

Esta llamada de atención, tampoco recibió la debida respuesta de parte de la JCE. Igualmente, la prensa “independiente” también minimizó la noticia, tildando la denuncia como «una simple fábula disociadora para distraer al órgano electoral de sus responsabilidades”.

En efecto, no existe ninguna prueba que afirme la veracidad de un supuesto encuentro clandestino, para tratar temas sensibles referentes a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales; en cambio, si existen poderosas evidencias que delatan un importante grado de complacencia, por parte de autoridades de la JCE, con el PRM, para derrotar política y moralmente a los partidos de oposición.

Luego de los acontecimientos que antecedieron a las elecciones municipales, cualquier persona tiene derecho a pensar que aquello se trató de una coartada planificada, no solo por el PRM, sino también con ayuda externa, para identificar a simpatizantes opositores con características definidas de vulnerabilidad y pobreza, contra quienes se produjo una agresiva ofensiva clientelista que arrojó elevados niveles de abstención.

En este sentido, durante la votación del domingo 18 de febrero, surgió una denuncia, a través de las redes sociales, sobre un sujeto apodado “Pelao”, quien, presuntamente, había retenido las cédulas, a una pareja de ancianos. En el vídeo que corrobora lo antes dicho, se puede apreciar cómo el señor a quien le habían quitado su cédula, llevaba puesta una gorra del PLD.

Otro caso que extrañamente sucedió en medio del proceso de votación, tuvo que ver con un comunicado emitido por la Junta Central Electoral (JCE), desmintiendo de forma categórica una denuncia de delegados del PLD y la Fuerza del Pueblo, respecto a que, en el Distrito Nacional, habían movido o trasladado varios centros de votación: un hecho que se comprobó con imágenes colgadas en las redes sociales, donde varias personas se quejaron tras haber sido reubicados en otros recintos.

Por otra parte, la indisposición de los encargados electorales asignados a los centros de votación, frente a reclamos que hacían los delegados de los partidos de oposición, contrastó con la complacencia de los mismos, hacia los delegados del oficialismo, a tal punto que hubo momentos en donde dirigentes del PRM, estaban controlando las puertas de acceso a los recintos de votación, ante la mirada indiferente de los militares y las autoridades electorales que allí estaban presentes.

Evidentemente, hubo algún nivel de entendimiento, entre autoridades de la JCE, y funcionarios del gobierno, lo cual —a mi modo de ver—, convirtió el proceso electoral, en un festín, donde solo se sirvió de manera abierta la militancia del PRM.

Lamentablemente, la ofensiva del oficialismo, apabulló a la oposición política, impidiéndole tomar acciones —para frenar el “golpe suave” que se había producido en contra de la democracia—, elevando varios recursos de impugnación, en aquellos lugares donde se veía claramente que hubo fraude, para crear un precedente que pusiera candado a posteriores intentos de vulnerar la voluntad del pueblo dominicano.

El uso abusivo del poder económico (clientelista y asistencialista), para favorecer a los candidatos del PRM, en franca violación al régimen electoral, fueron razones más que suficientes para poner en marcha acciones sancionadoras de parte de la Junta Central Electoral (JCE), lo cual nunca ocurrió.

Frente a este adverso escenario, la oposición no tuvo más remedio que apostar al sano juicio de la población; sin embargo, el gobierno tenía todo bajo control, desde los centros de votación, hasta las personas que acudieron a votar que, previamente, fueron guiados o escoltados por individuos que se paseaban a sus anchas en el perímetro de los recintos electorales.

El proceso del 18 de febrero, iba describiendo lo que sucedería al final del día, pero nadie se atrevió a crear una crisis para detenerlo, porque el gobierno se encargó de crear un “efecto espejo” para que cualquier eventualidad, recayera sobre los hombros de la oposición, por lo que había que dejar que todo transcurra, a pesar de los resultados a la vista de todos.

La oposición, tiene el desafío de tomar esta experiencia como una señal, haciendo justo lo que tengan que hacer en el terreno político, para evitar otro revés en las circunstancias descritas anteriormente, dando una clara señal de que lo ocurrido el pasado 18 de febrero, no volverá a permitirse cueste lo que cueste.

El gobierno violó la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, para beneficiarse a contrapelo de la dignidad de la clase desposeída.

Su éxito, es una negación de la voluntad popular ya que impuso a sus candidatos, utilizando cuantiosos recursos del Estado, por sobre un deseo legítimo de la población que no tuvo más remedio que observar pacientemente, como sucedieron las cosas, sin poder ejercer su derecho de elegir libremente a sus autoridades municipales.

El oficialismo proclamó que en mayo, habrá otra “victoria aplastante, con amplio respaldo popular”, empujando al extremo su acostumbrado ejercicio metafórico sin más ánimo que acondicionar a la población, para entonces reeditar nuevamente un accionar como ocurrió el pasado 18 de febrero.

¡Guerra avisada no mata soldado!

jpm-am